Desde hace un tiempo, varios medios de comunicación, Organizaciones de derechos humanos y algún sindicato, han venido poniendo de manifiesto una actividad de la Administración Pública que prácticamente pasa desapercibida para la mayor parte de la población del estado español. Nos referimos al trabajo que realizan los presos y presas en los centros penitenciarios donde cumplen condena

Quizás comprendamos mejor el tejemaneje que se trae el Estado, a través de su Ministerio del Interior, respecto al empleo de personal recluso para realizar trabajos productivos, tanto a nivel interno como externo, si partimos de la premisa de que ‘tal Poder Público, viene a ser, pura y simplemente, el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa’. Es decir, este empleo de personal recluso, lejos de la cacareada ‘reinserción social’ a la que aluden y que no deja de ser un brindis al sol, pues ¿qué reinserción va a producirse de un colectivo que precisamente ha sido excluido socialmente por la falta de opciones laborales en libertad?, es una opción más de explotación de la burguesía y que favorece en gran medida los intereses de ésta. Sencillamente, se ha encontrado una mano de obra sumamente barata, con derechos laborales restringidos y sin posibilidad alguna de imponer condiciones a la patronal que los emplea.

En este sentido, se hacer preciso indicar que, dado que la población reclusa posee una fuerza de trabajo, más o menos capacitada, esta fuerza de trabajo es posible mercantilizarla y extraer de ella una plusvalía que es expropiada a esta población reclusa en beneficio de la patronal, ya sea la propia administración pública o empresas privadas. A este hecho, que es común a todas las relaciones de producción capitalistas, se le suma que está población se encuentra en una situación de especial respecto a sus empleadores por su condición de presos.

A pesar de los esfuerzos del Ministerio del Interior de no facilitar datos sobre las empresas privadas que acceden a esta ‘nueva herramienta’, como así la define el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (OAPFE), se ha llegado a saber que unas ciento treinta y tres empresas privadas derivan parte de su producción, o toda, según los casos, hacia las cárceles. Estas empresas, entre las que se encuentran multinacionales como Delphi Packard, Knorr-Brense España, Kerb Konus Española, así como empresas nacionales, son las que utilizan mano de obre reclusa para la fabricación de componentes, envases, etc.

Se conoce, a través de los datos aportados por el OATPFE, que unas tres mil quinientas personas reclusas son las que están siendo empleadas por estas empresas privadas, lo que supone más de una cuarta parte de los doce mil cuatrocientos reclusos (dato de 2015) que vienen realizando actividades productivas, con jornadas de tres a cinco horas como máximo, y que generan beneficios a terceros.

Esta población trabajadora reclusa está excluida del ámbito del Estatuto de los Trabajadores, ya que el real decreto que regula su relación laboral (R.D. 782/2001, de 6 de julio) establece que dicha relación laboral es de carácter especial. Este personal es ‘contratado’ por el Organismo Autónomo de Trabajos Penitenciarios y Formación para el Empleo, que hace de empresario a todos los efectos, y lo pone a disposición de las empresas privadas para que éstas puedan llevar a cabo toda o parte de su producción. Es el OATPFE quien paga las nóminas de los reclusos, abona las cuotas de la Seguridad Social, eso sí, debidamente bonificadas y establece las condiciones de producción: horario, salarios, reclamaciones, etc.

Según datos obtenidos de la interpelación de algunos diputados al Ministerio del Interior, Trabajos Penitenciarios paga a los presos y presas entre 2.61 y 3.77 euros la hora, según la actividad que se trate y el horario empleado. De este modo, los reclusos y reclusas pueden ganar un sueldo de entre 235 euros/mes a 565 euros/mes. Ni que decir tiene que nunca llegan al mínimo del salario mínimo legal y que, en la mayoría de los casos, no se les paga por hora sino por pieza producida, lo que ahonda la diferencia entre el valor de lo producido y el salario percibido; diferencia que, como no puede ser de otra forma, redunda en el aumento de beneficio del patrono y de las empresas que utilizan a este personal; ya que, según declaraciones del propio gerente de Trabajos Penitenciarios, Suárez Tascón, los beneficios netos obtenidos en el 2015 para ese organismo suponen más de 156 millones de euros.

Continuará.

P. Ferrer