En los últimos meses, los representantes de los trabajadores de everis Centers Sevilla hemos vivido lamentables situaciones en la Inspección de Trabajo (IT), el organismo supuestamente encargado de velar por el cumplimiento de las leyes en materia laboral y de vigilar que no se produzcan abusos de las empresas hacia los trabajadores. La realidad es bien distinta; la IT está al servicio de las empresas y no es más que una barrera de contención para evitar que los trabajadores acudan directamente a la justicia ordinaria, para frenar las iniciativas que los trabajadores quieran llevar a cabo para defender sus derechos y conseguir mejores condiciones. Un organismo que pretende amedrentar a los representantes de los trabajadores mientras compadrea con los representantes de las empresas.
La primera situación se produce a raíz de una denuncia presentada por la sección sindical de CSC, motivada por el incumplimiento de diversas cuestiones en materia de seguridad y salud laboral en las oficinas del edificio Galia Puerto. En el mes de mayo, la IT cita a representantes de la empresa y los miembros del Comité de Seguridad y Salud (CSS) que son miembros del comité de empresa. Por parte de la representación de los trabajadores tan sólo acude un miembro de CSC. Dicha denuncia fue presentada de forma telemática, y se adjuntó además de la propia denuncia, un informe elaborado por la sección sindical de CSC que incluía fotos que ilustraban las cuestiones que se denunciaban. La inspectora en cuestión no tenía en su poder dicho informe porque no sabía cómo obtenerlo de los ficheros adjuntos en la denuncia, por lo que hubo que enseñarle las fotos y una primera versión del informe que obraba en poder de la empresa porque ya fue presentado en el CSS.
La primera reacción de la inspectora es justificar el incumplimiento alegando que era una situación provisional (situación que se ha prolongado alrededor de un año), como si provisionalmente, la salud y la seguridad de los trabajadores no tuviera importancia. Ante las explicaciones del delegado de CSC, la inspectora pregunta qué es lo que queremos, ante lo que respondemos que queremos que los trabajadores puedan realizar sus funciones en unas buenas condiciones.
Cuando entra en detalles de los diferentes incumplimientos, empieza preguntando en qué normativa se recogen las dimensiones de las mesas (que era uno de los temas denunciados), algo que debería saber ella. Al mostrarle la normativa en la que se indica el tamaño de las mesas, se lava las manos aludiendo a que es una recomendación. En una de las fotos aparece una regleta de enchufes encima de una mesa en la zona del comedor, lo que supone un importante riesgo en caso de vertido accidental de algún líquido. Ante esta evidencia, la actitud de la inspectora vuelve a ser la misma, preguntando de forma despectiva qué queríamos que hiciera, que bastaba con que la echaran a un lado. En las fotografías aportadas, que fueron tomadas después de comunicar a la empresa esta circunstancia, no se había corregido esta situación de riesgo, pero para la IT basta con apartar a un lado la regleta. Esa es la importancia que le da a nuestra salud y nuestras vidas este organismo supuestamente encargado de velar por ello.
El punto más sangrante se da cuando, al ver fotografías en las que se observan cables sueltos a los pies de los trabajadores, justifica esta situación como algo normal, poniendo como ejemplo su propia oficina en la que también se daba esa circunstancia, algo realmente vergonzoso. En este punto, el delegado de CSC observa las miradas cómplices entre la inspectora y la representación de la empresa, en una expresión que denotaba la perplejidad ante nuestras peticiones, tildándolas de exageradas (como ya había demostrado con sus anteriores faltas de respeto). Ante esta situación, el delegado de CSC no aguanta más semejante desprecio y cuestiona si a la IT le parece mal que pidamos lo que considerábamos justo para los trabajadores, y el motivo de habernos citado. Se pone en entredicho el trabajo de la inspectora, que una vez habiendo acudido al centro y comprobado con sus propios ojos lo que el informe presentado denunciaba, debería sacar sus propias conclusiones y actuado en consecuencia. Ante esto, la inspectora comienza a levantar la voz, por lo que el delegado de CSC tiene que pararle los pies y pedirle que haga su trabajo, para terminar marchándose cuestionando el motivo de haberlo citado allí.
En este punto, tan sólo queda conocer la resolución adoptada por la IT, aunque viendo el panorama no podemos esperar nada de este organismo. Pero por si aún albergábamos alguna duda, la nueva situación vivida recientemente esclarece aún más si cabe el carácter de la IT.
El 25 de julio estaban citados en la IT la presidenta (CCOO) y el secretario (CSC) del Comité de Empresa, así como la representación de la empresa, a raíz de dos denuncias presentadas por el comité, una sobre la implantación del nuevo modelo de carrera por parte de la empresa de forma unilateral y sin negociación alguna, y otra por la aplicación por parte de la empresa de un calendario que supera las 40 horas semanales de promedio en cómputo anual. A dicha reunión, por parte de la empresa acudieron, además de José María Díaz, responsable del centro de Sevilla, un asesor externo en materia de derecho laboral, sin vinculación contractual con la empresa, lo que lleva al inspector de trabajo a preguntarse en calidad de qué acude a la reunión. Una vez formalizadas las presentaciones, se comenzó a revisar las denuncias presentadas.
En primer lugar se expuso la denuncia por la implantación del nuevo modelo de carrera, aportando la documentación que obraba ya en poder de la IT, que incluía el correo por parte de la empresa anunciando a toda la plantilla que se iba a “actualizar nuestro modelo de carrera y retributivo”. La empresa argumenta que no es un nuevo modelo de carrera, sino que se han mejorado las condiciones porque es potestad de la empresa hacer esto sin negociar con los trabajadores. Ante esto, la respuesta de los representantes del comité es que el nuevo modelo de carrera no mejora en todos los casos y que algunos compañeros pueden verse perjudicados, al haberse eliminado el anterior modelo de productividad trimestral y el modelo de subidas anuales, en el que el 75% de la plantilla tenía asegurada una subida salarial. La empresa alega que esto está pendiente de definir, ante lo que es imposible saber si el nuevo modelo supondrá algún perjuicio o no. Al parecer la IT considera razonable esto, permitiendo que se elimine un modelo sin tener una alternativa definida. Además de esto, se ha recortado el anterior Plan de Aceleración, contemplando tan sólo los ciclos pendientes entre 2017 y 2019, pero eliminando los posteriores. La empresa alega que el plan de aceleración no estaba garantizado para todos los trabajadores, sino para aquellos que estaban en el 75% superior del ranking, señalando que el secretario del comité (CSC) no cumpliría en ese momento con esa condición, intentando centrar el caso en un trabajador aislado. Se responde a esto explicando que nosotros no denunciamos un caso aislado de un trabajador sino una circunstancia que puede perjudicar a numerosos trabajadores, puesto que entre el 75% de los trabajadores del centro que sí cumpliera las condiciones para estar en ese rango del ranking, habrá muchos que tuvieran ciclos del plan de aceleración pendientes para después de 2019. Ante esta situación, y viendo el inspector que no podía zanjar rápidamente la cuestión a favor de la empresa, solicita que tanto una parte como la otra elaboren dos informes y los presenten en el mes de septiembre para que puedan ser evaluados por su parte y así tomar una decisión.
En segundo lugar, se expone la denuncia por el calendario laboral de 2017, que incumple el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) superando las 40 horas semanales de promedio en cómputo anual. En este punto, el inspector toma rápidamente partido a favor de la empresa, usando sus mismos argumentos, explicando que si no se incumple el número máximo de horas del convenio (1800), tiene que cerrar el tema. Su explicación se limita a eso, sin aportar ningún argumento ni analizar el cálculo aportado por el comité al respecto, despreciando el artículo del E.T. y sugiriendo que eso no tiene la validez que nosotros interpretamos, pero sin explicar el porqué.
Cuando todos pensábamos que la reunión había terminado, el inspector comienza a hablar de otras 2 denuncias, en este caso presentadas por la sección sindical de CSC y no por el comité, ante lo que respondemos que nos habían citado para hablar de las otras 2 denuncias y nada más. El inspector insiste en que tratemos esas otras 2 denuncias ya que estamos allí, a pesar de nuestras reticencias. La primera de estas denuncias es la relativa al horario de verano del proyecto BCA, denuncia previamente presentada en los años 2015 y 2016, y por la que en 2016 había sido sancionada la empresa. Cuando volvemos a comentar que esa denuncia ha sido presentada como sección sindical y no como comité, pregunta qué sección sindical la ha presentado. Cuando se explica que es la sección sindical de la Coordinadora Sindical de Clase, la actitud del inspector gira a un tono de mayor desprecio, puesto que ya tiene experiencia previa con otros delegados de CSC y no le gusta que estos lo saturen de trabajo y denuncien su mal hacer. En ese momento comienza a alterarse visiblemente porque no entiende que volvamos a denunciar algo que ya fue sancionado, y contesta que no va a volver a sancionar lo mismo, a pesar de que el incumplimiento de la jornada intensiva se produce cada año. Según la interpretación y la resolución que adopta la IT, una empresa puede incumplir cualquier ley, que una vez sancionada y pagada la irrisoria multa (de un máximo de 3000 euros en este caso), tiene vía libre para seguir incumpliendola para siempre. El inspector llega a decir que si es una exigencia del cliente, tendría que hacerse así, porque si no el cliente dejaría de contratar los servicios de la empresa. Para la IT, las necesidades del cliente están por encima de las leyes que ellos dicen defender, utilizando exactamente la misma retórica que la empresa.
La segunda denuncia que tenía en sus manos el inspector era relativa a los días trabajados en festivos locales durante los meses de mayo y junio. La empresa explica que se ha modificado el horario de forma voluntaria porque a muchos trabajadores les venía bien cambiar un festivo en martes o jueves, por un lunes o viernes. La presidenta del comité (CCOO), en este punto, corrobora la versión de la empresa y expone que, de los trabajadores afectados, ellos han preguntado alrededor del 90% y todos estaban de acuerdo en el cambio realizado. El secretario (CSC) contesta explicando que algunos trabajadores han contactado directamente con miembros de su sección sindical para explicarles que los iban a obligar a trabajar en días festivos. El planteamiento de la empresa en este sentido es el de aludir a la voluntariedad del cambio, pero aclarando siempre que esos días hay que cubrirlos de alguna manera. Los trabajadores que se pusieron en contacto con CSC manifestaron sentirse obligados, puesto que ante la negativa a trabajar esos días, podrían producirse represalias. En este punto, el inspector solicita los nombres de los trabajadores que se han sentido obligados para él poder hablar con ellos y así aclarar lo sucedido, a lo que el secretario del comité se niega en rotundo, porque supondría exponer a trabajadores ante la dirección de la empresa allí presente. La respuesta del inspector es que si no especificamos qué trabajadores son los que se han sentido obligados, no va a actuar, y se permite incluso la osadía de decirnos que no deberíamos presentar denuncias en esas circunstancias. La IT se alinea de esta forma con la dirección de la empresa, que considera que los trabajadores deben exponerse individualmente, dejando un papel meramente testimonial a la representación legal de los trabajadores. Cuentan además con la complicidad de CCOO, que lejos de tomar una postura de defensa colectiva de los derechos de los trabajadores, se escuda en el mismo argumento de la empresa y de la IT del beneficio para algunos trabajadores de cambiar un festivo por otro día más conveniente.
Para finalizar, el inspector se despide de los representantes de los trabajadores y se queda a solas con la representación de la empresa, para hablar no sabemos de qué temas, pero algo que por lo visto no podemos saber los trabajadores.
Esta es la situación en la que nos encontramos los trabajadores, en manos de organismos pensados para defender los intereses de las empresas, y que no esconden la desfachatez con la que permiten que se incumplan leyes. La conexión entre la política y las empresas es tal que a pesar de las declaraciones del CEO de everis Benito Vázquez, en las que indicaba que “ni los políticos tienen interés en escuchar a los empresarios ni viceversa”, la Fundación Everis elaboró en 2010 un informe titulado “Un momento clave de oportunidad para construir entre todos la España admirada del futuro”, que fue entregado en audiencia privada en el Palacio de la Zarzuela al rey, y en el que podemos leer párrafos como los siguientes:
“La magnitud del impacto de la crisis en España es simple y llanamente el resultado del alejamiento creciente entre el Modelo Productivo existente en el país y el Modelo Productivo objetivo que debería haberse adoptado para afrontar los nuevos retos y necesidades, tanto internos como externos. La llegada de la crisis golpea a una España necesitada de reformas urgentes, variadas y estructurales. La golpea en el peor momento, de ahí la fuerza de la reacción negativa que se ha producido en el país.”
“Ubicar al Ciudadano como verdadero centro de gravedad del país. La nueva excelencia de España pasa por volver a ubicar al Ciudadano en su justo lugar como centro de gravedad primordial del sistema-país. Para ello, el primer paso consiste en restaurar una definición de Ciudadano válida desde una óptica de Modelo Productivo, como combinación de cinco facetas fundamentales: el Ciudadano depositario responsable de los valores de un país, el Ciudadano elector, el Ciudadano consumidor, el Ciudadano financiador y el Ciudadano productor de valor socioeconómico. Como segundo paso, es clave el ensanchamiento de los canales de comunicación y acción entre Ciudadanos y Administradores.”
“En cuanto al Modelo de Estado, la inteligencia colectiva ha identificado a priori oportunidades de mejora en los seis ámbitos siguientes:
- Revalorización de la función política
- Refuerzo de Pactos de Estado / gobernanza en consenso
- Eficiencia global y clarificación del Modelo Autonómico
- Sistema Electoral ajustado a nuevas necesidades del país
- Adaptación de Asociaciones Empresariales y Sindicatos a nuevos retos del país
- Percepción social clara de la separación real de Poderes”.
Las empresas invierten tiempo y dinero en generar influencia en las esferas políticas, en elaborar cuantos informes y documentos sean necesarios y hacerlos llegar a todos los representantes de las élites posibles. La patronal sabe perfectamente donde se toman las decisiones importantes, y en esos ámbitos no conceden ni un resquicio a la participación de los trabajadores, sentándose a negociar única y exclusivamente con las cúpulas de los sindicatos del sistema (CCOO y UGT principalmente), cúpulas que previamente ya han sido compradas y están bien atadas.
Y mientras tanto, a los trabajadores nos quieren aislar en nuestros centros de trabajo, alejándonos de las decisiones políticas que definen el devenir de nuestras vidas. Como mucho, nos dejan luchar por las migajas, por irrisorias subidas salariales que hacen que la clase trabajadora pierda poder adquisitivo debido al incremento de los costes de vida.
A los trabajadores sólo nos queda organizarnos y defender nuestros derechos nosotros mismos. ¡Únete a la Coordinadora Sindical de Clase y defiende tus derechos! Es tu responsabilidad.
