La administración electoral de Barcelona, vinculada orgánicamente a los gobiernos de la Generalitat y de Mariano Rajoy, impide una vez más que candidaturas opuestas al catalanismo político se proclamen para las elecciones. La coalición “Unidos y Socialistas+ por la Democracia” denuncia exclusiones a tres candidaturas que reunían los requisitos legales, tanto en los comicios generales de 2016 como en los autonómicos de 2017, ahora en curso, ya que la “no proclamación” implica que se les omita en el recuento de votos válidos y que sus papeletas no estén en los colegios electorales.

Una exclusión habitualmente aplicada tiene su origen en la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística (dependiente del Ministerio de Economía, Industria e Innavación), a la que corresponde la certificación de los avales que se exigen a los partidos sin representación parlamentaria y que hacen que cada vez haya menos alternativas (esta vez, tan sólo 10 candidaturas en Barcelona, de las cuales una es un “partido instrumental” de ERC).

El Jefe de Sección correspondiente, funcionario del Estado, pero de intensas convicciones nacionalistas según se puede demostrar ahora, invalidó en 2016 un 31% de sus 5.029 avales a la coalición “Unidos por el Futuro”, siendo necesarios 4.131. Ahora, en 2017, dicho funcionario se ha permitido invalidar un 32% de los 6.050 avales presentados por “Unidos y Socialistas+ por la Democracia”, impidiéndoles así alcanzar el umbral de 4.157 avales exigido esta vez. Incluso peor ha sido su criba de 2.000 avales (un 40% de 5.000 aportados) a otro partido unitarista que también ha sido excluido por este procedimiento.

Varapalo judicial al INE y la Junta Electoral Provincial de Barcelona

Sin embargo, presentado recurso contencioso electoral por Enric Martínez Herrera, representante de la coalición, el juez de lo contencioso-administrativo ha dictado sentencia que corrige tanto al responsable del INE como a los de la Junta Electoral Provincial de Barcelona. En 2016 el personal de la Junta Provincial, pese a ser su obligación, no informó de la posibilidad de subsanar avales mal certificados por el INE. En 2017, con la experiencia de la sentencia judicial que instó el año anterior, el responsable de la coalición ha tramitado oportunamente la comprobación y corrección de la certificación, pidiendo el reconocimiento de 579 avales invalidados por el INE.

Sin embargo, la Junta Electoral Provincial ha ignorado este derecho ejercitado por la coalición y, con ello, “omitió un trámite establecido en la LOREG”, según juzga el magistrado, quien además invoca doctrina constitucional que prescribe “un deber de colaboración de la administración electoral”. Por tanto, por sentencia firme, el juzgado reconoce a “Unidos y Socialistas+ por la Democracia” la aportación de suficientes avales.

Omisión de deber de colaboración de la Junta Electoral Provincial de Barcelona

El Tribunal Constitucional, en un recurso promovido por el PSOE en el año 2007, argumentó que, para garantizar el derecho de sufragio pasivo (elegibilidad) la administración electoral tiene el “deber legal” de colaborar con las candidaturas “mediante un examen de oficio que permita … identificar y advertir para su posible reparación los defectos que fuesen apreciables en los escritos de presentación de los candidatos”, dando así “ocasión a los interesados para la reparación de unos defectos que después llevan al rechazo de aquéllas”.

En el caso concreto de “Unidos y Socialistas+ por la Democracia” sucedió, según explica su portavoz, que encontrándose dentro del plazo de subsanación, durante el trámite de entrega y comprobación de la lista electoral, en el que estuvieron presentes tres funcionarios y cuatro miembros de la candidatura, un funcionario que atendía directamente a dicho representante, dedicó más de una hora a examinar el listado, haciendo referencia a que apreciaba algunos cambios de orden respecto a otra presentada inicialmente. Sin embargo, en ningún momento él ni ninguna de sus compañeras les advirtió del fatal resultado al que ello abocaría. De ser advertidos por dichos funcionarios, explica Martínez, “hubiéramos rectificado ‘in situ’ la irregularidad, que afectaba a muy pocos nombres, inmediatamente, incluso de nuestro puño y letra, dentro del plazo concedido para subsanación”.

Sin embargo, en lo que achacan a ser “un partido sin tentáculos en el sistema judicial”,  a diferencia del PSOE, el juez de instancia no aplicó y ni siquiera invocó, para interpretarla, la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional de 2007, negándoles su derecho a subsanar un error de orden en la lista, como también ocurrió al partido VOX en las elecciones generales de 2016 en la misma provincia de Barcelona. A su vez, el recurso de amparo constitucional, pese a sus 11 páginas y 4 anexos, fue inadmitido a trámite en apenas 2 horas por un letrado anónimo del alto tribunal, sin que haya llegado a ser juzgado por ningún magistrado.

Así las cosas, el portavoz de “Unidos y Socialistas+ por la Democracia” denuncia que estas elecciones son “una auténtica cacicada, un pucherazo más, ya que excluyen las candidaturas incómodas para los partidos instalados, incluido el PSC, que ya trató de cortarnos el paso ante la Junta Electoral Central impugnando nuestra denominación ‘socialistas’, aunque ahí se llevaron un gancho de izquierda. Ahora no hay ninguna candidatura proclamada que no sólo se oponga a la secesión sino también a la “tercera vía”. Es decir, ninguna que esté contra la concesión de nuevos privilegios fiscales, jurídicos y políticos a nuestros caciques locales, lo que supondría premiar su deslealtad manifiesta”. Amén de denunciarlo a la prensa, están estudiando posibles denuncias contra los funcionarios implicados así como acudir a instancias internacionales. Asimismo, de cara a los comicios, pedirán que se les vote a ellos de todas formas, para lo que facilitan su lista electoral en www.unidossi.es/lista-electoral-21d.

UNIDOS SI