Los CUO (Comités para la Unidad Obrera) no somos un sindicato pero sí desarrollamos acción sindical activa, pública y propia. No se persigue obtener ni representación sindical, ni liberaciones, tampoco subvenciones. Si las empresas se unen para arrebatarnos derechos, nosotras y nosotros debemos unirnos para impedírselo, y organizarnos para arrancarle a la patronal condiciones laborales que aseguren una vida digna para quienes todo lo producimos.

Ciertamente, existe la tendencia natural a considerar que, precisamente, esa es la razón de ser de los sindicatos de clase. Desafortunadamente para la mayoría de nosotras y nosotros, hoy, los sindicatos denominados representativos, en los diferentes niveles estatales, nacionalistas o corporativos, operan bajo una premisa que imposibilita una acción sindical efectiva. Es decir, se basan en acuerdos entre los sindicatos y las patronales, que para apropiarse de la riqueza que produce la clase obrera, reciben soporte legal de los gobiernos en el presente sistema económico capitalista.

Si bien es cierto que las cúpulas de los sindicatos obtienen cierto reconocimiento en esta sociedad burguesa, basada en el aumento de las desigualdades sociales, es más importante considerar que, necesariamente, los sindicatos hoy validan invariablemente las prerrogativas del derecho de propiedad de los empresarios y se constituyen como actores necesarios para mantener la estabilidad social y política. En otras palabras, en la actualidad, los sindicatos mayoritarios permiten la supervivencia del sistema económico capitalista y para ello participan activamente en la inmovilización del conjunto de trabajadoras y trabajadores. Asimismo, en estos tiempos que corren, los sindicatos olvidan interesadamente las reivindicaciones básicas de la participación de la clase obrera en la gestión de las empresas. En consecuencia, aun cuando se promueve la afiliación sindical en los CUO, a día de hoy podemos constatar cómo los sindicatos representativos han participado en las últimas décadas en el inmenso retroceso que sufre la clase obrera. Por poner algunos ejemplos, indiquemos las numerosas contra-reformas laborales y de pensiones, EREs, etc.

Otro aspecto a considerar es la elevada fragmentación de la clase obrera. En la actualidad, encontramos en un mismo centro de trabajo múltiples empresas que desempeñan un amplio abanico de trabajos donde la representación sindical se divide en múltiples sectores y/o sindicatos con un interés competitivo tanto dentro del propio sindicato como entre sindicatos. Además, la afiliación sindical se reduce drásticamente en centros de trabajo con plantillas pequeñas, lo que aleja a los sindicatos mayoritarios. En ese marco de fragmentación, el terrorismo patronal promueve disciplinar y someter a quien luche por los intereses de la clase obrera. En estas circunstancias, la consigna de los CUO “Unidad, Solidaridad y Lucha” explica su actividad. Los CUO promueven la unidad de las plantillas, decidiendo soberanamente sobre sus propios conflictos en las asambleas de centro de trabajo o empresa, evitando así injerencias de cúpulas sindicales. Trabajadoras y trabajadores con afiliación sindical o sin ella, de contrato fijo o eventual, en un sector o en otro, en administraciones públicas o en empresas privadas, actúan en sus conflictos o en otros, de manera solidaria e internacionalista, confrontando con el empresario, para satisfacer las necesidades de la gran masa social, tanto las inmediatas condiciones de trabajo y de vida, como también en el plano cultural, ocio y deporte, por lo que mujeres y hombres renunciamos a ser meras mercancías del empresario. Es imprescindible señalar en el marco histórico en el que nos encontramos, que eso incluye las necesidades particulares de la mujer. No se puede impulsar el movimiento obrero sin la mujer, de la misma manera que no se puede realizar una revolución socialista sin una incorporación masiva y dirigente de las mujeres para conseguir un verdadero y efectivo cambio social.

JE

Los escándalos de corrupción parecen no tener fin en España y el más reciente involucra al anterior Gobierno del PSOE.

Se trata de una trama de corrupción millonaria en la que están involucrados Miguel Sebastián, ministro de Industria del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y destacados líderes sindicalistas mineros de Asturias, según informa este domingo el diario español El Mundo.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el Ministerio de Industria “se concertó” con dirigentes mineros de Asturias a fin de otorgarles de forma irregular 31 millones de euros para la construcción de una residencia de ancianos en un terreno “no urbanizable y de interés agropecuario”.

Posteriormente, el histórico dirigente minero de la Unión General de Trabajadores (UGT), José Ángel Fernández Villa, y su mano derecha, José Antonio Postigo, desviaron “ingentes cantidades de dinero” a sus bolsillos, gracias a dicha subvención “sobredimensionada”.

La investigación que involucra a 16 personas, entre ellas las autoridades del anterior Gobierno y los líderes mineros, comenzó hace dos semanas, y de acuerdo con Anticorrupción, “el papel decisivo” en la trama para conseguir los fondos públicos y desviárselos lo desempeñó Villa, líder sindical de la minería asturiana durante los últimos 40 años, quien era también, en el pasado miembro de Ejecutiva Federal del PSOE.

Tal como indica la Fiscalía Anticorrupción, Villa utilizó a Postigo para “influir en la decisión de conceder a dicha mutualidad una subvención a cargo de los Fondos Mineros de casi 31 millones desde el Instituto para la Reestructuración de las Minerías del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), dependiente del Ministerio de Industria”, pese a que la normativa que regulaba entonces la adjudicación “no contemplaba dicha posibilidad”.

Conforme lo citado en el informe, esta millonaria subvención “fue el principal origen del incremento patrimonial ilícitamente obtenido” por Villa y Postigo. Ambos recurrieron a la amnistía fiscal para “legitimar” sus comisiones. El líder sindical minero se recurrió por parte de su asesor fiscal a una inexistente “herencia familiar” para justificar su origen.

Anticorrupción ha prometido investigar a todas las autoridades y los funcionarios públicos que estén involucrados en los delitos de blanqueo, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida y delito contra la Hacienda pública.

Los múltiples casos de corrupción en los que están involucrados además decenas de funcionarios del actual Gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), llevan diariamente a los españoles a las calles, para exigir la renuncia de las autoridades corruptas.