Docenas de empresas que se encontraban bajo jurisdicción ucraniana pasaron a estar administradas por las Repúblicas de Donbass el 1 de marzo. La decisión se tomó después de que la parte ucraniana no cumpliera con la exigencia de la RPD y la RPL de levantar el bloqueo de los territorios fuera del control del Gobierno. Y mientras las autoproclamadas Repúblicas se preparan para relanzar las empresas en nuevas condiciones, en Kiev siguen ocupados en su habitual lucha política. ¿Qué saldrá de estos hechos y quién sufrirá más a causa de la nacionalización?

¡Adiós, Ucrania!

El principal motive para la introducción de control externo a las empresas bajo jurisdicción ucraniana fue precisamente el bloqueo de los territorios fuera de control de Kiev que los radicales, con el apoyo de algunos diputados ucranianos, iniciaron a finales de enero. En un mes, Ucrania no había sido capaz de tomar una decisión, así que el 27 de febrero, los líderes de la RPD y la RPL, Alexander Zajarchenko e Igor Plotnitsky, realizaron un llamamiento conjunto.

“Tenemos que declarar que si a las 00:00 del 1 de marzo, el bloqueo no ha sido levantado, introduciremos una administración externa en todas las empresas bajo jurisdicción ucraniana que trabajen en la RPD y la RPL. Dejaremos de suministrar carbón a Ucrania. No hay para el suministro de carbón ni capacidad ni forma de pago. Reconduciremos todos los procesos de producción centrados en el mercado de Rusia y otros países. Esta fue una de las primeras promesas en el momento de la proclamación de nuestras repúblicas“, afirmaba el documento.

En Kiev el comunicado se tomó, por decirlo suavemente, con escepticismo. En representación del Gobierno, salió a comentar la situación el viceministro para los asuntos de los refugiados, Georgy Tuka, que afirmó que “solo tratan de asustarnos”. Los argumentos del representante fueron los siguientes: encontrar un mercado para los productos de estas empresas no será fácil; Rusia tiene sus propias empresas y será imposible entrar en otros mercados ya que nadie reconoce a la RPD y la RPL. “Así que dejemos que sigan hablando de cualquier cosa. Yo no les creo”, sentenció.

En términos similares se manifestaron otros representantes de los círculos políticos y expertos ucranianos. A la opinión de que no hay mercado para los productos de las empresas de Donbass se añade otros argumento “concreto”: en Donetsk y Lugansk simplemente no hay personal que pueda llevar, de forma competente, empresas industriales de este nivel.

Sin embargo, el último día de invierno [el 28 de febrero] demostró que la situación no está tan clara y algunos en Kiev están muy enfadados por las perspectivas que apuntaron los líderes de las repúblicas no-reconocidas. Ese día, 28 de febrero, se produjo el violento enfrentamiento en la estación de Krivoy Torets, en la zona de Donbass controlada por Ucrania. Este es uno de los lugares en los que se encuentran, y han erigido sus defensas, los miembros del bloqueo ferroviario de las Repúblicas. De repente, fueron atacados por “mercenarios” (jóvenes de apariencia atlética-Lenta-ru) equipados como en los mejores tiempos de Maidan: pasamontañas y piedras. Se usaron armas como rifles y también cadenas.

Pero la policía impidió que dispersaran el bloqueo. Rápidamente llegó a la escena un número considerable de policías, que detuvieron a 37 personas entre los atacantes. Como es habitual, no tocaron a sus oponentes.

Al mismo tiempo, el primer ministro de Ucrania, Volodymyr Groisman, convocó una reunión de emergencia para tratar la cuestión de la actividad de las empresas de los sectores metalúrgico y energético a raíz del bloqueo. El principal objetivo de esta reunión, en la que participaron los directores de las principales fábricas y compañías energéticas del país, fue, aparentemente, desarrollar un plan de acción teniendo en cuenta la inminente nacionalización de las propieda­­­­­­des en Donbass. El acuerdo quedó en privado. Públicamente solo se anunció el ataque a los organizadores del bloqueo. Por supuesto, muy pocos comprendieron la lógica de Kiev de volver a culpar a Moscú.

En las Repúblicas de Donbass se estaban realizando preparativos. Las autoridades de la RPD y la RPL se encontraban en modo de emergencia, coordinando todos los documentos necesarios. Concretamente, se aprobó un decreto para establecer tarifas especiales para transferir las empresas bajo jurisdicción ucraniana a un régimen de administración externa. Lo dijeron con sus palabras y también los ciudadanos de las Repúblicas. Se produjo una gran manifestación en la que participaron más de 10.000 personas en la ciudad de Yenakievo, uno de los principales centros industriales. En los carteles que portaban los manifestantes se podían leer mensajes como “adiós, Ucrania” o “Kiev, deja de robar a Donbass”.

¿Qué se ha nacionalizado?

Por el momento, han pasado a administración externa de la  RPD y la RPL empresas que, salvo contadas excepciones, son propiedad del oligarca ucraniano Rinat Ajmetov. Las propiedades “republicanas” de Ajmetov son impresionantes:  la Planta de Acero de Yenakievo, la planta de tuberías Jartsizsk, las minas Krasnodonugol, Reovenkiantratsit y Sverlodskantratsit, docenas de minas, las centrales eléctricas de Zuevskaya y Starobeshevo, estadios y hoteles. Entre las empresas que no pertenecen al oligarca están la planta de hierro y acero y la de coque de Alchevsk (propiedad del grupo ISD, que paralizó la producción el 13 de febrero a causa del bloqueo), la planta metalúrgica de Donetsk y las plantas químicas de Makeevka y Yasinovataya, propiedad del empresario Viktor Nusenkis. Hasta ahora, pagaban impuestos a Kiev.

Según la información pública disponible, en 2016, los territorios fuera del control del Gobierno de Ucrania pagaron más de 1.200 millones de dólares en tasas e impuestos. Además, hay que tener algo en cuenta: gracias a estas empresas llegan al mercado ucraniano los tan escasos ingresos en moneda extranjera, lo que tiene un impacto directo en la grivna. Por supuesto, todas esas compañías estaban registradas en Ucrania y pagaban, como exige la legislación ucraniana, impuestos “militares”. La situación era más que absurda: las plantas que trabajaban en la RPD y la RPL, en cierta forma, habían financiado, hasta ahora, la llamada “operación antiterrorista” (como Kiev llama al uso de la fuerza contra las Repúblicas de Donbass). Y aun así, se puede concluir que, para las autoridades de las Repúblicas, esa situación era menos mala que una nacionalización sin la preparación necesaria y el mantenimiento de las empresas bajo control ucraniano, lo que supondría una completa ruptura de cadenas de producción y vínculos creados hace décadas.

Es importante comprender que tras la nacionalización de las propiedades en las zonas que el Gobierno no controla llegará el colapso de aquellas situadas en la parte ucraniana de Donbass, entre ellas las de Ajmetov. Los directores de esas plantas se mostraron decepcionados con la reunión con el primer ministro Groisman. El conglomerado metalúrgico Azovstal (Mariupol) puede sustituir el carbón de Donbass por carbón de Rusia o Estados Unidos, aunque el precio hará que sus productos dejen de ser competitivos. La planta de coque de Avdeevka cerró febrero con unas pérdidas de 178 millones de grivnas (6,5 millones de dólares) a causa de los cambios en la estructura del suministro de carbón y el 1 de marzo envió a casa de vacaciones sin sueldo. La planta metalúrgica Ilich de Mariupol, que trabaja con hierro y acero, sufre pérdidas por valor de cuatro millones de grivnas (150.000 dólares) al día. Así que Rinat Ajmetov y su principal socio, el diputado del Bloque Opositor Vadim Novinsky se han visto fuertemente afectados por los actos de las autoridades de las repúblicas no-reconocidas. El gran imperio industrial de Ajmetov se cae como un castillo de naipes.

Todos contra todos

Está claro que la nacionalización de empresas industriales no es un proceso sencillo y acarrea grandes riesgos para el proceso de creación de Estado en las repúblicas de Donbass. Sin embargo, tampoco hay duda de que Ucrania sufrirá las pérdidas más graves. En febrero, el presidente ucraniano Petro Poroshenko habló, de forma relativamente calmada, sobre la posibilidad de que el bloqueo pudiera suponer un golpe para la industria ucraniana. “300.000 personas perderán el empleo. El Estado perderá hasta dos mil millones de dólares en moneda extranjera, con todas las consecuencias que eso tiene para la moneda nacional”, afirmó el jefe de Estado. Sin embargo, la víspera de la reunión del Consejo de Ministros, el presidente de la unión de empresas metalúrgicas Ukrmetallurgprom, Alexander Kalenkov, dio una cifra que impresiona aún más: su predicción es que la caída en ganancias en moneda extranjera superará los 3.500 millones.

Y eso supone otras desgracias: el aumento del paro; aumento de la inflación a causa de la escasez de moneda ucraniana, que comenzará a sentirse la segunda mitad de marzo; recortes en prestaciones sociales; el precario sector energético del país, que opera en modo de emergencia, podría colapsarse en cualquier momento, lo que daría lugar a apagones.

Los expertos coinciden en que eso no puede evitarse, así que el debate está solo en la escala del problema. Si se toma como referencia la media de los datos aportados, el bloqueo y la nacionalización de Donbass costarán a Ucrania entre el 2-5% del PIB este año. Pero lo más incesante son los riesgos políticos, no las económicos. Muchos se preguntan si los efectos del bloqueo serán tan duros, ¿por qué las autoridades ucranianas no dispersaron un bloqueo formado por unas cuantas docenas de personas?

La respuesta es simple: el destino de la economía ucraniana y el de la población ordinaria no les preocupa en exceso y solo les preocupan sus propios intereses. Todos quieren su trozo del pastel. Y a más batalla, menos recursos disponibles. Lo ocurrido el 28 de febrero muestra claramente que el Ministerio del Interior actuó, en esa situación, del lado de los participantes en el bloqueo. “Está verdaderamente enfermo el que crea que el Ministerio del Interior va a utilizar las fuerzas armadas para esta situación que existe ahora mismo, contra sus propios ciudadanos”, afirmó el ministro Avakov. [Días antes había exigido que el Ministerio del Interior tuviera permiso para dispersar el bloqueo]

En esta ocasión, Avakov anunció las propuestas del Frente Nacional: la urgente necesidad de adoptar un decreto gubernamental que regule el comercio con los “territorios ocupados”. Concretamente, se refería a un bloqueo completo del comercio a excepción de bienes de “importancia crítica” para la metalurgia y el sector energético.

El interés de los “veteranos” está claro: creen que cuanto peor sean las cosas para Poroshenko y Groisman, más oportunidades para una venganza política. En segundo lugar, Kiev, y Poroshenko a la cabeza, no está en contra de acabar con Ajmetov. El oligarca de Donetsk le ha seguido el juego, pero la situación es complicada y ante las próximas elecciones presidenciales… nunca se sabe. El cálculo el simple: tomar las empresas, de forma indirecta, por supuesto, y después llegar a algún tipo de acuerdo o, en casos extremos, vender.

Eso en cuanto al aspecto económico. En lo político, perder su imperio deja a Ajmetov completamente fuera de juego. No es una coincidencia que durante el empeoramiento de la guerra en Avdeevka en febrero, una de las versiones más repetidas fue la de que el Ejército Ucraniano tenía órdenes de Poroshenko de forzar a la RPD a responder a los ataques para paralizar así la planta de coque de Avdeevka. Así tensó la cuerda con el oligarca el presidente de Ucrania.

No hay que olvidar que en el conflicto por el bloqueo se mezclan los intereses de un número de jugadores ucranianos de segunda línea, lo que complica la situación y hace imposibles soluciones sencillas. Por ejemplo, uno de los que juega un papel no poco relevante es el alcalde de Lviv y líder de Samopomisch, Andriy Sadoviy, que por una parte culpó a Kiev por la crisis de las basuras y, por otra, prepara su candidatura a la presidencia y trata de hundir a sus competidores. Se rumorea que tampoco está lejos otros de los oligarcas “desposeídos”, Igor Kolomoisky, que puede no tener en mente solo las elecciones presidenciales sino también las legislativas.

También está el factor de los llamados radicales. Tras lo ocurrido en Maidan, el actual Gobierno sabe perfectamente lo que ocurre al dispersar a manifestantes. Nadie quiere hacerse responsable de un escenario de uso de la fuerza. Por ejemplo, la Guardia Nacional no está, en teoría, en contra del uso de la fuerza, pero exige una decisión judicial.

Para resumir todo lo que se conoce de esta ecuación, podemos decir que Kiev contaba con poder luchar por el dinero y las propiedades para tomar rehenes en Donbass. Sin embargo, el rehén acabó siendo la misma Ucrania. Y alguien acabará pagando por ello.