Tribuna Popular. – Este martes 11 de junio, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) consignó una petición firmada por 577 dirigentes y activistas sindicales de diferentes países en la que se solicita al Presidente de la República y las máximas autoridades de los Poderes Públicos de Venezuela, la liberación de trabajadores y dirigentes sindicales injustamente presos o con medidas de libertad condicional y restricción a sus derechos ciudadanos, sindicales y políticos.
Una delegación de la CUTV, liderada por su Secretario General, Pedro Eusse, presentó el documento ante la Presidencia de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional, a propósito de cumplirse este martes el primer aniversario de la detención arbitraria y encarcelamiento de los dirigentes sindicales de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Leonardo Azócar y Daniel Romero.
La petición fue suscrita por trabajadores y líderes sindicales de Argelia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Grecia, India, México, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza y Uruguay.
En el texto, los signatarios de distintas partes del mundo afirman que «movidos por los principios del internacionalismo proletario y la solidaridad sindical de clase» acuden al Jefe de Estado venezolano para solicitarle «con la urgencia del caso » la adopción de «las medidas necesarias y ejerza las acciones a que haya lugar, a los fines de conceder libertad plena sin restricciones y restablecer los derechos laborales y ciudadanos, a las y los trabajadores(as) y dirigentes sindicales venezolanos(as) que se encuentran privados(as) de libertad o con medidas de libertad condicional y/o de restricción de sus derechos y con diferentes procesos penales en curso en Venezuela, por protagonizar luchas laborales, realizar acciones sindicales, efectuar denuncias o acusados(as) de delitos cometidos por terceros».
#VIDEO | La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela consignó a la Presidencia de la República una petición firmada por alrededor de 600 dirigentes y activistas sociales del mundo, para exigir la liberación de los trabajadores injustamente presos en Venezuela. pic.twitter.com/Cmr64XLMdz
— Tribuna Popular Web (@_TribunaPopular) June 12, 2024
La lista de adherentes la encabeza Quim Boix, Secretario General de la Unión Internacional de Pensionistas y Jubilados de la Federación Sindical Mundial (UIS PyJ-FSM). También hicieron lo propio el Secretario de Organización de la UIS PyJ-FSM en Argelia, Bachir Hakem y la responsable para América, Mirtha Maldonado.
También estamparon su rúbrica el Presidente de la Federación Unitaria del Transporte de América Latina y el Caribe, Marcos Lombardi; el presidente de la Confederación de Trabajadores de Ecuador, Edgar Sarango; el Secretario General del Frente Sindical Obrero de Canarias, Daniel Casal; el Secretario General de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Costa Rica, Bruno Coto; el Secretario General de la Asociación francófona de Trabajadores de Suiza; Laurent Tettamanti; el Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Gerónimo López Sevillano y el Coordinador del Frente Militante de los Trabajadores de Grecia, George Perros.
Para conocer la lista de todos los adherentes, puede acceder al siguiente enlace
A continuación reproducimos la petición integralmente:
Ciudadano
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
C/c:
Magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez
Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia
Tarek William Saab
Fiscal General de la República
Alfredo Ruiz Angulo
Defensor del Pueblo
Jorge Rodríguez Gómez
Presidente de la Asamblea Nacional
Sr. Presidente, reciba un cordial saludo, extensivo a todas las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela a las que dirigimos copia de la presente petición.
En nuestra condición de dirigentes sindicales de diferentes latitudes del planeta, movidos por los principios del internacionalismo proletario y la solidaridad sindical de clase, acudimos a Usted respetuosamente con el propósito de solicitarle, con la urgencia del caso, adopte las medidas necesarias y ejerza las acciones a que haya lugar, a los fines de conceder libertad plena sin restricciones y restablecer los derechos laborales y ciudadanos, a las y los trabajadores(as) y dirigentes sindicales venezolanos(as) que se encuentran privados(as) de libertad o con medidas de libertad condicional y/o de restricción de sus derechos y con diferentes procesos penales en curso en Venezuela, bien sea por protagonizar luchas laborales, realizar acciones sindicales, efectuar denuncias o acusados(as) de delitos cometidos por terceros; de manera concreta, nos referimos a las y los siguientes compañeros(as):
LEONARDO AZÓCAR y DANIEL ROMERO. Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), dirigentes sindicales del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS), fueron apresados el 11 de junio del 2023 por apoyar una legítima protesta obrera en la Planta de Pellas de SIDOR; en consecuencia, enfrentan un juicio con retardo procesal y se encuentran recluidos en un Internado Judicial para peligrosos delincuentes. A Daniel Romero se le ha negado atención médica urgente solicitada por la defensa pública, debido a serias afecciones a su salud resultado de una golpiza propinada al momento de la detención.
TRABAJADORES SIDERÚRGICOS JUDICIALIZADOS. El 13 de junio del 2023, 22 trabajadores (incluyendo varios dirigentes sindicales) de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), fueron objeto de medida cautelar innominada dictada por un tribunal del Estado Bolívar, en respuesta al recurso judicial interpuesto por la patronal, con la finalidad de poner fin de forma abrupta a la protesta legítima que desarrollaban los trabajadores al servicio de la Planta de Pellas en SIDOR. La medida cautelar judicial les ordena a tales trabajadores no ingresar al centro de trabajo, no realizar acciones sindicales, no efectuar o participar en movilizaciones ni difundir denuncias públicas, por cualquier medio (incluso redes sociales), calificando tales acciones de promoción de terrorismo e incitación al odio.
JOHANA GONZÁLEZ. Trabajadora al servicio de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), en prisión desde marzo del 2021; acusada sin pruebas de un delito no cometido por ella, se le impidió salir en libertad cuando el tribunal ordenó su excarcelación en el 2022, violentándose el debido proceso; se le han negado consideraciones por razones médicas y familiares (es madre de dos hijos menores de edad).
ROBERT FRANCO. Educador, Secretario General del Colegio de Profesores de Venezuela (CPV), Seccional Carúpano, estado Sucre. Fue apresado el 26 de diciembre del 2020, acusado sin pruebas de conspirar contra los poderes públicos. En realidad, el mencionado es un luchador gremial a tiempo completo; para la fecha de su detención, asumía la defensa intransigente de los derechos de los docentes en su ámbito geográfico. En mayo del 2022, el tribunal que lleva la causa determinó que debería ser excarcelado, no obstante, continúa privado de libertad.
VÍCTOR VENEGAS. Educador, Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación del estado Barinas (SINDITEBA), afiliado a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (FENATEV); el 17 de enero del presente año fue detenido con violento asalto policial a la sede del sindicato y se le inició proceso judicial por liderar manifestaciones de trabajadores de la educación, exigiendo aumento salarial y firma de la convención colectiva del sector; el 10 de marzo salió en libertad condicional, con restricciones al desempeño de sus actividades sindicales.
EUDIS GIROT. Trabajador de PDVSA, Secretario General del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Petroleros, Químicos y Similares del estado Anzoátegui (SUOEPQS) y Secretario Ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV); estuvo encarcelado durante 17 meses por protagonizar manifestaciones pacíficas de obreros activos y jubilados exigiendo cumplimiento del contrato colectivo petrolero y por denunciar irregularidades administrativas en PDVSA; actualmente en libertad condicional, con restricciones al ejercicio de sus derechos ciudadanos, sindicales y políticos.
ROGER GONZÁLEZ, EUGENIO MONTES, LUIS RIVAS y MIGUEL ALVAREZ. Trabajadores de la empresa privada Embutidos ALIMEX, ubicada en Barquisimeto, estado Lara; estuvieron privados de libertad cerca de dos años y son procesados judicialmente por haber exigido respeto a sus derechos laborales; actualmente en libertad condicional desde el 2021, con restricciones a sus derechos ciudadanos y laborales.
De igual manera, le solicitamos respetuosa y firmemente, adoptar las decisiones y ejecutar las acciones necesarias para que cesen y sean erradicadas en Venezuela las reiteradas prácticas de criminalización y judicialización de las luchas laborales, así como de restricciones a los derechos civiles, sindicales y políticos de las y los trabajadores(as) que asumen luchas sociales y posiciones críticas. Tales prácticas, contrarias al derecho y negadoras de las conquistas históricas del movimiento obrero en el mundo, tendrían serios agravantes de demostrarse la existencia de violaciones al debido proceso y tratos crueles que, en distintos casos, han sido denunciados por familiares, organizaciones sindicales y agrupaciones defensoras de los derechos de las y los trabajadores(as) injustamente presos(as) y procesados(as) en Venezuela.
Sr. Presidente, quienes suscribimos la presente petición, en reiteradas ocasiones nos hemos pronunciado en contra de las agresiones emprendidas por las potencias imperialistas contra la nación y el pueblo de Venezuela. En esta ocasión, con la misma convicción y firmeza, exigimos a las autoridades de Venezuela se garanticen plenamente los derechos a la libertad sindical y a la protesta pacífica de la clase trabajadora venezolana.
