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En un acto represivo e inconstitucional, el Gobierno de Mauricio Macri presentó en el Congreso un proyecto de ley para criminalizar las protestas sociales.

En medio de un clima de protestas por parte de los sindicatos de trabajadores, docentes y estudiantes, el partido del presidente argentino, Mauricio Macri, Cambiemos, presentó el pasado viernes en la Cámara de Diputados un proyecto que plantea la modificación del Código Penal, para endurecer las sanciones contra los manifestantes.

La iniciativa modifica cuatro artículos que se refieren a amenazas, daños, abuso de armas y delitos contra la seguridad del tránsito y los medios de transporte.

La totalidad de los artículos reformados incorporan una nueva figura penal contra toda persona que “participando en una manifestación pública porte elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o actúe a cara cubierta de modo de impedir su identificación”.

En términos jurídicos, la reforma introduce por primera vez en el Código Penal el concepto de “manifestación pública”, convirtiéndola en un delito específico y en un agravante para determinadas conductas penales. Este proyecto sancionaría a los manifestantes con una pena de hasta 10 años de cárcel y le da libertad a los funcionarios policiales para detener a los protestantes.

De esta manera, los jueces podrán aplicar penas más duras contra quienes participen en medidas de fuerza y de acción directa. La decisión sobre quiénes y cuándo aplicar estos delitos es una decisión política y responde a los intereses del Estado, encargado de fijar la política de persecución penal.

La abogada Ileana Arduino, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), alertó que esta propuesta intenta ilegalizar las protestas sociales. “Es deplorable, se apoya en la demonización piquetera pero podría asfixiar cualquier forma de disidencia y reclamo social”, argumentó.

En conclusión, el Gobierno está dando una batalla cultural que busca demonizar la protesta social y enfrentarla con represión y cárcel.

Los primeros 16 meses del Gobierno de Macri se caracterizaron por el despido de trabajadores, el aumento en las tarifas de los servicios públicos y una inflación que bordea el 40 %, entre otras crisis que han terminado en gran cantidad de manifestaciones en rechazo a su gestión.

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