La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, afirma que no cederá a ninguna ‘amenaza’ o ‘extorsión’, tras ser sancionada este lunes por la Unión Europea (UE).

Rodríguez ha asegurado que ninguna amenaza o medida arbitraria de la UE en su contra, la desviará del compromiso que tiene con su país, luego que fuera sancionada junto a otros diez funcionarios del Gobierno.

La funcionaria ha manifestado que ante las medidas “ilícitas” de la UE, que ordenan el congelamiento de los activos que pueda tener en los países del bloque, sigue comprometida con la defensa de la paz, la democracia e independencia de la nación suramericana.

“Ninguna amenaza, extorsión, medida arbitraria ni chantaje desviarán mi compromiso con la historia de libertad, dignidad y soberanía que nos legó Simón Bolívar; jamás el mundo viejo imperial ni poder alguno doblegará mi determinación como venezolana a amar la tierra donde nací”, ha escrito Rodríguez en su cuenta de Twitter.

La excanciller, también sancionada por Estados Unidos y Canadá, ha autorizado a la jefa de la Diplomacia de la UE, Federica Mogherini, a que disponga de los presuntos bienes que tendría en la región, y pidió que los destine a la “crisis migratoria que han generado con sus políticas belicistas, racistas y xenófobas”.

Por su parte, el portavoz del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Héctor Rodríguez, ha rechazado que las sanciones muestren que Venezuela esté aislada y denuncia que lo que buscan en realidad es “cercar al país”.

Previamente, el Gobierno venezolano, a través de un comunicado, repudió las sanciones que aplicó la UE como una “agresión continuada” e “injerencista” y una “intromisión” en sus asuntos internos; y advirtió que las medidas buscan “alterar” la paz en el país.

Tras las elecciones del pasado 20 de mayo, en las que Maduro salió reelecto, Trump, impuso una nueva tanda de sanciones contra la nación suramericana, las cuales limitan la capacidad de Venezuela para liquidar activos estatales. El mandatario venezolano rechazó esas acciones catalogándolas como “crimen de lesa humanidad”, contrarias al derecho internacional y en perjuicio del pueblo venezolano.

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