El 5 de mayo del 2000 la Sala Primera de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Popular Provincial de la Ciudad de La Habana dictó la sentencia 47, correspondiente al Expediente Civil número 1, radicado en virtud de la Demanda del pueblo cubano contra el Gobierno de Estados Unidos por los daños económicos ocasionados a Cuba, interpuesta por organizaciones sociales y de masas del país.
Peritos y testigos expusieron —durante las prácticas de pruebas que tuvieron lugar del 28 de febrero al 10 de marzo— contundentes alegatos que mostraban la culpabilidad del Gobierno estadounidense en sistemáticas acciones de guerra económica contra Cuba en aras de enajenarle apoyo popular a la Revolución para destruirla.
La agresiva política y los criminales efectos sobre todos los sectores económicos y la vida social del país fueron objeto de escrutinio. Como resultado, se demostró la ilegalidad del bloqueo a la luz del Derecho Internacional —en realidad un acto de genocidio—, así como que el Gobierno de Estados Unidos se veía en la obligación de reparar los daños causados por su conducta inmoral y antijurídica, y de asumir la indemnización por los perjuicios causados.
En la jornada final de práctica de pruebas se presentó un pormenorizado informe pericial que evaluaba los daños y perjuicios del bloqueo económico, comercial y financiero en distintas esferas de actividad, y de las agresiones a objetivos económicos y sociales. Para inicios del año 2000 el bloqueo había cercenado 15 años de desarrollo de Cuba.
Los daños y perjuicios causados por el bloqueo ascendían en aquella fecha a 67 093,2 millones de dólares, y el causado por las agresiones se elevaban a 54 000 millones de dólares, para un total superior a 121 000 millones de dólares estadounidenses. La sentencia del Tribunal condenó al Gobierno de Estados Unidos a reparar e indemnizar al pueblo cubano en esa cuantía.
Cuando en tribunales estadounidenses se radican espurias demandas contra nuestro país, Cubadebate recuerda esta histórica demanda vigente y no pagada por el Gobierno de Estados Unidos.
Demanda del Pueblo cubano al Gobierno de los Estados Unidos por los daños económicos ocasionados a Cuba
A LA SALA DE LO CIVIL Y DE LO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL PROVINCIAL POPULAR DE CIUDAD DE LA HABANA
Lic. Mirna Nides Domínguez, Lic. Disney Cabrera Zayas, Lic. Tania J. Manzanares Ayala y Lic. Abel Alejandro Solá López, abogados, a nombre y en representación de las siguientes organizaciones sociales y de masas de la República de Cuba, que integran a la casi totalidad de la población del país:
CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA (CTC), representada por el obrero y Licenciado en Ciencias Sociales Pedro Ross Leal, Secretario General de dicha organización;
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGRICULTORES PEQUEÑOS (ANAP), representada por el campesino y Licenciado en Ciencias Sociales Orlando Lugo Fonte, Presidente de dicha organización;
FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS (FMC), representada por la Ingeniera Química Vilma Lucila Espín Guillois, Presidenta de dicha organización;
FEDERACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA (FEU), representada por el estudiante de Cuarto Año de la Licenciatura en Historia en la Universidad de La Habana, Hassán Pérez Casabona, Presidente de dicha organización;
FEDERACION DE ESTUDIANTES DE LA ENSEÑANZA MEDIA (FEEM), representada por el alumno de Segundo Año del Instituto Politécnico de Electrónica «Eduardo García Delgado», Roberto Conde Silverio, Presidente de dicha organización;
ORGANIZACIÓN DE PIONEROS JOSÉ MARTÍ (OPJM), representada por la Licenciada en Comunicación Social Niurka Duménigo García, Presidenta de la Dirección Nacional de la organización;
COMITÉS DE DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN (CDR), representados por el Licenciado en Contabilidad Juan Contino Aslán, Coordinador Nacional de dicha organización; y
ASOCIACIÓN DE COMBATIENTES DE LA REVOLUCIÓN CUBANA (ACRC), representada por el Comandante de la Revolución Juan José Almeida Bosque, Presidente de dicha organización,
Ante el Tribunal comparecemos y como mejor proceda en derecho decimos:
Que venimos por medio del presente escrito a establecer Demanda en Proceso Ordinario sobre responsabilidad civil por Daños y Perjuicios derivados de actos ilícitos que han afectado al pueblo de Cuba durante todo el proceso histórico de la Revolución Cubana,
Contra:
El Gobierno de los Estados Unidos de América, con domicilio legal en la ciudad de Washington, D.C.
Esta demanda se formula sobre la base de los siguientes:
HECHOS
PRIMERO: Durante más de cuarenta años, el pueblo cubano ha estado sometido a una política brutal de hostilidad y agresiones de todo tipo por parte del Gobierno de Estados Unidos, cuyo propósito estratégico, incluso desde antes del triunfo de la Revolución Cubana el 1° de enero de 1959, no ha sido otro que la liquidación del proceso revolucionario en Cuba y la destrucción del sistema político, económico y social construido y desarrollado libremente por el pueblo cubano en pleno ejercicio de su soberanía y su derecho a la autodeterminación.
Para ello el Gobierno de Estados Unidos—sus principales dirigentes en nueve sucesivas administraciones presidenciales, así como miembros de la rama legislativa, funcionarios y agentes oficiales u oficiosos de dicho Gobierno— ha recurrido a todo tipo de presiones políticas, intentos de aislamiento diplomático, acciones propagandísticas, aliento a la deserción y a la emigración ilegal, espionaje, guerra económica y agresiones físicas de diversa índole, incluidas la subversión, las acciones terroristas y de sabotaje, la guerra biológica, el fomento de bandas armadas, las infiltraciones e incursiones armadas contra nuestro territorio, la organización de cientos de planes de asesinato de los principales dirigentes de la Revolución, el hostigamiento militar, la amenaza de exterminio nuclear y hasta la agresión directa por un ejército mercenario.
Esta campaña de guerra sucia contra Cuba, que dura ya cuarenta años, y sus declarados propósitos de frustrar el camino independiente del país, están documentados en pruebas irrefutables reunidas a lo largo de los años por las autoridades y los órganos de defensa y seguridad cubanos, y confirmada de manera explícita por cientos de documentos secretos norteamericanos que han ido siendo desclasificados y publicados en Estados Unidos, algunos de los cuales se acompañan a la presente demanda. A manera de ejemplo, cabe mencionar el llamado «Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro», elaborado por la CIA y aprobado por el Presidente Dwight Eisenhower el 17 de marzo de 1960, mediante el cual el entonces mandatario norteamericano autorizó personalmente las acciones emprendidas y los planes propuestos por la Agencia Central de Inteligencia para la guerra contra Cuba.
La guerra económica y las agresiones físicas de todo tipo ejecutadas o promovidas por el Gobierno de Estados Unidos a lo largo de cuatro décadas, además de haber costado miles de víctimas al pueblo cubano, han ocasionado enormes pérdidas materiales al país y a sus ciudadanos, así como sufrimientos y penas morales incalculables.
SEGUNDO: A lo largo de casi cuarenta años, las sucesivas administraciones del Gobierno de Estados Unidos han aplicado una política de sistemática agresión económica contra Cuba. Por su amplitud y persistencia, por el comprometimiento en ella de los más altos niveles de las instancias ejecutivas y legislativas de Estados Unidos, por la utilización de un vasto arsenal de instrumentos económicos y políticos convertidos en armas agresivas, por el carácter extraterritorial de sus disposiciones y su aplicación a terceros países, y por el objetivo estratégico no alcanzado de quebrar la resistencia del pueblo cubano, imponiéndole, por medio de la penuria, la escasez, la enfermedad y el hambre, el abandono del sistema socioeconómico y político que de manera libre y soberana adoptó con el triunfo de la Revolución Cubana, esa política de agresión económica no se limita a un simple embargo aplicable a las relaciones económicas bilaterales, sino que conforma una verdadera guerra económica.
Esta guerra económica, conducida en tiempos de paz por el Gobierno de Estados Unidos, ha sido desde su inicio violadora del derecho internacional, y en los años de la presente década ha tenido una escalada que ha llegado al extremo de pretender conferir un carácter extraterritorial a las acciones de guerra, perjudicando los legítimos intereses económicos de terceros países, desconociendo las normas vigentes del derecho internacional y la legislación interna de numerosos países y provocando el creciente rechazo de la comunidad internacional.
La guerra económica ha utilizado como arma agresiva principal la aplicación de un bloqueo económico total en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que se pretende extender a los vínculos económicos de Cuba con cualquier otro país mediante el uso del poderío financiero, comercial y tecnológico de la economía más fuerte del planeta contra la pequeña economía cubana para provocar su colapso. Nunca en la historia de Estados Unidos se ha elaborado una madeja legal tan extensa de leyes, disposiciones, proclamas y reglamentos para tratar de asfixiar económicamente a un pequeño país con el cual Estados Unidos no está en guerra.
El bloqueo económico se aplica en violación no solo del derecho internacional y la soberanía nacional cubana, sino en brutal violación del derecho a la vida, el bienestar y el desarrollo de la población sin distinción de edad, sexo, raza, creencias religiosas, condición social o ideas políticas. El bloqueo ha provocado graves daños y perjuicios a la economía nacional y, al hacerlo, ha ocasionado muy sensibles y cuantiosos daños a la población cubana a lo largo de varias generaciones.
La naturaleza criminal del bloqueo es evidente en su enunciado mismo, pero lo es aún más en su larga ejecutoria por casi cuatro décadas de presiones, acoso, intimidación, chantaje y toda clase de acciones para tratar de rendir al pueblo cubano y asfixiar su Revolución.
Los mecanismos de aplicación y los propósitos declarados del bloqueo mantenido por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba permiten calificarlo como una acción genocida. Así lo ha proclamado la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, apoyada en sólidos fundamentos de hecho y de derecho internacional. Este genocidio sostenido, llevado a efecto por el Gobierno de Estados Unidos, constituye un intento de crimen masivo que todavía persiste a las puertas del nuevo milenio y que ese Gobierno trata incluso de agravar, para su propio descrédito y aislamiento, frente a la condena de todo ser humano sensible, el rechazo casi unánime de la comunidad internacional y el orgullo y la gloria del pueblo cubano, que ha sido capaz de resistirlo durante casi cuatro décadas.
La naturaleza genocida del bloqueo quedó de manifiesto una vez más el pasado mes de agosto, cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos se negó a considerar la enmienda presentada por un miembro del Senado norteamericano en virtud de la cual se permitiría la venta a Cuba de alimentos y medicinas.
TERCERO: La implantación formal del bloqueo norteamericano ocurrió el 3 de febrero de 1962, fecha en la que el Presidente de Estados Unidos firmó la Orden Ejecutiva Presidencial 3447, que estableció a partir de entonces el embargo total sobre el comercio con Cuba, autorizó al Secretario del Tesoro a promulgar todas las medidas y regulaciones para hacer efectiva la prohibición de importación a Estados Unidos de cualquier producto de origen cubano y ordenó al Secretario de Comercio que continuara y ampliara las medidas para prohibir todas las exportaciones de Estados Unidos hacia Cuba.
Pero las acciones agresivas de carácter económico habían comenzado desde mucho antes, prácticamente desde el instante mismo del triunfo de la Revolución Cubana el 1° de enero de 1959. Ya en el momento de la implantación oficial del bloqueo se había acumulado un largo expediente de agresiones económicas desarrolladas por el Gobierno de Estados Unidos en coordinación con un profuso repertorio de medidas de hostilidad y agresiones físicas, incluida la agresión militar directa, ejecutadas paralelamente por dicho Gobierno. La política hostil en el plano económico se encontraba funcionando desde los primeros momentos del triunfo de la Revolución y se aplicó contra ella mucho antes de declararse su objetivo socialista en vísperas de la invasión mercenaria por Playa Girón en abril de 1961.
Tal como se recuerda en la mencionada proclama de fecha 13 de septiembre de 1999 de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el primer zarpazo norteamericano a la economía cubana se produjo el mismo 1° de enero de 1959, cuando fueron recibidos en Estados Unidos, junto a los autores de los más abominables crímenes y abusos contra el pueblo cubano, muchos de los culpables del saqueo del tesoro público de la nación. En informe publicado el 6 de febrero de ese año, cinco semanas después del triunfo revolucionario, el Banco Nacional de Cuba revelaba que los principales cabecillas del régimen derrocado por la Revolución habían malversado o se habían robado 424 millones de dólares de los recursos que en oro y dólares respaldaban el peso cubano. El producto de ese robo fue a parar a los bancos norteamericanos. Ni un solo centavo fue devuelto a Cuba.
En ese mismo mes de febrero viajó a Estados Unidos una delegación del Banco Nacional para solicitar en ese país créditos modestos para sostener la moneda cubana. El día 12, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos decidió no acceder a la petición. Una semana después, las autoridades norteamericanas afirmaban que las dificultades financieras que encaraba Cuba «abrumarían la capacidad de gobernar de los mejores líderes por lo menos en este hemisferio». Así, con la retirada de créditos por parte de entidades norteamericanas que habían mantenido una relación financiera estable con Cuba o habían desarrollado ininterrumpidos negocios en el país hasta el último instante de la corrupta dictadura de Fulgencio Batista, hacia la cual el Gobierno norteamericano nunca mostró hostilidad económica, sino, por el contrario, mantuvo con ella una fluida relación de explotación neocolonial, comenzaban las acciones agresivas de presión e intimidación económica contra Cuba. Era el primer paso concreto en la guerra económica contra Cuba, cuando aún no se habían cumplido siete semanas del triunfo de la Revolución.
Los esfuerzos desplegados por el Gobierno cubano para quebrar la condición neocolonial de Cuba hasta 1958, expresada, entre otras cosas, por la extrema dependencia económica respecto a Estados Unidos, encontraron de inmediato la oposición de los intereses norteamericanos que eran beneficiarios principales de aquella dependencia. Las acciones iniciales del Gobierno Revolucionario encaminadas a la defensa de la soberanía, a estimular el consumo de productos cubanos, a diversificar las relaciones económicas externas, a transformar la estructura agraria mediante el cumplimiento de principios consagrados jurídicamente desde 1940 en la Constitución de la República aunque nunca aplicados, tales como la eliminación del latifundio y la posesión improductiva de la tierra, no eran de contenido socialista, pero sí de carácter nacionalista y popular. No obstante, era evidente que la anunciada decisión de la Revolución de iniciar una transformación radical de la sociedad cubana en beneficio del pueblo, tenía por fuerza que entrar más temprano que tarde en contradicción con los intereses norteamericanos de dominación en Cuba.
En fecha tan temprana como el 21 de enero de 1959 se había producido la primera mención pública de la que existe referencia sobre el tema de la utilización del arma económica por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Como parte de los agresivos desplantes contra la Revolución Cubana en la gran prensa y en los círculos oficiales de Estados Unidos con motivo de las justas sanciones impuestas a los criminales de guerra de la sangrienta tiranía derrocada, apoyadas unánimemente por el pueblo, el representante norteamericano Wayne Hays declaró que debía considerarse el envío de tropas a Cuba y la imposición de sanciones económicas, entre las que mencionó expresamente la rebaja de la cuota azucarera y el embargo comercial.
La promulgación, el 17 de mayo de 1959, de la Ley de Reforma Agraria, encaminada a la eliminación del latifundio y la transformación de la injusta estructura de tenencia de la tierra, motivó el tránsito de una política de hostilidad y presión en la esfera económica a la agresión directa contra Cuba en ese campo. El 11 de junio, tres semanas después de la promulgación de la Ley, el Gobierno de Estados Unidos, en nota diplomática entregada por su Embajador en La Habana, expresaba: «Los Estados Unidos reconocen que, según el derecho internacional, un Estado tiene la facultad de expropiar dentro de su jurisdicción para propósitos públicos y en ausencia de disposiciones contractuales o cualquier otro acuerdo en sentido contrario; sin embargo, este derecho debe ir acompañado de la obligación correspondiente por parte de un Estado en el sentdo de que esa expropiación llevará consigo el pago de una pronta, adecuada y efectiva compensación.»
Las condiciones de indemnización resumidas en las palabras «pronta, adecuada y efectiva» resultaban ser a todas luces una exigencia injusta e imposible de cumplir por un país pobre, históricamente explotado y saqueado precisamente por los que ahora reclamaban y que acababa de pasar por una intensa guerra de liberación, y expresaban la arrogante negativa a aceptar la fórmula racional de compensación establecida en la propia Ley de Reforma Agraria. Esa compensación estaba prevista mediante Bonos de la Reforma Agraria, redimibles en veinte años, con interés anual no mayor del 4,5 por ciento, para lo cual se incluirían los fondos en el Presupuesto del Estado de cada año. Se previó también una exención al impuesto sobre la renta personal que sería aplicable a aquellos tenedores que invirtieran los rendimientos de sus bonos.
En la respuesta del Gobierno cubano a la nota diplomática norteamericana de 11 de junio de 1959, se reiteraba que «es facultad inalienable del Gobierno Revolucionario dictar, en el ejercicio de su soberanía y al amparo de tratados, convenciones y pactos de carácter universal, las medidas que juzgue más adecuadas para impeler y asegurar el desarrollo económico, el progreso social y la estabilidad democrática del pueblo cubano». En consecuencia, declaraba la nota cubana, el Gobierno Revolucionario «se arroga la facultad de decidir lo que estime más acorde con los intereses vitales del pueblo cubano, y no admite, ni admitirá, ninguna indicación o propuesta que tienda a menoscabar, en lo más mínimo, la soberanía y la dignidad nacionales». En cuanto a las condiciones de pago exigidas en la nota norteamericana, el Gobierno Revolucionario argumentaba la imposibilidad material para cumplirlas y proponía la negociación de otras alternativas concretas de compensación. Esta última propuesta fue desconocida por las autoridades norteamericanas, que se aferraron a las impracticables condiciones planteadas y encontraron por fin en la respuesta cubana el pretexto para comenzar el despliegue de su política de represalias y agresiones económicas, políticas y militares contra Cuba.
En una reunión convocada en el Departamento de Estado el 24 de junio de 1959, cinco semanas después de promulgada la Ley de Reforma Agraria, se manejó el criterio de que «correspondía al Gobierno de Estados Unidos asumir de inmediato una posición muy firme contra la ley y su implementación», y que «la mejor manera de alcanzar el necesario resultado era la presión económica». Se valoró la supresión de la cuota azucarera cubana en el mercado norteamericano, lo cual provocaría que «la industria azucarera sufriera una abrupta e inmediata caída, ocasionando la generalización de un mayor desempleo. Grandes cantidades de personas quedarían sin trabajo y comenzarían a pasar hambre.» En esa reunión, el Secretario de Estado Christian Herter calificó explícitamente las propuestas como «medidas de guerra económica».
El 8 de julio de 1959, el Congreso de Estados Unidos acordó, a solicitud del Ejecutivo, otorgar mayores facultades al Presidente para suspender la ayuda extranjera a todo país que «confiscara propiedades norteamericanas sin justa compensación inmediata». Aunque no se mencionaba a ningún Estado en particular, era claro que se trataba de un paso más en la agresión económica contra Cuba. La amenaza de suspensión de la ayuda era considerada por los estrategas políticos norteamericanos un arma que infundiría pavor a los gobernantes cubanos. Fue otro error de juicio, de los tantos en que han incurrido con la Revolución Cubana.
En un documento oficial suscrito el 6 de abril de 1960 por L.D. Mallory, este importante funcionario del Departamento de Estado, después de reconocer que «la mayoría de los cubanos apoyan a Castro» y que «no existe una oposición política efectiva», expresa con cínica impudicia que «el único medio previsible para enajenar el apoyo interno es a través del descontento y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas. […] Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba. […] Una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno.» Era, en síntesis, la plataforma programática que sustentaría durante los siguientes cuarenta años, y aún sigue sustentando, el bloqueo económico norteamericano contra Cuba.
Muy pronto apareció la ocasión para aplicar uno de esos medios concebibles. El abastecimiento de petróleo del país dependía del suministro de tres empresas que controlaban la importación y refinación del combustible necesario para el funcionamiento del país: las norteamericanas Esso y Texaco y la británica Shell. Estas transnacionales habían decidido hacer el juego de la agresión y, a petición del Gobierno de Estados Unidos, habían comenzado a restringir la importación con el propósito de cortar totalmente, si fuere necesario, el suministro de combustible y provocar la paralización de la economía nacional. En vista de ello, el Gobierno Revolucionario obtuvo el compromiso de la Unión Soviética, uno de los principales productores mundiales de petróleo en ese momento, de garantizar las cantidades necesarias a precios razonables.
Pero esta disposición frustraba el plan acordado entre las compañías petroleras y el Gobierno norteamericano, por lo que las tres empresas se negaron a refinar en sus instalaciones el crudo soviético. Semejante actitud violaba expresamente lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Minerales Combustibles, vigente desde el 9 de mayo de 1938, en el que se establecía la obligación de procesar el petróleo crudo que fuese suministrado por el Estado. Ante esta manifestación de prepotencia, el Gobierno Revolucionario anunció el 28 de junio de 1960 la intervención de la empresa Texaco en Cuba, incluida su capacidad de refinación, y el 11 de julio la medida se hacía extensiva a la Esso y la Shell.
Días antes, el 24 de junio, el Presidente Eisenhower había solicitado al Congreso norteamericano poderes discrecionales para cortar la cuota de importación de azúcar cubano. De esta manera, la cuota de exportación de azúcar cubana hacia Estados Unidos se sumaba formalmente, junto a las maniobras relacionadas con el petróleo, a las relaciones económicas transformadas, por arte de la política de agresión, en armas que pretendieron ser letales para la joven Revolución Cubana.
El 5 de julio, el Gobierno de Estados Unidos declaró que «la intervención y apropiación de estas refinerías constituye una prueba y una confirmación más de la ejecución de un plan inexorable de agresión económica por parte del Gobierno de Cuba, destinado a destruir las tradicionales relaciones comerciales y de inversión de Cuba con el mundo libre». Mediante este malabarismo verbal, se pretendía convertir al agredido en agresor. No era la primera vez ni sería la última en que se pretendería engañar de esa manera a la opinión pública norteamericana y mundial.
Al día siguiente, el Consejo de Ministros del Gobierno Revolucionario concedió al Presidente de la República y al Primer Ministro facultades especiales para decidir la nacionalización de las industrias norteamericanas existentes en el país, en previsión de las nuevas represalias económicas que parecía estar abocado a tomar Estados Unidos contra Cuba.
Ese mismo día, en efecto, mediante proclama presidencial, el Presidente Eisenhower dio el primer paso decisivo en el camino hacia el bloqueo económico, al decretar la reducción en 700 mil toneladas de la cuota azucarera de Cuba en el mercado norteamericano. La cantidad representaba el 95 por ciento de las exportaciones cubanas de azúcar a Estados Unidos previstas para el resto de 1960. Con esta medida, el Gobierno norteamericano pretendía asestar el golpe mortal a la economía de Cuba y, en consecuencia, a la Revolución, que ya había sido concebido desde un año antes.
La medida eliminaba abruptamente una parte de la principal fuente de ingreso del país por exportaciones y mostró claramente que la cuota azucarera era ya utilizada —y lo seguiría siendo en breve plazo— como instrumento de chantaje para derrotar los esfuerzos que desplegaba el país por lograr un desarrollo independiente y quebrar la dependencia económica respecto a Estados Unidos, de la cual la cuota azucarera era uno de los principales eslabones.
La decisión sobre la cuota azucarera cubana configuraba claramente el delito internacional de agresión económica, condenado de manera taxativa en el Artículo 15 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, fue paradójicamente el Gobierno de Estados Unidos, al protestar el 16 de julio, por intermedio de su Embajador en La Habana, por la ley de nacionalización y calificarla de «en esencia discriminatoria, arbitraria y confiscatoria», el que advirtió que la aplicación de la medida sería considerada un acto de agresión económica y política contra Estados Unidos.
Ante los brutales actos de coerción y agresión económica ejecutados por el Gobierno de Estados Unidos, que pretendían ahogar la economía cubana y someter al país por la fuerza, el Gobierno de Cuba dispuso el 6 de agosto de 1960 la nacionalización de 26 grandes empresas norteamericanas radicadas en Cuba, además de los centrales azucareros y las compañías de electricidad y teléfonos. La medida, tomada en parte como respuesta a la agresión azucarera, se realizaba en concordancia con la legislación nacional y los principios del derecho internacional. Ocho días después se anunció la intervención de las minas de níquel en Moa, en la provincia de Oriente, y el 17 de septiembre fue anunciada la nacionalización de los tres grandes bancos norteamericanos que operaban en Cuba.
Las leyes de nacionalización cubanas que afectaron intereses estadounidenses, tomaban en cuenta la compensación del valor de esas propiedades y la provisión de los medios para garantizar dicha compensación mediante los ingresos generados por las exportaciones adicionales de azúcar al mercado norteamericano, única alternativa posible en las condiciones económicas del país en esa coyuntura. El Gobierno de Estados Unidos no aceptó resolver este asunto mediante un proceso negociador, a pesar de la reiterada voluntad en ese sentido expresada por las autoridades cubanas. De haberse aceptado entonces las propuestas cubanas, como lo hicieron otros países, los nacionales norteamericanos afectados ya habrían recibido la compensación correspondiente. Por el contrario, la imposición por Estados Unidos del bloqueo y la guerra económica contra Cuba, impidió a los propios intereses afectados de ese país una solución satisfactoria.
La dinámica del golpe y el contragolpe, desatada con la rebaja de la cuota azucarera, tuvo un nuevo momento el 29 de septiembre, cuando el Gobierno de Estados Unidos notificó al de Cuba la suspensión de las operaciones de la planta de concentración de níquel de Nicaro, en la provincia de Oriente, propiedad del Gobierno norteamericano. Al día siguiente, el Departamento de Estado anunció haber recomendado a los ciudadanos norteamericanos a «abstenerse de viajar a Cuba a no ser que haya razones apremiantes para hacerlo».
Ese mismo mes de septiembre, el Gobierno norteamericano presionó para suprimir algunos créditos concedidos anteriormente a los bancos cubanos por instituciones bancarias privadas norteamericanas. El 13 de octubre, el Gobierno Revolucionario anunció la nacionalización de 382 grandes empresas en el país, incluidos todos los bancos. Al día siguiente fue proclamada la Ley de Reforma Urbana, en virtud de la cual todos los inquilinos podían adquirir la propiedad de su vivienda.
El segundo paso definitorio hacia el bloqueo fue el anuncio del Departamento de Estado, el 19 de octubre de 1960, en el sentido de que, a los efectos de «defender los intereses económicos legítimos del pueblo de este país [Estados Unidos] contra la política económica discriminatoria, agresiva e injuriosa del régimen de Castro […], el Gobierno de Estados Unidos está poniendo en vigor en el día de hoy medidas generales de control, a fin de prohibir las exportaciones norteamericanas a Cuba, excepto en lo que se refiere a alimentos, medicinas y equipos médicos no incluidos en subsidios». Este embargo comercial, que, entre otros efectos en lo inmediato, privaba a la industria y el transporte en Cuba de piezas de repuesto imprescindibles para su continuado funcionamiento, pretendió ser, junto con la drástica rebaja de la cuota azucarera, el otro golpe fatal a la economía nacional y a la Revolución.
La torpe argumentación de esta medida de embargo comercial merece algún comentario. Al margen de la mentirosa pretensión de querer una vez más presentar a Cuba como la agresora, no podía resultar más ridículo para una potencia tan poderosa como Estados Unidos asumir la posición de verse en la supuesta necesidad de defender su economía contra las presuntas maquinaciones de un país tan pequeño y subdesarrollado como Cuba, cuyas exportaciones al mercado de ese país, si bien significativas para la economía cubana, representaban una proporción minúscula del volumen de importaciones de la economía norteamericana. Cabe preguntarse, además, si no resultaba manifiestamente absurdo defender intereses económicos prohibiendo exportaciones cuyo mantenimiento y desarrollo era lo que, por el contrario, convenía a esos intereses.
No obstante, para sorpresa de los estrategas políticos norteamericanos, Cuba no se derrumbó frente a la reducción de la cuota azucarera y el embargo comercial. Por el contrario, a finales de 1960 el país daba señales de haber asimilado los dos golpes y el pueblo cubano de haber fortalecido su voluntad de resistir y sostener la Revolución. En vista de ello, el 16 de diciembre el Presidente Eisenhower dispuso la supresión total de la cuota azucarera cubana en el mercado norteamericano para los primeros tres meses de 1961. No deja de ser significativo el plazo anunciado. En esos momentos se hallaban muy adelantados los preparativos de la agresión militar directa que estaba siendo organizada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, cuyo lanzamiento estaba previsto para abril de 1961 y que, según los estrategas del Gobierno norteamericano, daría definitivamente al traste con el poder revolucionario en Cuba.
El 3 de enero de 1961, menos de tres semanas antes del término del mandato presidencial de Eisenhower, el Gobierno de Estados Unidos anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas y consulares con Cuba. El día 16 se informó en Washington que, en lo adelante, «los ciudadanos norteamericanos que deseen viajar a Cuba deben, hasta nuevo aviso, obtener pasaportes con autorización especial del Departamento de Estado para realizar este viaje». Fue la primera medida en la restricción unilateral de viajes a Cuba.
La nueva administración del Presidente John F. Kennedy asumió el poder ejecutivo el 20 de enero. El 2 de marzo el Gobierno norteamericano anunció estar considerando la aplicación en el caso de Cuba de la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, y el día 31 de ese mes, mediante proclama presidencial suscrita por Kennedy, quedó suprimda totalmente, de manera oficial, la cuota azucarera de Cuba en el mercado norteamericano para el año de 1961, ascendente a unos
3 millones de toneladas.El 12 de abril, en la misma conferencia de prensa en la que el Presidente Kennedy afirmó que no habría intervención armada alguna en Cuba mientras ya los buques que conducían a la expedición invasora navegaban por las aguas del Caribe en dirección a Cuba, el mandatario norteamericano declaró también lo siguiente: «No tenemos la intención de tomar acción alguna con respecto a las propiedades u otros intereses económicos que ciudadanos norteamericanos anteriormente mantenían en Cuba, más que las negociaciones formales y normales con una Cuba libre e independiente.» Estaba claro para Kennedy que el derrocamiento de la Revolución sería cuestión, a lo sumo, de una semana, y que la junta de gobierno que sería instaurada por los norteamericanos, cuyos miembros a estas alturas estaban prácticamente presos por la CIA en un aislado lugar de la Florida, dictaría como una de sus primeras decisiones la devolución inmediata de las propiedades nacionalizadas por el Gobierno Revolucionario.
Durante los meses posteriores a la derrota de la invasión armada por Playa Girón, el Gobierno de Estados Unidos concentró su atención en dos líneas principales de agresión contra nuestro país: el fomento de la subversión y las gestiones para lograr el aislamiento político de Cuba dentro del sistema interamericano, con vistas a crear las condiciones para una nueva agresión militar. Es la etapa en que se gesta e inicia la ejecución de la Operación Mangosta, conjunto de operaciones de guerra sucia sobre el que se volverá más adelante. En el orden económico, las bases de la guerra contra Cuba ya habían quedado sentadas con las medidas de embargo comercial y supresión de la cuota azucarera. El 11 de diciembre de 1961 el Presidente Kennedy dispuso la suspensión absoluta de dicha cuota en el mercado norteamericano para la primera mitad de 1962.
Ya a estas alturas, las medidas del bloqueo contra nuestro país estaban inscritas en la Ley de Asistencia Extranjera de Estados Unidos de 1961, en su Sección 620 (a), en los términos siguientes: «No se le suministrará ninguna asistencia, de acuerdo con esta Ley, al actual Gobierno de Cuba. Como un medio para instrumentar y llevar a efecto la política expresada en la oración precedente, el Presidente queda autorizado a establecer y mantener un embargo total del comercio entre Estados Unidos y Cuba.»
A finales de enero de 1962 comienza sus sesiones en la ciudad de Punta del Este, en Uruguay, la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos, que debía culminar la maniobra de aislamiento político de Cuba en el hemisferio. El día 25, en su enérgica y argumentada intervención en esa reunión, el jefe de la delegación cubana, el Presidente Osvaldo Dorticós, expresó: «Hubiéramos querido y queremos […] aumentar en forma racionalizada nuestras relaciones comerciales con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero fueron los Estados Unidos de Norteamérica quienes, por decisión unilateral, y como medida de agresión económica, limitaron y cercenaron nuestras relaciones comerciales, cancelando la compra de nuestros productos para sumirnos en la miseria y derrota de la Revolución.»
Después de intensas presiones y negociaciones, la delegación norteamericana logró la aprobación en Punta del Este de un grupo de resoluciones en las que se fundamentarían decisiones posteriores que condujeron a la suspensión de Cuba de la OEA y la ruptura de relaciones diplomáticas bilaterales de la mayoría de los países latinoamericanos. Fue en esta coyuntura cuando, el 3 de febrero de 1962, el Presidente Kennedy decretó el embargo total del comercio entre Estados Unidos y Cuba. Era la declaración oficial del bloqueo.
En el comunicado emitido al efecto por la Casa Blanca se subrayaba que el embargo privaría al Gobierno de Cuba de las divisas que venía obteniendo por la venta de sus productos en Estados Unidos, y se afirmaba, con la proverbial hipocresía de las declaraciones oficiales norteamericanas relacionadas con Cuba, que, «fundándose en razones humanitarias quedarán exceptuadas de este embargo las exportaciones de ciertos alimentos, medicinas y otros abastecimientos médicos de los Estados Unidos a Cuba».
El 24 de marzo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaba la prohibición de la entrada en territorio norteamericano de cualquier producto elaborado, en todo o en parte, con productos de origen cubano, aunque fuesen fabricados en un tercer país. En mayo el Gobierno norteamericano anuló unilateralmente la cláusula de «nación más favorecida» en el caso de Cuba, en abierta violación de los estatutos del GATT, el acuerdo internacional regulador del comercio entre las naciones, del que ambos países eran signatarios.
Algunos meses después, en septiembre, se conocían las gestiones personales del Secretario de Estado Dean Rusk ante los gobiernos europeos de los países aliados de Estados Unidos en la OTAN, para lograr que los barcos de esas nacionalidades no transportaran mercancías a Cuba, mientras que los sindicatos marítimos norteamericanos, por indicación del Departamento de Estado, comenzaron a negar facilidades portuarias a los buques de cualquier nacionalidad que hubieran transportado mercancías a Cuba. Se prohibió también la venta a esos países de productos agrícolas dentro del programa llamado de Alimentos para la Paz.
El «embargo» terminaba de perder su antifaz para revelarse como lo que era en realidad y ha sido desde entonces: un bloqueo económico total.
CUARTO: Las medidas de respuesta aplicadas por el Gobierno de Cuba frente a la declaración de guerra económica implícita en los intentos por paralizar el país privándolo del suministro de combustible y arrebatándole con la cuota azucarera la principal fuente de ingreso de exportación y el sostén de la agroindustria, que representaba el núcleo básico de la economía nacional, fueron actos soberanos de Estado, amparados en el orden legal nacional y por diversos pactos internacionales, resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y otros documentos internacionalmente reconocidos que se encontraban vigentes a comienzos de la década de los años 60. Más adelante, otros textos de igual naturaleza ratificarían la validez de las acciones soberanas del Estado cubano.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 21 de diciembre de 1952, durante su Séptimo Período de Sesiones, una Resolución Especial en la que subrayaba que «el derecho de los pueblos a disponer de sus riquezas y recursos naturales y a explotarlos también libremente es un imprescriptible derecho soberano y responde a los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas».
El Artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966, y también el Artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen:
«Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente condiciones políticas y proveen asimismo a su desarrollo económico social y cultural.»
«Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco así como el derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.»
«Los Estados partes en el presente pacto […] promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.»
La Resolución 2625 de octubre de 1970 de la Asamblea General de las Naciones Unidas señala: «Ningún Estado o grupos de Estados tiene el derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto no solamente la intervención armada sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional. Ningún Estado puede ampliar o fomentar el uso de las medidas económicas, políticas o de otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas.»
Por otra parte, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1974 mediante su Resolución 3281, establece el derecho de cada Estado a practicar el comercio internacional y otras formas de cooperación, entre ellas, las de asociarse para fines económicos, independientemente de cualesquiera diferencias de los sistemas políticos, económicos y sociales. Además, expresa en el Artículo 5: «Todos los Estados tienen el deber de respetar ese derecho, absteniéndose de aplicar medidas económicas y políticas que lo puedan limitar».
A pesar de la violenta agresión económica que estaba siendo ejercida ya por el Gobierno de Estados Unidos en aquellos momentos, la Ley número 851 de 6 de julio de 1960, que autoriza la nacionalización de las empresas estadounidenses, establece la compensación por los bienes nacionalizados. En esa Ley se dispuso el pago de aquellos bienes con Bonos de la República que se amortizarían en un plazo no menor de treinta años y con un interés no menor del 2 por ciento.
El proceso de nacionalización efectuado en Cuba incluyó también a nacionales de otros países, cuyos gobiernos adoptaron una posición respetuosa con relación a la decisión soberana de Cuba y establecieron negociaciones para la compensación de sus ciudadanos. Se concluyeron acuerdos con Francia, Suiza, Gran Bretaña, Canadá y España, y se establecieron plazos para su ejecución en concordancia con la práctica internacional en estos casos. Todos los afectados fueron compensados, encontrándose en ejecución el acuerdo con España.
El Gobierno norteamericano rechazó con arrogancia las fórmulas de compensación propuestas también en este caso por Cuba. Lejos de aceptar una negociación razonable, intensificó su agresión y así, en octubre de 1960, el Presidente de Estados Unidos estableció la prohibición de toda exportación a Cuba, con excepción de medicinas y alimentos no subsidiados, aunque en la práctica estos no se exportarían a Cuba y en 1964 sería prohibida oficialmente su exportación. Esta nueva agresión, como ya se ha dicho, iba enfilada a paralizar la industria, el transporte y, en general, la base tecnológica de la economía, que era de procedencia norteamericana en abrumadora mayoría y, por tanto, altamente dependiente de las importaciones de piezas de repuesto e insumos de ese país.
QUINTO: Las disposiciones ya referidas del bloqueo, en virtud de las cuales se prohíbe la entrada en Estados Unidos de cualquier producto fabricado en un tercer país en cuya elaboración intervinieran en todo o en parte insumos de origen cubano, aplicadas desde 1962, han afectado las posibilidades de exportación de Cuba hacia terceros países en productos como el níquel. Se han producido rechazos e incluso decomisos de embarques de acero inoxidable exportados hacia Estados Unidos por terceros países y en cuya elaboración ha estado presente el níquel cubano. Semejantes disposiciones eran ya desde 1962 un golpe a la economía cubana y una interferencia extraterritorial en los intereses económicos de terceros países.
Por otra parte, la decisión del Gobierno de Estados Unidos, en septiembre de 1962, de colocar en una llamada «lista negra» y prohibir la entrada en puertos norteamericanos de todos los barcos que realizaran comercio con Cuba, con independencia del país de registro, además de significar una violación flagrante del derecho marítimo internacional, era una medida agresiva destinada directamente a afectar las relaciones económicas externas de Cuba en la esfera del transporte marítimo, el cual tenía que enfrentar el desplazamiento del comercio hacia mercados muy distantes debido al cierre del cercano mercado norteamericano. Esta agresión significó cuantiosas erogaciones financieras en exceso por pago de fletes en el transporte marítimo.
Con esta acción Cuba se vio imposibilitada de efectuar su transportación marítima como cualquier otro país, mediante líneas regulares internacionales de buques. El movimiento de cargas ha tenido que apoyarse en buques fletados en el mercado internacional con características de sobreprecio por el pago de fletes y muchas veces en deficientes condiciones técnicas, pues solo en esas condiciones podían encontrarse buques dispuestos a ser excluidos del comercio con Estados Unidos. Esto no solo ha incrementado los costos de transportación por la vía del exceso de fletes, sino también por concepto de primas de seguro en exceso por las cargas, que reflejaban los mayores riesgos de pérdidas y daños en virtud de la edad y características técnicas de los buques.
En julio de 1963 fue puesto en vigor en Estados Unidos el llamado Reglamento para el Control de los Activos Cubanos, que prohibió todas las transacciones relacionadas con Cuba, congeló los valores que tuviera el Estado cubano en Estados Unidos y prohibió a los ciudadanos norteamericanos viajar a nuestro país.
En mayo de 1964 el Departamento de Comercio de Estados Unidos implantó oficialmente la prohibición total de embarques de alimentos y medicinas a Cuba, aunque en la práctica no se efectuaban con anterioridad. Esta prohibición de la venta de alimentos, medicinas y equipos médicos como resultado del bloqueo, constituye un caso insólito y único en el ámbito internacional. Incluso en tiempo de guerra entre países, las Convenciones de Ginebra, relativas a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, prohíben expresamente que se impida el acceso a la población civil de alimentos y medicinas. Esta acción, practicada sin embargo contra el pueblo cubano por el Gobierno estadounidense desde hace más de tres décadas y media en tiempo de paz, muestra de nuevo el carácter genocida del bloqueo.
Para los estrategas políticos norteamericanos, el conjunto de medidas agresivas que ya significaban un bloqueo económico completo, debía conducir rápidamente al colapso de la débil y subdesarrollada economía cubana, privada de su principal mercado, donde obtenía la mayor parte de sus ingresos en divisas, y de su principal fuente de suministros para el consumo de la población y el funcionamiento de su economía. La implantación del bloqueo, en efecto, significó para Cuba, entre otras cosas, la pérdida del principal mercado y el régimen de precios en él para el azúcar, pérdidas financieras por diversos conceptos, el sustancial incremento de los gastos del transporte por la reubicación geográfica de su comercio, la inmovilización de cuantiosos recursos, el pago de sobreprecio por sus compras, la desactivación anticipada de instalaciones y equipos por falta de piezas y la desaparición de la principal corriente de ingresos por turismo.
El bloqueo hizo más difícil para la población la solución de los problemas de la vida cotidiana. El pueblo cubano se vio obligado a enfrentar el desafío que e bloqueo le imponía al sistema económico y político que había elegido y a su propia existencia como nación independiente, entregando una alta cuota de sacrificio y privaciones para resistir durante las últimas cuatro décadas.
SEXTO: Durante la administración del Presidente James Carter, entre 1977 y 1981, se introdujeron algunas modificaciones al Reglamento para el Control de los Activos Cubanos, que fueron pequeños e iniciales pasos en dirección hacia cierta flexibilización. Estas disposiciones, que nunca alteraron las bases fundamentales de la política de bloqueo y fueron eliminadas durante las administraciones subsiguientes de los Presidentes Ronald Reagan y George Bush. Incluso durante el mandato de este último el bloqueo experimentó un recrudecimiento.
Con la desaparición del campo socialista y la desintegración de la Unión Soviética, la economía cubana perdió abruptamente los mercados, las fuentes de suministros y el sistema de relaciones de intercambio y cooperación que habían sido importantes factores para atenuar los efectos de la guerra económica de Estados Unidos contra Cuba hasta finales de la década de los años 80.
En esa coyuntura especialmente adversa, cuando desapareció en brevísimo plazo el sistema de relaciones económicas con los países socialistas, dejó de existir el CAME y el entramado de relaciones de integración económica, especialización productiva y acceso a mercados con precios y financiamientos acordados, cuando la economía cubana y el pueblo todo se encontraron frente a formidables obstáculos que parecían insalvables para muchos observadores externos, cuando el mundo se tornó unipolar y la hegemonía norteamericana se abatió sobre el planeta, cuando el pueblo cubano se vio obligado por la guerra económica a hacer por segunda vez en un lapso de apenas tres décadas un nuevo y muy costoso proceso de reestructuración a fondo de sus relaciones económicas externas, de su infraestructura tecnológica, de sus fuentes de suministros y de financiamiento, entonces el gobierno norteamericano creyó llegado el momento de arreciar el bloqueo e infligir mayor daño a la economía cubana para lograr la derrota de la Revolución, a la que no le había sido posible destruir durante más de treinta años.
En efecto, la aprobación de la llamada Enmienda Torricelli, incluida en la Ley de Gastos para la Defensa de 1992, intensificó las medidas del bloqueo al prohibir el comercio de Cuba con filiales de empresas de Estados Unidos radicadas en terceros países y sujetas, por tanto, a las leyes de esos países, anunciar sanciones a los países que concedan asistencia económica a Cuba y reactivar y arreciar las sanciones a buques que transporten cargas hacia o desde Cuba.
El resultado directo fue la eliminación del comercio con filiales de empresas norteamericanas radicadas en terceros países, los cuales sufrieron la humillación de que empresas extranjeras sometidas a sus leyes se vieran enfrentadas a la obligación de actuar en cumplimiento de la aplicación extraterritorial de una ley norteamericana.
Para la economía cubana, la supresión del comercio con aquellas filiales, cuya composición era del 90 por ciento en alimentos y medicinas, fue un golpe adicional en la crítica coyuntura de comienzos de la década de los 90. Esta situación se amplía y hace más compleja en estos momentos, como resultado del intenso y acelerado proceso de adquisiciones de empresas, fusiones, megafusiones y alianzas estratégicas a escala mundial dentro de la globalización neoliberal, proceso en el cual Estados Unidos tiene una significativa participación. Ello da lugar a que clientes o suministradores tradicionales de Cuba en terceros países interrumpan sus relaciones comerciales o financieras con nuestro país tras su adquisición o fusión con una empresa norteamericana.
Adicionalmente, la economía cubana se ha visto impedida de aprovechar su excelente posición geográfica para desarrollar fuentes de ingreso como el fomento de puertos de trasbordo, suministro de combustible y pertrechos a buques que transitan por el estrecho de la Florida, reparaciones a buques y estacionamiento de remolcadores extranjeros para operaciones de salvamento.
En agosto de 1994, el Presidente de Estados Unidos adoptó medidas de prohibición de las remesas familiares a Cuba y reducción de los vuelos entre ambos países como represalia por los resultados de la propia política promovida por aquel Gobierno de incitar la emigración ilegal y acoger con honores a terroristas y piratas que secuestraron naves y personas y cometieron otros crímenes, incluido el asesinato.
SEPTIMO: La aprobación en marzo de 1996 de la llamada Ley Helms-Burton significó otro importante paso, sin duda el más infame y peligroso, en la escalada de la guerra económica contra Cuba. Con la puesta en vigor de dicha Ley y las medidas más recientes que la complementan, que fueron aprobadas el 21 de octubre de 1998 por el Congreso y el Ejecutivo e incorporadas como enmiendas a la Ley del Presupuesto para 1999, la guerra económica ha alcanzado su punto más alto de agresividad y encono en su frustrado objetivo de doblegar la resistencia del pueblo cubano.
La mencionada Ley Helms-Burton pretende cortar la corriente de inversiones de capital extranjero hacia Cuba mediante la intimidación a inversionistas efectivos o potenciales, utilizando como instrumento de chantaje la nacionalización de propiedades norteamericanas que el Estado cubano efectuó en el marco de la legalidad nacional e internacional y la alegada falta de compensación por dichas propiedades. Exactamente la compensación que varios gobiernos ya citados en esta demanda negociaron con el Gobierno cubano, la aceptaron y en la mayoría de los casos ya la recibieron, y que el Gobierno norteamericano rechazó hace casi cuarenta años debido a su fallida convicción de que la guerra sucia contra el pequeño país, incluida la guerra económica, les llevaría a recuperar sus propiedades y con ellas a reinstalar el dominio perdido sobre la economía y la dirección política del país.
En su furia ante la resistencia del pueblo cubano y por la recuperación económica en marcha, el Gobierno de Estados Unidos ha llegado a extremos tales como el intento de aplicar el carácter extraterritorial de su legislación en menosprecio de los legítimos intereses de inversión y relaciones económicas normales con Cuba de terceros países, a convertir en reclamaciones oficiales del Gobierno norteamericano las propiedades que desde el 11 de enero de 1959 fueron abandonadas en su huida por funcionarios corrompidos y militares asesinos al servicio de la dictadura de Batista y a negar visa de entrada a territorio norteamericano a empresarios que hagan inversiones en el país o sus familiares. El Gobierno de Estados Unidos ha desatado una minuciosa persecución contra cualquier empresa y el personal de ellas que establezca o simplemente se proponga establecer relaciones económicas o científico-técnicas con Cuba.
La Ley Helms-Burton ha provocado daños a la economía cubana al entorpecer posibles negocios e intimidar a potenciales inversionistas extranjeros ante las amenazas y represalias ejercidas por la mayor potencia económica mundial, en abierta violación de la libertad de comercio y del libre movimiento de capitales, de los cuales el Gobierno de Estados Unidos se proclama firme defensor en su discurso oficial.
Este conjunto más reciente de acciones de guerra económica se refieren, entre otras medidas de corte subversivo, a la prohibición de cualquier financiamiento directo o indirecto que pueda considerarse una ayuda económica a Cuba, bajo la amenaza de represalias por parte de Estados Unidos a los países que lo hicieran, la decisión de no autorizar marcas y nombres comerciales que coincidan o sean similares a las procedentes de propiedades nacionalizadas y la indicación a los tribunales que en ningún caso deben reconocer derecho alguno sobre ellas, la prohibición de gastos o comprometimiento de fondos asignados en el Presupuesto de Estados Unidos para financiar cualquier asistencia o reparaciones a Cuba a través de instituciones crediticias internacionales, y la amenaza de que Estados Unidos reducirá sus contribuciones a la Asociación Internacional de Energía Atómica en una cantidad igual a los fondos que fueran aportados por esa institución para programas en Cuba, y se opondrá a cualquier forma de asistencia técnica a la central electronuclear de Juraguá o el programa cubano de investigaciones nucleares.
OCTAVO: El bloqueo viola los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas al afectar la paz y la cooperación internacional, atentar contra la soberanía de Cuba y de terceros países, violar el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y vulnerar la libertad de comercio, de inversión y de navegación.
Durante ocho años consecutivos, a partir de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado en cada ocasión una resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico impuesto al pueblo cubano por el Gobierno de Estados Unidos. El creciente repudio internacional al bloqueo norteamericano contra Cuba se ha manifestado no solo en la aprobación por la Asamblea General de estas sucesivas resoluciones, sino por la progresión favorable a la condena al bloqueo de la votación de los gobiernos representados en la Asamblea General desde 1992 hasta 1999, que ha pasado en ese lapso de 59 países en 1992 a 158 países en 1999. Estados Unidos, que nunca ha logrado más de cuatro votos en contra de las resoluciones cubanas, quedó una vez más en total aislamiento en 1999 al obtener solo su propio voto y el de otro país incondicionalmente aliado en la oposición a la resolución de condena al bloqueo a Cuba.
NOVENO: El bloqueo económico impuesto a Cuba por el Gobierno de Estados Unidos ha afectado de manera especialmente sensible la salud del pueblo cubano, esfera en la cual ha manifestado también con mayor nitidez su naturaleza genocida.
Cuba se ha visto imposibilitada de adquirir en Estados Unidos y en empresas subsidiarias radicadas en terceros países, medicamentos, equipos y material de uso médico que son imprescindibles para la preservación de la vida humana y que son producidos exclusivamente por empresas estadounidenses. No es posible para Cuba importar ni siquiera una aspirina de Estados Unidos, o de cualquier otro país si es producida por una filial norteamericana.
En 1959, más de un 80 por ciento de los medicamentos, reactivos, material gastable, instrumental médico y materias primas farmacéuticas de que disponía el país, procedía de firmas extranjeras, principalmente norteamericanas. El bloqueo de Estados Unidos, que incluye los medicamentos y suministros médicos, ha obligado a adquirir estos insumos en otros mercados a un costo superior que se estima en el orden del 20 al 30 por ciento adicional. Esta diferencia de precios ha significado erogaciones en exceso calculadas en más
de 550 millones de dólares.El incremento de la distancia de los nuevos mercados suministradores ha determinado un aumento de aproximadamente un 50 por ciento de los gastos de transportación de los suministros médicos hasta Cuba. Se ha estimado de manera conservadora que estos incrementos provocados por el bloqueo han causado al país erogaciones adicionales por valor de 105 millones de dólares. Por otra parte, ha sido necesario adquirir volúmenes superiores de suministros, lo cual determina a su vez mayores inversiones en facilidades de almacenamiento y afectaciones financieras por el aumento de inventarios, recursos inmovilizados y pérdidas.
Un caso de gravísimas consecuencias por la aplicación del bloqueo ocurrió en 1981 cuando se desató en el país una epidemia de dengue hemorrágico que afectó a más de 300 mil personas y provocó la muerte de 158 personas, incluidos 101 niños menores de 15 años. Sobre este episodio de la guerra biológica contra Cuba se volverá más adelante en la presente demanda. En este momento lo que cabe resaltar es que, durante la epidemia, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en aplicación de los preceptos del bloqueo, demoró la autorización para la venta y envío a Cuba de los insecticidas específicos para atacar el vector identificado de la enfermedad, así como los aspersores de fumigación que debían utilizarse. Cuba tuvo que adquirirlos en terceros países a un costo adicional de varios millones de dólares y con una crucial demora en su llegada al país, que sin duda fue un factor importante en muchas de las muertes ocurridas.
En 1990 se registraron en Cuba los primeros casos de una forma de neuropatía que llegó a convertirse en epidemia a partir de 1994 con la declaración de un promedio de 2 mil casos anuales. Los estudios sobre la etiología de esta enfermedad demostraron de manera inequívoca el papel desempeñado en su aparición y extensión por el estado nutricional de la población y sus carencias vitamínicas, como quedó en evidencia además por la respuesta positiva lograda con la distribución masiva de suplementos vitamínicos. Es obvio que la causa principal de los problemas relacionados con el estado nutricional de los cubanos no es otra que el bloqueo económico de Estados Unidos, uno de cuyos objetivos principales es precisamente rendir por hambre al pueblo cubano. El costo global para el país de la epidemia de neuropatía se ha estimado en 208,7 millones de dólares, de los cuales 165,9 millones corresponden solamente a los gastos incurridos para la fabricación y distribución gratuita a toda la población del suplemento vitamínico.
La guerra económica decretada por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba ha infligido graves daños al sistema nacional de salud en Cuba, al entorpecer la adquisición de tecnologías, piezas de repuesto de equipos, instrumental, medicamentos, materias primas, reactivos, medios de diagnóstico y de tratamiento. La necesidad de efectuar un cambio total de los suministradores norteamericanos de los cuales el país adquirió históricamente estos recursos, obligó entre otras cosas a la reposición tecnológica y a la recapacitación profesional y técnica. Para la industria farmacéutica representó el desarrollo de nuevas formulaciones, envases y procesos tecnológicos adaptados a las especificaciones de las materias primas diferentes, con el consiguiente encarecimiento de los costos de producción. Los gastos extraordinarios y pérdidas ocasionadas por el obligado cambio de mercados suministradores se ha estimado en unos 1 000 millones de dólares.
Los efectos del bloqueo se han manifestado también de forma negativa en la eficiencia de un grupo de programas de atención a pacientes con enfermedades crónicas, como resultado del deterioro tecnológico y las dificultades para la sustitución del equipamiento instalado y la adquisición de reactivos para diagnóstico y medicamentos para tratamiento. Estos efectos son más evidentes en los casos de los programas para la atención al paciente renal crónico, el de cirugía cardiovascular, el de oftalmología, cirugía oftalmológica y microcirugía y el de control del cáncer. En todos estos casos, el bloqueo limita las posibilidades de supervivencia de los pacientes cubanos, prolonga o incrementa innecesariamente sus sufrimientos y aumenta los costos de atención.
Entre otras afectaciones no cuantificables del bloqueo norteamericano en la esfera de la salud pública, pudieran mencionarse la imposibilidad para el país de la adquisición de material bibliográfico y de información científica en materia de cencias médicas, así como las dificultades para la participación de profesionales cubanos en cursos, conferencias, eventos y otras formas de intercambio y actualización de conocimientos. Por último, el estímulo al éxodo de profesionales y técnicos ha sido particularmente intenso en el caso de los médicos y personal de la salud en general.
Los efectos del bloqueo sobre el sistema de salud pública cubana mencionados en este documento, constituyen solo una muestra parcial de las afectaciones totales sobre este sector. En esta esfera, obviamente, más allá de los daños materiales y los perjuicios económicos, las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos son mucho más sensibles, ya que afectan directamente la salud e incluso la vida misma de los ciudadanos, sobre todo de los grupos poblacionales más vulnerables, como son los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los enfermos.
DECIMO: El bloqueo económico ha provocado y continúa provocando sensibles daños a la economía y a las condiciones de vida de la población. Su acción es tan abarcadora y lo ha sido durante un período tan largo que no existe sector, rama o actividad económica que no haya sufrido el incremento de sus costos de operación y el deterioro de su eficiencia, con efectos evidentes sobre la población.
Lo anterior se expresa en los siguientes elementos, entre muchos otros que pudieran detallarse:
#El incremento significativo de la distancia con otros mercados, lo cual provoca mayores gastos de transportación y seguros; el incremento de los niveles de inventarios y reservas para la producción y el consumo, con un alto costo de inmovilización de recursos; mayores requerimientos de inversiones en almacenes y facilidades portuarias, desviando con ello importantes recursos que requerían otras esferas para el desarrollo económico del país.
#Las medidas adoptadas de prohibir el acceso a puertos de Estados Unidos a buques que transporten mercancías de Cuba o toquen puertos cubanos, provocan la reducción sustancial del acceso al mercado y como consecuencia la necesidad de pagar tarifas superiores de fletes, e impiden que la economía cubana pueda recibir ingresos por trasbordos, suministros y reparaciones de buques.
#La prohibición a Cuba de la utilización del dólar estadounidense en sus transacciones y de tener cuentas en esta moneda en bancos de terceros países, así como las presiones ejercidas por Estados Unidos con instituciones financieras a escala internacional para obstaculizar el financiamiento a nuestro país, ha provocado, entre otros efectos, los siguientes:
El financiamiento logrado por Cuba ha sido en condiciones y términos más onerosos que los prevalecientes en el mercado y se ha visto limitada la capacidad potencial del país para obtener financiamiento.
La economía ha sido dañada sensiblemente por las variaciones cambiarias al tener que utilizar otras divisas.
Se ha visto limitada la posibilidad de Cuba de lograr una renegociación multilateral de la deuda externa acumulada del país, y disponer de nuevas líneas de financiamiento con apoyo oficial y tasas y plazos más favorables.
#El hostigamiento y persecución a escala internacional de cualquier operación comercial de Cuba, repercute en un incremento de los costos de adquisición de los productos que el país importa, tanto por el aumento de los precios por encima de las condiciones de mercado, como por garantías colaterales u otros gastos comerciales.
#La baja de equipos de origen estadounidense sin cumplir su vida útil por falta de piezas de repuesto, condicionó su sustitución anticipada por nuevos equipos que, a causa de los obstáculos para su adquisición en otros mercados, no siempre contaron con las características técnicas apropiadas, lo que ha dado lugar a gastos en exceso en su operación y mantenimiento.
#El bloqueo a Cuba ha cerrado sistemáticamente el acceso a la tecnología de avanzada y a formas ventajosas de intercambio científico-técnico, al propio tiempo que ha ejercido su influencia para obstaculizar cualquier posible colaboración con Cuba, que permitieran alcanzar mayores niveles de eficiencia económica y volúmenes de producción.
#La incitación a la emigración y fuga de talentos ha sido uno de los objetivos que ha focalizado la atención del Gobierno de Estados Unidos, en su política de asfixiar a Cuba al privarla de profesionales y personal calificado en diferentes actividades claves de la producción y los servicios. Para ello se ha utilizado el soborno, la intimidación y el chantaje a profesionales que viajan al extranjero, así como una intensa y sistemática propaganda subversiva trasmitida por radio desde el exterior en la que se incita a la emigración.
La emigración como instrumento de agresión a Cuba ha sido utilizada por el Gobierno de Estados Unidos desde el momento mismo del triunfo de la Revolución Cubana. En los primeros años del proceso revolucionario, el 50 por ciento de los 6 mil médicos con que contaba entonces el sistema cubano de salud abandonaron el país como resultado de una labor directa en ese sector profesional de los agentes del Gobierno norteamericano para estimular la emigración. Numerosos profesionales y técnicos de la industria azucarera recibieron tentadoras ofertas para que emigraran hacia Estados Unidos, al igual que ingenieros, economistas, profesores universitarios, arquitectos, maestros y profesionales de otras actividades económicas. El país tuvo que realizar un gigantesco esfuerzo y dedicar enormes recursos económicos para cubrir el déficit de fuerza de trabajo calificada provocada por esta política deliberada de agresión por vía de la emigración, que se mantiene vigente hasta hoy.
Esta incitación a la fuga de talentos ha ocasionado daños cuantiosos a la economía, tanto por los gastos incurridos en la formación del personal emigrado, ya de por sí un significativo drenaje de recursos propios del país, como por el valor de la producción y los servicios dejados de realizar por el personal emigrado.
#Los ingresos por exportaciones de bienes y servicios del país se han visto afectados severamente por el bloqueo de Estados Unidos.
#La cancelación de la cuota azucarera en el mercado estadounidense provocó una significativa pérdida de ingresos en el principal renglón de exportación cubano, al tener que vender este azúcar en el mercado internacional a precios artificialmente deprimidos.
#La obligación impuesta a países que exportan a Estados Unidos de certificar que en sus productos no se han utilizado insumos de origen cubano, ha obstaculizado las exportaciones cubanas de azúcar y níquel a otros mercados y se han obtenido menos ingresos por descuentos y otros conceptos relacionados con la exportación.
#Desde septiembre de 1960, el Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó a imponer restricciones a sus ciudadanos y residentes para viajar a Cuba, las que se recrudecieron meses más tarde prohibiendo estos viajes con el propósito de afectar los ingresos por turismo del país, en los que el mercado emisor estadounidense aportaba el 86,8 por ciento del total de visitantes extranjeros. Con estas medidas privaban a sus nacionales de la libertad de viajar a Cuba.
#Esta medida se complementó con la suspensión de vuelos comerciales regulares entre ambos países, afectando así también los ingresos generados por las líneas aéreas cubanas y, en adición, se prohibió el uso de los corredores aéreos en su territorio a las naves que viajaban a Canadá, en violación de la Convención de la Aviación Civil Internacional, lo que provocaba mayores gastos y tiempo de vuelo.
#En su hostilidad hacia Cuba y consciente de que el turismo puede proporcionar recursos de importancia para la economía cubana, el Gobierno de Estados Unidos ha implementado campañas dirigidas a desestimular el flujo turístico hacia nuestro país, ejerciendo presiones sobre turoperadores y agencias internacionales para que no incluyan a Cuba como destino y sobre posibles inversores de terceros países para impedir que inviertan en ese sector.
#En la rama de las comunicaciones telefónicas, la política de bloqueo instrumentada desde 1962 ha estado dirigida a privar a Cuba de los ingresos resultantes del tráfico telefónico con la Isla y la prohibición de la ampliación de los medios de transmisión, su perfeccionamiento y actualización tecnológica.
A pesar de ello, por razones estrictamente humanitarias el Gobierno cubano continuó brindando el servicio sin interrupciones y asumió los costos de operación de su red, sin recibir ninguna compensación por la parte estadounidense.
Las pérdidas ocasionadas a la economía cubana no se limitan a los ingresos retenidos arbitraria e ilegalmente del tráfico telefónico hasta 1994, pues a ello habría que añadir los ingresos dejados de percibir por las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense para la ampliación y actualización tecnológica de la red, restricciones que se mantienen hasta la actualidad.
#En la esfera de las comunicaciones postales, la prohibición de los vuelos directos entre Cuba y Estados Unidos ha obligado a utilizar vías alternativas que incrementan los costos de operación y ocasionan un aumento en los tiempos de entrega.
#La industria azucarera, de electricidad, del petróleo, del níquel, las ramas de la construcción y el transporte, el sector agropecuario y la industria alimentaria, son, entre otras, las actividades productivas más afectadas directamente.
#La afectación de los ingresos por exportaciones de mercancías y servicios, los incrementos de los costos de operación de las diversas actividades y de los precios de los productos que el país importa, comportan un efecto adverso sobre la disponibilidad de recursos financieros, que, como consecuencia, se manifiesta en intermitencia y déficit de suministros que atentan contra el funcionamiento normal de la economía y el consumo de la población.
La guerra económica sostenida por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba durante cuatro décadas, y dentro de ella el bloqueo ininterrumpido como su manifestación principal, han causado daños de gran magnitud a nuestra economía y a las condiciones de vida de la población cubana. Ninguna actividad económica y ningún ciudadano cubano han estado exentos de sufrir daños por esta política genocida llevada a cabo por sucesivos gobiernos norteamericanos.
Los cálculos del monto de esos daños, efectuados utilizando una metodología de base académica rigurosa y con comparaciones internacionales siempre que fue posible, revelan que nuestro país ha soportado pérdidas directas e indirectas como resultado del bloqueo de Estados Unidos por más de 67 mil millones de dólares.
UNDECIMO: Los antecedentes de la política agresiva del Gobierno de Estados Unidos contra la Revolución Cubana son anteriores al triunfo revolucionario del 11 de enero de 1959. De hecho, esos antecedentes están presentes en el apoyo material y moral brindado por el Gobierno de Estados Unidos a la dictadura sangrienta y opresiva de Fulgencio Batista. Baste recordar el sólido respaldo ofrecido al régimen batistiano casi hasta el último momento, cuando ya los estrategas políticos norteamericanos se dieron cuenta de que la permanencia del tirano en el poder perjudicaba sus intenciones de dominación en Cuba.
La actitud de hostilidad de Estados Unidos al proceso popular revolucionario en Cuba quedó de manifiesto en los desesperados esfuerzos realizados por las autoridades norteamericanas durante las semanas finales de la dictadura por escamotear la victoria de la Revolución. Es elocuente en este sentido lo referido en un documento secreto norteamericano de fecha 23 de diciembre de 1958, desclasificado en 1991, en el que se revela que, ese día, en el curso de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional con la presencia del Presidente Dwight Eisenhower, en la que se discutió la situación en nuestro país, el entonces Director de la CIA, Allen Dulles, manifestó en términos categóricos: «Debemos impedir la victoria de Castro.» Tres días después, el 26 de diciembre, el Presidente Eisenhower reconocía la existencia de «operaciones encubiertas» contra Cuba e instruía a la CIA que «no quería que los detalles [de esas operaciones] fueran presentados al Consejo de Seguridad Nacional».
Fue precisamente en el momento mismo del triunfo revolucionario del 11 de enero de 1959 cuando se produjo el primer acto político hostil del Gobierno de Estados Unidos, al ofrecer hospitalidad y asilo en el territorio norteamericano a decenas de criminales de guerra, asesinos, torturadores y ladrones que huyeron de la justicia revolucionaria, a pesar de las innumerables demandas de extradición formuladas por el Gobierno de Cuba contra estos delincuentes comunes al amparo del tratado suscrito al efecto entre ambos países y vigente en ese momento. Muchos de estos criminales participaron posteriormente en algunas de las organizaciones contrarrevolucionarias promovidas por el propio Gobierno de Estados Unidos y dedicadas a la realización de agresiones armadas y acciones terroristas contra Cuba, y la mayoría de ellos huyó con los fondos y otros bienes robados al erario público, que, como se ha dicho, jamás fueron reintegrados al Estado cubano.
El 2 de febrero de 1959, apenas un mes después del triunfo de la Revolución, fue arrestado y puesto a disposición de los tribunales el ciudadano norteamericano Allen Robert Mayer, quien se había introducido ilegalmente en territorio cubano a bordo de una avioneta con el propósito de atentar contra la vida del Comandante en Jefe Fidel Castro.
A las pocas semanas del triunfo revolucionario, incluso antes de la promulgación en Cuba de la Ley de Reforma Agraria —la primera gran medida de transformación de la sociedad cubana que afectó los intereses de dominación de Estados Unidos—, ya dentro de importantes sectores dentro de los más altos niveles del Gobierno de ese país comenzaba a promoverse la idea de la necesidad de intervenir activamente para lograr el derrocamiento del poder revolucionario en Cuba. El 30 de marzo de 1959, el general Maxwell D. Taylor, Jefe del Estado Mayor del Ejército norteamericano, declaró ante el Congreso que «la Revolución cubana podría ser el comienzo de una serie de convulsiones en América Latina, que darán oportunidades a los comunistas para tomar posiciones». Según admitió posteriormente en sus memorias, el entonces Vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, se convirtió desde abril de 1959 «en principal propulsor de los esfuerzos por derrocar a Castro.»
Como ha sido posible confirmar por la reciente desclasificación de un informe secreto elaborado en octubre de 1961 por el Inspector General de la CIA, Lyman Kirkpatrick, las operaciones encubiertas del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba comenzaron en el verano de 1959, pocas semanas después de la firma de la Ley de Reforma Agraria.
A partir de ese momento, el Gobierno de Estados Unidos organizó y ejecutó directamente o alentó, asesoró, financió, apoyó y toleró miles de actos de sabotaje y terrorismo, realizados por agentes norteamericanos o por elementos contrarrevolucionarios que actuaban dentro de Cuba o desde el territorio de Estados Unidos con pleno conocimiento y apoyo de las autoridades de ese país. Poco tiempo después el Gobierno norteamericano comenzó la organización de una agresión armada directa y la utilización de otras formas de agresión física que han sido ejecutadas de manera constante prácticamente hasta hoy.
Las múltiples y diversas formas de agesión física llevadas a cabo por las diferentes administraciones del Gobierno de Estados Unidos durante cuatro décadas, fueron ampliamente descritas y documentadas en el reciente proceso judicial por la demanda presentada contra dicho Gobierno por daños humanos ocasionados al pueblo cubano. En dicho proceso quedó demostrada la participación directa del Gobierno de Estados Unidos en la promoción, dirección, organización, financiamiento y avituallamiento de agentes terroristas y bandas mercenarias que ejecutaron muchos de los planes de agresión diseñados por ese Gobierno y sus agencias especializadas de inteligencia y subversión contra nuestro país.
Pero estas acciones no solo ocasionaron la pérdida de 3,478 vidas humanas y la incapacidad total o parcial de otras 2,099 personas. Esta política de agresiones practicada por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, ha provocado enormes pérdidas materiales y la destrucción de una parte significativa de la riqueza nacional del país, lo que ha afectado y continúa afectando severamente las posibilidades de desarrollo económico y el nivel de bienestar de la nación cubana.
Ni una sola actividad económica o social ha quedado exenta de la acción destructora y desestabilizadora resultante de la política agresiva del Gobierno de Estados Unidos. A lo largo de más de cuarenta años, han sido tan numerosas y diversas las agresiones perpetradas y se han visto afectadas tantas actividades y sectores en el país, que a estas alturas resulta imposible recopilar una información completa sobre todas y cada una de ellas. De ahí que la relación de hechos que ilustran y sustentan esta demanda, si bien extensa, constituyen solo un pálido reflejo de la cuantía, magnitud y alcance de las agresiones cometidas de manera sistemática y continua por el Gobierno de Estados Unidos contra nuestro pueblo.
DUODECIMO: Pocas semanas después de la firma de la Ley de Reforma Agraria, en mayo de 1959, el Gobierno de Estados Unidos desató con toda violencia e intensidad la guerra sucia contra Cuba. Una de sus primeras decisiones fue emprender una campaña de actividades subversivas utilizando inicialmente a sus representantes diplomáticos en La Habana. El 8 de agosto de 1959 las autoridades cubanas detuvieron al sargento Stanley F. Wesson, acreditado como miembro del servicio de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, y a otra empleada de la sede diplomática, en una reunión de elementos contrarrevolucionarios en la que se preparaban actos de sabotaje coordinados con los planes de invasión a Cuba que se fraguaban por esa fecha en la República Dominicana.
A finales de octubre de ese mismo año, como ya se dijo, el Presidente norteamericano, Dwight D. Eisenhower, aprobó personalmente un programa de acciones encubiertas contra Cuba propuesto por el Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que incluía, entre otros objetivos, el desarrollo de «una poderosa ofensiva de propaganda», la promoción y apoyo de grupos contrarrevolucionarios dedicados a la subversión dentro de Cuba, la realización de incursiones piratas aéreas y navales contra territorio cubano y, finalmente, la preparación fuera de Cuba de «una fuerza paramilitar apropiada».
Comenzó en estos meses una secuencia de vuelos sobre territorio cubano de pequeños aviones procedentes de territorio norteamericano, con misiones tales como la infiltración de agentes, armas y otros medios de apoyo a la actividad de los grupos contrarrevolucionarios promovidos por la CIA dentro de Cuba, y la realización de actos de sabotaje, bombardeos y otras acciones terroristas. El 6 de octubre de 1959 el Gobierno Revolucionario impuso de esta actividad pirata al de Estados Unidos, y solicitó la inmediata adopción de medidas por las autoridades norteamericanas para evitarlos. Sin embargo, pocos días después estas incursiones se intensificaron. Quedaba desde ese momento en evidencia que el Gobierno de Estados Unidos no era ajeno a estas acciones, ejecutadas por sus agencias o toleradas por ellas.
El 26 de octubre el Gobierno de Estados Unidos negaba la utilización de su territorio como base para los vuelos piratas sobre Cuba. Pocas horas más tarde el desertor Pedro Luis Díaz Lanz, ejecutor de muchos de estos ataques, reconocía públicamente que los aviones empleados en ellos tenían sus bases en la Florida y el 11 de noviembre era descubierto uno de esos aparatos en el aeropuerto de Pompano Beach, en el estado de la Florida.
El 11 de diciembre de 1959, el coronel J.C. King, jefe de la división de la CIA a cargo de operaciones en el hemisferio occidental, formuló un plan de acción contra Cuba cuyo objetivo era «el derrocamiento de Castro en el término de un año y su sustitución por una junta amiga de los Estados Unidos». Entre otras medidas, el plan incluía «ataques por la radio clandestina», interferencia interna de la radio y la televisión cubanas y «estímulo a los grupos de oposición pronorteamericanos» para que pudieran «establecer por la fuerza un área controlada dentro de Cuba». El documento contenía otra importantísima y muy significativa recomendación: «Debe darse seria consideración a la eliminación de Fidel Castro.»
Mientras se desarrollaba la escalada de acciones terroristas desde el aire, el Gobierno de Estados Unidos había emprendido una serie de maniobras diplomáticas destinadas a obstaculizar la adquisición por parte de Cuba de los medios necesarios para la defensa del territorio frente a estas incursiones aéreas piratas, incluida la presión sobre el Gobierno de Gran Bretaña para impedir la venta a Cuba de quince aviones de combate. Pero el hecho más significativo en la cronología de acciones dirigidas a impedir el reforzamiento de la defensa del país, fue la voladura del vapor francés «La Coubre» el 4 de marzo de 1960. El buque había cargado en un puerto europeo un importante lote de armamentos y parque adquirido por el Gobierno cubano. El cargamento fue saboteado por agentes de la CIA en el puerto de embarque, y los artefactos explosivos colocados estallaron ese día en el puerto de La Habana mientras se realizaban las operaciones de descarga. Las explosiones dejaron un saldo de 101 muertos y más de 200 heridos, la destrucción del buque, las instalaciones portuarias cercanas y unas 800 toneladas de armamentos, para un total de daños y pérdidas materiales estimado en 17,5 millones de dólares.
El 21 de marzo de 1960 fue derribada cerca de Matanzas la avioneta tripulada por los norteamericanos Howard Lewis Rundquist y William J. Shergales, quienes fueron capturados, y el 12 de mayo es abatida al oeste de La Habana, cerca de la costa, otra avioneta pilotada por el también norteamericano Matthew Edward Duke, cuyo cadáver fue entregado a la representación diplomática de Estados Unidos. Pudo determinarse que esta había sido la incursión pirata número 33 de este piloto.
Paralelamente a la campaña de terrorismo desde el aire, durante los meses finales de 1959 la contrarrevolución interna, organizada y apoyada directamente por las agencias del Gobierno de Estados Unidos, incrementó sus actividades subversivas y terroristas de otra índole, mediante el desencadenamiento de una ola de sabotajes y acciones de diversa naturaleza que cobraron particular intensidad en los primeros meses del año 1961, como parte de la creación de un clima que la CIA consideraba propicio para el lanzamiento de la invasión mercenaria cuya preparación culminaba por entonces. Cines, comercios, oficinas, fábricas, escuelas, fueron objeto de atentados terroristas con explosivos o sustancias incendiarias, casi siempre en momentos en que estaban llenas de público. Se incrementan igualmente las quemas de cañaverales. Todas estas acciones provocaron daños económicos de consideración.
El 15 de febrero de 1960 es incendiada la tienda por departamentos «Ten Cent» de la ciudad de Santa Clara.
En el mes de octubre de ese mismo año fue denunciada la actividad de la estación de la CIA en la Embajada norteamericana en La Habana, en las personas del coronel Erickson S. Nichols y el mayor Roberto Van Horn, ambos agregados militares reclutados por la Agencia. El objetivo de estos espías era estimular la contrarrevolución en la capital del país mediante la puesta en práctica de un amplio plan subversivo que incluía la voladura de la refinería de petróleo «Ñico López» y de la planta eléctrica de Tallapiedra.
Durante los meses anteriores a la invasión cobra impulso la actividad de infiltración clandestina de agentes individuales y grupos en territorio cubano, lo cual resultaba coherente con la intención de crear todas las condiciones internas posibles para el éxito de lo que se consideraba el golpe decisivo al régimen revolucionario. Para tan delicada misión la CIA decidió utilizar muchas veces a agentes norteamericanos.
El 5 de octubre de 1960 desembarca en la bahía de Navas, entre Moa y Baracoa, en la costa norte de la provincia de Oriente, un grupo de 27 infiltrados al frente de los cuales venían tres norteamericanos; todos son capturados por fuerzas rebeldes y de las milicias campesinas. Otro grupo de seis norteamericanos es descubierto poco tiempo después tras haber desembarcado por un punto de la costa norte de Pinar del Río.
En los primeros meses de 1961 fueron ocupados en algunos cayos de las costas de Pinar del Río y Las Villas, y en otros puntos dentro del territorio de la Isla, grandes lotes de armas introducidos clandestinamente. En abril fue descubierto y capturado en Pinar del Río un cargamento de ocho toneladas de armas, explosivos y pertrechos introducidos por dos infiltrados norteamericanos que fueron detenidos.
En pleno apogeo de la campaña de sabotajes, promoción de organizaciones y bandas mercenarias y terrorismo desde el aire, llevada a cabo con el estímulo y la evidente participación y complicidad de las autoridades de Estados Unidos, el 26 de enero de 1960 el Presidente Eisenhower sostiene en una declaración pública que «el Gobierno de los Estados Unidos se adhiere estrictamente a su política de no intervención en los asuntos internos de otros países, incluida Cuba», y afirma con insuperable cinismo que, al propio tiempo, «ve con creciente preocupación la tendencia de los voceros del Gobierno cubano […] a crear la ilusión de actos agresivos y actividades conspirativas dirigidas contra el Gobierno cubano y atribuidas a las autoridades o agencias de los Estados Unidos».
El 8 de abril, en carta a un grupo de estudiantes chilenos, el Presidente norteamericano esgrimió de manera oficial, por primera vez, la especie de la «traición» a los ideales revolucionarios por parte del Gobierno cubano, y expresó paladinamente: «Permítaseme asegurarles que la idea de una intervención extranjera en los asuntos cubanos es tan desagradable a los Estados Unidos como lo es la intervención en los asuntos internos de cualquier otra república americana.» Ya para entonces, el propio Eisenhower había autorizado en persona la ejecución de los planes para la invasión a Cuba.
Entre los meses de septiembre y diciembre de 1960, se cometieron más de cincuenta violaciones aéreas solamente en la provincia de La Habana, muchas de ellas con la finalidad de distribuir propaganda contrarrevolucionaria y lanzar bombas sobre objetivos estratégicos de la capital. En ese mismo período se reportaron más de cien acciones de sabotaje y actos terroristas contra la población.
Entre los hechos más significativos que ocurren en el mes de diciembre de 1960, cabe mencionar el incendio provocado el día 15 en los estudios de la emisora radial CMQ en La Habana; la bomba colocada en la Universidad de La Habana que, además de los daños causados, hirió de gravedad a un estudiante; el sabotaje del cine «Cándido», en Marianao, con un saldo de siete jóvenes heridos, y la destrucción total y parcial, respectivamente, por el fuego de las tiendas «La Epoca» y «Flogar», dos de las mayores de La Habana. En el resto del país también se incrementó la actividad terrorista: incendios de casas de tabaco en Pinar del Río, 39 acciones de diversos tipos en Las Villas, 16 sabotajes y un asalto a una estación de policía en Camagüey y siete sabotajes de envergadura en Santiago de Cuba.
El periódico Revolución publica en su edición del 30 de diciembre de 1960 la noticia de la detención de un grupo terrorista compuesto por 17 agentes de la CIA que habían sido preparados y pertrechados para llevar a cabo acciones de sabotaje. Entre los terroristas detenidos figuraba Armando Valladares, quien 27 años después sería nombrado por el Presidente Ronald Reagan como Embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El 28 de febrero de 1961 ocurre un atentado terrorista a la Nobel Academy en La Habana, que produce un saldo de nueve estudiantes y una profesora heridos y daños materiales considerables.
El 3 de marzo una bomba colocada en el Consolidado de la Construcción en Rancho Boyeros causa grandes daños y ocasiona la muerte del obrero de 18 años, José María Méndez Marrero. Tres días después es asesinado el miliciano Carlos Rodríguez Borbolla, en el interior de una nave de almacenamiento de papel periódico, en La Habana, incendiada posteriormente. El día 11 un sabotaje efectuado a las torres de servicio eléctrico en el barrio habanero de la Víbora deja sin fluido eléctrico a una amplia zona de La Habana. El día 14 estallan incendios simultáneos en las sucursales de los grandes establecimientos comerciales denominados «Ten Cent» en las calles Monte y Obispo, en la capital del país.
El 4 de abril un incendio provocado destruye un almacén y 180 mil sacos de azúcar en el central «Hershey», en Santa Cruz del Norte. El día 7 es saboteada la conductora central de agua de la Cuenca Sur y se interrumpe el suministro en gran parte de la Ciudad de La Habana por 48 horas. El 13 de abril, dos días antes del lanzamiento del ataque aéreo previo a la invasión del ejército mercenario de la CIA, un sabotaje con fósforo vivo destruye totalmente el edificio ocupado por la tienda «El Encanto», en la capital, la mayor del país, y ocasiona la muerte de la trabajadora y miliciana Fe del Valle, lesiones a otras 18 personas y pérdidas materiales valoradas en 5,7 millones de dólares.
El 15 de abril de 1961, aviones mercenarios pertenecientes a la fuerza invasora organizada por la CIA bombardean tres aeropuertos del país, como preámbulo de la invasión. En Santiago de Cuba fueron dañados los hangares y otras instalaciones, destruidos un avión Catalina, un DC-3 y varios aparatos ligeros, y averiados un C-47 y un B-26 de la Fuerza Aérea Rebelde. En La Habana fueron destruidos varios aviones y dañadas instalaciones y viviendas.
Dos días después la CIA desata el golpe que consideraba decisivo: la invasión de un ejército mercenario por la Bahía de Cochinos. En la madrugada del 17 de abril de 1961, la brigada compuesta por unos 1,500 contrarrevolucionarios cubanos, organizada, entrenada, equipada y financiada por la CIA, desembarca, según el plan previsto, por Playa Larga y Playa Girón, en la bahía de Cochinos, con el propósito de establecer una cabeza de playa y constituir un gobierno provisional contrarrevolucionario que solicitaría y obtendría de inmediato la intervención de Estados Unidos. Las fuerzas invasoras contaban con gran cantidad de modernos armamentos, parque, artillería, tanques, aviones y todos los demás medios necesarios para una campaña rápida y exitosa.
El 18 de abril, al segundo día de combate, el propio Presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, reafirmó que «Estados Unidos no tiene la intención de intervenir militarmente en Cuba», y agregó en un abierto desplante de cinismo: «Aunque se abstiene de una intervención militar directa en Cuba, el pueblo de los Estados Unidos no oculta su admiración por los patriotas cubanos.»
Ya en ese momento, los presuntos patriotas de Kennedy estaban en camino de la derrota, que se consumaría el 19 de abril. En menos de 72 horas, el poderoso ejército de la CIA se entregaba o huía derrotado. La rápida y demoledora respuesta del pueblo cubano frustraba así los planes tan cuidadosamente elaborados durante más de un año e impedía la intervención militar directa de las fuerzas armadas de Estados Unidos.
El último día de la batalla, el 19 de abril, fue confirmada la participación activa norteamericana en el ataque al ser derribados por las fuerzas cubanas dos aviones B-26 tripulados por ciudadanos de Estados Unidos, pilotos de la Guardia Nacional de ese país. El propio día 19, al amanecer, aviones de combate de la Fuerza Aérea norteamericana fueron avistados sobre la zona de operaciones. El Presidente Kennedy en persona había autorizado esta intervención directa en apoyo de la ya diezmada aviación de la CIA. Estos aviones pertenecían a escuadrillas de combate del portaaviones «Essex», que durante toda la batalla se mantuvo a cierta distancia frente a las costas de Playa Girón junto con su flotilla de destructores acompañantes y otros buques. Algunas de estas unidades navales de la Marina de Estados Unidos se acercaron a la costa ese día, en cumplimiento de órdenes expresas del Presidente, para participar en las operaciones de rescate de la brigada contrarrevolucionaria derrotada por la presión insostenible de las fuerzas del Ejército Rebelde y las milicias populares.
Todavía el 20 de abril, en un discurso público, el Presidente Kennedy pretendió seguir sosteniendo la mentirosa fábula tejida por el Gobierno de Estados Unidos en torno a la invasión: «He insistido antes en que esta era una lucha de patriotas cubanos contra un dictador cubano. Aunque no se puede esperar que ocultemos nuestras simpatías, aclaramos repetidamente que las fuerzas armadas de este país no intervendrían en forma alguna.» Sin embargo, apenas cuatro días después, ante la incontrovertible evidencia de los hechos que fueron siendo conocidos y ante la creciente pugna de imputaciones recíprocas entre la CIA y las demás agencias del Gobierno norteamericano por la responsabilidad del estruendoso y ridículo fracaso, la Casa Blanca emitió una declaración en la que expresaba textualmente: «El Presidente ha declarado desde el primer momento que, como Presidente, asume la responsabilidad de los acontecimientos de los últimos días.»
La invasión mercenaria por Playa Girón costó al pueblo cubano la vida de 176 de sus hijos. Cientos de combatientes revolucionarios fueron heridos en las acciones. Esta agresión, además, provocó un enorme costo material a nuestro país, incluidos los extensos daños causados por los invasores.
DECIMOTERCERO: Aunque ya desde el primer año de la Revolución aparecieron bandas armadas mercenarias en diversas zonas montañosas del país, fue a partir del año siguiente cuando el fenómeno del bandidismo se convirtió en uno de los principales instrumentos de subversión y terrorismo utilizados por el Gobierno de Estados Unidos como parte de su política de agresión contra la Revolución Cubana. Puede afirmarse de manera categórica, sobre la base de irrebatibles evidencias documentales, testimoniales y factuales que constan al respecto en los archivos cubanos, corroboradas por la propia documentación secreta norteamericana que ha ido siendo desclasificada y publicada en Estados Unidos en los últimos años, que el bandidismo fue estimulado, organizado, dirigido, abastecido, financiado y apoyado de diversas maneras por la Agencia Central de Inteligencia como elemento fundamental de la estrategia del Gobierno de ese país contra Cuba.
Antes de Playa Girón, como quedó demostrado y fue reconocido por los propios norteamericanos, los esfuerzos de la CIA para convertir al bandidismo en un soporte decisivo del éxito de sus planes de invasión fracasaron estrepitosamente como resultado de la decidida respuesta de las fuerzas armadas revolucionarias y del pueblo, que se movilizó de forma masiva en una fulminante campaña que en pocos meses antes de la invasión desarticuló casi por completo las bandas mercenarias que en ese momento operaban en el país, fundamentalmente en la región montañosa del Escambray, en la antigua provincia de Las Villas. No obstante, después del desastre de Girón, las administraciones de los Presidentes Kennedy y Johnson continuaron apostando por este tipo de guerra, promoviéndola más e incrementando su apoyo a las bandas, lo que obligó a nuestro pueblo a realizar esfuerzos y sacrificios aún mayores para combatirlas hasta su definitiva liquidación en 1965.
Hasta el momento aparece registrado que entre 1959 y 1965 actuaron a todo lo largo del territorio cubano 299 bandas mercenarias que agruparon a un total de 3 995 alzados. En la lucha tenaz del pueblo contra estas bandas se registran hasta el momento 549 víctimas mortales, entre combatientes caídos en las acciones contra los bandidos y civiles asesinados.
Fue en el Escambray donde el Gobierno de Estados Unidos consideró que existían mejores condiciones geográficas y socioeconómicas para el desarrollo de esta modalidad de su agresión contra Cuba. Así, esa zona fue convertida en el teatro principal de operaciones de las bandas mercenarias y en ella la CIA concentró el mayor apoyo material y financiero a los bandidos. Siete de las diez misiones mencionadas explícitamente por el Inspector General de la Agencia en su mencionado informe secreto ya desclasificado, ejecutadas por la CIA para suministrar con armas, parque y equipos desde el aire a las bandas entre septiembre de 1960 y marzo de 1961, tuvieron como objetivo las zonas montañosas de Las Villas.
En la provincia de Las Villas aparecen registradas 168 bandas que sumaron 2 005 alzados contrarrevolucionarios. Tan solo en el Escambray operaron 136 bandas, es decir, casi la mitad del total nacional registrado. Pero el fenómeno de las bandas contrarrevolucionarias tuvo alcance nacional, con incidencia mayor o menor en cada una de las seis provincias en que estaba dividido entonces el territorio nacional, con preferencia en las otras dos provincias montañosas: Pinar del Río y Oriente.
La participación directa de Estados Unidos en el apoyo a las bandas mercenarias quedó de manifiesto también en la presencia en ellas de agentes norteamericanos. El 22 de septiembre de 1959 fuerzas del Ejército Rebelde y las milicias campesinas sostienen un encuentro y capturan a un grupo de bandidos en Pinar del Río, entre quienes se encontraban los norteamericanos Austin Frank Young y Peter John Lambton. En agosto de 1960 es capturado en el Escambray el agente de la CIA Richard Allen Pecoraro, infiltrado en territorio cubano con la misión de supervisar la situación de las bandas que operaban en esas montañas.
Durante sus años de fechorías, las bandas mercenarias apoyadas por la CIA incendiaron, destruyeron y saquearon decenas de escuelas, tiendas del pueblo, viviendas campesinas, granjas, cooperativas, vaquerías, almacenes, medios de transporte, plantaciones cañeras, sembrados agrícolas, ganado e incontables otros bienes del pueblo. Su acción terrorista costó al país y a innumerables familias campesinas cuantiosas pérdidas materiales.
A ello se agrega que, para desarticular y liquidar a estas bandas, fue necesario, además de la actuación de las fuerzas regulares del Ejército Rebelde, la movilización voluntaria de más de 70 mil milicianos de diferentes centros de trabajo y estudiantiles a los que hubo que entrenar, equipar, avituallar y asumir el pago de sus haberes y salarios, sin contar las incalculables afectaciones económicas ocasionadas en sus respectivos centros de trabajo.
DECIMOCUARTO: La aplastante derrota de Playa Girón y la consiguiente humillación sufrida por el Gobierno de Estados Unidos, elevó a un plano de máxima prioridad dentro de los más altos niveles de ese Gobierno la destrucción de la Revolución Cubana, tal como se refleja en la documentación secreta norteamericana correspondiente a ese período, recientemente desclasificada. El examen y la revaluación integral de la estrategia contra Cuba, ordenadas por el Presidente Kennedy, condujeron finalmente en los meses de enero y febrero de 1962 a la formulación del denominado «Proyecto Cuba», que consistió en un replanteamiento completo de la guerra encubierta contra nuestro país, organizada a partir de ese momento en lo que recibió el nombre de Operación Mangosta.
En un documento de fecha 14 de marzo de 1962, se establecían como premisas de la Operación Mangosta las siguientes:
«Al emprender el objetivo de provocar el derrocamiento del gobierno en cuestión [el de Cuba], Estados Unidos hará un uso máximo de los recursos nativos, tanto internos como externos, pero reconoce que el éxito final requerirá la intervención militar decisiva de Estados Unidos.
«En la medida en que se desarrollen, dichos recursos nativos serán utilizados para preparar y justificar esa intervención, y después para facilitarla y apoyarla.»
De acuerdo con el cronograma elaborado por el general Edward Lansdale, encargado por Kennedy de la coordinación y ejecución de la Operación Mangosta, y establecido en documento de fecha 20 de febrero de 1962, la culminación de la operación estaba prevista para la segunda quincena del mes de octubre de ese mismo año, cuando se ejecutaría la Fase Sexta o Final del plan con la intervención militar norteamericana. Mientras tanto, la escalada subversiva incluiría, entre otras líneas de acción, la infiltración de agentes y grupos de sabotaje, el apoyo a la actividad incrementada de las bandas armadas, la organización de atentados contra los principales dirigentes de la Revolución, la realización de una vasta ofensiva de propaganda anticubana y la ejecución de sabotajes dirigidos especialmente contra la industria del níquel, el suministro de petróleo, las comunicaciones y la generación de energía.
La Operación Mangosta fue descontinuada oficialmente por el Presidente Kennedy en enero de 1963, tres meses después de la llamada Crisis de Octubre, desatada como resultado de las medidas adoptadas conjuntamente por Cuba y la Unión Soviética ante la evidencia de los preparativos de una agresión militar directa de Estados Unidos. Durante el período de vigencia oficial de la Operación, es decir, en un lapso de unos catorce meses, se registraron 5 780 acciones terroristas contra nuestro país, de ellas 716 sabotajes de envergadura contra objetivos económicos.
En los años siguientes, las infiltraciones de grupos terroristas, las incursiones aéreas, los ataques de embarcaciones piratas procedentes de territorio norteamericano y la campaña de acciones de sabotaje contra comercios, fábricas, almacenes, plantaciones y otros objetivos sociales, mantienen un ritmo similar.
Por su parte, los años de la década de 1970 fueron testigos de una recrudecida oleada de acciones terroristas contra Cuba, llevadas a cabo por organizaciones contrarrevolucionarias que, como reconocen testimonios desclasificados de la CIA, brindaron un rostro de origen cubano a esas y otras fechorías. El 17 de abril de 1970 un grupo de trece integrantes de la organización Alpha 66 desembarca en la costa nordeste de la provincia de Oriente, cerca de la ciudad de Baracoa, con la intención de realizar operaciones armadas y sabotajes en esa zona montañosa. El grupo fue liquidado pocos días después con la decisiva participación de las milicias campesinas serranas, al precio de cuatro combatientes muertos.
El 12 de octubre del año siguiente es ametrallado el caserío de Boca de Samá, en la zona de Banes, también en la provincia de Oriente, por una lancha rápida y una embarcación mayor procedentes del territorio de Estados Unidos. Hay dos muertos y varios heridos, entre ellos dos niños. En diciembre son capturados cerca de las costas cubanas los buques «Layla Express» y «Johnny Express», utilizados como barcos madre para las incursiones piratas contra Cuba, cuyos capitanes confesaron ser agentes de la CIA. En los años siguientes prosiguió la actividad de infiltración de agentes por las costas cubanas, así como los ataques terroristas a instalaciones costeras del país.
En junio de 1976 la CIA reunió a cinco grupos terroristas de origen cubano radicados en Estados Unidos, que había sostenido, entrenado y tenido a su servicio, y creó el denominado Comando de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU). En agosto de 1976, apenas dos meses después de la creación del CORU, un periódico de la extrema derecha de origen cubano radicada en Miami publicó un titulado parte de guerra en el que, después de narrar un atentado dinamitero contra la Embajada de Cuba en Colombia y otro que destruyó unas oficinas de Air Panama, se anunciaba: «Muy pronto atacaremos aeronaves en vuelo.» El anuncio estaba firmado por los cinco grupos terroristas que integraban el CORU. Seis semanas después, estallaba en pleno vuelo, a los diez minutos de haber partido del aeropuerto internacional de la isla caribeña de Barbados, un avión civil cubano con 73 personas a bordo, acto monstruoso de terrorismo sobre el que volveremos más adelante.
El crimen de Barbados fue el hecho más relevante de la cadena de agresiones contra nuestro país en esos años, pero no el único. En otras secciones de esta demanda se referirá el incremento en esta etapa de los secuestros de embarcaciones, atentados contra instalaciones y funcionarios cubanos en el exterior y otras acciones, en muchas de las cuales fue reconocida o pudo determinarse la intervención del CORU. La violencia fue desatada particularmente contra los intereses cubanos en los Estados del Caribe y Centroamérica que mantenían relaciones con Cuba. Para ejecutar sus golpes los terroristas del CORU utilizaron sin dificultades como principales bases de operaciones los territorios de Estados Unidos, Puerto Rico, Nicaragua y Chile. En esos años fueron ejecutados actos terroristas, que provocaron muertos, heridos y daños materiales, en representaciones diplomáticas, consulares y comerciales de Cuba en Canadá, México, Chile, Perú, España, Jamaica, Gran Bretaña, Francia, Venezuela, Portugal, Costa Rica y Estados Unidos.
En otro orden de cosas, pudieran mencionarse como ejemplo de acciones de sabotaje durante esos años la destrucción total por un incendio del teatro «Amadeo Roldán», uno de los principales de La Habana, el 30 de junio de 1977, que produjo daños por valor de 15,8 millones de dólares, y el incendio de grandes proporciones provocado el 12 de octubre de ese mismo año en la escuela secundaria básica «Manuel Valdés Rodríguez», también en La Habana, con grave peligro para la vida de cientos de estudiantes del plantel.
El 8 de mayo de 1980 fue incendiado intencionalmente en Marianao un edificio de diez plantas donde estaba ubicado el círculo infantil «Le Van Tam», el mayor de Cuba. Solo gracias a la acción heroica de bomberos, milicianos, estudiantes de una escuela secundaria próxima al lugar y población en general, se logró rescatar a 570 niños y trabajadores atrapados por el fuego. La similitud de los medios utilizados en esta acción con os ocupados a agentes de la CIA capturados o empleados en otros atentados terroristas anteriores, permitió a los especialistas llegar a la conclusión de que su procedencia era la misma. Esta despreciable acción ocasionó cuantiosos daños materiales.
DECIMOQUINTO: Entre el 30 y el 31 de enero de 1990, una unidad del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos ametralló e intentó hundir al buque mercante «Herman», de bandera panameña pero arrendado por Cuba y dotado por una tripulación de marinos cubanos, mientras navegaba por aguas internacionales del golfo de México con una carga de mineral destinada al puerto de Tampico. La brutal e injustificada agresión al «Herman», que afortunadamente no produjo víctimas humanas aunque causó serios daños a la nave, abrió de manera simbólica una década en la que reaparecen en escena los ataques piratas, las infiltraciones y los planes de atentados como modalidades de terrorismo contra Cuba, estimuladas por los sectores ultraderechistas, partidarios de la violencia, radicados en Miami y agrupados en torno a la llamada Fundación Nacional Cubano Americana.
Durante los primeros cinco años de la década de 1990, los órganos de seguridad cubanos frustraron numerosas infiltraciones y neutralizaron a una cantidad considerable de agentes encargados de la ejecución de acciones terroristas de todo tipo dentro de Cuba. A continuación, algunos hechos entre los más significativos de esos años:
El 7 de octubre de 1992, los terroristas Guillermo Casasús Toledo, Miguel Hernández y Jesús Areces Bolívar, pertenecientes a la organización Comandos L, ametrallan desde una embarcación procedente de Estados Unidos las instalaciones del hotel Meliá Varadero. Esta acción marca la nueva estrategia terrorista de concentrar la atención sobre el turismo extranjero en Cuba, para tratar de afectar la imagen internacional del país y una de las líneas principales del desarrollo de su economía.
El 2 de abril de 1993, el buque tanque «Mykonos», de bandera maltesa y tripulación cubano-chipriota, fue ametrallado a 7 millas al Norte de Matanzas por una lancha rápida tripulada por miembros del llamado Ejército Armado Secreto, grupo terrorista radicado en Miami.
El 2 de septiembre de 1993 es detenido el ciudadano mexicano Marcelo García Rubalcava, residente en Estados Unidos, a quien le fueron ocupados explosivos y propaganda subversiva. El terrorista admitió sus vínculos con la organización Alpha 66 y la participación personal de Andrés Nazario Sargén en los preparativos de su operación, que consistía en realizar atentados contra instalaciones turísticas e incluso contra el Presidente Fidel Castro.
Paralelamente a este incremento de la actividad terrorista, se multiplican por esta época las trasmisiones de radio realizadas desde territorio de Estados Unidos por emisoras de diversas organizaciones terroristas en las que se incitaba a la realización de acciones violentas. En solo un mes, entre el 26 de enero y el 25 de febrero de 1993, dichas emisoras trasmitieron no menos de veinte mensajes incitando a la eliminación física de Fidel Castro, cien llamados a la realización de actos de sabotaje a la economía, 124 exhortaciones a militares cubanos a derrocar al Gobierno cubano y 471 convocatorias para ejecutar acciones de propaganda contra el Estado.
A finales de 1993 se multiplica la labor de reclutamiento de la Fundación Nacional Cubano Americana de personas dispuestas a realizar acciones terroristas en Cuba. Uno de estos agentes, descubierto posteriormente por los órganos de la seguridad cubana, recibió la misión de llevar a cabo acciones de envenenamiento de ganado vacuno, sabotajes contra autos de extranjeros y de turismo y colocación de bombas en instalaciones hoteleras y de recreación en La Habana, incluido el cabaret Tropicana. Otro tenía como encomienda la ejecución de incendios de cañaverales y la localización de objetivos económicos mediante la utilización de un sistema posicional por satélite con vistas a su saboteamiento posterior.
El 11 de marzo de 1994 se produce el ametrallamiento del hotel Guitart-Cayo Coco desde una lancha rápida tripulada por miembros de la organización Alpha 66, acción que se repite el 6 de octubre de ese mismo año.
El año de 1995 marca una escalada en los planes de la Fundación Nacional Cubano Americana para incrementar las acciones violentas dentro del territorio cubano, con especial prioridad a los atentados terroristas contra instalaciones turísticas y objetivos económicos. Se mantiene con igual prioridad la línea de acción referida a atentar contra la vida del Comandante en Jefe Fidel Castro. Durante estos últimos años, sin incluir los varios planes conocidos para asesinar al Presidente cubano, se destacan por su envergadura las acciones o planes terroristas siguientes:
El 20 de marzo de 1995 fueron detenidos en el aeropuerto de La Habana los ciudadanos norteamericanos de origen cubano Santos Armando Martínez Rueda y José Enrique Ramírez Oro, quienes habían colocado una carga explosiva de 1,38 kilogramos de C-4 en un hotel de Varadero que fue detectada y desactivada. Los dos terroristas habían viajado con documentación costarricense falsa, y anteriormente se habían infiltrado en el país por la zona de Puerto Padre. En esa ocasión dejaron escondidos un recipiente con 51 libras de C-4, mechas, baterías, relojes y otros medios para la preparación de artefactos explosivos que pretendían colocar en instalaciones turísticas. Martínez Rueda declaró haber recibido el aseguramiento logístico y el financiamiento de Angel Bonet, Guillermo Novo y Arnaldo Monzón, todos cabecillas de la Fundación Nacional Cubano Americana.
El 20 de mayo de 1995 otra lancha rápida habilitada y tripulada por elementos de la organización Alpha 66 ametralló nuevamente el hotel Guitart-Cayo Coco. Los autores del hecho relataron su acción en un programa de la televisión de Miami, en el que también participó Nazario Sargén.
El 12 de enero de 1996 fueron detenidos en La Habana los cubanos Cecilio Reynoso Sánchez y Juan Ramos Reynoso, el primero residente en Miami, cuando trasladaban 900 gramos de explosivo C-4 y otros medios. Reynoso Sánchez cumplía indicaciones de Rufino Alvarez Oquendo, secretario general del Frente Nacional de Presos Políticos, pero admitió sus contactos con Hernán Santiesteban, Horacio García y Roberto Martín Pérez, de la Fundación Nacional Cubano Americana. La intención de estos terroristas era colocar artefactos explosivos en centros turísticos o locales de empresas de capital mixto.
El 11 de febrero de 1996 fueron capturados tres cubanos residentes en Estados Unidos que penetraron a bordo de una lancha rápida en la bahía de Cárdenas para tirotear el hotel Meliá Las Américas y regar propaganda subversiva. En agosto de ese año fue detenido el ciudadano norteamericano Walter Van der Veer, enviado por el llamado Frente Cubano de Liberación, quien introdujo en el país medios militares e incendiarios, realizó acciones de propaganda subversiva y organizó planes terroristas contra centros económicos.
El 17 de septiembre de 1996 fue detenido el ciudadano de origen cubano, residente en Miami, Pedro Pablo Pulido Ortega, quien se había infiltrado por la zona de Chambas, en la provincia de Ciego de Avila, con un cargamento de armas, parque y otros medios destinados a la ejecución de acciones terroristas. El arsenal debía haber sido entregado a Noel Ramos Rojas, también de origen cubano y residente en Estados Unidos, quien en varias ocasiones había entrado legalmente al país como miembro de la comunidad cubana en el exterior con el propósito de preparar condiciones para la realización de sabotajes contra instalaciones económicas. El plan había sido organizado por el grupo denominado Proyecto Cuba Gobierno Provisional, con base en Miami, y su cabecilla Julio Codias.
En octubre de 1996 se conoció de la existencia de un plan terrorista tramado por miembros de la organización denominada Brigada 2506 que consistía en habilitar avionetas u otros medios aéreos cargados de explosivos que serían dirigidos por control remoto contra una concentración popular en la Plaza de la Revolución y objetivos tales como las termoeléctricas de Tallapiedra, Mariel y Santa Cruz del Norte y la refinería «Ñico López». Quedó establecida la vinculación y el apoyo de la Fundación a este plan.
El 12 de abril de 1997 estalló un artefacto explosivo compuesto por unos 600 gramos de C-4 en uno de los baños de la discoteca «Aché» del hotel Meliá Cohíba, en La Habana. El día 30 de ese mismo mes fue descubierto otro artefacto, compuesto por 401 gramos de C-4, en el pasillo del piso 15 del propio hotel. Investigaciones posteriores permitieron determinar que las dos bombas, una de las cuales causó considerables daños materiales, fueron colocadas por el terrorista salvadoreño Francisco Chávez Abarca.
El 24 de mayo de 1997 estalló una bomba a la entrada de las oficinas de la representación de la empresa turística cubana Cubanacán en Ciudad México. Otro artefacto similar estalló a la entrada de las oficinas de Havanatur, otra firma turística cubana, en la ciudad de Nassau, el 3 de agosto.
La escalada terrorista adquirió nuevos matices con el estallido casi simultáneo de sendas bombas en los vestíbulos de los hoteles Capri y Nacional, en La Habana, el 12 de julio de 1997, con un saldo total de cuatro heridos y considerables daños materiales. Según pudo determinarse después, los artefactos habían sido colocados por el mercenario de origen salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León, al servicio del connotado terrorista Luis Posada Carriles y la Fundación Nacional Cubano Americana.
Menos de un mes después, el 4 de agosto, estalló una bomba en el vestíbulo del hotel Meliá Cohíba. El día 22 otro artefacto hizo explosión en un pasillo del hotel Sol Palmeras, en Varadero.
El propio Raúl Ernesto Cruz León coloca el 4 de septiembre de 1997 cuatro bombas en los hoteles Copacabana, Chateau y Tritón y en el restaurante La Bodeguita del Medio. Una de ellas causa la muerte del turista italiano Fabio di Celmo. Pero esta vez Cruz León es descubierto y detenido horas después. Declaró haber sido reclutado por el salvadoreño Francisco Chávez Abarca, autor del primer atentado terrorista consumado.
El 30 de octubre de 1997 fue detectado un poderoso artefacto explosivo debajo de un kiosco de venta en la Terminal 2 del aeropuerto internacional «José Martí», en La Habana. Investigaciones posteriores permitieron concluir que los responsables de la colocación de esta bomba habían sido los ciudadanos guatemaltecos Jorge Venancio Ruiz y Marlon Antonio González Estrada, autores también del atentado contra el hotel Sol Palmeras.
El 4 de marzo de 1998 fueron detenidos en La Habana los ciudadanos guatemaltecos Nader Kamal Musalam Barakat y María Elena González Meza, quienes trataron de introducir en Cuba explosivos y otros medios necesarios para realizar atentados terroristas por cada uno de los cuales recibirán
1 500 dólares. Dos semanas después fue detenido el también guatemalteco Jazid Iván Fernández Mendoza, esposo de María Elena González y cómplice de sus planes terroristas. Los tres informaron en sus declaraciones la participación de Francisco Chávez Abarca en los preparativos de la operación, que era financiada y dirigida por Arnaldo Monzón, Ramón Medina —uno de los seudónimos de Luis Posada Carriles— y otro individuo identificado tan solo como «el señor de New Jersey».El 28 de mayo de 1998 fueron detenidos los terroristas Ernestino Abreu Horta y Vicente Marcelino Martínez Rodríguez, quienes se habían infiltrado en Cuba unos días antes por la costa del municipio de Minas de Matahambre, en la provincia de Pinar del Río e intentado introducir un abundante cargamento de armas. Militaban, respectivamente, en las organizaciones Alpha 66 y Partido Protagonista del Pueblo, esta última organizada por el terrorista Orlando Bosch. El plan contemplaba la infiltración posterior de un grupo más numeroso de hombres.
El 10 de junio de 1998 fue detenido en el aeropuerto de La Habana el ciudadano salvadoreño Otto René Rodríguez Llerena, quien pretendía introducir en el país 1 519 gramos de explosivo plástico y otros medios para la fabricación de bombas destinadas a centros turísticos y otros objetivos. Este terrorista había sido el autor del atentado en agosto de 1997 contra el hotel Meliá Cohíba. En sus declaraciones identificó a Luis Posada Carriles como la persona que, bajo el seudónimo de Ignacio Medina, le propuso la realización de estas acciones y le suministró todos los medios para ejecutarlas. Mediante el testimonio del agente de la Seguridad del Estado cubana infiltrado en la Fundación, Juan Francisco Fernández Gómez, formuladas en el juicio contra Rodríguez Llerena, quedó una vez más de manifiesto la vinculación directa de esa organización con estos planes, y su intención de extender los objetivos de los atentados terroristas a instalaciones de particular significación patriótica y emocional para el pueblo cubano, como el memorial y mausoleo del Che y sus compañeros en Santa Clara, la Plaza Antonio Maceo, en Santiago de Cuba, y el Museo de la Revolución y el Memorial Granma, en La Habana.
Los planes terroristas contra Cuba, promovidos y financiados por la Fundación Nacional Cubano Americana y otras organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en territorio norteamericano, se han mantenido latentes a pesar de las reiteradas denuncias públicas del Gobierno cubano. El Gobierno de Estados Unidos cuenta con toda la información y el enorme caudal de medios a su alcance para poder neutralizar estas acciones si lo quisiera. La continuada impunidad con que estos elementos terroristas prosiguen sus labores criminales contra Cuba, convierte de hecho a ese Gobierno en encubridor y cómplice del terrorismo contra nuestro país.
Por los sucesos de carácter penal que aparecen narrados en los hechos contenidos en la presente demanda, se han incoado los correspondientes expedientes investigativos y las causas que en su día han tramitado los tribunales correspondientes.
DECIMOSEXTO: No ha habido sector alguno de la vida social y económica de la nación cubana que en estos cuarenta años no se haya visto afectado de manera directa, en grado mayor o menor, por la política agresiva del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Pero, entre todos ellos, posiblemente han sido las actividades relacionadas con la producción de alimentos para el pueblo y de fondos alimentarios exportables para el sostenimiento de la economía del país, las que han figurado de manera más constante en los planes y programas concretos de la guerra sucia norteamericana contra Cuba.
Durante cuatro décadas, el sector agropecuario ha sido un objetivo priorizado en los planes de agresión de Estados Unidos contra Cuba. Fuente de los principales productos de exportación cubana y de la mayor parte de los alimentos que consume la población, este sector constituye una pieza clave en los propósitos desestabilizadores de ese país y en sus intenciones de doblegar por hambre la firme voluntad de nuestro pueblo de defender su Revolución, su sistema socialista, su libertad e independencia.
La principal vertiente de esta guerra contra la agricultura, la ganadería y la pesca cubanas ha sido, sin duda, la agresión biológica, a la cual se dedicará un espacio especial más adelante en esta demanda. Adicionalmente a esta línea de acción, sin embarg, hay que destacar el empleo también preferente del sabotaje y de otras formas de terrorismo. Instalaciones dedicadas a la ganadería, vaquerías de ordeño, granjas avícolas, almacenes de abono, fertilizantes y productos agrícolas y pecuarios, casas de curar tabaco, transporte de carga y maquinaria agrícola, entre otras, han sido objeto de acciones terroristas y de sabotaje con un elevado saldo de daños materiales y pérdidas económicas significativas para la producción y afectaciones sensibles en la disponibilidad de productos para el consumo de la población y la exportación.
El sector azucarero, principal actividad económica en la generación de empleos e ingresos del país, ha sido objeto en particular, desde los primeros momentos posteriores al triunfo de la Revolución en enero de 1959, de una intensa y prolongada agresión por parte de Estados Unidos y sus agentes. No les bastó a los estrategas norteamericanos suprimir la cuota azucarera de Cuba en el mercado de Estados Unidos y obstaculizar de manera sistemática la comercialización internacional del azúcar cubana, como ha sido denunciado reiteradamente por Cuba. Contra la caña en los campos, contra los centrales y los almacenes de azúcar, se desató desde el principio una feroz campaña terrorista de destrucción.
A raíz de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y de otras medidas de profunda justicia social, como parte de la secuencia de vuelos de aviones y avionetas piratas procedentes de territorio norteamericano que se multiplican a partir del segundo semestre de 1959, decenas de esos vuelos tienen como misión el lanzamiento de sustancias incendiarias sobre los cañaverales y de bombas sobre los centrales azucareros cubanos. Estas acciones causaron daños y pérdidas millonarias y costosas interrupciones a la producción azucarera.
Aunque recientemente la demanda presentada ante este mismo tribunal contra el Gobierno de Estados Unidos por estas organizaciones sociales cubanas por concepto de reparación de daños e indemnización de perjuicios humanos, recoge varios de los incidentes relacionados con esta línea de agresión, no es ocioso volver a recordar algunos de ellos seleccionados casi al azar:
El 26 de octubre de 1959, un avión arrojó dos bombas incendiarias sobre el central «Niágara», en la provincia de Pinar del Río. Ese mismo mes, el central «Punta Alegre», en la provincia de Camagüey, fue objeto de tres ataques con bombas lanzadas desde el aire, y el central «Violeta» fue atacado en dos ocasiones.
A partir del mes de enero de 1960, ya en pleno desarrollo la zafra azucarera de ese año, se multiplicaron los vuelos sobre cañaverales. El día 12 fueron incendiadas desde el aire 500 mil arrobas de caña en las áreas del central «Hershey», en la provincia de La Habana. El día 18 una avioneta procedente de Estados Unidos lanzó sustancias incendiarias sobre áreas cañeras de Rancho Veloz y Quemado de Güines, en la provincia de Las Villas, provocando la destrucción de más de 400 mil arrobas de caña y de dos viviendas campesinas.
El 28 de enero un avión blanco bimotor, con matrícula norteamericana número CN-325, dejó caer cápsulas incendiarias sobre los cañaverales del central «Adelaida», en la provincia de Camagüey, causando la pérdida de 15 millones de arrobas de caña. Los daños fueron valorados en 2,8 millones de pesos. Tras incursiones piratas realizadas contra áreas cañeras de los centrales «Corazón de Jesús» y «Santa Teresa», en la provincia de Las Villas, se descubrieron varias cápsulas lanzadas, que no explotaron, con la inscripción «Bristol Marines, Made in USA». El día 30 se perdieron más de 50 mil arrobas en el central «Chaparra», en la provincia de Oriente, y el 11 de febrero fueron incendiadas más de 100 mil arrobas en la provincia de Matanzas.
El 7 de febrero de 1960 una avioneta incendió 1,5 millones de arrobas de caña en los centrales «Violeta», «Florida», «Céspedes» y «Estrella», en Camagüey. El 23 de febrero varias avionetas riegan cápsulas incendiarias en las fábricas de azúcar «Washington» y «Ulacia», en Las Villas, y «Araujo», en Manguito, en la provincia de Matanzas. Se perdieron en total
6 millones de arrobas de caña. Solamente en la zona de Manguito las pérdidas fueron valoradas en más de un millón de pesos.En marzo, las cañas del central «Trinidad», en Sancti Spíritus; de nuevo las de los centrales «Delicias» y «Chaparra», en Oriente; las de los centrales «Australia» y «Tinguaro», en Matanzas, y «Perseverancia», de Cienfuegos. En agosto, otra vez los cañaverales del central «Violeta», y así incontables otras agresiones ocurridas en años sucesivos, en los que también tuvieron una activa participación las bandas mercenarias organizadas, financiadas y armadas por Estados Unidos.
Las pérdidas ocasionadas entre 1960 y 1965 solo como consecuencia de la quema de caña en las diversas provincias del país por ataques piratas y la acción de las bandas mercenarias organizadas y financiadas por Estados Unidos, superan el equivalente de 1,5 millones de toneladas de azúcar. A ello se suman cuantiosas pérdidas económicas por afectaciones a la producción y a la exportación resultado de decenas de sabotajes en las instalaciones productivas, equipos agrícolas, almacenes y el transporte de esta actividad, ejecutados por agentes al servicio de ese país.
No menos de 46 importantes fábricas de azúcar fueron agredidas directamente, algunas de ellas en reiteradas ocasiones. En la citada demanda presentada por estas organizaciones sociales, se refiere un centenar de agresiones diversas contra centrales azucareros que provocaron considerables daños materiales en estas instalaciones. Entre estos casos se recuerda el ataque lanzado el 18 de febrero de 1960 contra el central «España», en la provincia de Matanzas, ocasión en que la avioneta agresora estalla al explotar en su interior una de sus propias bombas. Como resultado del incidente perecieron los dos tripulantes del aparato, identificados como el ciudadano norteamericano Robert Ellis Frost y su copiloto Onelio Santana Roque, este último ex miembro de los cuerpos represivos de la tiranía batistiana, quienes habían realizado no menos de otras tres misiones aéreas similares contra objetivos cubanos desde el aeropuerto de Tamiami, en el estado norteamericano de la Florida.
La intensa campaña desplegada por el Gobierno de Estados Unidos incitando a la emigración entre los técnicos de la industria azucarera, tuvo fuertes consecuencias económicas negativas en esta industria, que se vio también afectada por la movilización de un número importante de trabajadores que tuvieron que dar respuesta a necesidades de la defensa del país ante las continuas agresiones a que estaba sometida la nación.
Las acciones de sabotaje y ataques contra campos de caña e instalaciones de la industria azucarera, emprendidas por Estados Unidos contra esta rama clave de la economía cubana, han tenido como objetivo provocar el colapso de la economía azucarera y con ello el de todo el sistema económico cubano.
Entre las incontables agresiones contra otras actividades e instalaciones de la agricultura, pueden mencionarse a manera de ejemplo las siguientes: en 1960 el incendio de cuatro casas de curar tabaco en Limonar, provincia de Matanzas; en 1963 las granjas «José Martí» en Florida, provincia de Camagüey, «Conrado Benítez», en Trinidad, actual provincia de Sancti Spíritus, y «Yuri Gagarin» en Los Palacios, provincia de Pinar del Río; en 1964 la granja «Hermanos Mayo» en Las Tunas, y la «Julio Antonio Mella» en Aguada de Pasajeros, actual provincia de Cienfuegos; en 1980 el vivero de café «Santa Martha», en Guantánamo. En todos estos casos y decenas de otros similares, los terroristas y saboteadores al servicio del Gobierno de Estados Unidos ocasionaron daños materiales de consideración en instalaciones, equipos, insumos, cosechas y producciones agropecuarias.
El incendio y destrucción de un elevado número de instalaciones dedicadas a la avicultura, con la pérdida de cientos de miles de aves, equipos, alimentos para la ceba de pollos y otros insumos de esa actividad, han ocasionado pérdidas económicas millonarias y severas afectaciones a la producción y el consumo de la población. Entre las innumerables instalaciones avícolas que han sido blanco de estas agresiones se cuentan una granja en Madruga, provincia de La Habana, en 1960; el ataque contra varias instalaciones de cría de cerdos y pollos en Martí, provincia de Matanzas, en 1963; el sabotaje de las instalaciones de «El Cubano», en Pedro Betancourt, y de la granja «España», en Perico, provincia de Matanzas, en 1964; al año siguiente, contra otras cincuenta instalaciones avícolas en Martí; en 1980 contra la granja «Buena Vista», en Santiago de las Vegas.
El sector de la pesca ha sido también uno de los que ha tenido que sufrir con mayor intensidad las provocaciones, acciones terroristas y agresiones de todo tipo dentro de los planes del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Es natural que una rama tan importante en la producción de alimentos para la población y en la generación de ingresos en divisas por exportaciones de los productos del mar, haya sido un blanco predilecto del terrorismo norteamericano, teniendo en cuenta además el carácter particularmente vulnerable de muchas de sus instalaciones que, como las embarcaciones de la pesca de altura, funcionan separadas y distantes del territorio nacional.
Un total de 294 embarcaciones pesqueras de diverso porte y actividad —atuneras, langosteras, camaroneras, de escamas, de captura de quelonios, esponjas y otras del alto y la plataforma— han sido objeto de agresiones diversas. Algunas de estas embarcaciones han sido destruidas o hundidas, otras seriamente dañadas y un número considerable de ellas han sido secuestradas y llevadas a territorio de Estados Unidos, de las cuales una parte importante no han sido nunca devueltas a Cuba.
La incitación a la emigración y la continua campaña por radio de emisoras que trasmiten ilegalmente desde Estados Unidos contra Cuba promoviendo la emigración ilegal, con la cobertura que brinda a este proceder la existencia de la llamada Ley de Ajuste Cubano, en virtud de la cual las personas que arriben a suelo estadounidense procedentes de Cuba reciben permiso de trabajo inmediato y al cabo del año el permiso de residencia en ese país, junto con la impunidad de que gozan aquellos que secuestran embarcaciones para llegar a Estados Unidos, incluso los que cometen asesinatos en este empeño, han sido un fuerte estímulo para el secuestro de embarcaciones cubanas pesqueras, de recreación o de cualquier otro tipo. Como promotor de la emigración ilegal, el Gobierno de Estados Unidos contrae responsabilidad civil por los daños y perjuicios económicos ocasionados por estas acciones, que no solo han afectado al sector de la pesca, pues embarcaciones dedicadas a actividades de transporte, turismo o construcción, por mencionar solamente estos otros sectores, han sido igualmente secuestradas.
Sería interminable la enumeración de las decenas de naves cubanas que fueron atacadas en alta mar o secuestradas y llevadas a territorio norteamericano, donde los secuestradores han disfrutado invariablemente de total impunidad. Solo se referirán a continuación algunos casos de especial significación.
El 13 de febrero de 1962 fueron atacados los pesqueros «Sigma I» y «Sigma V», en el Banco de Cayo Sal. El 13 de octubre de ese mismo año, la agresión fue sufrida por el pesquero tripulado por Filiberto Suárez Lima y Miguel Medina, quienes resultaron heridos, la embarcación hundida y los dos pescadores secuestrados y conducidos a Miami, donde no fueron liberados sino treinta días después.
También un 13 de febrero, pero de 1963, fueron secuestrados los pesqueros «Sigma XV» y «Sigma II» y conducidos a Cayo Elbow, en las Bahamas. Los pescadores Armando y Ramón López Ruiz resultaron heridos y abandonados a su suerte por los piratas procedentes de territorio norteamericano. Serían rescatados días después por unidades de la Marina de Guerra Revolucionaria.
El 20 de noviembre de 1968 es cañoneado a 100 millas de las costas venezolanas el motopesquero cubano «Alecrín». El 10 de mayo de 1970, los pesqueros «Plataforma I» y Plataforma IV» son secuestrados y sus once tripulantes conducidos a un islote de las Bahamas, donde son rescatados días después.
El 23 de febrero de 1971, el guardacostas norteamericano «Cape York» apresa en aguas internacionales a cuatro embarcaciones pesqueras cubanas cuyos tripulantes son acusados de realizar sus labores en aguas jurisdiccionales estadounidenses. Los cuatro capitanes y 47 pescadores son multados y devueltos a Cuba el 2 de mayo, donde son objeto de un multitudinario recibimiento popular frente al edificio de la antigua Embajada de Estados Unidos. Durante su estancia fueron hostigados, abusivamente interrogados e incitados a desertar. Una agresión similar se comete el 26 de mayo contra cuatro lanchas auxiliares de otros dos pesqueros que laboraban en aguas internacionales al Oeste de la isla bahamesa de Dry Tortuga.
El 10 de octubre de 1972 los tripulantes de dos lanchas artilladas abordan a los pesqueros «Aguja» y «Plataforma IV», secuestran los pescadores, dinamitan las naves y las hunden, cerca de las costas de la isla de Andros. Los once pescadores cubanos, en una pequeña lancha al garete, serían rescatados por un helicóptero bahamés el día 13. Un año después, el 4 de octubre de 1973, los pesqueros cubanos «Cayo Largo 17» y «Cayo Largo 34» son atacados por dos cañoneras, cuyos tripulantes asesinan al pescador Roberto Torna Mirabal y abandonan a los demás en balsas de goma, sin agua ni comida.
Los pesqueros «Ferro 119» y «Ferro 123» son atacados el 6 de abril de 1976 en aguas internacionales, entre Cayo Anguila y Cayo Sal, en Bahamas. Los pescadores Bienvenido Mauriz Díaz y Luis Orlando Díaz Pérez caen asesinados en la cobarde acción, en la que resultan heridos otros dos tripulantes. Los heridos y el resto de las tripulaciones fueron abandonados a su suerte, hasta que pudieron ser rescatados por otro barco cubano y por un barco mercante con bandera noruega.
Entre las numerosas embarcaciones secuestradas en puertos o aguas cubanas con la intención de conducirlas a territorio de Estados Unidos, cabe mencionar, a manera de ejemplo, los casos del langostero «Olguita», de la cooperativa pesquera de Batabanó, en abril de 1962, ocasión en que pereció ahogada la ciudadana María Cabrera García; el barco «Conchita», de la cooperativa pesquera de La Coloma, en Pinar del Río, el 11 de noviembre de 1964; el «Santa María», en 1967, de la cooperativa pesquera de Pinar del Río; el camaronero «Martín Gutiérrez», de la Flota del Golfo, conducido a Cayo Hueso el 27 de abril de 1969; las cherneras de la cooperativa pesquera de Batabanó, el 17 de mayo de 1991; la embarcación número 10 de la cooperativa pesquera de Isla de la Juventud, el 13 de noviembre de 1991; los pesqueros «La Luz», «Elba», «Tilapia», «Carpa» y «Patria», de la Asociación Pesquera Acuabana, entre finales de 1993 y principios de 1994; los barcos «Lambda 319», el 3 de mayo de 1993, y «Lambda 329», el 13 de junio de ese mismo año, ambos de la Flota del Golfo de Ciudad de La Habana.
Los casos enumerados forman parte de una extensa lista de actos de piratería promovidos o estiulados por la política de hostilidad llevada a cabo sistemáticamente por espacio de cuatro décadas por Estados Unidos, sobre cuyos autores no se conoce un solo caso en que la justicia estadounidense haya impuesto sanción.
Las agresiones contra instalaciones y embarcaciones pesqueras cubanas, además de un número considerable de víctimas humanas, han causado pérdidas económicas que se calculan en cientos de millones de dólares, sin contar su significativa afectación en el suministro de una fuente importante de alimentación y de aporte de proteínas para la población. Una embarcación pesquera es como una fábrica de alimentos. Su destrucción, robo o secuestro no puede, por tanto, considerarse exclusivamente como la afectación económica por la pérdida o la imposibilidad de disponer de un activo, pues la interrupción de su actividad no solo priva al país de productos de alto valor que pueden ser exportados, sino afecta significativamente la disponibilidad de alimentos de la población.
DECIMOSEPTIMO: El sector industrial, elemento clave en el desarrollo económico del país, que ha experimentado un favorable e importante cambio estructural después del triunfo revolucionario, ha sido considerado sistemáticamente en los diferentes planes de agresión de Estados Unidos y sus agencias especiales de inteligencia. Las ramas que conforman la industria básica nacional han sido blanco de ataques piratas, sabotajes y acciones terroristas que han ocasionado cuantiosas pérdidas materiales a la propia industria y repercutido negativamente sobre el resto de la actividad económica del país, como es el caso de las industrias de electricidad y del combustible.
Sabotajes y acciones terroristas perpetrados contra líneas eléctricas, redes de trasmisión y distribución y plantas generadoras de electricidad, han interrumpido el servicio de electricidad afectando tanto el sector residencial como actividades productivas y de servicios. Los daños ocasionados no solo se refieren a la industria en cuestión sino a los perjuicios ocasionados a la economía del país por la energía no servida, lo cual afecta al resto de las actividades productivas y de servicios y a la población. Sabotajes a las líneas y redes han dejado sin servicio temporalmente a localidades densamente pobladas y donde radican varias industrias. La planta termoeléctrica de Tallapiedra, en La Habana, fue objeto de un atentado terrorista, mientras que la central eléctrica «10 de Octubre», en Matanzas, sufrió un sabotaje a una de sus calderas.
El 13 de marzo de 1961, un mes antes del ataque mercenario por Playa Girón, una lancha pirata artillada atacó la refinería de petróleo «Hermanos Díaz», en Santiago de Cuba, causando daños a la instalación tecnológica y en varios tanques. En la acción se produjeron víctimas humanas. En ese mismo año, la refinería «Ñico López», en La Habana, fue atacada en dos ocasiones.
El 18 de agosto de 1963 el puerto de Casilda, en Cienfuegos, es atacado por una lancha pirata que disparó contra 24 vagones de ferrocarril con combustibles, impactando e incendiando uno de ellos. Otras acciones terroristas se llevaron a cabo contra camiones cisterna y estaciones de servicio de gasolina en diversos puntos del país, con graves daños materiales.
El 25 de octubre de 1962 se paraliza la producción de las minas de cobre de Matahambre, en Pinar del Río, por un intento de sabotaje. En esa misma zona, el 19 de agosto de 1963, dos lanchas piratas artilladas atacan la planta de sulfometales «Patricio Lumumba», produciendo daños de consideración en las instalaciones.
El 13 de noviembre de 1966 un avión pirata lanza tres bombas contra la planta Cubanitro «Cepero Bonilla» y la fábrica de abonos «Frank País», en Matanzas. El 8 de agosto de 1968 es saboteada la producción de fertilizantes de la propia empresa Cubanitro. Otras actividades de la industria básica, como las producciones de goma y papel, la industria gráfica y la de rayón, fueron objeto de sabotajes en diversas de sus instalaciones.
En general, se ha podido acopiar información de más de un centenar de fábricas e instalaciones de otras ramas industriales en todo el país que han sido objeto de acciones terroristas, sabotajes e incendios intencionales. En algunos casos, estas acciones ocasionaron la total destrucción de las instalaciones, en otros la paralización de la producción por períodos prolongados, interrupciones a la producción y los servicios y pérdidas considerables tanto por los bienes afectados como por la producción no realizada.
A continuación una brevísima relación de algunas de estas acciones terroristas: en 1960, los sabotajes perpetrados en los telares de la textilera «Mayabeque», en la provincia de La Habana, y el sabotaje con vidrio a la producción de jabón en la fábrica «Gravi», en Jovellanos, provincia de Matanzas; en 1961, los incendios de la colchonería «O.K.» y de la destilería «Bodegas Morera» en Lawton, ambos en la Ciudad de La Habana, y la destrucción de la fábrica de conservas «La Campesina», en Colón, provincia de Matanzas; en 1962 se lleva a cabo una acción terrorista con fósforo vivo en la fábrica de muñecas que había sido inaugurada poco antes en Madruga, provincia de La Habana; en 1965 se realiza un sabotaje a la producción de la destilería «Arrechabala» de Cárdenas, en la provincia de Matanzas; en 1968 son incendiadas y destruidas la tenería «Patricio Lumumba», en Caibarién, y la fábrica de pienso para aves de Santiago de Cuba; en 1970 es totalmente destruida por un incendio la fábrica de fósforos «René Bedia», y en 1976 la fábrica «Sergio González», de la Empresa de Artes Gráficas, ambas en la Ciudad de La Habana.
DECIMOCTAVO: En los planes desestabilizadores de la economía cubana concebidos por Estados Unidos, el transporte y el comercio, como actividades que garantizan los nexos entre las diferentes actividades y ramas de la economía, han sido objeto de una atención particular para la realización de sabotajes y agresiones.
El transporte aéreo ha sufrido directamente los efectos de la política de hostilidad hacia Cuba, como parte del intento sistemático de aislar a Cuba internacionalmente y obstaculizar toda vía de contacto o vínculo del país con el exterior. La aviación civil de transporte cubana ha desempeñado un importante papel en la neutralización de esos propósitos del vecino del Norte, y en años recientes ha participado activamente en el proceso de desarrollo del sector turístico, aumentando significativamente el número de visitantes transportados al archipiélago cubano y diversificando sus puntos de destino en diversos países del orbe.
Por eso, otra de las armas más utilizadas contra la Revolución ha sido el secuestro de aviones y embarcaciones cubanas, y los intentos de sabotaje contra estos medios. Los primeros hechos de esta naturaleza registrados ocurrieron en el mismo año de 1959. Representativo de ellos fue el secuestro en pleno vuelo, el 10 de octubre de ese año, de un aparato DC-3 de Cubana de Aviación por varios terroristas armados de pistolas y granadas de mano, que obligaron a la tripulación a desviar el avión hacia Miami. Ni los secuestradores ni el aparato fueron devueltos.
Un total de 78 naves aéreas de diversos tipos han sido afectadas por actos terroristas, intentos de secuestro y secuestros, muchas veces con el empleo de la violencia y la pérdida de vidas humanas. De estas aeronaves, algunas han sido destruidas o han sufrido fuertes averías; un número apreciable de los aviones secuestrados y conducidos a territorio norteamericano, no han sido devueltos por el Gobierno de ese país.
En 1960 ocurren varias acciones de este tipo, que en algunos casos ya tienen otras connotaciones más graves. El 5 de julio es desviado a la fuerza hacia Miami un avión Britannia de Cubana que cubría la ruta regular Madrid-La Habana, y el 14 de octubre son secuestrados en una sola operación seis aviones cubanos. El 29 de ese mes es secuestrado por nueve terroristas el avión DC-3 que cubría la ruta regular de La Habana a Nueva Gerona, acción en la que es asesinado el soldado Cástulo Acosta Hernández y heridos el piloto de la nave, Candelario Delgado, y el niño de 14 años Argelio Rodríguez Hernández. El 8 de diciembre se produce un nuevo intento de secuestro de otro DC-3 de Cubana de Aviación en vuelo regular de Santiago de Cuba a La Habana, pero la acción es frustrada por la valiente actitud del piloto Francisco Martínez Malo, quien murió después como consecuencia de las heridas recibidas.
El 3 de julio de 1961 es obligado a desviar rumbo hacia Miami un DC-3 de Cubana en vuelo de La Habana a Santiago de Cuba, en el que viajaban 16 pasajeros. El avión fue retenido por las autoridades norteamericanas y luego vendido arbitrariamente por ellas. El 9 de agosto de ese año fue secuestrada la nave C-46, matrícula CUT-607, acción en que resultan muertos el piloto Luis Alvarez Regato y el escolta Silvino Rómulo Sánchez Almaguer.
Entre los meses de septiembre y diciembre de ese año fueron sustraídos del territorio nacional otros seis aviones ligeros. En estos casos, al igual que en los de acciones en las que se había asesinado o causado heridas más o menos graves a tripulantes o pasajeros, siguió prevaleciendo la impunidad otorgada a los secuestradores por las autoridades de Estados Unidos, con total desconocimiento de las reclamaciones cubanas de devolución de los autores de tales hechos criminales y de las aeronaves secuestradas.
Entre 1962 y 1965 se produjeron otros siete secuestros de aeronaves ligeras cubanas. En todos los casos los aparatos eran llevados por los secuestradores a territorio norteamericano. Otro hecho de gravedad fue el secuestro el 8 de julio de 1966 de un avión de fumigación en la región de Bayamo y el asesinato de su custodio, el combatiente Elúcido Torres.
En su demencial política contra nuestro país, el Gobierno de Estados Unidos inició y fomentó la piratería aérea y el secuestro de aeronaves, acciones que posteriormente estimularon un fenómeno internacional de piratería altamente peligroso para la seguridad aérea de los vuelos internacionales que ha afectado a numerosos países, incluso a ese propio país.
A partir de la firma en 1973, por iniciativa cubana, del acuerdo entre Cuba y Estados Unidos sobre los secuestros y desvío de aviones, la estrategia de la CIA cambió: se abandonó el estímulo a los secuestros de aviones, pero elementos terroristas históricamente vinculados a la Agencia comenzaron entonces a fraguar una modalidad de agresión contra el transporte aéreo todavía más tenebrosa y criminal.
El 9 de julio de 1976 estalla en el aeropuerto de Kingston, en Jamaica, una bomba colocada en una de las maletas que iban a ser introducidas como equipaje en un vuelo comercial de Cubana de Aviación. Un retraso imprevisto en la salida del avión impidió casualmente que el artefacto estallara en pleno vuelo.
Pero el siniestro plan rinde dramático fruto el 6 de octubre de ese año. Una bomba colocada dentro del avión CUT-1201 de Cubana de Aviación estalla en pleno vuelo pocos minutos después del despegue de la aeronave del aeropuerto de Barbados. En el criminal sabotaje mueren las 73 personas que viajaban en el aparato, de ellas 57 cubanos entre los que se encontraban los integrantes del equipo juvenil de esgrima. Los autores confesos del repugnante crimen actuaron contratados por dos de los más connotados terroristas de origen cubano vinculados a la CIA: Orlando Bosch Avila y Luis Posada Carriles. Aunque los principales responsables de este bárbaro atentado terrorista fueron detenidos y sometidos a juicio en Venezuela, a la larga lograron evadir la acción de la justicia con el concurso de la CIA y la Fundación Nacional Cubano Americana. Los daños materiales ocasionados por esta bárbara acción, uno de los hechos más atroces de la guerra sucia contra Cuba, fueron tasados muy conservadoramente en la época en 1,3 millones de dólares.
A principios de los años 90 se sucedieron de nuevo varios secuestros de aviones, en los que estuvieron involucradas avionetas de fumigación e incluso un aparato de combate de la Fuerza Aérea Revolucionaria sustraído por un traidor. El 29 de diciembre de 1992 es secuestrado un aparato AN-26 de la compañía Aerocaribbean, con 47 personas a bordo, y conducido a Miami. El 7 de julio de 1996 fue secuestrado en Santiago de Cuba un avión AN-2 y conducido a la base naval de Guantánamo. El pirata fue absuelto en el juicio que se le siguió en Estados Unidos.
También el transporte marítimo, automotor y ferroviario ha sido víctima de las agresiones y sabotajes que el Gobierno de Estados Unidos ha realizado o alentado. En la actividad del transporte marítimo, los barcos mercantes han sido objeto de ataques piratas y otras agresiones; embarcaciones de recreo, remolcadores y otras naves han sido agredidas o secuestradas y llevadas a territorio de Estados Unidos; las instalaciones portuarias han sido blanco de acciones terroristas y sabotajes. No menos de 36 embarcaciones cubanas han sufrido agresiones. Naves con banderas de otros países que transportaban mercancías para Cuba fueron también objeto de acciones terroristas y ataques.
Una de las primeras acciones terroristas efectuadas contra buques mercantes que transportaban productos a Cuba, fue la llevada a cabo contra el vapor francés «La Coubre» el 4 de marzo del año 1960, ya referida. Veinte días después, durante la acción de secuestro de un yate de recreo, es asesinado el soldado rebelde Raúl Pupo Morales.
El 12 de mayo de 1962, la lancha SV-28 del servicio de vigilancia de costas fue atacada de manera sorpresiva por una nave fuertemente artillada, perteneciente a la organización terrorista Alpha 66. Tres de sus tripulantes resultaron muertos y otros cinco heridos. La propia organización, cuyas naves zarpaban del puerto de Miami a la vista de las autoridades de guardacostas de Estados Unidos, reclamaría en los meses siguientes la autoría de otros hechos semejantes, entre ellos el ametrallamiento de naves mercantes de otros países.
Una grave provocación ocurrió el 23 de febrero de 1963, cuando la goleta cubana de cabotaje «Joven Amalia» fue perseguida y embestida en aguas cubanas de la provincia de Oriente por el destructor norteamericano «Harold J. Allen». El 27 de diciembre de ese mismo año, saboteadores al servicio de la CIA hacen volar una lancha de la Marina de Guerra Revolucionaria atracada en la bahía de Siguanea, en Isla de Pinos, y causan la muerte de tres marinos.
Una nueva modalidad de agresión se inaugura el 9 de agosto de 1964, cuando el mercante cubano «María Teresa», atracado en el puerto canadiense de Montreal, es víctima de un atentado terrorista. El 12 de septiembre es atacado en aguas internacionales al Norte de Maisí el buque español «Sierra de Aranzazu», que conducía un cargamento de juguetes para Cuba. Mueren el capitán y dos tripulantes.
En cuanto al secuestro de embarcaciones, en los años 90 se han producido no menos de doce acciones, entre consumadas y frustradas. Cabe recordar la serie de acciones piratas de que fueron objeto en 1994 varias lanchas de pasajeros y remolcadores de la bahía de La Habana. Uno de estos secuestros condujo al hundimiento del remolcador «13 de Marzo», incidente en torno al cual se desató una virulenta campaña de infundios en los medios de información norteamericanos.
El 8 de agosto de ese mismo año fue secuestrada una nave auxiliar de la Marina de Guerra Revolucionaria y asesinado el teniente de navío Roberto Aguilar Reyes. El asesino y secuestrador logró huir a Estados Unidos, donde permanece en libertad.
El transporte de pasajeros y el transporte ferroviario y de carga por camiones igualmente han sido agredidos o saboteados de diversa forma, dejando inservibles un número considerable de equipos. Estas agresiones forman parte de los planes de desestabilización de la economía afectando el normal desenvolvimiento de las actividades del comercio exterior y de la circulación de productos en la economía interna, así como el movimiento de la población. Las afectaciones económicas a este sector de la economía alcanzan una magnitud considerable, pero sus consecuencias para el resto de las actividades económicas y servicios del país y los daños ocasionados a la población son aún mayores.
El sector del comercio y la distribución de productos ha estado entre los objetivos considerados para su destrucción dentro de la estrategia terrorista, con el propósito de propiciar la desestabilización de la economía, en particular la distribución de productos a la población. Cientos de tiendas de artículos industriales y de productos alimenticios, tanto en zonas urbanas como rurales a todo lo largo del país, grandes tiendas por departamento y establecimientos rurales conocidos como tiendas del pueblo, fueron saboteados, destruidos o saqueados por agentes terroristas al servicio del Gobierno de Estados Unidos, incluidos los integrantes de las bandas armadas mercenarias organizadas y apoyadas por la CIA en los años 60.
En otra parte de esta demanda se han referido algunos de los casos más notables de sabotajes y acciones terroristas llevadas a cabo contra decenas de comercios grandes y medianos en la Ciudad de La Habana y casi todas las demás poblaciones importantes del país. Las pérdidas materiales causadas por estas acciones fueron muy cuantiosas.
Las restricciones impuestas por el bloqueo de Estados Unidos y su política por aislar a Cuba de su entorno geográfico, que, como se ha visto, condicionó la reubicación de su comercio a grandes distancias, así como las constantes agresiones de ese país y sus agentes, que obligaron al país a disponer de amplias reservas para contingencias, determinaron la necesidad de construir un gran número de almacenes en todo el país. Contra estos objetivos, que con sus inventarios debían garantizar el suministro de productos para un normal funcionamiento de la economía y el abastecimiento del consumo de la población, se dirigieron también las agresiones de Estados Unidos y sus agentes.
No menos de 37 almacenes de las diferentes ramas económicas del país sufrieron acciones terroristas, sabotajes, incendios, causando pérdidas materiales considerables, y al propio tiempo provocaron afectaciones importantes a la producción y los servicios por la demora en la reposición de los bienes destruidos.
Solamente en 1961 fueron incendiados y destruidos, entre otros almacenes, cuatro naves para almacenar papas en la comunidad «Juan Abrahantes», en Madruga; un almacén de víveres en Jagüey Grande; uno para bobinas de papel en Franco y Clavel, hecho ya mencionado en el que resultó asesinado el obrero Carlos Rodríguez; un almacén de algodón en Luyanó y uno de tabacos en Centro Habana. Es atacado también el almacén de cigarros «Regalías El Cuño» en Clavel y Mercado, en La Habana, donde resulta asesinado el trabajador Lázaro García.
En 1963 es destruido el almacén de abonos «Quintero», en Jagüey Grande; un almacén del central «Elia», en Las Tunas, donde se guardaba algodón, granos y otros productos; el almacén de la cooperativa «Camilo Cienfuegos», en Cifuentes; un almacén de abonos en la granja «Guasimal», en Sancti Spíritus, entre otras instalaciones de este tipo. En 1964 es destruido el almacén número 27 de la empresa «José Antonio Echeverría», de Cárdenas, con cientos de barriles de hidrosulfito de sodio. En 1966 es incendiado un almacén central del Instituto Cubano de la Industria Cinematográfica, en la Ciudad de La Habana.
En 1968 se provoca un incendio de grandes proporciones en un almacén de pieles en el Cerro, en La Habana, y en Camagüey es destruido el almacén central de ropas y tejidos. En 1970 terroristas incendiarios destruyen un almacén de calzado y otro de colchones de la Escuela Formadora de Maestros en Guantánamo, y en el puerto de Isabela de Sagua resulta totalmente destruido el almacén de azúcar, donde se producen pérdidas millonarias.
En 1976 es destruido en Marianao un almacén de medios de educación. En 1978 es incendiado un almacén industrial de alimentos en Banes, Holguín, y en 1980 es incendiado el almacén de azúcar del central «Máximo Gómez», en Chambas, y el almacén central de la ECOA # 10 del Ministerio de la Construcción en Pueblo Nuevo, Matanzas.
Los diversos atentados terroristas de los cuales se mencionan algunos ejemplos, no solo destruyeron en su mayor parte las edificaciones sino provocaron pérdidas millonarias de productos y equipos para la producción, los servicios y el consumo de la población, lo cual a su vez causó severas afectaciones a la producción y los servicios por la intermitencia o ausencia de suministros durante determinados períodos.
Por su parte, la actividad turística, por su capacidad potencial de generar importantes ingresos en divisas para la nación, ha sido en los años más recientes un objetivo priorizado en los planes terroristas. Aun cuando los atentados preparados y ejecutados contra las instalaciones turísticas, de los cuales algunos de los más importantes han sido referidos anteriormente, han causado daños materiales de consideración e incluso víctimas humanas, su objetivo principal ha estado dirigido a provocar el terror y desestimular a posibles inversionistas de terceros países para que no realicen negocios en Cuba y a los turistas de otras regiones del mundo para que no visiten el archipiélago cubano. De esa manera se intenta privar al país de las divisas que requiere en la actual coyuntura económica, en la que este sector ocupa un lugar destacado en la generación de ingresos para Cuba y moviliza a otros importantes sectores económicos del país en el proceso de recuperación económica y de reinserción en la economía internacional.
DECIMONOVENO: La esencia mercenaria y fascista de la política de hostilidad ejercida por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, tiene una evidente manifestación en las agresiones llevadas a cabo contra el sistema educacional desarrollado por la Revolución Cubana, que cuenta, entre otros extraordinarios logros, la erradicación del analfabetismo y el más alto per cápita de maestros por habitante del mundo.
Mientras Cuba se empeñaba en llevar la educación a todo el pueblo y culminar la hazaña sin precedentes de la alfabetización, bandas mercenarias y otros agentes al servicio de Estados Unidos asaltaban y quemaban escuelas, destruían libros y la base material de estudio y asesinaban a maestros y alumnos. Hasta el momento ha sido posible acopiar información verificada de un total de 135 escuelas urbanas y rurales que fueron objeto de agresión por los agentes terroristas al servicio del Gobierno norteamericano.
Muchas de estas instalaciones eran humildes y pequeñas escuelas rurales, de construcción rústica, ubicadas en montañas o zonas apartadas, cuyo principal valor no consistía en su costo, sino en la función social que desempeñaban en su localidad. Al ser destruidas, los niños de la zona no disponían de otra escuela cercana para recibir las clases, de las cuales se vieron privados hasta que pudo edificarse otra instalación. No obstante, en muchos de estos lugares apartados se improvisaron aulas en las mismas casas de campesinos de la zona para que los niños continuaran recibiendo la enseñanza.
En su empeño por atentar contra todas las manifestaciones de la vida social de la población cubana, los agresores dirigieron también su acción terrorista sobre objetivos netamente culturales. Un total de 30 teatros y salas cinematográficas en el país han sido destruidos o afectados parcialmente por actos terroristas de agentes al servicio de Estados Unidos. Estas acciones se han perpetrado contra instalaciones donde habitualmente asiste una gran cantidad de público, prueba evidente de la naturaleza criminal y ausente de todo sentimiento humano de los mercenarios utilizados por Estados Unidos contra nuestro pueblo. Un ejemplo de ello fue el bárbaro sabotaje efectuado en el cine «Riesgo», de Pinar del Río, el 28 de mayo de 1961, durante una tanda infantil, producto del cual 26 niños y 14 adultos resultaron heridos y se produjeron cuantiosos daños materiales.
Las afectaciones a este sector de la actividad cultural, en que muchas instalaciones han quedado totalmente destruidas por estas acciones terroristas, no se reducen a los daños materiales ocasionados a las instalaciones y los equipos, de por sí cuantiosos, o a los ingresos dejados de percibir. Hay un daño aún mayor ocasionado a la población al privarlo del disfrute de la actividad cultural y recreativa, limitar su desarrollo cultural e impedir su plena realización espiritual.
Entre algunas de las instalaciones que fueron objeto de agresiones en 1960 se cuentan los sabotajes e incendios de los cines «Lido», «Manzanares», «23 y 12», «La Rampa» y «Cándido», todos en la Ciudad de La Habana, y de los cines «Apolo» y «Rex», en Jovellanos, provincia de Matanzas. En 1961, además del citado cine «Riesgo» en Pinar del Río, pueden mencionarse el artefacto explosivo que ocasionó heridas a una persona en el cine «Patria», el incendio del teatro «Negrete» y el fuego de grandes proporciones que destruyó el teatro de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en la Ciudad de La Habana. En 1975 ocurrió el sabotaje, incendio y total destrucción del cine «Infanta», también en La Habana.
Las instalaciones de los medios masivos de comunicación —la radio, la televisión y la prensa escrita— han sido igualmente objeto de acciones terroristas con el propósito de privar a la población de toda fuente de información y orientación. Así, por ejemplo, el sabotaje ya mencionado perpetrado en 1960 en la emisora de radio y televisión más importante del país, la CMQ, en ese entonces prácticamente la única de alcance nacional, puso al borde del colapso el sistema de televisión, evitado gracias a la iniciativa y capacidad profesional de los técnicos de la emisora a pesar de los significativos daños ocasionados a la instalación y a los equipos y la carencia de una reserva de piezas de repuesto. Otras instalaciones, como los edificios del periódico Revolución, de la revista Verde Olivo y de otros órganos de prensa, fueron también objeto de sabotajes y acciones terroristas.
Las agresiones y acciones terroristas no solo se han cometido contra instalaciones productivas y de servicios. También la población ha sido víctima de hechos criminales que han afectado o destruido sus bienes personales y patrimoniales. Cientos de casas de obreros y campesinos han sufrido estas agresiones perpetradas por agentes al servicio del Gobierno de Estados Unidos. La gran mayoría de estas viviendas han sido quemadas y destruidas, con los bienes y pertenencias existentes en su interior, por bandas mercenarias o como resultado de ataques piratas de naves y aviones procedentes de Estados Unidos.
VIGESIMO: Una de las manifestaciones más cobardes de la política de agresión contra Cuba llevada a cabo por las organizaciones terroristas patrocinadas por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, ha sido la realización de atentados y otras acciones violentas contra funcionarios y oficinas cubanas radicadas en otros países. Los agentes terroristas, temerosos de la eficiente respuesta de los órganos de seguridad cubanos, se sienten más confiados para llevar a cabo sus acciones criminales fuera del territorio nacional, donde a veces pueden encontrar, incluso, la tolerancia o la complicidad de las autoridades de algunos de los países donde ejecutan estos hechos por los vínculos establecidos en ellos por los servicios especiales norteamericanos.
Contra las representaciones diplomáticas, consulares y comerciales de Cuba en diferentes países se han llevado a cabo un alto número de atentados terroristas que han ocasionado, además de víctimas, daños de consideración en los locales y otros medios de estas representaciones. Estas acciones, llevadas a cabo muchas veces por mercenarios pertenecientes a organizaciones terroristas de origen cubano radicadas en Estados Unidos y otros agentes entrenados y financiados por las agencias especiales del Gobierno de ese país, toman como objetivo no solo nuestras representaciones diplomáticas y comerciales en el exterior sino también se dirigen a instituciones comerciales de terceros países que mantienen vínculos con nuestro país, con la finalidad de sembrar el terror entre esos empresarios, amedrentarlos y conformar en el exterior una imagen de Cuba de inestabilidad e incertidumbre sobre su futuro, que impacte negativamente sobre las relaciones políticas, económicas y comerciales externas del país.
Los primeros hechos de esta naturaleza ocurrieron apenas semanas después del triunfo revolucionario en Cuba. El 5 de junio de 1959, la Embajada cubana en Santo Domingo es atacada por elementos contrarrevolucionarios. Muere el niño dominicano Ovidio Méndez y los diplomáticos cubanos Juan José Díaz del Real y Mario Rivas Patterson son golpeados brutalmente. En ese año sufrieron agresiones los consulados cubanos en Miami y Nueva York y las embajadas en Haití y Guatemala. El 4 de agosto de 1959 fueron destruidos con explosivos, en un hangar del aeropuerto de Miami, dos aviones C-46 que habían sido comprados por el derrocado gobierno de Fulgencio Batista y no habían sido entregados aún a Cuba.
Entre 1960 y 1964 ocurren 59 agresiones de consideración a diplomáticos y oficinas cubanas. El 15 de marzo de 1963 mueren los correos diplomáticos Juan de Dios Mulén Quirós y Enrique Valdés Morgado al ser saboteado el avión comercial boliviano en que viajaban. Son las primeras bajas fatales cubanas de esta vertiente de la guerra sucia contra Cuba. No serán las únicas.
El 3 de abril de 1967, el encargado de negocios de Cuba ante la ONU, Nicolás Rodríguez, resulta herido dentro de su despacho por la explosión de un artefacto oculto dentro de un libro enviado a la misión. Exactamente un mes después estalla una bomba de fragmentación en el jardín de la Embajada cubana en Ciudad México, causando heridas a cuatro personas y daños de consideración.
En los años siguientes ocurrieron otros atentados terroristas con explosivos. El 4 de abril de 1972 uno de estos ingenios estalla en la sede de la oficina comercial cubana en la ciudad canadiense de Montreal. En la explosión muere el funcionario Sergio Armando Pérez Castillo y otras siete personas sufren heridas. El inmueble sufre grandes daños.
Las dependencias cubanas en Santiago de Chile son blanco de tres atentados dinamiteros en 1973. Pudo determinarse el empleo en estas acciones terroristas de petacas explosivas similares a las utilizadas en Cuba por agentes provistos de tales medios por la CIA. El 3 de diciembre de ese mismo año, una potente bomba de tiempo causa grandes estragos en las oficinas del Consulado de Cuba en Ciudad México.
Durante estos años, coincidiendo con la creación de la organización ontrarrevolucionaria de franco corte terrorista conocida por las siglas CORU, se multiplica la escalada de acciones violentas contra instalaciones cubanas en el extranjero, tanto en cantidad como en intensidad. En 1974 ocurren 51 ataques terroristas en México, Perú, Jamaica, España, Gran Bretaña, Francia, Venezuela y otros países, 29 de ellos directamente contra intereses cubanos. El 28 de noviembre de 1975 es destruido por una bomba el auto del embajador cubano en México, Fernando López Muiño.
En 1976 ocurren 53 agresiones terroristas, de ellas 28 contra intereses cubanos en Nueva York, Portugal, México, España y otros países. Varias de ellas dejan saldos lamentables de víctimas humanas. Todas producen perjuicios materiales considerables. El 6 de junio de ese año un artefacto explosivo colocado en la sede de la Misión de Cuba ante las Naciones Unidas, en Nueva York, causa daños de gran consideración. El 7 de noviembre, en un acto terrorista reivindicado públicamente por el CORU, una bomba destruye las oficinas de Cubana de Aviación en Madrid y afecta a tres locales colindantes.
Entre 1977 y 1980 se registran otros 96 atentados terroristas perpetrados en diversos países por grupos terroristas vinculados a la CIA. De ellos, 24 estuvieron dirigidos contra intereses cubanos, incluidas tres agresiones a barcos surtos en puertos extranjeros. El 22 de julio de 1977 fue saboteado y hundido en el puerto peruano de El Callao el pesquero «Río Jobabo». Otra de las acciones más graves fue el incendio del buque «Mar Caribe» el 14 de febrero de 1978 en el puerto español de Vigo. También en El Callao, el 10 de octubre de 1997, fue colocado un artefacto explosivo en el buque «Río Damují», que provocó daños de consideración.
Significativamente, durante esos años casi la mitad de las acciones de este tipo tuvieron por blanco las instalaciones diplomáticas cubanas en Washington y Nueva York, en un momento de relativo alivio del clima de tensión en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante la administración del Presidente James Carter. Más recientemente, los casos de atentados con artefactos explosivos en algunas oficinas comerciales cubanas en América Latina, ejecutados por la red terrorista que dirige Luis Posada Carriles, indican que esta modalidad de agresión contra Cuba no ha sido abandonada por nuestros enemigos.
VIGESIMO PRIMERO: Desde 1962 hasta el presente, el Gobierno de Estados Unidos ha utilizado el recurso de la agresión biológica como una de las armas principales en su guerra sucia contra Cuba, con el resultado de sensibles afectaciones a la economía del país y, lo que es mucho más grave y criminal, a la salud y la vida de los ciudadanos cubanos. En el orden económico, esta guerra biológica ha estado dirigida principalmente contra la producción agropecuaria cubana, con el objetivo de sabotear las fuentes de alimentación de la población, impedir ingresos por concepto de la exportación de producciones agrícolas y ocasionar cuantiosas pérdidas por concepto de producciones perdidas y gastos incurridos para combatir las plagas y enfermedades introducidas.
En un documento de fecha 18 de enero de 1962, en el que con el título de «Proyecto Cuba» se exponían los objetivos y las 32 tareas originales de lo que después se llamaría la Operación Mangosta, aparece la siguiente formulación de la Tarea 21: «La CIA someterá el 15 de febrero un plan para provocar fracasos en las cosechas alimentarias en Cuba.» Los dos siguientes renglones del texto desclasificado de este documento, en los que cabe suponer que se precisaba el método que se emplearía para lograr este propósito, aparecen censurados: evidentemente su contenido resulta tan repugnante que incluso los funcionarios encargados de la desclasificación consideraron conveniente mantenerlos aún en secreto.
A la luz de esta revelación, no puede resultar una simple coincidencia el hecho de que, ese mismo año, se detectó la aparición simultánea en la población avícola de las provincias de Pinar del Río, La Habana, Matanzas y Oriente, de la enfermedad conocida como newcastle. En las investigaciones realizadas entonces, se pudo comprobar que la aparición de esta enfermedad fue el resultado de un sabotaje realizado en un laboratorio del Instituto Nacional de la Reforma Agraria de una vacuna de viruela aviar, cuya distribución y uso provocó la muerte de más de un millón de aves en el territorio nacional. La afectación económica, entre las pérdidas de carne y los gastos de saneamiento, se elevaron a 3,36 millones de pesos a precios corrientes. Fue este el primer caso de que se tiene noticia del uso por la CIA de la agresión biológica contra la economía del país.
En 1971 se manifestó el primer brote de la fiebre porcina africana en el municipio de Boyeros, en la antigua provincia de La Habana, desde donde se propagó al resto de esa provincia y a algunas zonas de la provincia de Pinar del Río. La causa de esta grave enfermedad del ganado porcino fue la introducción al país desde Fort Gullick, base militar norteamericana en la zona del Canal de Panamá, del virus altamente patógeno por parte de un agente de la CIA, según se pudo conocer de manera inequívoca y fue confirmado después por informaciones aparecidas en la prensa internacional tras haberlo admitido públicamente el propio agente. Para impedir la propagación de la enfermedad, fue preciso sacrificar cerca de 500 mil cerdos, lo cual significó para la economía del país pérdidas millonarias por concepto de animales incinerados, costo del sacrificio, gastos de la campaña, indemnizaciones a productores privados y afectaciones a la calidad del rebaño y a su desarrollo perspectivo. Sin cuantificación posible quedó el impacto en la alimentación del pueblo de la drástica reducción de la masa ganadera porcina.
En enero de 1980 se detecta y confirma la presencia de esta misma enfermedad en todos los municipios contiguos o cercanos al territorio ocupado por la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo. Esta vez fue necesario sacrificar un total de 297 037 cerdos. Al igual que en la ocasión anterior, las afectaciones económicas por las pérdidas de animales, pagos por indemnizaciones a criadores privados, gastos de campaña y pérdidas en transacciones de comercio exterior, fueron considerables. Pero más grave fue la afectación al desarrollo perspectivo del rebaño porcino y de una rama de importancia estratégica en el aseguramiento alimentario de la población.
En septiembre de 1978 se localizan en la provincia de Holguín áreas cañeras afectadas por la roya, una de las enfermedades más agresivas de la caña de azúcar. La plaga, que pronto se extendió a todo el país, afectaba severamente sobre todo a la variedad Barbados-4362, que era en esa época la predominante en las plantaciones cañeras cubanas. La aparición brusca y extremadamente virulenta de la enfermedad, su propagación casi instantánea y la no correspondencia de la distribución de los focos con los patrones de las corrientes de aire prevalecientes, indicaron desde el primer momento que se trataba de una infestación atribuible a causas no naturales. La presencia y propagación de la roya de la caña obligó a la demolición inmediata del 34 por ciento del área cañera plantada a escala nacional, y su reemplazo por otras variedades de mayor resistencia a la enfermedad pero inferior comportamiento agroindustrial. Durante los primeros años la roya de la caña produjo graves efectos para la economía. Solamente en la zafra de 1980-81 se dejaron de producir casi un millón de toneladas de azúcar.
El moho azul del tabaco se detectó en noviembre de 1979, en la provincia de Villa Clara. Se trataba de una enfermedad ya reportada en Cuba en 1957, asociada al empleo por nuestros agricultores de tela de tapado que se importaba de uso desde Estados Unidos, donde estaba bastante extendida. Acciones adoptadas entonces liquidaron los focos y no se habían reportado otras manifestaciones. La forma de propagación de la enfermedad y la aparición casi al unísono de focos dispersos en un amplio territorio, permitieron determinar que los hongos pudieron ser diseminados deliberadamente por vía aérea.
El impacto económico del moho azul fue de tal magnitud en la campaña tabacalera de 1979, que cálculos conservadores refieren pérdidas ascendentes a casi 350 millones de dólares solamente ese año por concepto de disminución en las exportaciones y la afectación al consumo nacional, que tuvo que ser cubierto en buena medida a partir de importaciones que por primera vez en su historia el país se vio obligado a realizar. Fue necesario adoptar medidas excepcionales para erradicar la enfermedad, con altísimos costos por concepto de importaciones de medios fitosanitarios para combatir y prevenir la reaparición de la plaga, subsidios e indemnizaciones a productores. La economía del país se vio afectada no sólo por las multimillonarias pérdidas de ingresos por exportaciones no realizadas, sino que la ausencia de los mercados tradicionales creó espacios para otros productores concurrentes, por lo que se requirieron además gastos promocionales extraordinarios.
El caso más siniestro de la guerra biológica desatada por el Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano, fue la epidemia de dengue hemorrágico introducida en Cuba en 1981, que causó la muerte de 158 personas, entre ellas 101 niños. Las cepas del virus aisladas entonces, distanciadas genéticamente de las que a la sazón estaban circulando en otros países del Caribe, estaban relacionadas en cambio con cepas de laboratorio desarrolladas únicamente en instalaciones norteamericanas. Por otra parte, los tres focos determinados como primarios, carentes de relación epidemiológica alguna entre sí, se encontraban a pocos kilómetros apenas de dos de los tres corredores aéreos que cruzaban la Isla. Se pudo verificar además que en la base naval de Guantánamo tuvo lugar ese año un proceso de vacunación contra la enfermedad, y que allí no ocurrió ningún caso de dengue durante el desarrollo de la epidemia en Cuba. Todas estas consideraciones permitieron determinar categóricamente en su momento que la introducción del virus del dengue tipo 2 en Cuba en 1981 no constituyó un fenómeno natural, lo cual fue confirmado tiempo después por la confesión de un cabecilla de la organización terrorista Omega 7, al servicio de la CIA.
La acción inmediata, enérgica e integral de las autoridades cubanas ante la violenta propagación de la enfermedad, de la que llegó a haber un total de 344 203 casos notificados, resultó en la total liquidación de la epidemia en un lapso de cuatro meses y medio. Para el país, el combate contra el dengue representó gastos totales ascendentes a 103,2 millones de dólares, según precios de la época.
Ese mismo año se declaró en el país un brote de conjuntivitis hemorrágica causada por un agente patógeno, el enterovirus 70, que, según la Oficina Panamericana de la Salud, nunca había estado presente en el hemisferio. Otro tanto puede decirse del brote de disentería ocurrido por la misma época en la provincia de Guantánamo, sede de la base naval norteamericana, que ocasionó la muerte de 18 niños, producido por una bacteria, Shiguella, no reportada anteriormente en el país.
También en 1981, el 4 de agosto, se detectó en la provincia de Villa Clara la enfermedad viral conocida como seudodermatosis nodular bovina. En apenas 21 días la enfermedad se extendió por nueve provincias del país. Esta enfermedad, endémica en África, nunca antes había existido en Cuba. El agente etiológico había sido aislado en Italia y Estados Unidos, cuyas autoridades nunca lo habían informado oficialmente a los organismos sanitarios internacionales. Por esa época se trabajaba con el virus en el laboratorio norteamericano de enfermedades exóticas radicado en Plum Island. La lucha contra esta epidemia significó para el país gastos cuantiosos. Dadas las características clínicas de la enfermedad, fue necesario tomar estrictas medidas de cuarentena, inmovilidad de la masa bovina y eliminación de la producción de leche en los 2 895 focos detectados, con una afectación total de 226 181 animales enfermos. Todas estas medidas ocasionaron significativas pérdidas económicas y afectaciones en el suministro y consumo de leche por la población. Los efectos de esta enfermedad continúan produciendo pérdidas de consideración.
Resulta significativo el hecho de que en esa época el país había alcanzado importantes avances genéticos en la ganadería vacuna, con un favorable cambio de la estructura de la masa bovina mediante razas con propiedades superiores para la producción de carne y leche. Se había realizado un gigantesco esfuerzo inversionista en infraestructura y equipamiento. Se apreciaba un progresivo incremento de la producción lechera, renglón alimentario esencial para la población y, en particular, para niños, ancianos y enfermos.
Otra sospechosa enfermedad del ganado bovino, la mamilitis ulcerativa, se detectó el 4 de abril de 1989 en la provincia de Granma, desde donde se extendió rápidamente a otros territorios cercanos. Brotes similares aparecieron, sin embargo, en las distantes provincias de La Habana y Pinar del Río, en un esquema de propagación totalmente anormal. Esta patología produce una altísima morbilidad del 80 por ciento y ocasiona una afectación del 25 por ciento en la producción de leche. Supone además el tratamiento especial de los animales enfermos, su aislamiento y la aplicación de intensas medidas de desinfección y cuarentena. Desde la aparición de esta enfermedad, que no ha podido ser totalmente erradicada, se han detectado unos 400 focos. A las pérdidas en la producción de leche se añaden los costos en medicamentos, medidas de desinfección y tratamiento y otras acciones necesarias
En la década de los años 90, al interrumpirse las condiciones de comercio e intercambio prevalecientes en las relaciones económicas que Cuba mantenía con los países de Europa del Este y la desaparecida Unión Soviética, el sector agropecuario tuvo que enfrentarse a un reto de grandes proporciones. De una parte, vio sustancialmente reducidos los insumos que tradicionalmente disponía para el aseguramiento de los cultivos y producciones pecuarias con destino a la exportación y al consumo; por otra parte, debía responder a una demanda incrementada por las restricciones en las importaciones de alimentos, como consecuencia de las nuevas medidas tomadas por el Congreso y la Administración de Estados Unidos.
En esta compleja coyuntura, el sector agropecuario se convierte en uno de los principales objetivos de las agresiones norteamericanas, en particular de la guerra biológica desatada contra nuestro país, con una intensidad y dimensión como no ha conocido otro país del orbe. En el país se estaba llevando a cabo un significativo esfuerzo por desarrollar lo que se conoció como el Programa Alimentario, que pretendía lograr en un período prudencial la autosuficiencia alimentaria en los renglones principales de la alimentación de la población. En ese programa tenía un espacio importante la producción de plátano, del cual se desarrollaban grandes plantaciones en diferentes regiones del país.
En octubre de 1990 se detectó la presencia de la sigatoka negra del plátano, en la provincia de Camagüey. Esa enfermedad no había sido reportada antes en Cuba y resultaba sospechosa la coincidencia de su aparición con el esfuerzo que en ese momento realizaba el país para extender y optimizar la producción de plátano. Los focos iniciales estaban situados muy cerca del corredor aéreo internacional Maya. Hasta el momento la introducción de esta plaga en Cuba ha representado gastos y pérdidas ascendentes a más de 100 millones de dólares. El total de áreas sembradas con clones tipo AAB de plátano vianda se redujeron en un 77 por ciento entre 1990 y 1995. A las cuantiosas afectaciones a la producción y el consumo y las pérdidas económicas de la producción y el costo de los medios empleados para combatir la enfermedad, se suma el perjuicio ocasionado al desarrollo y expansión de la producción de un componente básico de la dieta del cubano.
La producción de cítricos, por su parte, ha sido una de las actividades económicas en el sector agropecuario que ha experimentado mayor desarrollo con la Revolución. En la década de los años 80 la producción anual alcanzó niveles de alrededor del millón de toneladas y las exportaciones sobrepasaron el medio millón de toneladas, con perspectivas de una mayor expansión. En la compleja coyuntura económica a la que se enfrentaba el país a principios de los años 90, los cítricos debían desempeñar un papel destacado como fuente de ingresos de exportación y en el consumo alimentario de la población.
En diciembre de 1992 fue identificada la presencia del pulgón negro, el vector más eficiente de la enfermedad conocida como tristeza del cítrico, en plantaciones del municipio de Caimanera, donde está enclavada la base naval norteamericana. Este insecto no había sido reportado antes en el país. Un año después aparece en la provincia de La Habana el minador de los cítricos, plaga que cuatro meses más tarde aparece extendida desde Pinar del Río hasta Camagüey. Este insecto no se había detectado hasta entonces en América. No es necesario asociar estas sospechosas enfermedades a la significación del cultivo del cítrico y su desarrollo para la economía del país. Entre ambas plagas el país ha tenido que enfrentar gastos y pérdidas multimillonarias, entre ellas una apreciable merma de los posibles ingresos en divisas por la exportación de cítricos.
La llamada enfermedad hemorrágica viral del conejo, también exótica en Cuba, fue diagnosticada en 1993 en Ciudad de La Habana, desde donde se extendió rápidamente a otros territorios. En el continente americano solo se había reportado su presencia en México, en 1989. La aparición de los focos no respondió por lo general a un proceso de propagación normal. Entre las pérdidas económicas producidas por esta epidemia que pudieron ser cuantificadas, se cuentan los 122 135 animales muertos o sacrificados. El daño al programa de desarrollo cunícula y a la privación de una alternativa complementaria para el suministro de proteína animal en el consumo de la población es mucho más difícil de cuantificar.
En febrero de 1995 fue detectada en las provincias de Granma y Santiago de Cuba la broca del café, considerada la peor plaga cafetalera. Esta enfermedad era exótica en nuestro país y no hay posibilidad plausible de que haya aparecido por razones naturales. Por el contrario, existen elementos suficientes para afirmar que fue introducida de manera intencional y para determinar el procedimiento utilizado. A la broca se le atribuyen pérdidas a veces superiores al 80 por ciento de la producción. Se la reconoce también como causante de un serio deterioro de la calidad del grano, lo cual afecta negativamente, de manera muy sensible, los precios para su comercialización. Todo ello ocasiona que los gastos y pérdidas económicas ocasionadas por esta plaga sean muy significativos.
La varroasis de la abeja fue diagnosticada en abril de 1996 en tres apiarios del sector privado en el municipio de Limonar, en la provincia de Matanzas. Desde allí se propagó con gran velocidad a otras regiones del país. Según el estudio realizado, esta enfermedad solo podría haber entrado de manera natural por las provincias de Pinar del Río o Guantánamo. Su propagación ha sido de la región occidental hacia la oriental, cuando por el predominio de los vientos del Este su distribución natural debió haber ocurrido a la inversa. Muchos focos han aparecido de manera aislada, sin vínculo alguno con los anteriores. La importación de productos para el control de la enfermedad, las mermas en la producción de miel y otros productos que se obtienen de la abeja, las pérdidas por muerte de colmenas y los gastos en medidas cuarentenarias, han representado un fuerte impacto económico para el sector.
También en 1996 se diagnosticó la presencia en la presa Zaza, en la provincia de Sancti Spíritus, de la enfermedad ulcerativa de la trucha, que se ha extendido a otras especies de interés comercial como la tilapia. Aún no existe una evaluación definitiva del impacto económico de esta enfermedad para un sector tan importante de la producción alimentaria en el país como es la acuicultura, en el que el país ha realizado un ingente esfuerzo de desarrollo como vía alternativa ante las dificultades generales que para Cuba, como para casi todos los países, presenta el desarrollo de la pesca marítima.
El 21 de octubre de 1996, la aeronave de fumigación modelo SR2 con matrícula N3093M del registro de aeronaves civiles de Estados Unidos, operada por el Departamento de Estado de ese país para la lucha contra la producción de drogas en Colombia, fue observada pulverizando una sustancia mientras cruzaba el territorio cubano por el corredor aéreo internacional Girón, sobre la provincia de Matanzas. El hecho fue objeto de una nota de protesta del Ministerio de Relaciones Exteriores. El 18 de diciembre de ese año, dos meses después, aparecen en esa provincia los primeros indicios de la presencia de una plaga Thrips sobre cultivos de papa. En el mes de enero siguiente, focos del mismo insecto fueron detectados en otros municipios matanceros y de la provincia de La Habana. El 14 de febrero de 1997, el Laboratorio Central de Cuarentena confirmó que el insecto analizado era el Thrips palmi Karny, hasta ese momento exótico para el territorio cubano.
El análisis de los hechos y los resultados de las investigaciones realizadas permitieron determinar que los focos primarios de afectación tenían una relación inmediata con el corredor aéreo Girón, y que, teniendo en cuenta la población de insectos observada en diciembre y el tiempo de reproducción de esa especie, podía estimarse el inicio de la infestación en torno al 21 de octubre, es decir, la fecha en que ocurrió el vuelo de la aeronave norteamericana. Atendiendo a la presencia del vector en Haití, República Dominicana y Jamaica, era de suponer que su introducción en forma natural en territorio cubano se hubiese producido en la región oriental, la más cercana a esos países. Su aparición a más de 600 kilómetros de esa región resultaba, cuando menos, extraña y sospechosa. En este caso existen justificadas evidencias que posibilitan concluir, con un alto grado de certeza, que, una vez más, Cuba había sido objeto de una agresión biológica.
Desde su aparición en nuestro país, el Thrips palmi ha afectado 17 cultivos en las áreas contaminadas, entre ellos la papa, el frijol, el pimiento, el pepino y la calabaza. Hasta el momento la producción se ha perjudicado en 3 millones de quintales, y los gastos y pérdidas económicas totales se elevan a varias decenas de millones de dólares.
En septiembre de 1997 se detectaba en el municipio de Nueva Paz, en la provincia de La Habana la plaga del ácaro del arroz. Esta plaga ha afectado a doce de las catorce provincias del país. Esta plaga, de origen asiático, no existe en ningún otro lugar del continente americano. El lugar de su aparición es particularmente vulnerable, por su ubicación colindante a la Autopista Nacional, para una introducción intencional. Una vez más coincide una afectación de esta naturaleza con un programa agrícola prioritario del país, en este caso el desarrollo de la producción de arroz para reducir la dependencia de las importaciones y, eventualmente, alcanzar la autosuficiencia en este cereal básico en la dieta del cubano. La presencia de la plaga contribuyó de manera significativa a la reducción de cerca de un 50 por ciento de la cosecha de 1998 con relación a la del año anterior. La introducción del ácaro del arroz ha representado considerables pérdidas totales para la economía.
Como se puede observar, la característica común de estas agresiones es su coincidencia en el tiempo con el impulso a planes de desarrollo de actividades productivas específicas. Las pérdidas ocasionadas se refieren no solo a la destrucción o afectación directa de cultivos o animales, sino a su efecto sobre los planes de desarrollo que se venían gestando en cada una de las ramas objeto de agresión.
Prácticamente todos los cultivos y producciones agropecuarias fundamentales del país han sufrido en estos años los ataques de plagas que nunca antes habían estado presentes en Cuba y que se habían mantenido alejadas debido a las estrictas políticas de control fitosanitario aplicadas de manera sistemática por las autoridades cubanas. En muchos casos la participación de agentes intencionales ha sido documentada. En algunos se cuenta con la confirmación explícita de los propios culpables de la agresión biológica. En muchos otros existen elementos suficientes para llegar a una certeza casi absoluta de que la introducción de las plagas fue deliberada, como parte de la campaña de guerra biológica desatada contra nuestro país por el Gobierno de Estados Unidos.
Las pérdidas económicas ocasionadas por las enfermedades relacionadas han sido enormes. Las afectaciones a las producciones agropecuarias en casi todos los casos importantes y en muchos fundamentales para el país, como la caña de azúcar, el tabaco, el arroz, los cítricos o el plátano, han sido significativas, en algunas ocasiones durante varios años, y han ocasionado sensibles decrecimientos de los niveles de abastecimiento alimentario del pueblo y en los ingresos que hubiese podido percibir el país por la exportación de azúcar, tabaco, cítricos y algunas otras de esas producciones.
Esta guerra biológica es, sin duda, una de las manifestaciones más pérfidas, despiadadas y criminales de la política agresiva de Estados Unidos contra el pueblo cubano.
VIGESIMO SEGUNDO: La agresión radial y televisiva ha sido durante cuatro décadas uno de los principales instrumentos de la política norteamericana contra Cuba, en sus propósitos de subvertir el orden interno, distorsionar la realidad de la sociedad cubana y restar prestigio a su Revolución y a los dirigentes de ésta, así como estimular acciones terroristas contra cañaverales, centrales azucareros, almacenes, centros turísticos, instalaciones de la industria del petróleo y otros objetivos económicos y sociales y contra la vida de dirigentes del país, e incitar a la emigración de profesionales, técnicos, intelectuales, artistas, deportistas y funcionarios.
El ejemplo más reciente e indignante de los resultados de esta incitación constante a la emigración ilegal, favorecida por la continuada vigencia de la inicua Ley de Ajuste Cubano, es el caso del niño cubano Elián González, de 6 años de edad, secuestrado en territorio norteamericano y mantenido allí arbitrariamente por las autoridades de Estados Unidos, plegadas a la presión de los elementos más reaccionarios y anticubanos de la comunidad cubano-norteamericana de la ciudad de Miami, en violación flagrante de los derechos de su padre y abuelos residentes en Cuba y en contra de la voluntad de todo el pueblo cubano, expresada en masivas manifestaciones nacionales, y de la abrumadora opinión pública mundial.
Desde el propio año 1959 comenzaron las transmisiones radiales contra nuestro país por Radio Swan, emisora situada en esa isla caribeña. En 1960 otras emisoras radiales en otros países y en Estados Unidos se sumaron a esta labor desestabilizadora y contraria a los convenios internacionales de los que Cuba y Estados Unidos forman parte. A finales de 1961 la Voz de las Américas (VOA), órgano oficial del Gobierno de Estados Unidos, se sumaba a este programa de agresiones contra la nación cubana.
Entre 1966 y 1980 otras emisoras piratas en onda corta llevaron a cabo 3 904 trasmisiones contra Cuba. En 1980, en el llamado Documento de Santa Fe, plataforma programática de la ultraderecha norteamericana que respaldaba la aspiración presidencial del candidato Ronald Reagan, se sugiere reiniciar con nuevo impulso las trasmisiones diseñadas para la población cubana que se habían reducido entre 1974 y 1979. En 1981 el ya Presidente Reagan anuncia la salida al aire de la mal llamada Radio Martí. Desde entonces, y de forma multiplicada después de la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista europeo, se ha desplegado una ofensiva propagandística de grandes proporciones contra nuestro país, con más de 200 horas diarias de transmisiones radiales hacia Cuba, que alcanzó en enero de 1999 un promedio de 1 935 horas semanales de veneno radial. Entre 1990 y 1998, un total de 63 emisoras de radio subversivas han funcionado contra territorio cubano, de ellas 60 desde Estados Unidos.
A la agresión radial se suman los intentos de agresión televisiva, concebida desde 1962 y materializados a partir de 1989, cuando el Senado y la Administración norteamericanas avalaron la salida al aire de una emisora de televisión destinada a la subversión anticubana.
Un extraordinario esfuerzo de los técnicos cubanos y la dedicación de cuantiosos recursos materiales y financieros han sido necesarios para enfrentar esta otra modalidad de agresión y neutralizar o impedir la recepción de estas señales televisivas en nuestro territorio, que violan flagrantemente el derecho internacional y los acuerdos internacionales en esta materia.
VIGESIMO TERCERO: Cuba, país pequeño bloqueado, constantemente amenazado y agredido por la potencia más poderosa de toda la historia de la humanidad, situada a solo 90 millas de nuestras costas, se ha visto obligada durante estos cuarenta años a impulsar simultáneamente su desarrollo económico y social y un acelerado fortalecimiento de su capacidad defensiva, de la seguridad y el orden interior, ante las constantes agresiones y acciones terroristas promovidas, organizadas, financiadas y ejecutadas por Estados Unidos.
Ninguna otra nación en la historia ha tenido un enemigo declarado tan poderoso y cercano, que haya llevado a cabo contra ella tan alto y diverso número de acciones agresivas, ni se ha visto otro caso similar de tal resistencia victoriosa, ante una correlación de fuerzas tan abrumadoramente adversa.
Estas condiciones excepcionalmente anormales a las que ha sido sometida la nación cubana durante cuatro décadas, han provocado tener que realizar un enorme sacrificio de recursos humanos, materiales y financieros para garantizar la defensa del país, en correspondencia con el peligro de las amenazas que se ciernen sobre su misma existencia como nación independiente y sobre su identidad e integridad nacional, y con la realidad concreta de los miles de actos de agresión que ha debido soportar y resistir. Consecuentemente con esta situación, el país se ha visto obligado a sobredimensionar los gastos y recursos empleados en su defensa y en el mantenimiento del orden interior.
Un ejemplo concreto es la situación planteada por la presencia de la base naval norteamericana en la bahía de Guantánamo. Entre 1962 y 1998 han tenido lugar 13 498 provocaciones y violaciones perpetradas desde el territorio ocupado por Estados Unidos en virtud de un tratado intrínsecamente ilícito por su contenido y por las circunstancias en que fue impuesto a un gobierno cubano entreguista e irresoluto. Cualquiera de estos hechos hubiese podido dar lugar a un incidente de mayor gravedad. Solo la preparación, la serenidad y la firmeza de los combatientes de la Brigada de la Frontera, que a lo largo de todos esos años han custodiado el territorio libre de la Patria, han impedido la escalada que, sin duda, ha figurado siempre en los planes de los mandos militares y políticos de Estados Unidos con el propósito de fabricar un incidente que sirviera de pretexto a una agresión mayor.
De hecho, la posición de la base naval de Guantánamo dentro del territorio cubano ha sido bien aprovechada por las administraciones de turno de Estados Unidos para convertirla desde 1959 en punta de lanza en su guerra contra la Revolución Cubana. Esta instalación ha sido empleada en diversas acciones que van desde simples provocaciones hasta planes de autoagresión con vistas a tener una justificación ante la opinión pública internacional para escalar las acciones agresivas contra Cuba. La base naval de Guantánamo constituye un centro de espionaje radioelectrónico y de provocaciones y violaciones que pueden degenerar en una confrontación armada, así como una plaza de armas en caso de una invasión.
Además de las fuerzas y medios dislocados permanentemente en esta instalación, bajo el pretexto de actividades de entrenamiento la base naval ha sido reforzada en diferentes momentos y ha sido ensayada en varias ocasiones la evacuación de su personal civil. Solamente en los últimos diez años, pueden mencionarse los siguientes casos:
En 1990, en momentos de elevada tensión por la realización por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos de los ejercicios Global Shield-90 y Solid Shield-90, se llevó a cabo el ejercicio de defensa Defex-1/90, que obligó a la realización por parte de las FAR del ejercicio Escudo Cubano.
En 1993 la base naval fue reforzada con unos 2 mil efectivos de la Infantería de Marina y de las Fuerzas de Operaciones Especiales bajo el pretexto de la situación creada en Haití.
A partir del 18 de mayo de 1994, en un momento de explosión del éxodo de haitianos hacia Estados Unidos, fue creado un centro de procesamiento para emigrantes en la base, que llegó a albergar a unos 25 mil ciudadanos de Haití. Parejamente fue activada la Fuerza de Tarea Conjunta 160 (JTF-160), que agrupaba unos 1 500 efectivos militares.
Ante el incremento de las salidas ilegales de Cuba hacia Estados Unidos en el verano de 1994, el 19 de agosto de ese año el Presidente Clinton ordenó que todos los emigrantes cubanos interceptados en el estrecho de la Florida fueran trasladados hacia la base. En total fueron procesados en esa instalación unos 31 725 emigrantes cubanos. Para ello la base fue reforzada con unos 6 896 efectivos militares.
El 13 de agosto de 1961 fue descubierto un plan de autoagresión preparado en la base naval de Guantánamo, como parte del cual se proyectaba asesinar al Comandante Raúl Castro y atacar emplazamientos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
El territorio ocupado por los norteamericanos ha sido utilizado muchas veces como refugio de terroristas y saboteadores. Aviones procedentes de la base realizaron durante la década de los 60 actos graves de sabotaje y terrorismo, como lanzamiento de bombas o quema de cañaverales. La instalación norteamericana ha servido igualmente de base de operaciones de espías, infiltrados, saboteadores y terroristas. Desde el territorio ocupado por la base naval recibieron apoyo muchas de las bandas mercenarias que operaron en la antigua provincia de Oriente.
Esta situación de provocaciones constantes, perenne amenaza y frecuentes actos agresivos concretos, ha obligado a Cuba a mantener un dispositivo de defensa en torno al territorio ocupado por Estados Unidos que ha ocasionado gastos incomparablemente mayores que los que hubiesen sido necesarios en otras circunstancias, y totalmente innecesarios si no hubiese existido la base naval.
La utilización por parte de Estados Unidos de los ejercicios militares de sus fuerzas armadas alrededor de Cuba como instrumento de provocación y amenaza, ha sido otra de las razones para el mantenimiento de un nivel especial de preparación y disposición combativa. Desde 1964 hasta hoy, las fuerzas armadas norteamericanas han realizado un total de 104 ejercicios militares importantes en torno a Cuba o en zonas cercanas al territorio cubano, o que de alguna manera han representado un peligro para nuestro país. Entre los más significativos cabe mencionar los ejercicios Defex en la década de los 60 y principios de los 70, que tenían por escenario la base naval el Guantánamo; la maniobra Reinforcex de 1979, realizada como demostración de fuerza ante un eventual reforzamiento de la presencia militar soviética en Cuba; los ejercicios Ocean Venture, sobre todo el de 1981, la mayor maniobra realizada por las fuerzas armadas norteamericanas después de la Segunda Guerra Mundial; las maniobras Solid Shield, sobre todo las realizadas en 1980 y 1987, y, más recientemente, el ejercicio Bulwark Bronze en septiembre de 1996, en el Golfo de México y la costa Este de Estados Unidos, en el que se simularon golpes aéreos contra Cuba; la maniobra Purple Dragon, entre enero y febrero de 1998, con la participación de 33 mil efectivos, que consistió en desembarcos aerotransportados y anfibios en una isla de características similares a Cuba, y el ejercicio naval combinado efectuado en agosto de 1998 con la participación de efectivos norteamericanos y de varios países latinoamericanos, cuyo presupuesto estratégico era la invasión de una isla del Caribe dirigida por un «dictador marxista».
La propia documentación secreta norteamericana que ha sido desclasificada en ese país, permite confirmar sin duda alguna la invariable intención de los estrategas políticos y militares de Estados Unidos de propiciar la creación de condiciones favorables para una solución de su «problema cubano» mediante una intervención militar directa en Cuba de las fuerzas armadas de ese país.
La estrategia esencial ha sido frustrar esas intenciones de agresión militar directa mediante el mantenimiento de un potencial de respuesta armada eficaz con la participación de todo el pueblo y el desarrollo de una doctrina de lucha frente a una invasión militar que asegurará un costo tan elevado a los invasores que desaliente la agresión directa. De lo que se trata, contando con los limitados recursos económicos disponibles, es de preparar a todo el pueblo y poner en sus manos las armas que hagan desistir a cualquier invasor de sus intenciones de ocupar nuestro país.
En línea con esta estrategia, al inicio de la década de los años 80 se crearon las condiciones para aplicar los conceptos de la «guerra de todo el pueblo», lo que permitió reducir efectivos regulares de las fuerzas armadas, con el consecuente ahorro de recursos. No obstante, el esfuerzo que conlleva el entrenamiento cada año de millones de hombres y mujeres y el mantenimiento de la capacidad combativa del pueblo, así como la necesidad de construir costosos refugios y otras obras fortificadas para la protección de la población civil y de los combatientes, en lo que ha habido que hacer un énfasis especial por el vertiginoso desarrollo tecnológico alcanzado por Estados Unidos en la esfera militar, han requerido invertir considerables recursos materiales.
Las direcciones principales del sobredimensionamiento de los gastos militares y de seguridad y orden interior, como consecuencia de la sistemática política de agresión del Gobierno de Estados Unidos y sus agentes, están referidas, entre otras, a gastos de armamento, técnica militar, técnica especial y otros medios materiales, gastos de preparación, entrenamiento y movilización, haberes del personal permanente y el movilizado, alimentación, vestuario, servicios médicos y otros gastos materiales del personal, gastos de funcionamiento, inversiones en instalaciones militares y gastos de acondicionamiento del teatro de operaciones militares y en interés de la protección de la población.
Los daños y perjuicios materiales causados por las acciones terroristas y las agresiones militares y biológicas llevadas a cabo por Estados Unidos contra nuestro pueblo, a lo largo de cuatro décadas y en toda la extensión del territorio nacional y en el exterior, superan con creces los hechos que se relatan en la presente reclamación. A ello se añaden los cuantiosos recursos destinados a mantener la capacidad defensiva, de seguridad y orden interior que el país ha necesitado para defenderse de las sistemáticas agresiones y amenazas de intervención directa por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Los hechos que fundamentan esta demanda constituyen una prueba irrefutable del cinismo de esa política y su carácter genocida y terrorista contra un pueblo que no renunciará jamás a su independencia y autodeterminación.
La cuantificación de las afectaciones económicas ocasionadas por esa política agresiva, excluido el bloqueo y la guerra económica, arroja un estimado preliminar que excede de la suma de 54 mil millones de dólares estadounidenses.
Como está establecido en la doctrina y por la práctica jurídicas internacionales, un Estado es responsable de los daños y perjuicios ocasionados por su conducta y sus actos —tanto de carácter legislativo como administrativo y judicial—, los de sus agentes y funcionarios, e incluso los realizados por personas naturales cuando los órganos correspondientes del Estado en cuestión omitieren tomar medidas razonables y posibles de prevención o supresión. En consecuencia, dicho Estado asume la responsabilidad civil por esos actos y está en el deber de reparar los daños y perjuicios causados por ellos.
Esta demanda se basa, igualmente, en los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.El Artículo 1 de la Constitución de la República de Cuba, que contiene los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado, que garantizan el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana, los cuales se han visto afectados por los actos ilícitos que se describen en el cuerpo de esta demanda.
2.El Artículo 12 de la Constitución de la República de Cuba, quebrantado por las acciones ilegales realizadas por el demandado que han atacado los principios de independencia, soberanía de los pueblos y el derecho a la autodeterminación.
3.El Artículo 14 de la Constitución de la República de Cuba, que define que el sistema de economía está basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, por lo que todas las transgresiones realizadas por el demandado afectan al pueblo que representamos.
4.El Capítulo VII de la Constitución de la República de Cuba, relativo a los derechos, deberes y garantías fundamentales de los ciudadanos, en tanto se han visto afectados por la imposición del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos y las agresiones de diverso carácter cometidas contra Cuba.
5.El Artículo 6, inciso 1, de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, en cuanto a la competencia del Tribunal Provincial Popular para conocer de esta demanda por razón de la materia y la cuantía que se reclama.
6.El Artículo 8, en relación con el Artículo 10, inciso 1, de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral en cuanto a la competencia del Tribunal al que nos dirigimos por razón del lugar.
7.El Artículo 146 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, que establece la congruencia de la sentencia con las pretensiones del demandante.
8.Los Artículos 223 y siguientes de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, en cuanto a lo establecido para la sustanciación del Proceso Ordinario, los asuntos que en el mismo se tramitan, los requisitos de la demanda y de los documentos que se le acompañan.
9.El Artículo 229, en relación con los Artículos 230 y 170, todos de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, en cuanto a que se emplace al demandado a través de Comisión Rogatoria por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
10.El Artículo 16 del Código Civil, en cuanto a que la Ley aplicable es la Ley Nacional Cubana por haberse producido en el territorio nacional de la República de Cuba o en naves y aeronaves cubanas, sedes diplomáticas y otros inmuebles propiedad del Estado cubano, los hechos que dan lugar a la presente demanda.
11.Los Artículos 39, incisos 1 y 2.c, 40, 41 y 42 del Código Civil, en relación con el Artículo 64 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, y el Artículo 7 de la Constitución de la República de Cuba, que legitiman para promover este proceso a los relacionados en el encabezamiento de la demanda, en su condición de Presidente, Coordinador Nacional o Secretario General, según corresponda, a nombre de las personas jurídicas que representan, por ser quienes ejercen la máxima autoridad de estas organizaciones, las que a su vez representan los intereses específicos de sus miembros.
12.Los Artículos 81 y 82 del Código Civil, en cuanto se consideran actos ilícitos los hechos que causen daños o perjuicios a otros y la obligación de resarcir los mismos por quien los cause, así como el Artículo 83, incisos b y c, en tanto que el resarcimiento comprende la reparación del daño material y la indemnización del perjuicio, y el Artículo 111, inciso d, que establece la obligación de indemnizar los mismos como protección a los derechos civiles, todos ellos en relación con el Artículo 47, inciso c, del propio cuerpo legal, sobre las causas que generan la relación jurídica.
13.Los Artículos 85 y 86, incisos d, e y f, del Código Civil, que norman lo referente a que la reparación del daño material comprende el abono del valor del bien cuya restitución no es posible, o del menoscabo sufrido por éste, comprendiendo además como indemnización de los perjuicios otros ingresos o beneficios dejados de percibir, cualquier otro desembolso hecho por la víctima, sus familiares u otra persona, a causa del acto ilícito, y, en el caso de daños al medio ambiente, los gastos necesarios para su rehabilitación total, en relación con el Artículo 87, inciso c, del propio Código Civil.
14. El Artículo 95 de la prementada Ley Sustantiva, en cuanto a que las personas jurídicas están obligadas a reparar los daños y perjuicios causados a otros por actos ilícitos cometidos.
15.La Disposición Transitoria Primera del Código Civil, en cuanto a que las normas del Código Civil vigentes a las que hemos hecho mención, resultan de aplicación al contenido de esta reclamación en su totalidad, dado que las relaciones jurídicas obligatorias, constituidas al amparo de la legislación anterior, mantienen su validez n tanto sus efectos posteriores a la vigencia del actual Código Civil se rigen por las disposiciones de éste.
16.Que la representación que ostentamos los letrados firmantes se sustenta en lo preceptuado en el Artículo 414 del Código Civil.
PRETENSIÓN CONCRETA QUE SE DEDUCE:
Que se declare responsable civilmente al Gobierno de los Estados Unidos de América por los actos ilícitos realizados contra Cuba, y se condene a dicho Gobierno a reparar e indemnizar al pueblo cubano en la cuantía de 121 mil millones de dólares estadounidenses por los daños y perjuicios causados a dicho pueblo por esos actos.
POR TANTO
A LA SALA INTERESAN: Que, habiendo por presentado este escrito con sus copias y documentos que justifican la representación y el derecho que invocamos, se sirva tenernos por personados y por parte, a nombre de por quienes comparecemos, ordenando se entiendan con nosotros los sucesivos trámites y notificaciones del proceso.
Tener por establecida demanda en PROCESO ORDINARIO, sobre Responsabilidad Civil por Daños e Indemnización de Perjuicios derivados de Actos Ilícitos contra el Pueblo Cubano.
Conferir traslado al demandado para que se persone y conteste la demanda, emplazándolo a través de Comisión Rogatoria, y, en definitiva, previo los trámites de rigor, dictar sentencia declarando CON LUGAR la demanda y, en consecuencia, se declare responsable civilmente al Gobierno de los Estados Unidos de América por los actos ilícitos realizados contra Cuba y lo condene a reparar e indemnizar al pueblo cubano en la cuantía de 121 mil millones de dólares estadounidenses por los daños y perjuicios causados a dicho pueblo.
OTROSÍ: Interesamos del Tribunal que en virtud de lo establecido en el Artículo 170 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, se libre despacho al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba a fin de que cumplimente la diligencia de emplazamiento.
La Habana, 3 de enero del 2000.
