Los acontecimientos acaecidos en las residencias de ancianos de Madrid ponen de relieve, una vez más, que la crueldad del sistema capitalista no conoce límites. Este mes de junio, lo que empezó siendo una sospecha ha terminado por confirmarse, si no lo estaba ya, con la filtración de los “protocolos” enviados por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso a las 475 residencias de ancianos de Madrid.
A los pocos días de eclosionar el brote de coronavirus en el Estado español, la Comunidad de Madrid emitió al menos cuatro órdenes de derivación de personas mayores enfermos de COVID-19 de residencias a centros hospitalarios. El motivo: evitar el colapso de un mermado y precarizado sistema sanitario, en proceso de desmantelamiento y privatización, con hospitales sin la capacidad para aguantar un pico tan alto de pacientes en poco tiempo. Las instrucciones que finalmente llegaron a los geriátricos fueron las que desaconsejaban derivar a los ancianos a los hospitales en función de su dependencia:
La Comunidad de Madrid, que primero negó dicho “protocolo”, asegura ahora que es en realidad un “borrador” que se difundió “por error”. Sin embargo, las cifras son claras e indican que no fue solo un “borrador”: desde el 8 de marzo hasta el 9 de junio habían muerto en residencias 5.986 enfermos con COVID-19 o síntomas, según el conteo más reciente de la Consejería de Políticas Sociales. Un 88% de esas muertes se produjo hasta el 17 de abril, durante el periodo en que los hospitales negaron ingresos de residencias. Fue por esas fechas, a mediados de mes, cuando la presión en los hospitales disminuyó y los mayores de residencias volvieron a ser admitidos de modo generalizado. Entre el 25 y el 30 de marzo, fallecieron 1.364 residentes en Madrid y solo el 13% fue trasladado previamente a un hospital.
Díaz Ayuso ha defendido que en las decisiones de trasladar o no a personas mayores con síntomas desde las residencias a hospitales “no ha habido dejación de funciones ni negligencia”, sino “una situación de pragmatismo, de decidir caso a caso qué es mejor para cada persona”. Según la presidenta, han sido “en todo momento” los “criterios, siempre geriátricos y sanitarios”, los que “decidían o no si se quedaban en la residencia o iban a un hospital donde no podían ser atendidos por la tensión”. “No deberíamos hacer de la anécdota una categoría”, ha expresado sin pudor alguno.
Los ancianos son la población de mayor riesgo frente al coronavirus y las residencias son uno de los principales focos de contagio y de mortalidad de España. Madrid es una de las comunidades que se sitúa a la cabeza en estas cifras y que precisamente acusa de mayor falta de recursos y equipamiento en estos centros. Por ejemplo, las familias de ancianos residentes en la Residencia de Mayores de Alcorcón, según recoge el medio Elplural.com, han denunciado a la Fiscalía que en este centro, de titularidad pública y dependiente de la Comunidad de Madrid, no solo han fallado los protocolos para evitar los contagios, sino que directamente “han dejado morir a los ancianos”, a quienes, “una vez enfermos” y sin previo aviso a los familiares, “les trasladaban al hospital para que su fallecimiento no sumase como muertes en residencias”.
Además, según ha señalado dicha plataforma, ya habían avisado al Ejecutivo de la atención inadecuada y la falta de personal en el centro mucho antes del 8 de marzo –hay quejas que se remontan cinco años atrás–. Y es que la mala gestión de las residencias viene de lejos: de 2014 a 2019, más de un centenar de residencias de ancianos en la región fueron sancionadas por incumplir la ley. Así, se evidenció que en los 130 centros sociales sancionados –96 residencias y centros de día, 22 centros de personas con discapacidad y 12 residencias clandestinas– faltaba higiene, había escasez de personal y se descuidaba la asistencia a los mayores. Finalmente, en septiembre de 2019, el Consejo de Transparencia de la Comunidad reveló que las residencias de ancianos sancionadas en la región eran algo más de una quinta parte de los centros existentes.
A este respecto, cabe recordar que ya el 16 de septiembre de 2016, los propios trabajadores de residencias de ancianos se presentaron en la Asamblea de Madrid para denunciar la falta de higiene, descuido en la asistencia, escasez de personal o hacinamiento en los centros. Pero, lejos de escucharles, el entonces consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, se sirvió de la frase “Ladran, luego cabalgamos” para despreciar su denuncia.
Pero el problema no termina aquí. En los días en que los mayores de residencias eran rechazados por los hospitales públicos, los ancianos enfermos con seguro privado gozaron de un salvoconducto para ser atendidos en una cama de hospital. El triaje de admisión que impuso la Comunidad solo afectó a la red de hospitales públicos, dando una vía de escape a quienes tenían capacidad para pagar por la sanidad privada. Debido a esta cobertura, los mayores con COVID-19 que poseyeran seguro privado pudieron sortear la exclusión del Gobierno regional durante el peor pico de la pandemia y fueron trasladados de las residencias a los hospitales. Dicho de otro modo, se reconoció a los asegurados privados un derecho a la atención médica que se negó al resto que se dejó morir.
Los protocolos de derivación emitidos a las residencias de ancianos de Madrid, así como el salvoconducto para los poseedores de seguro privado, constituyen un auténtico crimen perpetrado por el Gobierno de la Comunidad, que no es más que el brazo ejecutor de la burguesía del Estado español a nivel regional. El “pragmatismo” al que se refiere la presidenta Díaz Ayuso refleja una necesidad del sistema capitalista cuando se encuentra frente a una crisis de semejantes dimensiones, cuando se ve en la incapacidad –por sus propias contradicciones inherentes– de gestionar una contingencia de tal calibre. La pandemia ha puesto en la picota al Estado burgués y sus carencias por movilizar recursos de manera planificada. En esta tesitura, el Estado español se ha visto incompetente para garantizar la protección de su población y, en la Comunidad de Madrid –el epicentro de la epidemia en España– ha tenido que seleccionar quien tiene derecho a vivir y quien no.
Los protocolos de la vergüenza que se emitieron a las residencias son un ejemplo paradigmático –otro más de la larga lista– de que en el capitalismo no todas las vidas valen lo mismo, por mucha charlatanería hipócrita y falsa apelación que haga la burguesía a la “libertad”, a la “democracia” y a los “Derechos Humanos”. Llegado el momento de la crisis sanitaria, los intereses de clase han prevalecido por encima de todo –como siempre ha sido–. Cuando el proceso de privatización de los servicios públicos, efectuado según los dictados de los monopolios y del capital financiero, obliga a hacer descartes inmediatos sobre la población, los criterios capitales para dejar o no vivir se reducen, en último término y por orden, en los dos puntos siguientes:
- La clase social del individuo.
- Su nivel de productividad.
Así pues, por una parte, se salvan antes que nadie las vidas de los burgueses, de la clase de los capitalistas, parásitos que no producen y que viven de explotar a la mayoría de la población. La burguesía, mediante su Estado burgués, desmantela el sistema público de salud y fortalece la sanidad privada; pone la salud al servicio del capital y recorta los recursos y medios que han hecho falta en los hospitales públicos con la pandemia, sabedores ellos, los capitalistas, que no tendrán ningún problema como clase cuando necesiten asistencia hospitalaria, pues disfrutan todos de seguros privados. Los capitalistas no producen nada, solo extraen plusvalía, son una lacra social, pero a ellos no aplican los “protocolos”.
Y luego, descartada la burguesía de la entrada al matadero, se efectúa el infame triaje entre las amplias masas trabajadoras que constituyen la inmensa mayoría de la sociedad. De entre ellas, las primeras en pasar por el filtro selectivo del Estado burgués; las que sufren en primerísima instancia la pérdida inmediata del derecho a la atención sanitaria, son las vidas que la burguesía no concede absolutamente ningún valor por no ser productivas, pero que tienen igualmente necesidades vitales y consumen recursos y medios materiales de existencia: las personas mayores y las personas dependientes con discapacidad –siempre que pertenezcan a las clases populares–. Estos sectores más vulnerables de la población han sido dejados a merced de la COVID-19 por consumir recursos y no aportar riqueza a la maquinaria de producción capitalista; bien porque no tienen facultades físicas y/o mentales para poder trabajar, bien porque han adquirido el derecho a una jubilación por el trabajo que han desempeñado a lo largo de sus vidas. Ni qué decir tiene que los capitalistas tampoco producen e igualmente consumen, pero que, en cambio, no pasan estos “protocolos” –pues son diseñados por y para ellos, naturalmente, para salvarse a sí mismos–. La burguesía no trabaja, pero lo hace por decisión propia, por parasitismo.
Así, en el capitalismo, en el sistema donde la tasa de ganancia capitalista prevalece por encima del bienestar de la sociedad, donde solo hay democracia para la burguesía y dictadura para el proletariado, donde a las masas laboriosas se les arrebatan derechos mientras los capitalistas gozan de plenitud de libertades, el derecho a la vida, el más elevado de todos los derechos, se le ha sido negado a la población más vulnerable. En Madrid, si el enfermo no producía por ser dependiente, se le negaba la asistencia y se le dejaba morir, a no ser que posea un seguro privado. En ello se resume la hoja de ruta difundida a las residencias por la Comunidad de Madrid. De esta manera, retrocedemos cien años atrás, cuando la sociología burguesa reaccionaria defendía el darwinismo social y, de manera pseudocientífica, trasplantaba al terreno de las relaciones sociales las leyes darwinistas sobre la lucha por la existencia en el mundo animal para justificar la ley de la selva, la muerte y la miseria de los “individuos débiles” y la supervivencia de los “individuos fuertes y bien adaptados”.
El crimen de las residencias de ancianos, perpetrado por el Gobierno madrileño del Partido Popular, saldrá impune y sus responsables no pisarán la cárcel en el Estado español. Pero no nos confundamos. La alternativa no es sustituir a Díaz Ayuso por otro presidente –si acaso la tímida dimisión de algún miembro del Ejecutivo como la de Carlos Reus, el jefe de gabinete de la Consejería de Políticas Sociales–. No se trata de dejar de votar al PP para ponerse a apoyar a los partidos oportunistas del mal llamado “Gobierno progresista” (PSOE y Unidas Podemos). Tan siervos del capital son unos como otros. La gestión de la crisis ha sido nefasta tanto a nivel regional como estatal, y sus contradicciones no derivan de un problema de Gobierno, sino de un problema de Estado (burgués) y de su sistema (capitalista). Pensar que cambiar de Gobierno a uno “de izquierdas” traerá bienestar a la clase obrera no hará más que desviar a la clase obrera de su meta histórica de acabar con el capitalismo y de fundar el socialismo; no hará más que ralentizar el avance revolucionario del proletariado para sostener un sistema moribundo y decadente. No nos olvidemos que los partidos oportunistas del Gobierno central, pata izquierda del Estado fascista español y del capitalismo, defienden igualmente los intereses de la burguesía y han aprobado medidas para que los trabajadores paguen los costes de la crisis en vez de las empresas: trabajo obligatorio incluso para obreros no esenciales (apenas se limitó diez días a los sectores esenciales), ERTE, etc.
El capitalismo es el sistema más inhumano que ha conocido la historia y merece ser desechado al estercolero de la historia. No existe ni existirá jamás una sanidad verdaderamente pública y universal en el sistema socioeconómico de la burguesía, el capitalismo, y bajo el Estado burgués que lo perpetúa. La Comunidad de Madrid, al igual que todos los demás Gobiernos regionales, provinciales y municipales, son apéndices de un Estado burgués, que sirve a los privilegios de nuestra clase antagónica, la burguesía. Sus intereses entran en directa contradicción con los nuestros, la clase obrera, pues los intereses de una clase solo pueden satisfacerse en detrimento de la otra. Los problemas relacionados con las residencias de ancianos y la sanidad pública los seguiremos sufriendo hasta que no acabemos con el capitalismo y se ponga fin al Estado burgués, para que las instituciones sirvan por fin a la clase trabajadora.
No es posible una sanidad pública de calidad y universal en el capitalismo. La sanidad pública con un Estado burgués es una quimera para la clase obrera. Es una ilusión en el sistema de dominación de la burguesía. Aunque se diga “pública”, no sirve al interés público, sino al privado. Creer que es posible una sanidad pública de garantías para las clases oprimidas es creer que la clase que nos explota estaría dispuesta a renunciar de manera voluntaria a sus privilegios de clase para aceptar implementar un sistema sanitario único y de calidad para todos, sin distinción ni apellidos.
Una sanidad verdaderamente universal solo es posible con el socialismo. Desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), llamamos al proletariado a romper el aislamiento, fortalecer la organización sindical bajo los principios del sindicalismo de clase de la Federación Sindical Mundial (FSM) y a organizarse junto a las demás capas populares oprimidas por la burguesía –campesinos, estudiantes, desempleados, pensionistas, jornaleros, etc.– en torno a un Frente Único del Pueblo (FUP). Solo así, uniendo las luchas de los distintos centros de trabajo y de todas las masas explotadas, en una única lucha de clases contra el capitalismo y contra la burguesía, podremos combatir juntos al enemigo de clase y su sistema capitalista y tomar de una vez por todas las riendas de nuestro destino.
La realidad nos demuestra de manera cada vez más patente que la solución a los acuciantes problemas de la clase obrera vendrá únicamente con la construcción del único sistema que, a través de una economía verdaderamente planificada por el Estado de los trabajadores, prima la salud por encima de la economía, garantiza el acceso a la sanidad a todas las personas sin distinción, asegura todas las necesidades básicas de la población y prohíbe convertir la salud de las personas en objeto de especulación: el socialismo. Debemos acabar con el capitalismo y con el Estado burgués para erigir nuestro sistema propio y defenderlo con la construcción de un Estado proletario. La clase trabajadora y nuestros hijos solo podremos poner fin a la injusticia si conquistamos el poder de manera revolucionaria para derribar el capitalismo y la dictadura del capital y establecer el socialismo y la dictadura del proletariado. Únicamente así, la humanidad podrá avanzar junta hacia la sociedad sin clases, de individuos con un interés común, basada en la justicia y en la igualdad, libre de explotación y encaminada hacia la paz mundial: el comunismo.
¡Viva la lucha de la clase obrera!
¡Por la unidad del proletariado contra el capitalismo!
¡Socialismo o Barbarie!
Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Madrid
