La UE y EE.UU. imponen sanciones contra Rusia por el caso de Alexéi Navalny

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Las medidas europeas afectan a cuatro altos cargos rusos, mientras que las restricciones adoptadas por EE.UU. incluyen a siete individuos y 14 entidades.

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La Unión Europea ha introducido nuevas sanciones personales contra ciudadanos rusos debido a la situación en torno al opositor Alexéi Navalny. Las medidas se imponen contra altos cargos relacionados con el encarcelamiento del activista.

Entre los sancionados se encuentran e fiscal general Ígor Krasnov, el jefe del Comité de Investigación Alexánder Bastrykin, el jefe del Servicio Penitenciario Federal Alexánder Kaláshnikov y el jefe de la Guardia Nacional Víktor Zólotov.

Las sanciones se adoptan en el marco de un reglamento de la UE relativo a medidas restrictivas contra “violaciones y abusos graves de los derechos humanos“, según el Diario Oficial de la Unión Europea, que publicó la normativa.

El documento recuerda que el 18 de enero de 2021, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad publicó una declaración en nombre de la UE condenando la detención de Navalny a su regreso a Moscú de Alemania y reclamando “su liberación inmediata”.

Sanciones de EE.UU.

Poco después, EE.UU. anunció que introdujo sanciones individuales, así como restricciones comerciales y de visado contra Rusia en relación con el caso Navalny. Las sanciones estadounidenses se imponen en respuesta al envenenamiento y encarcelamiento del opositor e incluyen a siete altos cargos rusos, así como a varias entidades supuestamente involucradas en la producción de agentes biológicos, según altos representantes de la Administración Biden.

Las sanciones, que se están coordinando con socios de la UE, se producen después de que la Inteligencia estadounidense concluyera con “alta confianza” que los agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) utilizaron el agente nervioso Novichok para envenenar a Navalny en agosto pasado, según representantes de la Administración de Biden.

Las medidas de este martes serían el primero de varios pasos de la Administración Biden para responder a una serie de supuestas “acciones desestabilizadoras” de Moscú, explicó una de las fuentes estadounidenses.

“Un pretexto para la difamación”

Konstantín Kosachov, presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación de Rusia, ha calificado la decisión de la UE y de EE.UU. de “manipulación clásica”, asegurando que Occidente usa la situación de Navalny como “un pretexto para la difamación de las autoridades rusas”.
Se trata de una actitud “inaceptable” en las relaciones internacionales, que, sin duda, recibirá una respuesta de la parte rusa”, afirmó el senador.

En la misma línea, el jefe del Comité de Relaciones Internaciones de la Duma Estatal de Rusia, Leonid Slutski, tachó la decisión de Bruselas de imponer las sanciones de “absolutamente ilegal, además de inútil”, y advirtió que va a asestar “otro golpe a la cooperación” de Rusia con la Unión Europea. Slutski hizo hincapié en que Moscú, “sin duda, responderá adecuadamente a todos los ataques de sanciones”.

  • El 2 de febrero, un tribunal de Moscú sustituyó la prisión condicional de Navalny por una condena efectiva de 3,5 años de cárcel por el caso de fraude Yves Rocher luego de que el opositor no se presentara varias veces a una inspección penitenciaria. El tribunal tomó en consideración los 10 meses que el opositor pasó bajo arresto domiciliario, por lo que la pena de cárcel se redujo a dos años y 8 meses de cárcel. El 20 de febrero, la condena fue reducida en 1,5 meses tras revisar la apelación de Navalny. De este manera, el opositor tendrá que cumplir un poco más de 2,5 años en una prisión de régimen general.
  • En febrero, el Ministerio de Exteriores de Rusia consideró “categóricamente inaceptables” las “demandas ilegales y absurdas” de los países occidentales de liberar a Navalny y recordó que el opositor fue condenado “por delitos económicos por un tribunal ruso en el territorio de Rusia de conformidad con la legislación” del país. “En la práctica internacional esto se llama interferencia en los asuntos internos de un Estado soberano“, subrayó la Cancillería.

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