Un tribunal de Bruselas ha decretado que el Gobierno belga debe levantar todas las restricciones impuestas para frenar la pandemia de coronavirus en un plazo de 30 días.
Si el Estado no cumple el plazo fijado por el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, deberá pagar una multa de 5.000 euros diarios, según lo ha confirmado al periódico Soir Audrey Lackner, abogada de la Liga de Derechos Humanos (Ligue des Droits Humains) que había interpuesto esta acción.
La Liga por los Derechos Humanos considera antidemocrática la forma en que el Gobierno federal impone restricciones a las libertades. Según Lackner, el tribunal decidió que la base legal en la que se basan las órdenes ministeriales no es válida.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos habían presentado hace unas semanas una solicitud ante el tribunal para obligar al Estado a suspender los efectos del decreto ministerial del 28 de octubre de 2020 y sus sucesivas modificaciones.
Las abogadas de las dos asociaciones, Audrey Lackner y Audrey Despontin, habían sostenido que estos decretos «se basan en bases legales inadecuadas y son sistemáticamente excluidos de la consulta de la sección de legislación del Consejo de Estado bajo pretexto de emergencia». Sin embargo, tras un año de crisis sanitaria, la emergencia ya no es excusa para evitar un debate parlamentario sobre las medidas a tomar, argumentaron.
