A Francia le esperan momentos muy difíciles porque una parte de su población, legal e ilegal, con o sin papeles, es musulmana y se manifiesta en contra del Estado de Israel y, en consaecuencia, de la política del gobierno al respecto.
La nueva ley contra los indocumentados es una amenaza latente en su contra. Los inmigrantes, sean legales o ilegales, con o sin papeles, se han convertido en una amenaza contra la seguridad interna.
El Senado francés ha reformado el proyecto de ley contra la inmigración ilegal. Inicialmente, la propuesta del ministro del Interior, Gerald Darmanin, no encontró apoyos, y ahora han endurecido el texto.
El gobierno autoriza exenciones para los trabajadores indocumentados que no tienen derecho a estar en Francia, pero que trabajan en sectores con escasez de mano de obra. Los senadores de la reacción creen que estos casos no deben convertirse en la regla, de lo contrario los inmigrantes ilegales encontrarán un vacío legal para residir en un país extranjero.
La reacción ha restringido aún más las posibilidades de los extranjeros de llevar a los miembros de su familia a Francia, eliminando la “ciudadanía por nacimiento” y las prestaciones sociales. Ha introducido cuotas para el número de llegadas. Ya no proporcionará servicios que no sea la atención médica de emergencia.
El ejemplo es Polonia, donde no hay manifestaciones a favor de Palestina y donde periodistas, como Pablo González, pueden permanecer en la cárcel indefinidamente, sin juicio, sin defensa y sin pruebas de ningún tipo.
