De las víctimas 10 fueron capturadas en países vecinos como parte de la coordinación entre los aparatos represivos de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, creada en el siglo pasado con la colaboración y financiamiento de Estados Unidos.
De acuerdo con Nelson Caucoto, abogado de varias de las familias afectadas por estos crímenes, este fue un fallo largamente esperado que satisface a quienes tuvieron una paciencia infinita y confianza en la justicia.
En su gran mayoría, señaló, las víctimas fueron alcanzadas por el largo brazo criminal de la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet, que se extendió más allá de las fronteras y desapareció o ejecutó a ciudadanos chilenos.
Los represores fueron condenados por los secuestros calificados de Jorge Fuentes, Julio Valladares, Juan Hernández, Manuel Tamayo, Luis Muñoz, Alexei Jaccard y Héctor Velásquez; así como por los homicidios de Ricardo Ramírez, Jacobo Stoulman, Matilde Pessa, Hernán Soto y Ruiter Correa.
Las sentencias más fuertes dictadas por el máximo tribunal cayeron sobre los agentes Miguel Krassnnoff, Gerardo Godoy, Gladys Calderón, Cristoph Willike, Raúl Iturriaga y Pedro Espinoza, quienes cumplirán entre 15 y 35 años de prisión.
El país se constituye así en vanguardia continental en la lucha contra la impunidad, que por más de 30 años cubrió los crímenes de la dictadura, dijo Caucoto a Radio Universidad de Chile.
Agregó el jurista que son sentencias afincadas en el derecho internacional, sólidas y progresistas pues recogen la creciente evolución de estas normas.
Además, figuran entre las más rigurosas dictadas en este país contra crímenes tan graves.
