El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, la coalición más importante del movimiento de resistencia contra la dictadura prácticamente indisimulada del país, la Alianza Nacional para un El Salvador en Paz, una agrupación principalmente de veteranos de la Fuerza Armada y ex-combatientes de la guerrilla, y la CUS, constituida por varios sindicatos del sector público, hicieron una convocatoria común para la marcha del 1 de mayo. Teniendo en cuenta las manifestaciones anteriores, con una participación decreciente y, sobre todo, el temor casi omnipresente a desaparecer en la cárcel durante años en nombre del régimen de excepción en vigor por ya más de 2 años, era de esperarse una participación bastante escasa. Más aún después de que el régimen de Bukele lograra una amplia victoria electoral en febrero/marzo. La magnitud de la victoria no se explica sin el fraude electoral, como no se había visto en década. Incidió también que en las elecciones presidenciales y parlamentarias de febrero, mucha gente entendió que había fraude. Para las elecciones municipales de marzo había un imprevisto bajón en la participación electoral de un 30 %., posiblemente también de sectores Nayib Bukele, pero desencantados por las elecciones “arregladas”. La popularidad del tipo en Casa Presidencial ya no luce tan convincente. Pero aún así, Bukele parecía inatacable y la resignación era una consecuencia posible.
Pero no, las cosas resultaron diferentes. Con entre 20.000 y 30.000 participantes, fue la segunda mayor manifestación contra el régimen desde que comenzaron estas protestas en 2021/22. Es mucha gente en el país del miedo. Incluso antes del 1 de mayo, compas des Bloque informaron de nuevas tendencias. Así, sindicatos con tradición bastante derechista se acercaron al Bloque para coordinar su participación. Lo que se interpreta como consecuencia de los continuos ataques sociales del régimen, que segmentos de las clases populares antes leales a Bukele ya no pueden “olvidar”. Un ejemplo de ello es la expulsión en curso de las y los vendedores «informales» de los centros urbanos y de zonas turísticas, eliminando así la competencia a las grandes empresas comerciales. Al servicio de éstas las autoridades hasta bulldozearon pequeños comercios formales en el centro capitalino. Mucha gente desalojada pierde la base de sus ingresos familiares. La policía encargada del desalojo les ha amenazado con el «régimen», es decir, años en las cárceles de tortura, si se resisten. Y sin embargo, últimamente circulan por X o Tiktok vídeos de individuos o grupos de comerciantes que no se defienden físicamente, pero sí gritan su desesperación y su rabia. Otro ejemplo: Recién, el ministro de hacienda fue obligado, después de denuncias por parte de perjudicados, a admitir que el gobierno debe $ 1.000 millones a sus proveedores, en su mayoría pequeñas y micro empresas que p. ej. producían uniformes escolares para lo cual tenían que sacar un crédito que ahora no pueden pagar.
Algo se mueve lentamente.
Esa situación se ha reflejado en la movilización del 1 de mayo. En tamaño, fue la segunda mayor movilización contra Bukele; mientras que hace dos años acudían a protestar segmentos derechistas pero contrarios a la dictadura, ahora éstos se mantienen al margen. Esto refuerza el carácter de izquierda de la oposición a la dictadura, lo que es importante para resistir la ofensiva represiva.
Justicia kafkiana
El régimen de «excepción» sigue siendo un instrumento de intimidación masiva de las clases “bajas”, pero también se utiliza contra opositores sociales y políticos, además de juicios aberrantes contra personas connotadas de la oposición a las que se condena por corrupción de decenas o cientos de miles de dólares sin que el poder judicial se incomode siquiera en tomar nota de las pruebas de descargo de la defensa. Conceptos como Estado de derecho simplemente son irreales. Las personas permanecen a menudo en prisión a pesar de haber cumplido el período máximo de 2 años sin avance o siquiera inicio de algo parecido a investigación, hasta hay casos de tribunales que han ordenado la puesta en libertad de personas presas bajo el régimen de emergencia, también repetidamente, con la administración penitenciaria simplemente ignorando estas sentencias. Las autoridades confían en que la mayoría de los medios de comunicación y el incesante bombardeo del bukelismo en las redes sociales impidan que la mayoría de la población se entere siquiera de ello o que infunda miedo en las clases populares.
Sin embargo, también se aplica a figuras conocidas de la oposición política. Por ejemplo a Mauricio Ramírez, primero jefe de policía y luego ministro de Justicia bajo el gobierno del FMLN. A Ramírez y Ramón Roque, antiguo cuadro de la administración penitenciaria, los acusan de corrupción. Habían transformado las tiendas carcelarias en una cooperativa gestionada por los presos, con utilización social de la ganancia sirviendo a proyectos sociales en las cárceles. Desde su golpe jurídico en mayo de 2021 Bukele tiene control total de la Corte Suprema y la Fiscalía General. Y Ramírez y Roque fueron encarcelados. Tras dos años en prisión sin la más mínima prueba de corrupción, una jueza les concedió arresto domiciliario a los dos presos. Luego elle fue trasladada disciplinariamente, y el fiscal general arregló una nueva detención. La salud de Ramírez, que ya padecía de diabetes, se viene deteriorando masivamente bajo las condiciones carcelarias. El pasado mes de diciembre, otro tribunal ordenó la puesta en libertad de los dos, sin que la administración carcelaria no se incomodara ni a responder, mucho menos cumplir la sentencia. Desde hace meses, el aparato de Bukele impide que Ramírez tenga contacto alguno, ni siquiera con su familia. Antecedentes: Como alto cargo de la policía, Ramírez estaba informado de las relaciones de Bukele con las maras y quería pronunciarse al respecto. Hay otros casos similares de opositores encarcelados en contra de la ley. Acompañan así a las decenas de miles de pobres que Bukele necesita destruir para construir su “orden”.
«Préstamo absurdo» y un “no go”
La pobreza va en aumento. La destrucción de la agricultura campesina sistemáticamente implementada por el gobierno fortalece los efectos del cambio climático y resulta en mayor escasez de alimentos básicos siempre más caros. Pero se fortalecen las empresas importadoras controladas por el bukelismo. Epidemias como el dengue, el zika y el chikungunya, que se redujeron significativamente o incluso se eliminaron bajo los gobiernos del FMLN, están ahora aumentando masivamente sin que el gobierno piense en financiar medidas serias de prevención. Las reservas de divisas caen en picado (El Salvador es el rezagado regional, muy por detrás de Nicaragua, que está siendo acosada) y los niveles de deuda alcanzan proporciones grotescas.
El Financial Times hablaba recientemente del «absurdo endeudamiento» de El Salvador en los mercados financieros. Por un crédito de $1’000 millones que vencerá en seis años, de los que sólo 900 millones llegaron a las arcas del Estado, el país estará pagando intereses de entre $650 y casi $800 millones de aquí a 2030 gracias a uno tipo de interés caro que puede subir aún más (actualmente del 12.5 %!) y $1’000 millones de amortización en los últimos tres años. El Diario de Hoy cita el Financial Times: «Básicamente, El Salvador está intercambiando deuda cara por deuda exorbitantemente cara, en lugar de aceptar el dinero barato pero sujeto a condiciones del FMI, y esperar una intervención divina antes de octubre de 2025”. Por años, el régimen de Bukele ha estado negociando con el Fondo un préstamo de $1’400 millones, pero el Fondo pone dos condiciones: un drástico ataque social (¿cómo no?, dice Bukele), y el abandono del Bitcoin como segunda moneda nacional, es decir, pièce de résistance de la innovación mafiosa central del clan Bukele. Hasta ahora para éste un no-go.
Robo de pensiones
El economista izquierdista César Villalona escribe al respecto del endeudamiento:
“En marzo de este año, el Gobierno tomó $121.7 millones de los fondos de pensiones que administran las AFP. Sumados a los que había agarrado en enero y febrero, ya van $421.4 millones. Si mantiene el ritmo que lleva, agarrará $1,700 millones en el año. La deuda con esos fondos, acumulada durante 13 años, era de $5,071 millones en mayo de 2019. En marzo de este año era de $9,916 millones, o sea, que en 4 años y 10 meses del Gobierno de Bukele aumentó en $4,845 millones (95%). Una barbaridad. Cuando finalice el 2024, la deuda podría superar los $11,000 millones. El peligro es grande para quienes cotizan y para la gente pensionada. Estamos ante un Gobierno irresponsable y temerario. (Fuentes de los datos: https://estadisticas.bcr.gob.sv/serie/deuda-publica-total
https://estadisticas.bcr.gob.sv/serie/informacion-relacionada-al-sistema-de-pensiones)
A finales de los años 90, el Gobierno de derecha introdujo a la fuerza los fondos de pensiones privados (AFP) para la mayoría más joven de los asalariados. El resultado: el fondo de pensiones del Estado, basado en un sistema de reparto, tenía cada año menos ingresos, pero gastos en aumento porque una parte de los cotizantes del año pasado ahora se pensionaron. Bajo otro gobierno de derecha, el Estado empezó a pedir dinero prestado a las AFP para poder pagar las pensiones a los que quedaban en el sistema estatal. Para cuando Bukele llegó al poder en 2019, esta deuda ascendía a los citados 5’000 millones de dólares. En diciembre de 2022, la mayoría parlamentaria ejecutó la orden de Bukele avalando la transferencia de la deuda del gobierno central con las y los cotizantes de las AFP al recién creado Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). Así que esa deuda ya no aparezca en el presupuesto del gobierno, sino quede a cargo del ISP, estatal sí, pero – detalle – sin garantía de reembolso. El ISP inmediatamente puso bajo reserva la información sobre la deuda. Sin embargo, a principios de enero pasado, la agencia de calificación S&P Global Ratings publicó las cifras al respecto, lo que hizo obsoleto el secreto total. Otro deal AFP/gobierno eximía el gobierno del pago de la deuda acumulada y nueva (a interés del 7% esta última) para los años 2023 a 2027. Como «compensación», las dos AFP podrán quedarse con un 11% más de los pagos que antes. En 2027, el Gobierno deberá saldar sus deudas con las AFP, pero ¿con qué dinero? Sólo el acuerdo de 4 años costará probablemente más de 4’000 millones de dólares. Es probable que el acuerdo se prorrogará. Win/win: el Gobierno recibe dinero y las AFP embolsaron el año pasado ya un fuerte aumento de sus ganancias. ¿Quién pierde? Quienes dependen de la renta que un día ya no llega o si llega solo una parte.
De nuevo César Villalona sobre la situación general de la deuda:
«Cuando Nayib Bukele asumió el poder en junio de 2019, la deuda acumulada de los seis gobiernos anteriores ascendía a $ 19,286 bn. Al final de 2019, se situó en $ 19,808 bn. Como el gobierno que asumió a mediados de año había heredado préstamos del gobierno anterior, podemos suponer que esta cantidad es imprecisa. Ahora, en marzo de 2024, 4 años y 10 meses después, la deuda creció en 10.365 bn$ (52%) hasta los 30.173 bn$, incluyendo la deuda del gobierno con los fondos de pensiones. Pero lo más alarmante es que, a medida que crecía la deuda, también lo hacía la pobreza, pasando del 22,8% de los hogares en 2019 al 28,3% el año pasado. (Véanse las encuestas nacionales de hogares de estos años).»
«Entonces, ¿cuál era el objetivo de la deuda excesiva?».
Lo mismo en el sector bancario
El año pasado, el Gobierno, que lleva años financiándose con préstamos a un año de los bancos, impulsó la conversión de estos préstamos en préstamos a varios años con los correspondientes vencimientos aplazados, ya que no podía seguir pagándolos. El pasado mes de marzo, el gobierno eximió de la obligación de pago a las cuentas bancarias y a las transacciones financieras internacionales, con el fin de atraer dinero adicional a los bancos para poder endeudarse más allí (con escaso éxito, parece) y evitar un colapso bancario por falta de liquidez. Pero al mismo tiempo, el gobierno les reduce a los bancos el encaje en el Banco Central de la República para que le pueden prestar más…
“Miss Universo”, UES y constitución à la carte
Aumenta la crisis socio-económica, se producen cierres de empresas; ofensivas expropiatorias contra las cooperativas de la tierra en favor de nuevos latifundios y de megaproyectos del régimen; militarización galopante de la sociedad contra las clases bajas y ofensivas privatizadoras en el sector educativo. Por ejemplo, la gran y única universidad pública de El Salvador (UES) está al borde del colapso debido tanto a que el gobierno no le entregue lo que constitucionalmente debe, y también al impedimiento de la enseñanza presencial mediante el uso de sus aulas para eventos gubernamentales – incluyendo, por ejemplo, un concurso de Miss Universo. Gracias a subvenciones, a la UES y solo a ella acuden estudiantes de clases pobres. Pero el clan Bukele prefiere, como Milei en Argentina, las universidades privadas caras, inaccesibles a la pobrería.
Una reforma constitucional aprobada a instancias de Bukele en la última sesión del parlamento saliente en abril y avalada por la asamblea entrante en su primera sesión inicio de mayo encaja perfectamente en este escenario. A partir de ahora, una reforma constitucional (dictaminada por Casa Presidencial) la puede legalizar la misma asamblea con dos votaciones. Eso aplica también a los llamados artículos férreos como la forma republicana de gobierno, que antes no eran competencia del parlamento sino de una asamblea constituyente que debía elegirse. A partir de ahora, Bukele no sólo puede imponer de facto, sino también «legalmente» cualquier disidencia en el aparato del Estado, por mínima que sea -por ejemplo, en el tribunal electoral- o el robo de fondos presupuestarios. La Constitución surgida de los acuerdos de paz de 1992 ya murió.
Google chupa
La ofensiva tecno-fascista del clan Bukele incluye también un mega-acuerdo con Google. En agosto de 2023, la multinacional anunció un contrato con el gobierno salvadoreño para los tres ejes de gobierno electrónico, sanidad y educación. Gobierno Electrónico: Dice Google: «La entrega de [tecnología de Google] por parte de Google Cloud en El Salvador lo convierte en el primer gobierno latinoamericano en beneficiarse de esta potente tecnología en la nube.” Salud: «Con el fin de apoyar los esfuerzos del país para ofrecer una asistencia sanitaria de primera clase a los residentes, El Salvador ha optado por incorporar las tecnologías de IA de Google Cloud para ayudar a los médicos a acceder a información en tiempo real para mejorar la experiencia y la salud de las personas -incluidas comunidades enteras- en todo el país.» Suena algo raro en un país en el que Bukele se ha gastado el dinero adquirido por el anterior gobierno del FMLN en la construcción del hospital más grande del país sin que haya construido un solo centímetro cuadrado; en el que los puestos de salud descentralizados creados por los gobiernos del FMLN fueron brutalmente reducidos y achicados, etcétera. Pero la alegría reina: IA para los acomodados. Educación: Una plataforma de datos llama a proporcionar «información eficaz y consistente» a padres, administradores, profesoras, alumnos. Ya en 2021 se adoptó en el país “Google Workspace como su principal plataforma de colaboración para 83 organismos gubernamentales y más de 1,5 millones de estudiantes y profesores. Como resultado, Google for Education es ahora la principal plataforma de aprendizaje para todo el sistema educativo nacional.”
La empresa cita al tecnofanático de Casa Presidencial así: «Creemos que la tecnología y la inversión extranjera son claves para el desarrollo. Nos estamos convirtiendo rápidamente en un centro (hub) de innovación (…) La experiencia global de Google combinada con la audacia de El Salvador está llamada a redefinir el panorama tecnológico». Audacia que seguramente provoca entusiasmo en los niños y niñas que por hambre no pueden aprender por la falta o abolición de las comidas escolares, o el magisterio que protesta en voz cada vez más alta contra las malísimas condiciones laborales y escolares.
El mes pasado, la propaganda de Bukele se centró en vender una fase actual del acuerdo con Google como una encrucijada entre «el ayer aburrido y el mañana brillante». Un comunicado de Google explica el porqué. Ya todo el alumnado de educación pública tiene sus “cuentas educativas de Google Workspace for Education” con mejoras como la inteligencia artificial incorporada “para la personalización del aprendizaje”, y ahora se abre el nuevo mundo de Bukele con otra capacitación de los gestores pedagógicos para multiplicar las habilidades digitales del magisterio y de los estudiantes.”
Su entrada al Brave New World, el país lo paga a Google con “al menos $500 millones, en total”. Paralelamente, Bukele ordenó la formación en Bitcoin en la escuela primaria. Y en los próximos 7 años, Google estará succionando inmensas y lucrativas cantidades de datos de la población.
Algo de calor, aunque el FMLN…
En este contexto totalitario y peligroso, las y los manifestantes calientan muchos corazones en El Salvador. Simbolizan el hecho de que la izquierda social del país es consciente de su debilidad actual, pero no se deja abatir por ello. ¿Por qué la «izquierda social»? La fracción que de hecho dirige el FMLN no pelea contra el bukelismo más allá de la retórica. Otra cosa es la militancia que le queda al Frente. El partido había convocado a participar en la marcha del 1 de mayo, pero acudieron no más de unos 500 activistas, la mayoría de una tendencia interna opositora que quiere devolver al Frente su grandeza de antaño. Pero mucha militancia ya no cree posible eso. Por el amiguismo demasiado evidente de la real dirección con Bukele, por su sectarismo idiota y su control obsesivo del partido que ahora, después de sus pésimos resultados electorales, tratará de suavizar un poco con “arreglos” con disidencias. Pero también porque el FMLN, a pesar de sus enormes méritos en la guerrilla y la posguerra fue incapaz, al fin, de seguir entendiéndose como un instrumento de las mayorías y no como una delegación negociadora con la burguesía y el imperialismo. Por lo tanto, una nueva perspectiva sólo emerge en las nuevas luchas sociales, pero no en el intento de ligarlas a una «vanguardia» que dejó de serlo. Van a ser las luchas que van a definir este tema.
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