Organizaciones de derechos humanos solicitaron este martes que se abra una investigación ante la Corte Penal Internacional (CPI) por las muertes de 49 personas y por las 937 que terminaron heridas en Perú entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, cuando protestaron contra la presidenta Dina Boluarte en varias ciudades de la nación andina.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos se reunieron con la Fiscalía de la CPI para precisar «la evidencia de la comisión de los crímenes de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato».
«Se ha hecho un perfilamiento muy detallado, caso a caso, de las 49 víctimas», afirmó la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos, Gloria Cano. «La mayoría fueron asesinados mientras ejercían su legítimo derecho a la protesta«, añadió.
Además de documentar los sucesos, producto de la «represión violenta» de militares y policías, criticaron la negación del Ejecutivo, «culpando a los mismos manifestantes de la violencia ocurrida en contra de ellos, tildándolos de terroristas«.
Reacción inicial del Gobierno
El Gobierno de Boluarte sostiene que los decesos se produjeron a causa de centenares de «manifestaciones violentas» que buscaban pervertir el orden constitucional.
Hace poco cuando un diplomático peruano reveló que Boluarte sería denunciada ante la CPI, el titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, respondió que la demanda «no tiene ningún fundamento».
