Juan Lehmann (Sputnik).— El ajuste fiscal impulsado por el Gobierno de Javier Milei golpea con fuerza en el interior del país. En sintonía con la idea de que el déficit cero sea la “piedra basal” del Presupuesto 2025 presentado en el Congreso, el presidente anunció que recortaría drásticamente las partidas destinadas a las provincias. Tras nueve meses de gestión signados por las tensiones con los gobernadores, el Ejecutivo no cede en su premisa de ordenar las cuentas públicas.
Durante su presentación de la llamada “Ley de Leyes” en el Parlamento, el mandatario dio un claro mensaje para los jefes provinciales. “A los gobernadores les digo: cumplir con el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25% PIB requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes”, sentenció.
La cifra causó estragos. Tal fue la zozobra generada en el interior del país que el propio Ejecutivo debió organizar un encuentro con gobernadores para matizar el impacto del ajuste. Jose Luis Espert -diputado oficialista y presidente de la comisión de Presupuesto- aclaró que, en realidad, “el recorte tiene que ser de 20.000 millones, por lo menos”.
La reducción propuesta se inscribe en un marco signado por la drástica caída en las partidas destinadas al interior del país. En los primeros siete meses del 2024, el 26% del ajuste fiscal se explicó por el freno a la obra pública -crucial para las economías regionales- y otro 8% por la merma en las transferencias de fondos discrecionales a las provincias, de acuerdo a la consultora LCG.
Además de la suspensión del traspaso de recursos, la Casa Rosada —sede del Ejecutivo nacional— dispuso el cese de sensibles partidas tales como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, destinado a complementar los ingresos de los maestros. Frente a tales medidas, diversos gobernadores decidieron absorber dicho costo y hacerse cargo del pago a los educadores con fondos provinciales.
De concretarse, el ajuste por “motosierra” a las provincias podría poner en jaque uno de los pilares de los primeros nueve meses de presidencia de Milei: el acompañamiento de los gobernadores —a través de sus diputados y senadores— para la sanción de iniciativas legislativas centrales para el programa económico del oficialismo, tales como la Ley Bases.
En franca minoría parlamentaria, hasta el momento La Libertad Avanza ha dependido directamente de bloques legislativos ajenos: conocidos como la “oposición dialoguista”, decenas de diputados y senadores se han mostrado dispuestos a acompañar con su voto los proyectos del Ejecutivo. Dado que muchos de estos congresistas responden directamente a los jefes provinciales, el freno en el giro de fondos al interior del país podría repercutir de lleno en los planes del Gobierno.
El palo y la zanahoria
“El presidente busca que todos los gobernadores se hagan cargo de pagar el costo del ajuste, para que el Gobierno nacional no absorba todo el impacto negativo en la opinión pública”, dijo a Sputnik el analista político Gustavo Marangoni. Según el analista, “esto va a tensar la relación de Milei con las provincias”.
De acuerdo al experto, la priorización del superávit fiscal a costa de la relación con los distritos del interior puede redundar en perjuicios para la gestión nacional. “Si el Gobierno no flexibiliza su posición, esto va a generar mucho estrés en las provincias, y eso puede traducirse en un peor diálogo en momentos donde la negociación es crucial”, apuntó.
“El principio del Gobierno de cara al presupuesto invierte la carga de la prueba: la prioridad indeclinable es el superávit financiero para pagar la deuda, y de ahí se desprende lo que resta para educación, salud y demás. Por lo general uno primero establece prioridades de los pilares centrales de la sociedad y después descuenta cómo financiar el resto de los gastos”, remarcó el politólogo.
Si bien durante sus primeros nueve meses de presidencia Milei ha desplegado un sinfín de estrategias de cara a los gobernadores -desde la confrontación directa vía redes sociales hasta la cooptación a través de la promesa de recursos-, el freno en el envío de partidas puede inaugurar una nueva etapa en la relación con los gobernadores.
Márgenes de maniobra
No todo es pérdida para los mandatarios provinciales. Según Marangoni, “los gobernadores despotrican contra la Casa Rosada, pero aprovechan el ajuste impulsado por Nación para ordenar sus cuentas locales adjudicándole la responsabilidad al presidente. Así, sanean sus cuentas públicas mientras intentan culpar al Ejecutivo nacional”.
En ese marco, el consultor destacó que los dirigentes del interior pueden verse en una encrucijada entre la defensa de sus ideales y la necesidad de gestionar sus distritos. “El que no tiene responsabilidad de gestión tiene más libertad. Pero, simultáneamente, los gobernadores deben defender los intereses de sus provincias, además de sus preferencias políticas. Por eso suelen ceder en el diálogo con el Ejecutivo para lograr conseguir recursos”, apuntó el investigador.
Sin embargo, la obediencia a las directrices de la Casa Rosada pueden generar otros problemas para las arcas públicas de cada provincia. Según Marangoni, “el ajuste fiscal va a profundizar la recesión y, por ende, la recaudación impositiva tanto de la Nación como de los distritos. Los gobernadores deberán lidiar con la idea de la ‘sábana corta’, que los forzará a redireccionar sus recursos”.
