En un comunicado, la Organización No Gubernamental (ONG), con representación permanente en las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, expresó que los hechos “recuerdan los crímenes perpetrados por los nazis y los campos de concentración”.
El órgano consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU emitió su declaración ante las violaciones de los derechos constitucionales y humanos de los venezolanos, trasladados ilegalmente al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador.
La nota denunció las violaciones de las protecciones estadounidenses amparadas en la Quinta y Sexta Enmienda constitucional, además de los “Derechos de Miranda” de los ciudadanos venezolanos, esto último otorga a las personas detenidas por la policía permanecer en silencio.
En tal sentido, la AAJ rechazó las acciones realizadas por la administración de Donald Trump y por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien afirmó “tener en su poder a 252 venezolanos”.
Estos ciudadanos “fueron detenidos y expulsados de manera arbitraria, forzada, humillante y en violación al derecho de revisión judicial en Estados Unidos”, el derecho constitucional estadounidense, Pactos y Convenios suscritos del Derecho Internacional Público y de los Derecho Humanos, subrayó.
Mencionó, en ese sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe en sus artículos nueve y 14 las detenciones arbitrarias; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en su artículo 16.
Además de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares en sus artículos nueve, 16 numeral S y 18.
El texto indicó que la recepción de venezolanos en cárceles de El Salvador, en el contexto de una previa negociación mercantil de seres humanos y la posterior oferta de ser canjeados por presuntos presos políticos en Venezuela, “demuestra un fin político, generando graves violaciones de los derechos humanos”.
Remarcó que las violaciones al debido proceso, el traslado forzoso, la incomunicación con abogados “se agravan con el ocultamiento previo de sus identificaciones y la ausencia de información sobre las condiciones médicas en que se encuentran”.
Indicó que de ser sí, “Trump y Bukele serían corresponsables de crímenes de lesa humanidad”, previstos en el artículo siete del Estatuto de Roma.
La AAJ pidió la liberación inmediata de los venezolanos y alertó “sobre el peligro que la comercialización de seres humanos se extienda a otros países” en la región, alineados y actuando en conjunto con las políticas imperialistas, colonialistas y ultraderechistas de Estados Unidos.
