En un pronunciamiento, la organización recordó que el 16 de noviembre el pueblo ecuatoriano expresó en las urnas su descontento y derrotó las propuestas del presidente, Daniel Noboa, con lo cual el país exige coherencia, responsabilidad, resultados y respeto a sus derechos.
La Conaie afirmó que, pese a ese mensaje, el Ejecutivo decidió recortar casi el 13 por ciento del presupuesto de las universidades públicas.
Según afirma el movimiento indígena, no se trata de un ajuste administrativo, sino de “un ataque directo a la investigación, a los docentes, a los jóvenes, a la ciencia y a la inversión social”. El comunicado cuestionó que el Gobierno destine recursos a fines proselitistas, comunicación gubernamental y millonarios desembolsos coyunturales en forma de bonos, mientras las universidades enfrentan dificultades para los estudios de jóvenes “marginados, discriminados y empobrecidos del campo y la ciudad”.
La organización recordó que el acceso a la educación superior pública es una conquista lograda “a través de la lucha y la organización” y enfatizó que no permitirá que este derecho sea debilitado por “ajustes económicos impuestos por el FMI (Fondo Monetario Internacional)”.
La Conaie advirtió que la universidad pública comunitaria Amawtay Wasi también sufre recortes, lo que pone en riesgo su continuidad y afecta a jóvenes indígenas, campesinos y de sectores populares.
“La educación es el futuro del país y no puede ser sacrificada en nombre de la macroeconomía”, subrayó la Conaie.
Este pronunciamiento llega a pocas horas de que este sábado la Asamblea Nacional discuta la proforma presupuestaria de 2026, un proyecto que según la oposición mantiene un déficit elevado y “pone en riesgo la sostenibilidad fiscal” de Ecuador.
La legisladora Mónica Alemán, de la Revolución Ciudadana, sostuvo que la proforma prioriza el pago de la deuda pública —más de 12 mil millones de dólares— frente a la inversión pública, que se ubica en torno a 400 millones.
La coordinadora de Nueva Arquitectura Financiera de la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática (Latindadd), Patricia Miranda, alertó que la nación sudamericana figura entre los seis países más endeudados de la región.
La experta apuntó que el pago de la deuda absorbe ya el 21 por ciento de los ingresos fiscales del país, una proporción que desplaza recursos clave para salud, educación y protección social.
