La Oficina Central de Estadísticas de Palestina (PCBS, por sus siglas en inglés) presentó un informe que expone la magnitud del genocidio israelí contra la población de la Franja de Gaza. Según el organismo, desde octubre de 2023 hasta finales de 2025, el enclave costero perdió un 10,6 % de su población, lo que equivale a unas 254 000 personas. Esta caída demográfica, calificada como “sin precedentes”, refleja no solo la violencia militar, sino también el colapso de las condiciones de vida bajo el asedio.
El documento detalla que 70 942 palestinos han sido asesinados en el marco de la ofensiva israelí, entre ellos 18 592 niños y alrededor de 12 400 mujeres. Las cifras evidencian la brutalidad de los ataques dirigidos contra la población civil, que se ha visto forzada a abandonar sus hogares en masa. Casi dos millones de gazatíes han sido desplazados internamente, viviendo en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos y bajo constantes bombardeos.
La PCBS subraya que la reducción poblacional no se explica únicamente por las muertes directas, sino también por el bloqueo sistemático que impide la entrada de alimentos, agua potable, medicinas y asistencia humanitaria. El colapso de hospitales, la destrucción de infraestructura y la imposibilidad de acceder a refugios seguros han convertido la supervivencia en un desafío diario para los habitantes de Gaza.
Organizaciones de derechos humanos y representantes palestinos han denunciado ante instancias internacionales que las acciones de Israel constituyen crímenes de lesa humanidad y un genocidio que busca aniquilar la continuidad demográfica del pueblo palestino. La ofensiva no solo destruye cuerpos, sino también hogares, escuelas y hospitales, con el objetivo de borrar la vida comunitaria en el enclave.
El informe también señala que las condiciones meteorológicas extremas agravan la crisis humanitaria. Las lluvias invernales han inundado los campamentos improvisados, dejando a miles de desplazados en el lodo, sin protección frente a las precipitaciones y expuestos a enfermedades. Las tiendas de campaña, frágiles y deterioradas, no ofrecen defensa alguna contra las inundaciones, mientras las autoridades locales advierten que los edificios dañados tampoco son seguros para refugiarse.
A pesar de la existencia de un alto el fuego, Israel continúa violando el acuerdo y obstaculizando la entrada de ayuda humanitaria. En su más reciente medida, el régimen israelí prohibió la operación de 37 organizaciones internacionales —entre ellas Médicos Sin Fronteras, Oxfam y CARE— si no entregan información detallada sobre su personal palestino. Esta decisión ha sido condenada como un mecanismo de control que limita aún más la asistencia a la población.
El Centro de Estudios sobre Detenidos de Palestina denunció que el encarcelamiento ilegal de palestinos en cárceles israelíes ha provocado la muerte de numerosos prisioneros, tanto durante su detención como poco después de ser liberados. Estas prácticas se suman a un patrón de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
La devastación material también es alarmante: el 80 % de los edificios en Gaza han sido destruidos, dejando a cientos de miles de personas sin techo. Las autoridades sanitarias del enclave informan que desde octubre de 2023 la ofensiva israelí ha causado la muerte de al menos 71 266 palestinos y ha dejado 171 222 heridos, cifras que reflejan la magnitud del sufrimiento colectivo.
