La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, que agrupa a los mayores sindicatos del país sudamericano, convocó a marchar este jueves en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, contra el programa económico del presidente Javier Milei y su «retrógrada» reforma laboral.
La manifestación, que comienza a las 15:00 (hora local, 18:00 GMT) frente a la Casa de Gobierno, en la víspera del Día internacional de los Trabajadores, busca denunciar el rumbo de la gestión ejecutiva de la Administración argentina cuando «la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales resultan abrumadoramente negativos», dijo la CGT.
La organización afirmó que «continuará combatiendo por todos los medios a su alcance» la aplicación de la reforma laboral mileísta, aprobada en febrero e impulsada por el oficialismo, a la que describe como «retrógrada» en un contexto de estancamiento sostenido de la actividad económica y una fuerte caída del trabajo formal, con fuerte repercusión en el empleo, el salario y las condiciones de vida del pueblo argentino.
De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Trabajo, replicadas por la central sindical, desde el inicio del Gobierno de Milei cerraron 24.180 empresas, mientras que solo en 2025 se perdieron 88.800 empleos formales en el sector privado y 18.600 en el ámbito público. Paralelamente, el trabajo por cuenta propia aumentó en 104.900 personas y la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43%.
Según la CGT, no se planea convocar una huelga general en el futuro cercano, a diferencia de la medida de fuerza del 19 de febrero de este año en rechazo a la aprobación de la reforma laboral.
La semana pasada, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina anuló la suspensión, por parte de un juez, de 82 de los 218 artículos de la reforma laboral, respondiendo a un pedido del Gobierno.
Entre los artículos afectados por la resolución de primera instancia, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, están los que limitan el derecho a huelga, al establecer límites para la celebración de asambleas, y otros que habilitan sanciones contra conductas gremiales y hasta prevén la retirada de la personería jurídica a los sindicatos.
La Justicia había hecho lugar a una medida cautelar para suspender además aquellos artículos que afectan el derecho de negociación colectiva y que introducen cambios en los períodos de prueba, en la computación de los años de antigüedad y en las indemnizaciones.
