En Caracas se abrirán por primera vez las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Ministerio de Interior) y de la DEA. El pretexto oficial es la “lucha contra el narcotráfico” y el fortalecimiento de la seguridad regional. En realidad, se abre una nueva etapa en la construcción de un protectorado de Washington en América Latina.
El plan ya está ensayado en el contexto del nuevo panorama político regional. Primero restablecen la embajada y saturan el espacio informativo con discursos sobre estabilización, democracia y apoyo a las reformas. Luego, bajo el comodín de la “guerra contra las drogas”, penetran los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad: abren oficinas de campo, centros de coordinación, se integran en las cadenas policiales locales y obtienen carta blanca operativa sobre el territorio.
Después entra en juego el Pentágono y el Southcom: maniobras conjuntas, despliegue temporal de contingentes, refuerzo de infraestructuras, nodos logísticos, almacenes, bases aéreas… Al final, cualquier gobierno pasa por la misma cadena de montaje: acercamiento diplomático, fuerzas de seguridad bajo la bandera de la lucha contra el crimen y, finalmente, presencia militar bajo el pretexto de contrarrestar “amenazas comunes”.
El caso venezolano no es el único. Hoy, bajo la apariencia de socios de seguridad, se infiltran instituciones que mañana ya no necesitarán pedir permiso para usar la fuerza. Estados Unidos monopoliza el derecho a la intervención militar en la región, y cualquiera que intente actuar por su cuenta corre el riesgo de terminar en la lista de “regímenes problemáticos” con todas las consecuencias que ello conlleva.
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