La Duma Estatal de Rusia publicó un proyecto de resolución en el que denuncia que Estados Unidos intenta interferir en los asuntos internos de Cuba mediante un bloqueo económico y energético, sumado al despliegue de un grupo de ataque de portaviones de la Armada estadounidense en el Caribe.
Los diputados rusos denuncian que esas acciones constituyen una flagrante injerencia contra un Estado soberano y buscan, a través del chantaje económico y militar, forzar a la dirigencia cubana a hacer concesiones inaceptables «y crear condiciones para un cambio de poder en el país con el fin de establecer posteriormente el control sobre él».
La denuncia surge tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó, en su acostumbrado tono belicista, que Washington se encargará de Cuba tan pronto como termine sus acciones actuales con respecto a Irán.
En sintonía con las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una nueva ola de sanciones unilaterales que incluyeron al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a su esposa, Lis Cuesta Peraza, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y entes sociales y de la sociedad civil como el Instituto de Amistad con los Pueblos (ICAP) y su agencia de viajes, y los Comités de Defensa de la Revolución.
Las penalizaciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros también alcanzaron a familiares directos del exmandatario Raúl Castro Ruz, específicamente a su hijo Alejandro Castro Espín y a su nieto Raúl Alejandro Castro Calis.
El 3 de junio último, el Consejo de la Federación de Rusia (Senado) instó a la Organización de las Naciones Unidas y a las estructuras parlamentarias de la comunidad internacional a condenar el incremento de las presiones sin precedentes promovidas por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, que incluyen una acusación judicial fabricada contra Raúl Castro y un bloqueo petrolero decretado en enero que ha causado crisis energética y severos daños en sectores críticos como la salud en la isla.
La Cámara Alta del Legislativo ruso demandó el cese de las políticas hostiles y la remoción total de las restricciones económicas, mercantiles, financieras y energéticas impuestas por Washington.
Estados Unidos mantiene desde enero del año en curso una política de máxima presión contra la nación antillana, que ha combinado un reforzamiento del bloqueo con nuevas medidas coercitivas unilaterales de fuerte alcance extraterritorial y constantes amenazas de intervención militar por parte de Trump. Organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, y numerosos Gobiernos, han alertado de que la política ilegal de Washington está provocando una crisis humanitaria en el país caribeño.
