La vida no puede ser una mercancía: contra las patentes farmacéuticas y por una sanidad al servicio de la humanidad.
Por André Abeledo Fernández
Uno de los mayores escándalos morales de nuestro tiempo es que millones de seres humanos mueren cada año por enfermedades que podrían ser tratadas o curadas. No porque la ciencia carezca de soluciones. No porque la humanidad no disponga de conocimientos suficientes.
Mueren porque el acceso a esos tratamientos está condicionado por la lógica del beneficio económico.
Es la consecuencia inevitable de un sistema que convierte la salud en una mercancía y la vida humana en una oportunidad de negocio.
Las grandes farmacéuticas suelen presentarse como heroínas de la innovación científica. Sin embargo, pocas veces se habla de una realidad incómoda: buena parte de la investigación básica que permite desarrollar nuevos medicamentos ha sido financiada con dinero público.
Universidades, hospitales públicos, centros de investigación estatales y recursos aportados por millones de contribuyentes hacen posible gran parte de los avances científicos que posteriormente son privatizados mediante el sistema de patentes.
La sociedad paga la investigación. Las empresas se apropian de los resultados. Y después venden los medicamentos a precios que millones de personas no pueden asumir.
Esa es la realidad.
Las patentes farmacéuticas constituyen un monopolio legal que permite a determinadas empresas controlar durante años la producción y distribución de medicamentos esenciales. Bajo el argumento de proteger la innovación, se limita la fabricación de tratamientos que podrían producirse a menor coste y llegar a muchas más personas.
El resultado es que la capacidad de curarse depende con demasiada frecuencia del lugar donde uno nace y del dinero que tenga en el bolsillo.
Mientras en los países ricos se accede a tratamientos avanzados, millones de personas en África, Asia y América Latina siguen muriendo por enfermedades para las que existen medicamentos eficaces.
No porque la humanidad no pueda salvarlas, sino porque el mercado considera que sus vidas no son rentables.
Esta es una de las expresiones más crueles de la desigualdad global.
Desde una perspectiva humanista y socialista resulta imposible aceptar que un descubrimiento científico capaz de salvar millones de vidas pueda convertirse en propiedad privada de una corporación. El conocimiento científico es una construcción colectiva de la humanidad. Ningún laboratorio trabaja aislado del resto del mundo. Cada avance se apoya en generaciones enteras de investigadores, en sistemas educativos financiados públicamente y en el esfuerzo acumulado de toda la sociedad.
Por ello considero que los medicamentos esenciales, las vacunas y los tratamientos fundamentales deberían ser considerados bienes comunes de la humanidad.
La investigación biomédica debe recibir una enorme inversión pública internacional. Los descubrimientos científicos relacionados con la salud deben compartirse entre los pueblos y no quedar secuestrados por intereses privados. La cooperación científica debe sustituir a la competencia empresarial cuando lo que está en juego son vidas humanas.
Frente a quienes afirman que sin patentes desaparecería la innovación, cabe preguntarse cuántas innovaciones deja de perseguir el mercado porque no generan beneficios suficientes. Miles de enfermedades raras, patologías que afectan principalmente a países pobres o tratamientos poco rentables reciben menos atención precisamente porque la lógica del beneficio decide qué merece ser investigado y qué no.
La ciencia no debería responder a los intereses de los accionistas. La ciencia debería responder a las necesidades de la humanidad.
La pandemia de COVID-19 mostró una realidad que muchos ya conocíamos: cuando existe voluntad política y cooperación internacional, la ciencia puede avanzar a una velocidad extraordinaria. También puso de manifiesto las enormes desigualdades que genera la apropiación privada de conocimientos que podrían beneficiar al conjunto de la población mundial.
La salud no puede depender del mercado. La salud no puede depender de la capacidad de pago. La salud no puede depender del país en el que una persona haya tenido la suerte o la desgracia de nacer.
Defender el derecho universal a los medicamentos no es una cuestión ideológica secundaria. Es una cuestión de justicia, de solidaridad y de dignidad humana.
Porque ninguna patente vale más que una vida.
Porque ningún balance empresarial vale más que un niño que necesita un tratamiento.
Y porque una sociedad verdaderamente civilizada será aquella que coloque la ciencia, la medicina y el conocimiento al servicio de todos los seres humanos y no al servicio de los beneficios de una minoría privilegiada.
André Abeledo Fernández
