Cuando el problema no es la prevaricación, sino señalar a la Policía
El Consejo General del Poder Judicial ha decidido abrir un expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado. A primera vista podría parecer una buena noticia para quienes llevamos meses denunciando las irregularidades, los excesos y las actuaciones más que cuestionables que han rodeado su instrucción contra el entorno del presidente del Gobierno. Pero basta con rascar un poco la superficie para comprobar que no, que una vez más estamos ante una enorme operación de maquillaje institucional.
Porque el expediente no se abre por lo que realmente debería preocupar a cualquier demócrata. No se abre por una instrucción interminable en la que las acusaciones iniciales se han ido transformando constantemente a medida que se caían unas tras otras. No se abre por haber construido una causa a base de titulares, filtraciones y sospechas. No se abre por unas actuaciones que muchos juristas consideran impropias de un Estado de derecho.
No. El problema parece ser que insinuó que los escoltas policiales de la esposa del presidente del Gobierno podrían ayudarle a eludir una actuación judicial.
Es decir, que el problema no sería la posible arbitrariedad de determinadas decisiones judiciales, sino haber puesto en cuestión a la Policía.
Resulta difícil no percibir una enorme contradicción. Durante meses hemos asistido a un espectáculo judicial donde parecía que cualquier hipótesis era válida, cualquier insinuación era suficiente y cualquier titular servía para alimentar una causa política disfrazada de procedimiento judicial. Sin embargo, cuando llega el momento de exigir responsabilidades, el foco no se pone sobre el fondo de la actuación, sino sobre un episodio concreto que afecta a otra institución del Estado.
La sensación que queda es preocupante. Porque transmite la idea de que determinadas actuaciones judiciales pueden desarrollarse con una enorme impunidad siempre que no se moleste a los poderes adecuados. Como si el problema no fuera el posible abuso de poder, sino quién se siente ofendido por ese abuso.
La justicia debe ser independiente, sí. Pero la independencia judicial no puede convertirse en impunidad judicial. Los jueces deben estar protegidos frente a presiones políticas, económicas o mediáticas, pero también deben responder cuando actúan de manera arbitraria o cuando utilizan su posición para impulsar causas basadas más en intereses políticos que en pruebas sólidas.
En una democracia madura, la crítica a los jueces no debería ser un tabú. Del mismo modo que se fiscaliza a los gobiernos, a los parlamentos o a las fuerzas de seguridad, también deben poder fiscalizarse las actuaciones judiciales. Nadie debería estar por encima del escrutinio público.
Lo preocupante de este caso es que da la impresión de que las instituciones vuelven a protegerse entre sí mientras se evita abordar la cuestión de fondo: si determinadas actuaciones judiciales han contribuido a deteriorar la confianza de la ciudadanía en la justicia.
Porque si un juez actúa correctamente, las resoluciones hablan por sí mismas. Pero cuando una instrucción parece convertirse en una búsqueda permanente de nuevos argumentos para sostener una acusación que se desmorona, la sociedad tiene derecho a preguntarse qué está ocurriendo.
Y esa es precisamente la pregunta que muchos ciudadanos siguen esperando que alguien responda.
André Abeledo Fernández
