El despido barato: cuando hasta Estrasburgo tiene que recordarle a la «izquierda» lo que es la izquierda
Camaradas:
El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha vuelto a instar a España a reformar su legislación sobre el despido improcedente. No es la primera vez. La resolución recoge las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ya en marzo del año pasado —a raíz de una reclamación colectiva presentada por CCOO— determinó que el sistema español vulnera el artículo 24.b de la Carta Social Europea. El motivo: las indemnizaciones actuales no son disuasorias ni reparan el daño real sufrido por el trabajador despedido.
Conviene situar el dato en su contexto histórico. La reforma laboral de 2012, firmada por Rajoy, rebajó la indemnización de 45 a 33 días por año trabajado y el tope máximo de 42 a 24 mensualidades. Trece años después, con un Gobierno que se presenta como «el más progresista de la historia», ese recorte sigue intacto. No se ha derogado. Se ha maquillado.
¿Qué pide Europa? Que las indemnizaciones dejen de ser un baremo fijo y previsible para convertirse en algo que de verdad duela al empresario. Que se valoren las circunstancias del trabajador y el perjuicio real. Que se proteja también a los temporales contratados en fraude de ley. Nada revolucionario. Sentido común jurídico que en España sigue sin cumplirse.
Y aquí está la trampa que hay que señalar sin miedo: cuando el despido es barato, se convierte en un coste operativo más. Un botón que la empresa aprieta sin remordimiento porque sabe que el precio es asumible. No hace falta prohibir la protesta ni el sindicalismo. Basta con que el trabajador sepa que levantar la voz puede costarle el sueldo del mes que viene. El miedo hace el trabajo que ya no necesita hacer la represión abierta.
Yolanda Díaz lleva años prometiendo más inspectores, más inspecciones, más garantías. Lo dice con la fe de quien cree que las palabras cambian la correlación de fuerzas sin necesidad de tocarla. Pero en la fábrica, en el almacén, en la caja del supermercado, la realidad no ha cambiado un milímetro. Sigue siendo el trabajador despedido quien debe demostrar que la causa alegada por la empresa es falsa. El acusado carga con la prueba que, en cualquier proceso penal, correspondería al acusador. Ninguna izquierda real toleraría esa aberración procesal ni un día más.
Y, mientras tanto, ¿dónde están los sindicatos mayoritarios? CCOO presentó la reclamación que ha dado pie a esta resolución —hay que decirlo y hay que reconocerlo—, pero, en el día a día de demasiadas empresas, CCOO y UGT llevan décadas actuando como gestores de la paz social antes que como correas de transmisión de la clase obrera. Y donde ni siquiera ellos llegan, aparecen los sindicatos amarillos, los FETICO de turno, diseñados para dar a la plantilla la sensación de representación sin representarla jamás. La trayectoria de estas organizaciones en empresas como Mercadona debería estudiarse en cualquier escuela sindical como manual de lo que un sindicato nunca debe ser.
El PSOE y Sumar comparten Gobierno, pero comparten, sobre todo, amo: el capital que financia sus políticas de «diálogo social» sin tocar un solo pilar de la reforma de Rajoy. La derecha nos quita derechos abiertamente. La socialdemocracia los anuncia, los publicita, los convierte en titulares de rueda de prensa y, luego, no exige que se cumplan. El resultado, para la clase trabajadora, es idéntico.
Los derechos no los regala nadie, ni un ministerio, ni una directiva europea, ni una sentencia de Estrasburgo por sí sola. Se conquistan con organización y se defienden con movilización. Todo lo demás son salsas para adormecer conciencias.
Até a vitoria sempre!
André Abeledo Fernández
