Danay Galletti Hernández (Sputnik).— La discusión en la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene una larga trayectoria. Desde 1992, La Habana presenta ante ese organismo una resolución que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU. Su examen ha mantenido en la agenda multilateral una política vigente desde 1962 y cuestionada de manera reiterada por una amplia mayoría de naciones.
La sesión de este año estuvo precedida por denuncias de La Habana sobre presiones estadounidenses para modificar la decisión de otros Estados. El Gobierno cubano aseguró que Washington buscaba promover votos contrarios, abstenciones o ausencias durante el examen del documento.
Las tres últimas votaciones de la ONU muestran que el rechazo al bloqueo continúa siendo mayoritario, aunque con una reducción del respaldo: en 2024, la resolución obtuvo 187 votos a favor, dos en contra y una abstención; en 2025, registró 165 apoyos, siete votos contrarios y 12 abstenciones, y este 28 de octubre consiguió 130 votos favorables, 17 negativos y 25 abstenciones.
Las presiones como factor
Para Hassan Pérez Casabona, doctor en Ciencias Históricas, el resultado debe analizarse a partir de las circunstancias en que se produjo. Su valoración sitúa en primer plano las presiones de Washington sobre otros gobiernos y sostiene que el alcance del pronunciamiento no puede medirse exclusivamente por la cantidad de votos.
«Esta victoria de hoy va mucho más allá de los 130 países que nos respaldaron. Tiene un mensaje cualitativo de una potencia inconmensurable. Desde 1992, en que lo presentamos por primera ocasión hasta el momento, la comunidad internacional ha expresado de manera rotunda su rechazo inequívoco», afirmó a Sputnik.
El académico considera que la aprobación de la resolución por trigésima cuarta ocasión confirma la persistencia de un rechazo internacional al bloqueo, pese a los esfuerzos por reducirlo. Desde su perspectiva, el descenso de los apoyos no anula ese significado, sino que obliga a examinar el contexto diplomático en el que los gobiernos adoptaron sus decisiones.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, Norma Goicochea, sitúa los efectos del bloqueo en la vida cotidiana y, especialmente, en las dificultades para sostener los cuidados y satisfacer necesidades básicas. Su valoración pone el énfasis en que los indicadores deben leerse a partir de las personas afectadas.
«Las cifras son importantes, pero el rostro humano del bloqueo es fundamental», reconoció a Sputnik. La dirigente describió a 2026 como un año de agravamiento de las restricciones y atribuyó a ese endurecimiento mayores dificultades para el acceso a medicamentos, combustible y otros recursos esenciales.
Entre las consecuencias más dolorosas menciona la interrupción de tratamientos oncológicos y la espera de procedimientos cardiovasculares. «Las que tienen cáncer de mama y necesitan tratamientos por cinco años después de las cirugías y no los reciben», señaló, al referirse a mujeres que requieren atención continuada.
Castigo económico sobre la isla
Martín Rodríguez Espinosa, comunicador costarricense y coordinador del Frente Unitario por la Justicia Social, Solidaridad y la Paz (Frepas) manifestó en declaraciones a Sputnik que ningún país tiene derecho a imponerles a otro su voluntad mediante el «castigo económico».
«El bloqueo lleva más de seis décadas afectando la vida del pueblo cubano, dificultando su acceso a recursos, medicamentos, alimentos y financiamiento. Nada, absolutamente nada justifica que una potencia utilice su poder económico para presionar a toda la población. Para mí es una cuestión elemental de humanidad y respeto a la soberanía», remarcó.
A su juicio, el respaldo a La Habana en Naciones Unidas demuestra que el rechazo al bloqueo no es una posición exclusiva de quienes simpatizan con la isla, constituye una postura que, durante décadas, ha reunido a países con sistemas políticos, económicos e ideológicos muy diferentes.
Subrayó que, si bien existe un amplio consenso internacional contrario a esa «política criminal», también demuestra las limitaciones de un sistema internacional donde las resoluciones de la mayoría no necesariamente modifican las decisiones de Washington.
«Una cosa es la igualdad jurídica de los Estados y otra la realidad del poder mundial. EEUU amenaza con su poderío económico, financiero y militar, y las resoluciones de la Asamblea General no tienen carácter obligatorio. A mi juicio, esa es una de las grandes contradicciones de este sistema de orden internacional», apuntó.
