Una representación de los 252 migrantes venezolanos rescatados del secuestro en El Salvador por el Gobierno Bolivariano de Venezuela divulgó reciben con agrado detalles de una resolución emitida por un juez federal de Estados Unidos, que ordena garantizar una audiencia justa, con apego a derecho y bajo estándares internacionales de protección de derechos humanos.
Según el testimonio del grupo, la decisión judicial “reafirma el principio de que ningún Gobierno, independientemente de su procedencia, está por encima del derecho internacional ni del debido proceso”. Los migrantes señalaron que el fallo “sienta un precedente para la protección de quienes abandonan sus hogares por necesidades económicas, vulnerabilidad o persecución”.
El comunicado difundido por los migrantes destaca que el Gobierno de Venezuela intervino ante organismos internacionales y que esta acción permitió denunciar lo ocurrido durante los meses de cautiverio. “Esperamos que esta decisión marque el inicio de una solución justa y humana a nuestra situación y de millones de inmigrantes en el mundo”, expresaron.
Los venezolanos solicitaron al Gobierno de Estados Unidos la creación de garantías materiales y jurídicas para participar en las audiencias. Pidieron medidas que eviten nuevos riesgos para su integridad física, psicológica y legal.
“Exigimos que se cumpla plenamente la orden judicial y que se nos permita asistir a las audiencias sin poner en riesgo nuestras vidas. Pedimos que cesen las violaciones contra migrantes en EE.UU. y que se garanticen condiciones de retorno dignas, revisión de protocolos de deportación y acogida, y medidas que impidan que estos hechos se repitan”, exigieron.
También hicieron un llamado al Gobierno de El Salvador para que coopere con la justicia internacional y se investigue lo ocurrido durante la retención.
Tras ser rescatados, los 252 venezolanos afirmaron haber sufrido torturas físicas y psicológicas en una cárcel de máxima seguridad salvadoreña. Testimonios directos señalan: “Hubo hambre, humillaciones, disparos con balas de goma, encierro prolongado, amenazas contra nuestras familias y tratos crueles e inhumanos”.
De acuerdo con sus declaraciones, la experiencia fue calificada como un episodio de violación sistemática de derechos humanos, en el cual se habría aplicado un régimen penitenciario excepcional que consideran “ilegal y contrario a los convenios internacionales suscritos por El Salvador”.
Los migrantes señalaron que bajo la aplicación de la llamada “ley de enemigos extranjeros” en Estados Unidos han sido víctimas de detenciones arbitrarias, confiscación de bienes, deportaciones sin causa y tratos discriminatorios, prácticas que vulneran el derecho a solicitar asilo, protección humanitaria o regularización migratoria.
Denunciaron además que la criminalización de la migración venezolana se ha convertido en una política asociada a presiones geopolíticas, más que a procedimientos legales. La representación de los migrantes solicitó apoyo a organizaciones internacionales, defensores de derechos humanos y mecanismos de la ONU, con el fin de asegurar acompañamiento jurídico, reparación y garantías de no repetición.
“Queremos justicia. Queremos ser escuchados. Que esto no quede impune. Que los responsables respondan ante el mundo”, manifestaron.
