Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron este jueves que el Gobierno de Donald Trump mantiene la detención de migrantes embarazadas, contraviniendo las directrices vigentes. Las activistas reportaron casos de malos tratos y la negación sistemática de cuidados médicos esenciales en los centros de reclusión de Estados Unidos.
La denuncia coincide con cifras récord de detención migratoria. Datos del centro TRAC de la Universidad de Syracuse indican que casi 70.000 personas permanecían bajo custodia de las autoridades estadounidenses durante el mes de febrero.
Jesús González trabajador social de Florence Immigrant and Refugee Rights Project, informó que en el centro de detención Eloy, en Arizona, las mujeres gestantes carecen de atención sanitaria adecuada. González citó el caso de Esther, una migrante africana embarazada tras ser violada durante un secuestro en México. Al ingresar a EE.UU. para solicitar asilo, fue detenida y solo recibió vitaminas prenatales como único tratamiento médico.
Lupe Rodríguez, directora de National Latina Institute for Reproductive Justice, expuso el caso de una mujer con embarazo de alto riesgo que permaneció cuatro meses sin atención médica. Según el reporte, la víctima fue obligada a dormir en el suelo y padecer hambre durante su reclusión.
Las directrices del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) estipulan que el Gobierno no debe arrestar a personas embarazadas, en posparto o lactantes, salvo excepciones extremas. No obstante, documentos del Departamento de Seguridad Nacional entregados a la senadora Patty Murray revelan que, entre enero de 2025 y febrero de 2026, las autoridades detuvieron a 498 personas en estas condiciones.
Yvonne Rodríguez de la organización Reproductive Freedom For All, denunció el traslado de más de una docena de menores migrantes embarazadas a albergues en el sur de Texas, estado donde el aborto está prohibido. El informe original de The Texas Newsroom detalla que la mitad de estas menores resultaron embarazadas tras sufrir abusos sexuales.
La abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) Brigitte Amiri, señaló que esta acción rompe con el protocolo anterior, el cual buscaba ubicar a las menores en estados donde el procedimiento fuera legal para cumplir con órdenes judiciales.
«Las jóvenes que llegan a EE.UU. en busca de seguridad deben ser tratadas con respeto y dignidad; la administración de Trump no debería politizar su atención médica«, puntualizó Amiri.
Desde el inicio de su gestión en enero de 2025, la administración de Donald Trump ha implementado políticas migratorias basadas en el endurecimiento del sistema judicial y operativos de deportación masiva.
Estas medidas se presentan como una estrategia de control de fronteras que, según denuncias internacionales, deriva en condiciones insalubres y la reactivación de separaciones familiares, agravando la situación humanitaria en las zonas limítrofes.
El trato hacia grupos de alta vulnerabilidad, específicamente mujeres embarazadas y menores víctimas de violencia sexual, concentra las principales denuncias por negligencia institucional. Los reportes indican que las autoridades han omitido la prestación de servicios médicos básicos y han facilitado el traslado de víctimas de abuso a jurisdicciones que prohíben la interrupción del embarazo.
Este patrón de gestión administrativa ignora los protocolos internacionales de protección al asilado, sustituyendo el debido proceso por mecanismos de detención prolongada que afectan la integridad física y psicológica de los migrantes.
