La tensión en las calles comienza a recrudecer. Mientras el Gobierno apura los trámites para la aprobación de su tan ansiada ley ómnibus —que contempla una mayor flexibilización laboral—, miles de gremios a nivel nacional responden a la inédita caída salarial —del 17% en cuatro meses— con una nueva huelga citada para el 9 de mayo, que amenaza con parar la actividad productiva en todo el país.
Se trata de la segunda medida de fuerza de la gestión Milei, que ya enfrentó un paro general el 24 de enero —el más temprano contra un presidente recién electo—, cuando cientos de miles de trabajadores salieron a las calles en reclamo de la reapertura de las negociaciones salariales al calor de la inflación desatada tras la devaluación del 50% de la moneda.
A diferencia de su predecesora, la nueva huelga general tendrá mayor impacto dada la adhesión de los gremios del transporte, que pararán virtualmente toda la actividad a nivel nacional. Si bien constituye una jornada con peso propio, la convocatoria se inscribe en un plan de lucha general anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que tuvo como instancias previas una movilización por el Día Internacional del Trabajador y la masiva Marcha Federal Universitaria.
Golpear primero para negociar después
«El paro va a ser muy fuerte, incluso mayor al anterior. El hecho de que se sumen los compañeros del transporte va a sentirse fuertemente en la calle, y esperamos que sea un claro mensaje al Gobierno», dijo a Sputnik Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico y dirigente de la CGT.
«Nuestro poder adquisitivo ha caído un 40% respecto a lo que cobrábamos en octubre de 2023, y eso va a ser difícil de recuperar. Este Gobierno libera todos los precios, pero pone techo a nuestras paritarias, y contra eso vamos a protestar parando la actividad», remarcó el sindicalista.
El objetivo de lograr una adhesión masiva a la medida está explicitado en la voz de los principales referentes del mundo gremial. En diálogo con Sputnik, Hugo Godoy —secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA)— destacó que «queremos que se note que el movimiento obrero está más fuerte que nunca, a pesar de lo que quiere Milei».
El corazón del reclamo es económico. «La suba de los servicios hace imposible llegar a fin de mes. Nuestros bolsillos están escuálidos: el panorama es mucho más grave de lo que exhibe el Gobierno», denunció Godoy.
«El Gobierno lleva cinco meses de gestión sin haberse reunido con nosotros. El ataque a los salarios es inédito y hace insostenible esta situación: el aumento en las tarifas y en los precios es descomunal y no hay sueldo que haya aumentado en la misma medida. Básicamente, quieren que el ajuste lo paguen los trabajadores y eso no lo vamos a permitir», remarcó el dirigente de la CTA.
El fantasma de la reforma
Si bien el sindicalismo dirige su mensaje a la Casa de Gobierno, sus principales referentes miran de reojo todo el debate desarrollado en la Cámara de Senadores, que deberá votar la ley ómnibus impulsada por el oficialismo que ya obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados. El aspecto central de la iniciativa que preocupa al gremialismo orbita en torno a la reforma laboral comprendida en el texto del proyecto.
La medida contempla la derogación de las indemnizaciones agravadas para trabajadores no registrados despedidos. Además, aumenta el período de prueba de tres a seis meses y habilita la contratación de trabajadores de manera precaria (sin vacaciones, medio aguinaldo ni licencias) para compañías de menos de cinco empleados. Por último, dispone la creación de un fondo de cese laboral, para amortizar el costo de un despido para el empleador.
«De ser necesario, vamos a marchar hasta el Senado para evitar la aprobación de la ley que solo busca quitarnos derechos», enfatizó Godoy consultado al respecto. El dirigente remarcó que, así como la CGT logró frenar judicialmente la flexibilización laboral establecida por el mega Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Milei, aspiran a hacer lo propio con la nueva iniciativa.
«El mismo Gobierno que plantea reformar garantías constitucionales por decreto, ahora quiere quitarnos lo conseguido con mucho esfuerzo, y no lo vamos a permitir», declaró el dirigente.
La tensión en las calles
Si bien hasta el momento la administración Milei ha mantenido un formidable orden social a pesar del sensible cuadro económico y del ajuste fiscal desplegado, desde el gremialismo advierten por la sostenibilidad de las políticas instrumentadas.
«Si la inflación baja es porque la gente ya no puede consumir. Muchos comercios están empezando a cerrar y eso va a impactar en el empleo: tenemos cada vez más reportes de compañeros industriales que nos avisan que les llegan suspensiones recurrentes por la falta de ventas», advirtió Godoy.
«Esperemos que el Gobierno tome nota de nuestros reclamos, porque ha crecido mucho la conflictividad social y política, y los discursos que escuchamos desde la Casa Rosada no tienen nada que ver con la realidad que viven los trabajadores».
