Juan Lehmann (Sputnik).— En medio de la flagrante licuación de los sueldos profundizada tras la llegada de Javier Milei al poder, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un nuevo paro general para el 9 de mayo. Se trata de la segunda medida de fuerza contra el Gobierno de Argentina asumido el 10 de diciembre: la primera ocurrió el 24 de enero y constituyó la más temprana contra un presidente recién asumido.
Los números hablan por sí solos: entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 los salarios cayeron un 23,9% en términos reales. El valor surge de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que refleja la remuneración promedio de trabajadores formales contemplada en los aportes al Sistema Integrado Previsional (SIPA). Se trata del derrumbe cuatrimestral más profundo desde que comenzó a elaborarse el índice, en 1994.
Si bien el declive de los ingresos acumula seis años consecutivos —incluyendo a los Gobiernos de Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2019-2023)—, el deterioro dio un profundo salto tras la devaluación del 50% con la que Milei inició su Gobierno, que llevó a una inflación acumulada del 90% desde diciembre de 2023.
Las cifras oficiales denotan otro dato alarmante: los sueldos no alcanzan para cubrir la canasta básica total para una familia tipo, ubicándolos por debajo de la línea de pobreza.
Golpe por golpe
«El plan de ajuste nos empuja a salir a las calles: en Argentina aumenta todo menos los salarios, y por eso es fundamental que haya unidad de todos los trabajadores para frenar el ataque del Gobierno», dijo a Sputnik Hugo Godoy, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA).
El dirigente remarcó que «desde hace tiempo venimos presionando por un paro general para el mes de abril, pero decidimos confluir con la CGT para alcanzar la unidad de los trabajadores por la que históricamente apostamos. El movimiento obrero tiene que estar más unido que nunca».
Una de las gotas que rebasó el vaso fue puesta en palabras por el ministro de Economía Luis Caputo, quien anunció que tras la licuación de ingresos ocurrida en el primer trimestre, el Gobierno no autorizaría aumentos salariales por encima de la inflación mensual, incluso cuando hubieran sido pactados entre los gremios y las patronales.
Según Godoy, la decisión del oficialismo «muestra la visión clasista del ajuste: quieren que los perjudicados sean los trabajadores, los jubilados y los beneficiarios de planes sociales. Queda claro que no todos los precios son libres: el tope del salario desmiente el discurso oficial».
La motosierra y la licuadora
Mientras que la gestión de La Libertad Avanza realiza profundos ajustes en el Estado —reflejados en los despidos masivos en la administración nacional o el freno total a la obra pública—, simultáneamente despliega un programa centrado en frenar la inflación a partir de una feroz recesión apuntalada por la licuación de los ingresos y su consiguiente efecto en el consumo.
Consultado por Sputnik, el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA, Luis Campos, consideró que «los trabajadores están corriendo a la inflación desde muy lejos. Probablemente ahora se consoliden salarios muy bajos y se cristalice la pérdida de poder adquisitivo».
Según el especialista, «solo entre diciembre y enero hubo una caída del 20% en términos reales. Si la recuperación tras un virtual aminoramiento de la inflación es de dos puntos por mes, recién dentro de 20 meses se reconstituiría el nivel de sueldos de finales de 2023».
«Los salarios vienen en caída libre desde 2018: son seis años consecutivos de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. En el mejor de los casos, recién dentro de dos años se podría recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios apenas del último trimestre», precisó Campos.
Por supuesto, la caída no es igual en todos los rubros. Mientras que los gremios con mayor poder de fuego, tanto por su capacidad de freno a la economía (camioneros) como por el dinamismo de su sector (bancarios), poseen mayor respaldo para luchar contra la inflación, otros cuentan con escaso margen de maniobra, en medio de una recesión que presiona sobre el nivel de desempleo.
Al respecto, Campos señaló que «no hay una pauta uniforme de actualización de los salarios, lo cual acrecienta la brecha de cada sector y hace cada vez más complejo el panorama. Incluso esto alcanza a los informales: los trabajadores no registrados representan casi a la mitad del total, y ellos son los que más sufren los efectos de la crisis».
