La Coalición de Solidaridad con Nicaragua (Nicaragua Solidarity Coalition) convoca a firmar una carta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU), en protesta por un reciente informe de la ONU por el mal llamado Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).

La recolección de firmas continúa hasta la fecha límite del miércoles 17 de abril, en un esfuerzo por mostrar una resistencia masiva al informe de la ONU.

Es hora de que denunciemos falsedades como las del informe GHREN.  Gracias por su apoyo a este esfuerzo.

Los expertos en derechos humanos que figuran a continuación, así como otros firmantes originales, enviaron una carta anterior al CDHNU el 31 de marzo.  Nuestra carta continuará ese esfuerzo, añadiendo muchos nombres.

֎ Alfred de Zayas, Profesor de Derecho Internacional en la Escuela Diplomática de Ginebra y anterior Experto Independiente de la ONU sobre el Orden Internacional (2012-2018)

֎ Margaret Flowers, M.D., Co-Coordinadora de la Coalición Internacional para Detener el Genocidio en Palestina; Directora de Resistencia Popular

֎ Luis Suárez-Villa, Profesor de Ecología Social, de Política de Planificación y Diseño, y de Estudios Tecnológicos en la Universidad de California, Irvine, EE.UU.

֎ Curtis FJ Doebbler, profesor investigador de Derecho en la Universidad de Makeni y propietario del bufete del Dr. Curtis FJ Doebbler

֎ Ann Wright, ex coronel del ejército y diplomática estadounidense, activista por la paz de CODEPINK

֎ S. Brian Willson, Nicaragua, abogado, activista de derechos humanos y Veterano por la Paz

֎ Dan Kovalik, abogado de derechos humanos y autor, Council on Hemispheric Affairs (COHA), Pittsburgh, PA, Estados Unidos

֎ Sara Flounders, codirectora del Centro de Acción Internacional, editora de “Sanciones: Una bola de demolición en la economía mundial”

֎ Camilo Mejía, nicaragüense, ex preso de conciencia de Amnistía Internacional

֎ Ajamu Baraka, Presidente del Comité Coordinador de la Alianza Negra por la Paz

Carta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas:

El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés), publicado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) el 28 de febrero de 2024, es metodológicamente defectuoso, sesgado y nunca debería haberse publicado.

Este es el Segundo informe del GHREN. El primero, publicado en marzo de 2023, fue denunciado en una carta firmada por muchos distinguidos expertos de derechos humanos, por 119 organizaciones y por 573 individuos. Esa carta de protesta fue totalmente ignorada.

La Nicaragua Solidarity Coalition (Coalición de Solidaridad con Nicaragua; la Coalición) presentó pruebas detalladas al GHREN sobre los errores y omisiones de su primer informe. Estas comunicaciones no recibieron respuesta; tampoco son reconocidos en el nuevo informe. Es evidente que el GHREN sólo toma en cuenta las pruebas aportadas por los opositores al gobierno de Nicaragua. Esto hace absurda la pretensión del grupo de estudio de ejercer “independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia, integridad”. En este contexto, el antiguo Experto Independiente de la ONU sobre Orden Internacional [2012-2018], Alfred de Zayas, comentó a esta Coalición que “excluir la información pertinente presentada al grupo de estudio es una violación de la metodología responsable, una violación de la ética de toda investigación judicial o cuasijudicial.”

A pesar de la exigencia de examinar “todas las presuntas violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018”, el primer informe minimizó la prolongada y grave violencia de los grupos opositores en 2018. El segundo informe la ignora por completo. Aunque afirma haber realizado 642 entrevistas con víctimas, ninguna parece provenir de los miles que sufrieron la violencia opositora.

Esta presentación unilateral lleva a la conclusión de que la respuesta del gobierno al intento de golpe de estado tenía como objetivo “incapacitar a cualquier oposición” mediante el uso de “detenciones arbitrarias”. En realidad, el gobierno nicaragüense estaba tomando medidas cautelares para proteger el derecho humano de los civiles a la seguridad mediante el restablecimiento y mantenimiento de la paz en el país, en las calles y en las instituciones. Las pruebas aportadas por la Coalición al GHREN contenían múltiples ejemplos de delitos cometidos que dieron lugar a tales detenciones, incluidos relatos de testigos presenciales.

El informe señala que en 2019 hubo una amnistía para los detenidos y declarados culpables de delitos, incluido el homicidio, durante el intento de golpe de estado. Sin embargo, presenta la amnistía como beneficiosa para los actores estatales, cuando en realidad sus principales beneficiarios, como parte de los esfuerzos de reconciliación del gobierno, fueron más de 400 personajes violentos de la oposición, incluidos los organizadores del golpe (por ejemplo, Medardo Mairena, quien organizó ataques asesinos contra comisarías de policía).

El informe se refiere a las detenciones y juicios de opositores al gobierno como “arbitrarios”, no hace ningún intento de evaluar sus alegaciones de inocencia y no indica que a muchos se les concedió la amnistía en 2019. La amnistía estaba condicionada a que se abstuvieran de la violencia. El GHREN no menciona que quienes sí cumplieron han reanudado su vida normal. Los ejemplos incluyen a dos actores en la toma violenta de la ciudad de Masaya. Uno de los líderes de la acción, Santiago Fajardo, junto con Carlos Caistes, quien participó en la tortura y asesinato de un policía, han estado en libertad desde 2019.

El informe se centra en las medidas adoptadas contra algunos elementos de la Iglesia católica, sin hacer referencia al papel clave desempeñado por varios personajes católicos en la violencia de 2018. Algunos clérigos utilizaron edificios eclesiásticos para retener rehenes en nombre de la oposición y almacenar armas y suministros para quienes tripulaban los violentos tranques (bloqueos de carreteras). Varios obispos y sacerdotes fueron organizadores activos de la intentona golpista; algunos sacerdotes incluso supervisaron actos de violencia y tortura e intentaron ocultarlos.

El ejemplo más atroz de implicación de figuras eclesiásticas en actos de violencia extrema, fue la prolongada tortura y quema en vida del agente de policía Gabriel Vado, que dos sacerdotes católicos intentaron ocultar. Esto fue calificado en pocas palabras como una “muerte” en el primer informe, mientras que no se menciona siquiera ninguno de los incidentes de implicación eclesiástica en la violencia en el segundo informe.

Muchos de estos actos fueron documentados en nuestras pruebas anteriores al GHREN. Hasta 2023, continuaron las acciones políticas abiertas por parte de algunas figuras eclesiásticas, en algunos casos animando a los opositores al gobierno a lanzar ataques violentos, como en el caso del obispo Rolando Álvarez. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno por controlar estas acciones se califican de “represión”.

Críticas similares se aplican al tratamiento que el GHREN da a otros grupos como los estudiantes y el llamado “movimiento campesino”.

Los autores del informe deberían haber buscado proactivamente otros puntos de vista y haber incorporado las numerosas pruebas relativas a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua por parte de intereses estadounidenses. Tal y como está, este informe alimenta la demonización de las autoridades nicaragüenses impulsada por Washington y no tiene en cuenta los deseos de la mayoría del pueblo nicaragüense. El informe contribuye a facilitar un cambio de régimen no democrático y un retorno a los años de Somoza. Los redactores del informe deberían haber tenido en cuenta la vigencia de la sentencia de 1986 de la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua contra Estados Unidos e indagar concienzudamente en las causas profundas de los problemas a los que se enfrenta hoy el pueblo nicaragüense.

En este contexto, resulta apropiada la referencia al artículo 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, ya que Estados Unidos es miembro de la OEA: “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”.

En el espíritu de la Carta de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos debería esforzarse por prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica al pueblo nicaragüense en lugar de exacerbar un ambiente de confrontación.

Como señala la respuesta del Gobierno de Nicaragua al informe del GHREN, éste también ignora por completo los enormes avances logrados en favor de los derechos humanos de los nicaragüenses en materia de educación, salud y vivienda; la lucha contra la pobreza extrema; la provisión de seguridad jurídica, ciudadana y alimentaria; y la protección de los sectores más vulnerables de la población. Por el contrario, el informe es un intento de utilizar un organismo multilateral de derechos humanos para dar legitimidad a una campaña de cambio de régimen y justificar más medidas coercitivas económicas, que ya violan los derechos socioeconómicos de los nicaragüenses y frustran la consecución de los objetivos de desarrollo de la ONU.

Alfred de Zayas ha comentado que el GHREN se creó con el propósito de “nombrar y avergonzar” al gobierno nicaragüense, no para hacer una investigación objetiva (De Zayas, A. 2023; The Human Rights Industry. Atlanta: Clarity Press). Es imperativo que El Consejo de Derechos Humanos de la ONU vuelva a la objetividad y a la profesionalidad. Este informe es un ejemplo más de la necesidad de una reforma radical de las Naciones Unidas, como exigió el ex Presidente de la Asamblea General de la ONU y miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, el nicaragüense Padre Miguel d’Escoto Brockmann.

También condenamos la hipocresía del gobierno estadounidense cuando, al acoger el informe con beneplácito, afirmó “apoyar el retorno de Nicaragua a una democracia productiva”. Desde hace años, el gobierno de Estados Unidos ha activamente intentado socavar la democracia nicaragüense a través de varias tácticas de cambio de régimen, como son: financiar directamente y ayudar a planificar el violento intento de golpe de Estado de 2018, intentar socavar las elecciones democráticas de Nicaragua en 2021 e imponer contra el país medidas económicas coercitivas cada vez más ilegales.

Por último, quedamos atónitos al ver que este informe del GHREN, que acusa falsa y ridículamente a Nicaragua de “crímenes de lesa humanidad”, sea acogido con satisfacción por los gobiernos de los países occidentales, los que promueven activamente los verdaderos crímenes de lesa humanidad en Palestina.

La Coalición de Solidaridad con Nicaragua (Nicaragua Solidarity Coalition)

Para firmar la carta en español, vaya a este enlace (click)

Para firmar la carta en inglés, vaya a este enlace (click)