Jorge Elbaum (Granma).— Luego del inadmisible secuestro del legítimo presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de la diputada Cilia Flores, las autoridades judiciales estadounidenses han decidido revocar la acusación referida a que el mandatario lideraba el Cartel de los Soles. Durante más de una década, dicha imputación fue utilizada para deslegitimar a las autoridades chavistas y desde hace dos meses se convirtió en el ariete propagandístico central para justificar el bloqueo a la República Bolivariana, el asesinato de más de una centena de tripulantes de embarcaciones en el Caribe, el bombardeo de un país soberano y el rapto de dos de sus autoridades institucionales.

Mientras tanto, oculto bajo un velo comunicacional compacto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha convertido en el primer mandatario que gobierna para los carteles de drogas. Durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, el magnate firmó 144 indultos y 94 conmutaciones de penas. Una gran parte de esas indulgencias fueron otorgadas a delincuentes condenados por delitos de narcotráfico. El caso más resonante fue el del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado el 8 de marzo de 2024 a 45 años de prisión por liderar una red de narcotraficantes que comercializó 400 toneladas de cocaína dentro de Estados Unidos, en asociación con el mexicano Joaquín «el Chapo» Guzmán. En los fundamentos de la sentencia, el tribunal consideró que Juan Orlando «convirtió a Honduras –entre 2014 y 2022– en un narcoestado». Según el jurista Kermit Roosevelt, profesor de la Universidad de Pensilvania, las absoluciones concedidas por Trump a los convictos por narcotráfico son el resultado de aportes financieros realizados por grupos de presión y/o familiares de los condenados.

El desvergonzado modus operandi utilizado para la liberación de narcos quedó en evidencia en las filtraciones difundidas por asesores legislativos, quienes exhibieron los estrechos vínculos de Marco Rubio con el BGR Group, organización de lobby encargada de garantizar la liberación de Juan Orlando Hernández. Dicha consultora se presenta como orientada a «Servicios de asesoramiento y cabildeo personalizado de alto rendimiento». Según la Oficina de Registro de Agentes Extranjeros (fara), Juan Orlando Hernández contrató a BGR Group desde 2018 hasta el término de su mandato en 2021, abonando 660 000 dólares anuales para fomentar su imagen en los pasillos del Capitolio, en Washington. Antes de que Juan Orlando Hernández introdujera las 400 toneladas de cocaína a través de Miami, BGR Group se encargaba de coordinar y orientar las campañas electorales de Marco Rubio al Senado, tanto en 2010 como en 2016. Según varios asesores de senadores demócratas, fue Rubio quien contactó a los familiares de Juan Orlando con BGR, situación que explica la difusión de informes de la consultora, en los que Juan Orlando Hernández era caracterizado como «un aliado clave en la lucha contra el crimen organizado».

El vínculo de Rubio con los narcotraficantes es de índole familiar. Cuando era un adolescente, el actual Secretario de Estado vivía por periodos en la casa de su hermana mayor, Bárbara, quien estaba casada con el cubano Orlando Cicilia, importante animador de la gusanera de Miami e integrante de los «jinetes de la cocaína». El cuñado de Marco Rubio era el subordinado de uno de los jefes mafiosos de Miami, Mario Tabraue, quien había participado en abril de 1961 en el frustrado desembarco en Playa Girón. Cuando detuvieron a Cicilia, hallaron varios kilos de cocaína en el domicilio en el que pernoctaba Rubio. Tabraue fue condenado a prisión perpetua y Cicilia a 25 años. Pero ambos fueron excarcelados gracias a convertirse en arrepentidos cooperantes. Cicilia logró reinsertarse en la gusanera gracias a que el actual Secretario de Estado le gestionó una licencia como corredor de bienes raíces, credencial que no es otorgada a exnarcotraficantes. Marco Rubio, ya en carrera política, logró superar ese obstáculo. Los negocios de los «jinetes de la cocaína» fueron recreados por Brian De Palma en su película Scarface. Tabraue es quien aparece personificado, en el film, como el apacible Tony Montana. Buenos muchachos.

La condescendencia de la administración trumpista con los narcos incluyó el perdón a Ross William Ulbricht, fundador de Silk Road, el mayor sitio de comercialización de pastillas ilícitas en internet. El agraciado había sido condenado a prisión perpetua –sin posibilidad de libertad condicional– en 2015. También fueron favorecidos Alice Marie Johnson, encarcelada por distribución de cocaína, y Ronen Nahmani, convicto desde 2015 por la comercialización en Florida de drogas sintéticas. Disfrutó del mismo privilegio Weldon Angelos, condenado a 55 años de cárcel por posesión de armas de guerra y tráfico de estupefacientes. El mismo favor le fue concedido al pastor Otis Gordon, que, además de brindar la comunión, se dedicaba a la distribución de narcóticos. Roy Wayne McKeever fue otro de los que mereció la indulgencia presidencial: había sido arrestado en 1989 por traficar marihuana desde México hasta Oklahoma. El jefe de la mafia de Chicago, Larry Hoover, también recibió el perdón del magnate neoyorquino. Su colega, el capo de la droga de Baltimore, Garnett Gilbert Smith, sonrió junto con sus colaboradores al recibir la noticia del indulto. Sam Topeka, sentenciado a diez años de prisión por vender 80 kilos de cocaína, fue igualmente favorecido. La misma clemencia le fue conferida a Christopher Anthony Bryant, sentenciado a 12 años de cárcel en 2022 por posesión de armas y distribución de varios kilos de cocaína, 1 300 dosis de heroína, 1 700 pastillas de metanfetamina y 1 300 de fentanilo.

Las afinidades electivas del actual mandatario estadounidense con los narcotraficantes no son nuevas. Joseph Weichselbaum fue su socio en una empresa de alquiler de helicópteros, utilizada para transportar millonarios al casino Trump de Atlantic City. También fue uno de sus inversores en varios de sus emprendimientos inmobiliarios. En 1985, Weichselbaum fue imputado por 18 delitos de narcotráfico. En esa ocasión, sucedió algo asombroso: el caso fue derivado de Cincinnati a Ohio para que otra jueza estableciera la sentencia. La magistrada designada fue Maryanne Trump Barry, hermana mayor del actual presidente. Cuando la fiscalía denunció la proximidad del acusado con uno de sus socios, Maryanne se excusó, pero le entregó la causa a su íntimo colaborador, el juez Harold Ackerman. Este último «se apiadó» del narcotraficante Weichselbaum, fue condenado a tres años de cárcel –de los cuales solo completó 18 meses–, mientras que sus subordinados fueron sentenciados a 20 años de prisión. Antes del veredicto, Trump había escrito una carta al juez Ackerman en la que caracterizaba a Weichselbaum como una «persona escrupulosa, sincera y diligente» que representaba «un motivo de orgullo para la comunidad». En síntesis: un empresario con socios narcos, que perdona a delincuentes narcos y que utiliza el pretexto del narcoterrorismo para bombardear, llevar a cabo asesinatos extrajudiciales y secuestrar a un presidente. Casi una tautología.