Israel volvió a mostrar otra parte de su peor cara tras la entrada en vigor de la prohibición que afecta a decenas de organizaciones de ayuda humanitaria en los territorios palestinos ocupados.
La medida, que revocó las licencias de operación de 37 grupos, entre ellos Médicos Sin Fronteras (MSF) y el Consejo Noruego de Refugiados, fue denunciada como un ataque directo contra la asistencia vital que sostiene a cientos de miles de palestinos en medio de la devastación, el apartheid y el genocidio sionista.
Este jueves, un grupo de 19 organizaciones de derechos humanos con sede en Israel emitió un comunicado en el que calificó la decisión como una violación flagrante de los principios humanitarios.
“Socava la acción humanitaria basada en principios, pone en peligro al personal y a las comunidades, y compromete la entrega efectiva de la ayuda”, señalaron.
Los grupos recordaron que, como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar suministros adecuados a la población civil palestina, pero no solo incumple esa responsabilidad, sino que además impide que otros actores internacionales cubran ese vacío.
Las nuevas normativas exigen a las ONG internacionales que operan en Gaza y Cisjordania proporcionar información detallada sobre su personal, financiación y operaciones.
Israel justifica la medida alegando supuestos vínculos de estas organizaciones con Hamás y la Yihad Islámica Palestina, aunque sin presentar pruebas.
Las ONG reaccionaron alegando que Israel solo tiene una campaña sistemática para obstaculizar el trabajo de quienes asisten a los palestinos.
“El nuevo marco de registro viola los principios humanitarios fundamentales de independencia y neutralidad”, denunciaron organizaciones como B’Tselem. Además, advirtieron que condicionar la ayuda a la alineación política y exigir la divulgación de datos personales sensibles expone a los trabajadores humanitarios y a sus familias a riesgos de vigilancia y daño.
Médicos Sin Fronteras, una de las organizaciones afectadas, señaló que aún espera la renovación de su registro para operar en Gaza y Cisjordania bajo las nuevas normas. “El sistema sanitario palestino está diezmado, la infraestructura esencial está destruida y la gente lucha por cubrir las necesidades básicas. La gente necesita más servicios, no menos”, afirmó la organización en redes sociales. De perder el acceso, cientos de miles de palestinos quedarían sin atención médica esencial.
a prohibición se produce en un contexto marcado por el genocidio que Israel libra contra la población de Gaza, donde las restricciones a la entrada de alimentos, medicinas y otros insumos esenciales han agravado una crisis humanitaria sin precedentes.
En Cisjordania, la violencia también se ha intensificado, el ejército israelí ha obligado a decenas de miles de palestinos a abandonar sus hogares, cometiendo en flagrancia crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Desde la ONU también se alarman
El alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, advirtió que la prohibición de ONG constituye “la última de un ciclo de restricciones ilegales al acceso humanitario” en los territorios ocupados.
Martin Griffiths, exjefe humanitario de la ONU y miembro del Consejo Noruego de Refugiados, expresó su pesimismo sobre el futuro inmediato.
“La realidad es que estas agencias son esenciales para la prestación de ayuda. Son la última milla, quienes realmente entregan la asistencia a las personas implicadas”, declaró a Al Jazeera el funcionario.
Esta medida llega a los palestinos en un momento donde conviven en un escenario donde la infraestructura está destruida, el sistema sanitario colapsado y la población atrapada entre la violencia y el bloqueo, la exclusión de las ONG internacionales amenaza con profundizar aún más el sufrimiento de millones de civiles.
Para los defensores de derechos humanos, impedir la acción humanitaria en Gaza y Cisjordania no solo constituye una violación del derecho internacional, sino que también perpetúa la impunidad frente a crímenes a diario comete el Estado de Israel.
