Yarisley Urrutia (Sputnik).— En apenas mes y medio, el Gobierno español ha adjudicado de forma directa, sin mediar concurso público y vía Consejo de Ministros, préstamos por un monto total de 14.223 millones de euros a la industria de defensa. Son líneas de crédito abiertas hasta 2032 caracterizadas por un tipo de interés al 0% y destinadas a financiar 31 programas de armamento específicos.
Tales programas incluyen la fabricación de nuevos vehículos de combate anfibios y sobre cadenas, la modernización de sistemas artillería autopropulsada, sistemas de radio táctica, la contribución al futuro carro de combate europeo, nuevos radares de localización de fuego indirecto, vehículos lanzapuentes, buques de acción marítima, la actualización de las fragatas F-100, satélites de observación, helicópteros NH90 de transporte, H175 multipropósito y H-135 de entrenamiento, equipos de transmisiones y cifradores de datos para aeronaves, entre otros.
La selección de las empresas beneficiarias fue realizada directamente por el Ministerio de Defensa, actuando el Ministerio de Industria como catalizador formal de los fondos. Esta inyección masiva de capital se enmarca en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa, una iniciativa lanzada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez como respuesta al actual contexto de rearme europeo y a los compromisos de gasto adquiridos con la OTAN. Solo en 2025, se movilizarán 10.471 millones de euros.
| El mecanismo utilizado, conocido como Programas Especiales de Modernización (PEM), permite prefinanciar estos proyectos sin recurrir a la banca privada, lo que abarata costos y evita que el desembolso compute como déficit público, al considerarse una inversión en I+D. Pero el Estado actúa tanto en calidad de cliente como de acreedor, que no obtiene garantías para el desembolso de los fondos y su recuperación total. Por ejemplo, la constructora naval Navantia, una de las beneficiarias, acumula pérdidas crónicas desde 2007. |
Más del 60% del total ha sido captado por consorcios en los que participan Indra y Escribano Mechanical & Engineering, empresas vinculadas por una próxima fusión y cuyos máximos dirigentes son hermanos, lo que genera cuestionamientos sobre conflictos de interés. Además, su proyecto estrella conjunto en el marco del consorcio Tess Defense, el VCR 8×8 Dragón, está totalmente atascado. Tras ellas, a gran distancia, se sitúan otras firmas como Airbus, la estatal Navantia, Telefónica, General Dynamics, Aertec, Urovesa y Oesía.
El Gobierno justifica el procedimiento de adjudicación directa, sin licitación pública, amparándose en el artículo 346 del Tratado de la Unión Europea, que permite excepciones a las normas del mercado interior en aras de «la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra».
Así, el Ejecutivo español alega que es necesario proteger intereses esenciales de la defensa y que las empresas seleccionadas representan la opción óptima para cada programa. Pero las memorias justificativas que detallan esta elección, no son de carácter público.
¿Motor de revitalización industrial?
Pese a la ingente inyección de dinero público, hay dudas sobre la capacidad de creación de empleo y sobre el aumento del tejido industrial español mediante un gasto militar que potencie a las empresas armamentísticas locales.
«España nunca tendrá un complejo militar industrial porque está subordinada a los complejos militares industriales estadounidense, francés y alemán. Su función es la de país comprador y de colaborador en proyectos europeos», explica a Sputnik José Manjón, historiador y analista del Instituto Español de Geopolítica.
«La industria militar española tiene un papel auxiliar en el esquema atlantista», subraya este especialista, que apunta a un carácter de «subvención encubierta» para el caso de los préstamos concedidos a empresas con pérdidas, como Navantia. «Es un aguinaldo millonario», ejemplifica.
Preguntado por la capacidad de la industria militar española de superar su condición subsidiaria, Manjón vincula tal posibilidad a una «gran expansión». «Pero el tejido industrial español ya no es el que era«, matiza.
El factor auxiliar de la industria militar española condiciona, además, otros indicadores macroeconómicos. «En España, el incremento en el presupuesto militar implica un 22,3% de importaciones, lo que desvía un porcentaje importante del gasto español al extranjero, mientras que en el resto de los sectores económicos analizados esta pérdida en la economía local es prácticamente cero», escribe Jordi Calvo, analista del Centro Delàs de Estudios por la Paz de Barcelona, en un análisis posterior a la concesión de los préstamos.
¿Motor económico y de empleo?
En un comunicado emitido el mismo día que el Consejo de Ministros regaba de créditos millonarios a la compañía, Indra Group aseguró que «movilizará la industria nacional» con los préstamos. La inversión «generará más de 3.000 empleos directos de alto valor añadido» y «muchos más en el conjunto de la economía distribuidos por todo el territorio nacional», sostienen en la compañía, cuyo primer accionista (27,99%) es el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Sin embargo, hay estudios que refutan que el gasto militar y la revitalización de la industria de defensa estimulen la creación de empleo. Por ejemplo, en el trabajo de investigación The Economic Impact of Arms Spending in Germany, Italy, and Spain, publicado en 2023 por investigadores de las universidades de Newcastle, Milano Bicocca y Florencia, se estima que por cada 1.000 millones de euros que España invirtiese en educación, se crearía un 150% más de empleo que si se destinaran a defensa.
«En España, el efecto sobre el empleo oscilaría entre 10.200 nuevos puestos de trabajo en el medio ambiente y 14.700 en educación, dos veces y media el número de empleos asociados a la adquisición de armas», escriben los autores del informe.
| Ya en 2017, un informe del Instituto Watson de la Universidad de Massachusetts llegaba a conclusiones similares. Por cada millón de dólares que se invertía en la industria militar, la economía de EEUU generaba 6,9 puestos de trabajo, entre empleos directos (en las empresas armamentísticas) e indirectos (en las cadenas de suministro). Pero invertido en los sectores de la energía solar, salud y educación, ese mismo millón de dólares creaba 9,5, 14,3 y 19,2 empleos, respectivamente. |
«El gasto en salud crea más del doble de empleos para el mismo nivel de gasto, mientras que la educación crea hasta casi tres veces más empleos que el gasto de defensa, en particular para la educación primaria y secundaria», subraya Heidi Garret-Peltier, la autora del estudio.
Si se cruzan los datos de ambos estudios, se obtienen estimaciones sobre el impacto limitado de las inversiones en defensa en la economía de los países europeos. «Podemos estimar que el 35% de los incrementos en gasto en rearme europeo sería para importar armas de países fuera de la UE, sabiendo que el principal suministrador es EEUU«, concluye Calvo, al respecto de Alemania, Italia y España.
