El 25 de septiembre, en un acto de apoyo al referéndum catalán en el Teatro Micalet de Valencia, un centenar de ultraderechistas de España 2000 se concentró en la puerta para reventar el acto. La concentración había sido permitida por la delegación del gobierno español. Dos semanas antes, cuando Anna Gabriel estuvo en esta la ciudad, la extrema derecha le lanzó amenazas de muerte.
El 7 de octubre, en una manifestación unionista en Palma, una mujer que estaba en la parada de la Asociación Sobiranista de Mallorca (ASM) fue herida y asaltada. Al día siguiente, en Barcelona, catorce organizaciones de extrema derecha se sumaron a la manifestación de Sociedad Civil Catalana, en el que se cometieron numerosas agresiones racistas y ataques a periodistas.
Los hechos más graves tuvieron lugar durante la Diada del Nueve de Octubre en Valencia: la ultraderecha intentó reventar la manifestación valencianista (organizada legalmente) y agredió a varios manifestantes. La policía española y la delegación del gobierno español actuaron con pasividad.
A este desbocamiento de una extrema derecha marcada por el anticatalanismo, hay que añadir la indefensión de cargos electos, como los de Podemos, en Zaragoza, donde fue agredida la presidenta de las Cortes de Aragón, y más agresiones de este verano, como las que tuvieron lugar durante la marcha del Orgullo LGTBI en Murcia.
La protección y la impunidad de los ultras se mantienen desde hace décadas, pero este último mes, debido al referéndum catalán, las acciones se han multiplicado, y no ha habido ningún detenido. En España, hay una extrema derecha que seguramente tiene mucho más poder y mucha más presencia en el margen de la escasa representatividad electoral.
Diez magistrados de los dieciséis del Tribunal de Orden Público (TOP), piezas clave de la represión del régimen, acabaron en el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional española en democracia. En el caso de la policía, tampoco hubo depuración ni en la sección más representativa de la dictadura, la Brigada Politico-social, encargada de perseguir y reprimir la oposición. El jefe de esta brigada, el comisario Roberto Conesa, y una buena parte de la sección fueron reciclados en la guerra sucia del estado español.
Por delante de las organizaciones armadas (principalmente ETA y el GRAPO), el español toleró grupos de extrema derecha neofascista como la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A), el Batallón Vasco Español, el Grupo de Acción Valencianista o la Milicia Catalana . Dentro de los grupos había politicos y militares que gozaban de la complicidad de los aparatos del estado español y activan violentamente y con una gran impunidad al margen de la ley. Posteriormente, un buen grueso de los miembros se formó Parte del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), una agrupación parapolicial financiados, coordinados y entrenados por el gobierno español y la administración, y que van a terminar llamándose ‘terrorismo de estado ‘.
Una muestra del poso nostálgico es la manifestación del pasado enero, en el que más de un millar de agentes de los sindicatos minoritarios de los Mossos (SPC, CAT y USPAC), el sindicato mayoritario de la Guardia Urbana de Barcelona (SAPOL), los sindicatos de la policía española (SIPEOL) y la Guardia Civil (ASIGC) protestaron principalmente contra la CUP por la persecución política, con voluntad de marcar la política, a pesar del paso del tiempo. Grupos ultras y plataformas de legionarios españoles también hicieron un llamado a participar, mostrando el vínculo que aún existía.
La última llegada masiva de la policía española y la Guardia Civil ha sacado a la luz una serie de estampas: actores cantando el himno con letra de Pemán (del bando franquista), imágenes amenazantes, proclamas claras para actuar contra la población y casos de catalanofobia .
Un neofranquismo que campa a sus anchas
En España, actualmente, encontramos asociaciones de extrema derecha, que más que ilegalizadas, han sido favorecidas. La más conocida es la Fundación Francisco Franco, que fue subvencionada y actualmente mantiene documentos oficiales secretos (de la Jefatura del Estado y la Presidencia hasta el 1973), pero encontramos muchas más, que se dedican a difundir el legado de personajes franquistas o ‘la verdad histórica ‘ Son ejemplos la Fundación División Azul, la Fundación José Antonio Primo de Rivera, Serrano Suñer, Fundación Yagüe o Queipo de Llano.
En fechas clave, son habituales decenas de actos de talante franquista, principalmente misas, sobre todo durante el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco, y también en la de Primo de Rivera. La última vez, la delegada del Gobierno en Cataluña en ese momento, Llanos de Luna, participó en un homenaje a la División Azul. Mientras tanto, el gobierno español ha decidido llevar al Tribunal Constitucional el reconocimiento del Parlamento de Navarra a las víctimas de la extrema derecha y la policía que hubo durante la transición.
Hay que agregar asociaciones como la ultracatólica HazteOir, que inexplicablemente fue subvencionada y ha sido declarada de utilidad pública, lo que le permite la exención del IBI y más beneficios fiscales.
En el ámbito de los partidos políticos, los nostálgicos franquistas de La Falange, Falange Española de las JONS y Falange Auténtica, y neonazis como Alianza Nacional, Democracia Nacional, Movimiento Social Republicano (MSR) -con sede en Barcelona- y España 2000 – con sede en Valencia, y que actualmente tiene siete concejales- son totalmente legales. La mayoría de estas formaciones se manifiestan impunemente, como ocurre durante las concentraciones del 12 de octubre, en las que muestran banderas franquistas, amenazan a los periodistas y hacen cánticos amenazadores.
Uno de los casos más flagrantes de esta impunidad fue la operación Panzer, en la cual se desarticuló a un grupo de dieciocho neonazis que tenía un arsenal de armas que incluía armas del ejército español, como lanzagranadas o armas cortas. La organización se financió mediante la venta de armas y promovió las ideas de ultraderecha y el odio contra los inmigrantes y los homosexuales. Decían que era una organización criminal que tenía contacto con políticos, empresarios y miembros de las Fuerzas Armadas españolas (dos de los cuales eran militares). Pero la inexplicable desaparición de las armas incautadas y el hecho de que se declararan nulos los grabaciones telefónicas llevó a la absolución de todos los acusados, entre los que se encontraba Pedro Cuevas, asesino confeso de Guillem Agulló. Incluso se obligó a indemnizarles por el material destruido.
