En Cataluña el estado español ha demostrado, una vez más su verdadero rostro, el rostro de la reacción y del fascismo. El gobierno fascista y corrupto del PP, apoyado por los no menos fascistas y corruptos partidos que cierran filas con el estado español en la negación de los derechos de la nación catalana, al igual que niegan los derechos democráticos y económicos de los trabajadores, como son, por ejemplo, el PSOE y el engendro creado por la banca de Ciudadanos, han llevado a Cataluña al estado de excepción, deteniendo a cargos políticos de la Generalitat así como a ciudadanos, arremetiendo contra imprentas, sedes de partidos políticos catalanes, medios de comunicación, consejerías de la Generalitat de Cataluña y contra los ciudadanos aplicándoles la ley mordaza con objeto de atemorizarlos.

La nación catalana tiene derecho a la autodeterminación, es un derecho democrático que tienen las naciones y que, para ejercerlo realmente, no tiene más que tener la nación catalana la voluntad y determinación de hacerlo, algo que el Parlament de Catalunya ha resuelto hacer. Todas las leyes que van en contra de los derechos no sólo son ilegítimas sino que se instalan  en la ilegalidad, y deben ser barridas por el pueblo.

La Constitución y las leyes españolas niegan los derechos de los trabajadores y de las naciones, en tanto y en cuanto expresan la voluntad de la oligarquía y son herederas del franquismo – al igual que lo son el Partido Popular, el PSOE y los demás partidos de la burguesía – y es por ello que los trabajadores debemos acabar con ellas y con este estado reaccionario, el estado franquista travestido.

La nación catalana no tiene que tener la tutela de nadie para ejercer en libertad sus derechos democráticos. Si reaccionarios son el PP, el PSOE y C’s cerrando filas en defensa del estado reaccionario español, no menos indecente es el comportamiento del oportunismo que exige “un referéndum pactado” reconociendo y asumiendo no sólo la autoridad del estado reaccionario español, sino exigiendo que el derecho democrático de la nación catalana a la autodeterminación sea tutelado por el estado español, defendiendo y reconociendo el carácter imperialista del estado y, de facto, apoyando a este estado español que muestra, a las claras, no sólo que es reaccionario sino que la Transición fue un engaño, una alianza entre el franquismo y el oportunismo, una traición al pueblo que está en bancarrota y que debe ser liquidado por la clase obrera.

El Pueblo trabajador catalán y las organizaciones catalanas deben ser conscientes de que el estado español no cejará en la represión hasta el desistimiento del ejercicio del derecho a la autodeterminación de Cataluña. Cataluña debe responder con determinación para garantizar sus derechos como nación y ello sólo lo puede conseguir en la calle, movilizado y realizando una huelga general política hasta que pueda ejercer su derecho democrático a la autodeterminación. Nuestro partido no sólo apoya dicha acción sino que hacemos un llamamiento a los trabajadores del estado español a salir a la calle, apoyar el referéndum del 1 de octubre y para acabar con este gobierno corrupto, ladrón y represor, así como para superar este sistema criminal, transformar la sociedad y construir el poder del pueblo, el Socialismo.

Nuestro Partido ha participado en las manifestaciones que se han celebrado en las distintas ciudades del estado, por ejemplo,  hemos estado en Barcelona, en Madrid, Sevilla, Valencia o en Galicia y hemos de denunciar que a los camaradas del PCOE en Madrid no sólo les han identificado sino que la Policía les han requisado octavillas del Partido, hechos que dejan en evidencia el carácter antidemocrático del estado español y la necesidad del Pueblo de superar el capitalismo e imponer un estado al servicio de la clase obrera y en contra de los canallas, de la burguesía, que nos roban, nos explotan, nos niegan los derechos y nos reprimen. Y todo ello únicamente es posible por la unidad de la clase obrera, la unión de los distintos pueblos y naciones que componen el estado español, ensamblando las distintas luchas del pueblo en una única lucha de clases contra la burguesía, el criminal capitalismo y su reaccionario estado.

¡POR EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN!

¡POR EL SOCIALISMO!

Madrid, 20 de septiembre de 2017.

COMITÉ EJECUTIVO DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)

COMITÈ NACIONAL DEL PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA (P.C.O.C.)

La policía no ha provocado disturbios. Algunos manifestantes gritaban “Queremos votar. Hay que derrotar la ofensiva franquista en Catalunya”. Otros gritaban el clásico “No pasarán”, emulando los tiempos de la Guerra Civil y la resistencia republicana en la capital del Estado, contra la acción del bando fascista. Otra de las consignas ha sido la de “Fuera de fascistas de nuestros barrios”.

Los manifestantes marchaban envueltos en varios símbolos, como la bandera republicana, la catalana, la comunista, y pancartas de la misma plataforma que el domingo convocó en Madrid un acto por el derecho a decidir –ignorando entonces la prohibición de un juez.

La plaza se empezó a llenar, sin embargo, con un tono agrio por la acción de la Policía pidiendo el DNI. “Es una manifestación ilegal”, explicaba una señora, con una voz que se volvía tenue a medida que los convocados gritaban “¡No, no, no al Estado de excepción. Gobierno dimisión!”

En Catalunya un juez acusa a los 14 detenidos en la redada de esta mañana de casi todos los delitos del Código Penal: prevaricación, malversación, desobediencia, revelación de secretos e incluso sedición. Los detenidos son el número dos de Oriol Junqueras, el secretario general de Economía, Josep Maria Jové. Han registrado los despachos de Lluís Salvadó, secretario de Hacienda del Govern, y Pere Aragonès, secretario de Economía. Salvadó ha sido detenido, y también Francesc Sutrías, director general de Patrimonio. Sutrías ha sido detenido en su domicilio, en Rubí (Barcelona). Otra de las detenciones se ha producido en Madrid, pero en total hay 20 acusados.

Cientos de personas se han agrupado en la Consellería para dar su apoyo a los detenidos. Además el juez ha ordenado 41 registros en despachos oficiales y en tres empresas, en una de las cuales se han hallado unos diez millones de papeletas electorales. También ha ordenado a las operadoras de telecomunicaciones impedir al acceso a 32 dominios web que publicitan el referéndum de Catalunya.

Al mediodía la Policia Nacional se han personado ante la sede de la CUP enviados por por el juez de la horca y han requisado carteles en favor del referéndum. Lleagaron encapuchados, acordonaron la sede, entraron y salieron después con cajas. Dentro de la sede había una veintena de militantes y a las puertas se han concentrado más de un centenar de personas.

Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado a las fiscalías de Catalunya que califiquen la propaganda electoral del referéndum como “delitos de odio”, amenazas y coacciones contra los alcaldes, funcionarios y particulares que se oponen a colaborar en el referéndum del 1 de octubre.

Aproximadamente unas 2.000 personas se manifestaron en la céntrica Puerta del Sol de Madrid en apoyo al derecho a decidir en Cataluña y en repulsa por el operativo desarrollado por la Guardia Civil contra políticos catalanes por los preparativos del referéndum independentista del 1 de octubre.

“Esto no se puede permitir, estamos en un Estado de excepción de facto”, denunció en declaraciones a Sputnik durante el transcurso de la concentración el diputado Antón Gómez, de En Marea, que se integra en el grupo confederal de Unidos Podemos.

La concentración fue convocada bajo el lema “por el derecho a decidir y las libertades democráticas” después de que la Guardia Civil desarrollara un operativo en Cataluña que hasta el momento dejó 14 detenidos, entre ellos algunos altos cargos gubernamentales.
Durante los más de 40 registros efectuados por la Guardia Civil en este operativo, las autoridades incautaron en una nave industrial de Barcelona casi 10 millones de papeletas electorales que el Ejecutivo catalán planeaba utilizar en el referendo unilateral del próximo 1 de octubre.

Los asistentes a la concentración gritaron lemas como “votaremos”, “esto es una dictadura” o “estamos en un estado de excepción”.

“La ciudadanía vuelve a salir a la calle para defender los derechos fundamentales y la democracia, pero no solo en la Puerta del Sol porque hay cerca de 40 convocatorias en diferentes ciudades del Estado, donde gente de distintas sensibilidades ha salido a la calle para mostrar su rechazo frontal al autoritarismo del Partido Popular”, aseguró a Sputnik Lucía Martín.

La protesta contó con el apoyo explícito de Ahora Madrid, la plataforma municipalista participada por Podemos que gobierna la capital española.

Ultraderecha

Además de la protesta de los favorables al derecho a decidir en Cataluña, la Puerta del Sol acogió una contramanifestación por parte de un pequeño grupo unos 30 ultraderechistas que estaban ataviados con simbología franquista.
Los asistentes corearon proclamas como “separatistas, terroristas”.

“Venimos para pedir la dimisión y encarcelamiento de Carles Puigdemont (presidente de Cataluña). Lo primero es la unidad de España, con eso no se negocia”, aseguró a Sputnik uno de los asistentes.

Ocho personas, entre ellos militantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y vecinos, tendrán que declarar ante el juez acusados de desórdenes públicos por invadir la vía e impedir la circulación del tranvía de Parla, en el sur de Madrid, en una protesta que tuvo lugar el pasado mes de abril.

El grupo, formado por varias decenas de personas de las que solo se identificó a las ocho, se manifestaba contra los desahucios de Encasa Cibeles, la filial española del fondo buitre Goldman Sachs-Azora al que el gobierno autonómico de Ignacio González vendió casi 3.000 viviendas públicas. Por esta acción no comunicada que mantuvo una hora cortado parte del servicio, los acusados podrían enfrentarse a entre seis meses y tres años de prisión.

Los hechos que se investigan tuvieron lugar el 27 de abril, cuando “una aglomeración de unas 50 personas”, entre ellos menores, se encontraba “ocupando las vías del servicio público”, según el atestado policial. La protesta estaba encabezada por una pancarta con el siguiente mensaje: “Disculpen las molestias, nos quieren desahuciar”.

Al lugar acudieron la Policía Local y también la Nacional tras el aviso de los vigilantes que pone la empresa que gestiona el servicio, Tranvía de Parla S.A, participada mayoritariamente por GlobalVía Infraestructuras S.A (de FCC y Bankia al 50 por ciento). La Policía Nacional informó a los manifestantes de que la acción podría estar incurriendo en un delito, recoge la documentación entregada al Juzgado y confirman los activistas, que aseguran que “pacíficamente” procedieron a retirarse después del aviso y con el compromiso verbal de los policías de que no los identificarían.

El atestado aduce, sin embargo, que transcurrió más tiempo hasta que se disolvió la concentración, que terminó con la filiación de ocho personas: tanto los “principales responsables y portavoces del evento así como las personas que utilizaron los móviles para grabar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, todo ello motivado por una posible utilización ilícita de tales imágenes y en prevención de tales hechos”, una acción castigada por la Ley de Seguridad Ciudadana. La Policía habla de “responsables” para referirse al abogado de la PAH que interactuó con ellos como mediador en nombre del colectivo que se manifestaba.

A unos metros del lugar donde se concentraron se levantan unos bloques de viviendas públicas incluidos en la macroventa a Goldman Sachs-Azora cuyos vecinos tienen órdenes de desalojo casi todas las semanas. La mayoría de ellas terminan suspendiéndose hasta nuevo aviso y así pasan los meses. En los pisos hay personas que han dejado de pagar a su nuevo casero porque no pueden y familias que ocupan ilegalmente las casas y llevan meses pidiendo sin éxito a la empresa la regularización de la situación. Pero Encasa no cede a esta petición por miedo “al efecto llamada” y, según el testimonio de los vecinos,  les ofrece dinero para que se marchen. Y el Ayuntamiento de Parla asegura que no tiene vivienda social disponible para dar alternativa a los vecinos en riesgo de desalojo.

Los manifestantes aseguran que el día de la protesta esperaron a que pasara un tranvía para comenzar a ocupar “la acera y parte de las vías porque la acera era muy estrecha y no cabíamos todos” en una “concentración espontánea”. “Queríamos evitar un frenazo del tranvía o cualquier daño en ese sentido”, dice uno de ellos.

El servicio de transporte se interrumpió en la parada anterior a la zona donde estaban desplegada la protesta y los viajeros tuvieron que bajarse, según la declaración de la conductora del convoy que se paró primero. La trabajadora contó a la Policía, y así queda recogido en el atestado, que a las 19:50 se percató de la presencia de un grupo de personas en la vía y a las 20:45 se pudo reanudar el servicio tras disolverse la protesta. Tres vigilantes del tranvía y dos inspectores del servicio también ofrecieron su declaración como testigos de lo sucedido.

Tranvía de Parla S.A, empresa con la que ha intentado contactar sin éxito este medio, ha cuantificado en 791 euros los daños de esta acción. Pero los peritos judiciales no han podido determinar el “perjuicio ocasionado por la inmovilización de dichos trenes”. “Hemos de poner en su conocimiento que no se disponen de datos efectivos y reales del coste por minuto de cada tren retenido”,  consta en la documentación incluida en la instrucción.

Dos de los acusados de desórdenes públicos han recibido, además, sendas multas de 600 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana por negarse a identificarse. “Yo solo les pedí explicaciones sobre por qué nos identificaban si nos habían dicho que no lo harían. Y luego les dejé mi DNI”, asegura Israel, uno de los militantes que ha recibido y recurrido esta sanción.

http://www.eldiario.es/madrid/activistas-enfrentan-manifestarse-desahucios-VPO_0_688031387.html