Por Marat

Es indudable que el PP es un partido con vocación censora, de origen y pulsiones franquistas, que a lo largo de su historia ha mostrado en sobradas ocasiones una auténtica falta de voluntad para aceptar la crítica política, por lo que su comportamiento de recortar la libertad de expresión, de opinión y de manifestación forman parte de su concepto del orden social y la de seguridad ciudadana.

Pero, si no contextualizamos el momento histórico en el que vivimos y en el que se producen dichos ataques, si no abrimos el foco para entender causas más profundas que explican lo que sucede, estaremos hablando de represión en genérico, sin comprender lo que realmente está ocurriendo.

Hay una tendencia pequeñoburguesa, de apariencia pseudoradical que alude a la represión sin más, tratando de articular todas las represiones bajo un mismo concepto en una apelación a la libertad que recuerda demasiado al liberalismo político. Por ese camino podríamos acabar debatiendo solo de libertad de prensa y de información y de libertad de expresión en redes sociales.

Lo cierto es que los ataques a la libertad de expresión, de opinión, de manifestación, de reunión, se vienen sucediendo de forma generalizada en la mayoría de los países del mundo. Estas agresiones se han incrementado de forma exponencial desde el inicio de la crisis capitalista que, en lo social, se ha plasmado en un incremento del desempleo, en la precarización de gran parte del existente, en recortes en derechos sociales y prestaciones y en salarios, así como en el empobrecimiento de amplias capas de la población trabajadora.

Frente a ello, la clase trabajadora reaccionó con manifestaciones populares, protestas, huelgas, etc. para impedir lo que David Harvey denominó como acumulación por desposesión que ha producido una brutal transferencia de las rentas del trabajo a las del capital.

Para lograr la recuperación de su tasa de ganancia, que ya se está produciendo, en gran parte del mundo capitalista y en España en concreto, el capital necesitaba quebrar las resistencias de los asalariados y el medio más útil que ha encontrado es la criminalización de la protesta social, a través de una represión política de clase, de una clase, la capitalista sobre otra, la trabajadora.

Cabe hablar de represión política porque, para cumplir los objetivos de incremento de la tasa de beneficio del capital existe por parte de éste, de su Estado, y de determinados instrumentos de poder social de la burguesía, existe una estrategia punitiva, coactiva y disuasoria que responde a un planteamiento político. Y, sin lugar a dudas, es de clase porque se ejerce por parte de la clase dominante sobre las subalternas, principalmente la trabajadora.

Creo que éste sería el punto de arranque desde el que situar lo que es represión política de clase, antes de expresar en qué dimensiones se manifiesta y de qué modo se despliega.

-¿En qué aspectos concretos se plasma la represión política de clase? ¿Solo en cuestiones de legislación como el nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana o va mucho más allá de lo jurídico?

En primer lugar quisiera hacer una observación en relación a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, aprobada en 2015 y ahora en debate parlamentario, para su supuesta derogación por parte de algunos grupos parlamentarios.

Me resulta cuando menos sospechoso que progres y progreliberales hayan insistido tanto en hablar solo de esta ley y callar respecto al nuevo Código Penal, en primer lugar porque aunque la Ley Mordaza se haya concentrado mucho en castigar con multas, algunas de ellas brutales (hasta 600.000 €), las libertades de expresión, manifestación, reunión y opinión, lo cierto es que el Código Penal reprime también dichos derechos en un número importante de sus artículos y lo hace con penas de prisión.

Sospecho que, en la medida en que el mundo de los juristas progres, los ciudadanistas y los universitarios pequeñoburgueses concentraron sus críticas sobre la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y que el movimiento sindical y eso que algunos se empeñan en llamar aún la “izquierda”, y que no deja de ser colaboracionismo de clase con mentalidad de monja oenegera, asumieron ese discurso, todas las leyes desde las dos citadas a las reformadas de Enjuiciamiento Criminal y la de Seguridad Privada, todo de se ha teñido de ley mordaza, como si en el fondo la represión política de clase no existiera y el problema se limitase a un recorte de libertades que más bien, por el sobrenombre de Mordaza, fueran ante todo de expresión. Puro liberalismo político que podría suscribir perfectamente un partido como Ciudadanos.

Pero lo cierto es que a la tuitera Casandra le han aplicado el artículo 578 del Código Penal, que condena con penas de prisión de 1 a 3 años por enaltecimiento del terrorismo.

Continúo. El artículo 315.3 del Código Penal está pensado directamente para criminalizar a los piquetes en una huelga. Dice así:

“315.3 Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.

Este es el artículo por el que se juzgo a los 8 sindicalistas de Airbus por su participación en piquetes informativos durante la Huelga General de 2010. Hay que decir que no fueron declarados inocentes sino absueltos por falta de pruebas, lo que no es sino un modo indirecto de mantener la criminalización de la acción de los piquetes.

Ni que decir tiene que los piquetes empresariales que amenazan con despidos ante una huelga de sus empleados jamás han sido condenados. Es su Estado, sus leyes y su justicia porque el Estado y el conjunto de sus aparatos tienen un carácter de clase en cuanto a los intereses de la burguesía a la que defienden

A Alfon se le condenó a 4 años de cárcel, en régimen FIES. con el artículo 568 del antiguo Código Penal, ratificado en el reformado del 2015, por tenencia de explosivos, cuando su abogado dio datos más que suficientes de que aquellas pruebas habían sido fabricadas por los policías que le detuvieron. Razón real de su condena: ejemplarizar en carne joven e inocente el compromiso de un joven comunista con la lucha de la clase trabajadora en la Huelga General del 14N de 2012 cuando se dirigía a un piquete.

Andrés Bódalo fue condenado a penas de prisión en base a los artículos 550 y 551.2 del nuevo Código Penal

Art. 550.1: “Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.”

Art. 551.2: “Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.”

En el caso, de la supuesta agresión de Bódalo al teniente de alcalde de Jodar, del PSOE, no pasó nada de esto y además no hubo agresión, tal y como señalan vídeos en los que se puede ver la protesta a las puertas del Ayuntamiento.

Podríamos continuar hablando de artículos del nuevo Código Penal que reprimen y criminalizan la lucha social, tales como el 553, el 554, el 556, el 557, el 557, el 557 tercero, el 558, el 559 y el 560, pero creo que sería bueno que ustedes mismos se tomen el esfuerzo de buscarlos y saquen conclusiones por sí mismos.

En estos días se han producido ya las peticiones fiscales contra varios sindicalistas de la CNT en Cataluña. Uno es el caso de una protesta a las puertas del Casino de Poble Nou, en una debate electoral durante la campaña de las elecciones municipales del 2015. El piquete que participaba en la protesta fue atacado por agentes provocadores, que eran Guardias Urbanos vestidos de paisano. Por el corte del suministro eléctrico de la televisión catalana durante ese debate se pide a un sindicalista penas de 2 y 4 meses de cárcel y al otro 6 meses de prisión. La Guardia Urbana, junto con el Ayuntamiento de los progres de Ada Colau se presentarán como acusación particular. A la hora de reprimir, reaccionarios, liberales y progres sirven a los intereses de clase de su Estado capitalista.

Otro de los casos es el del Corte Inglés, en el que varios sindicalistas de CNT serán juzgados por una campaña de boicot contra esta cadena de establecimientos por su participación en procesos penales contra sindicalistas en el contexto de la huelga general del 29M del 2012 y por su represión antisindical contra sus empleados, En esa campaña fueron detenidos 3 sindicalistas a los que se pide penas de 5 años de cárcel.

A partir de las huelgas generales, que arrancan del 2011, cerca de 600 sindicalistas de las más diversas organizaciones pueden ser encausados y se les pide penas de prisión y multas elevadas. Desde los nombrados, hasta sindicatos de la minería, pasando por trabajadores de Coca-Cola, de la Universidad Autónoma de Barcelona, de Arcelor, jornaleros andaluces, etc. etc. están conociendo una persecución brutal, de la que no se habla desde los medios de comunicación del capital y muy poco desde los alternativos porque, la gran mayoría de estos, o se han apuntado al ciudadanismo o al identitarismo posmoderno.

La represión política de la clase burguesa contra los trabajadores se lleva a cabo mediante una legislación absolutamente restrictiva que impida y recorte al máximo su derecho a la protesta, pero también la ejercen esos fiscales y jueces a los que no les tiembla la mano pidiendo penas de cárcel o condenando a ellas. Del mismo modo que se ejerce desde unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que actúan con completa impunidad al golpear, detener y cumplir con fiero celo con la legislación del Estado capitalista y algo más que celo. Para ser antidisturbios hay que estar hecho de una pasta especial.

Pero cuando hablamos de represión política de clase, no debemos detenernos en los aparatos del Estado, sea éste central, autonómico o local, ni en sus leyes. Hay más.

La prensa del sistema criminaliza a los trabajadores que luchan en defensa de sus derechos, llama privilegiados a mineros, conductores del metro o del AVE, o a los estibadores, como si sus salarios no los ganasen por la peligrosidad o responsabilidad de sus empleos o porque resultan enormemente rentables para sus empresas. Los hace parecer insolidarios frente a otros trabajadores, callando la auténtica insolidaridad de los empresarios que están volviendo a elevar sus tasas de ganancia a costa de salarios de miseria (el 47% gana menos de 1.000 euros al mes, casi 6 millones de ellos, el 32% se encuentra en riesgo de pobreza), con empleos precarios y despidos casi gratuitos.

No solo la prensa del capital reprime a los trabajadores. Los propios empresarios lo hacen también ante cualquier atisbo de descontento o de querer cambiar las situaciones injustas dentro de la empresa. Es frecuente en muchas empresas que Recursos Humanos se encargue de aclarar al nuevo empleado qué sindicatos cuentan con la aceptación de la empresa y cuáles no, que se ejerzan represalias, mobbing e incluso despidos contra trabajadores que quieren presentarse en candidaturas a las elecciones sindicales, o que defienden la estrategia de la acción directa a partir de la base organizada de sus secciones sindicales y sus afiliados, por sindicatos de clase auténticamente combativos, en lugar de hacerlo en las listas de los burócratas y pactistas. Obligar a realizar horas extraordinarias no pagadas por parte de los pequeños y medianos empresarios, esos patrióticos que tanto le gustan a Podemos, es también una forma de represión política de clase. En los últimos días hemos tenido el ejemplo del telecocinero Jordi Cruz sobreexplotando a sus trabajadores casi por la cara o del canalla del Presidente de la CEOE que afirma que se aprende más trabajando gratis que en la Universidad. A ellos se ha unido una caterva de malnacidos darwinistas sociales que han llegado a sugerir que habría que pagar por aprender trabajando para un empresario. A estos sí que habría que aplicarles la ley antiterrorista.

Pero la mayor represión política de clase que existe es no tener trabajo porque te obliga a aceptar las condiciones que puedan ofrecerte, por miserables que éstas sean, porque te obliga a venderte como un trabajador sumiso y obediente, a callar ante los atropellos de tus derechos laborales. El trabajador en paro es jurídicamente libre de vender su fuerza de trabajo pero, una vez que lo ha hecho, ya no es dueño ni de las condiciones en las que desempeña éste ni de su propio trabajo. Las reglas le vienen impuestas porque la empresa no es un órgano democrático sino un lugar en el que se ejerce la dictadura de una clase sobre otra.

Y es que no es cierto esa tontería que dice la Constitución de que tenemos derecho al trabajo. Es un derecho meramente enunciativo y potestativo. A lo que tenemos derechos, según indica el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores, auténtica ley de relaciones laborales, o de explotación del capital al trabajo, es a la ocupación efectiva del puesto de trabajo, una vez, que existe un contrato; es decir, el trabajador contratado tiene derecho al desempeño de unas funciones acordes a su puesto de trabajo y a la categoría laboral contratada, siempre dentro de la máxima de resultar rentable al empresario. Si no hay contrato de trabajo, no hay derecho a ocupación efectiva alguna.

La represión política de clase es el modo intenso y violento, porque la violencia no es solo física, de ejercer la lucha de clases desde el capital y sus instrumentos políticos, policiales, mediáticos, empresariales, jurídicos, legales e ideológicos -un aspecto sobre el que algún día deberé concentrarme- contra la clase trabajadora.

Y, por supuesto, es represión política de clase impedir al trabajador dar la respuesta contundente, merecida y acorde con el ejercicio de la violencia que supone por parte del capital, sus partidos, todos los que aceptan el juego democrático-burgués, su legalidad y su Estado, ante su acción de arrebatar conquistas sociales, derechos por los que se ha peleado durante generaciones y formas de salario indirecto como la sanidad pública, los subsidios de desempleo o las pensiones, hoy amenazadas.

-¿A qué se debe la persecución, encarcelamiento, represión de un creciente número de personas? ¿Es sólo cuestión de la que la derecha del PP es muy franquista o hay motivos más profundos? ¿Cuál es el contexto?

Como señalaba al principio, la persecución, la represión, el encarcelamiento de un creciente número de personas en España, que son presos políticos, por mucho que se pretenda negar, no se debe solo a que el PP sea un partido reaccionario y temeroso de la libertad. Como decía Marx «Nadie combate la libertad; a lo sumo combate la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre, pero unas veces como privilegio de algunos, otras veces como derecho de todos». Y éste es el privilegio que hoy defiende el capital, su libertad de empresa, su libertad para sobreexplotar al trabajador. Persigue y reprime al trabajador que se moviliza para dar escarmiento a toda la clase en carne ajena, vaciar las calles, lograr el acatamiento,imponer su ley. Solo de ese modo puede reproducirse económicamente porque es un mito indemostrable que la tarta tenga un reparto equitativo y que crezca para todos. Crece para quienes pueden imponer su poder organizado de oprimir a los demás.

Y esa es una posición de clase contra clase. Lo contrario es caer en un democratismo pequeñoburgués que defiende las libertades en genérico, sin concretar para qué han de servir y quienes necesitan de ellas por encima de todos los demás grupos sociales.

-¿Cómo enfrentarse a estas políticas represivas?

-Si la clase dominante se organiza para defender con leyes, policías, miedo y represión, sus privilegios, es obvio que la dominada necesita hacerlo también articularse para contraatacar y defender sus derechos, las conquistas que le han sido arrebatadas y pasar a la ofensiva. Porque las ideas no viven sin organización. Y necesita hacerlo al margen y de modo independiente de todas las demás clases, sobre todo de las intermedias, o autopercibidas como tales, que solo buscan salvarse de la quema y reacomodarse para mantener el máximo de sus intereses, siempre ligados a la pervivencia del capitalismo, aunque éste, por la dinámica de su desarrollo y de la concentración del capital tienda, finalmente, a hacerla desaparecer y proletarizarla.

Y necesita hacerlo de modo combativo, sin ilusiones democráticas de cambios mediante los instrumentos del parlamentarismo burgués. Quizá deba hacerlo, eso está por ver -y ésta es una idea que lanzo como reflexión particular que desarrollaré en un futuro- rearticulando nuevas formas de organización que ya no sean ni las puramente partidarias ni las puramente sindicales, sino un híbrido superador de ambas. Las transformaciones sociales que están trayendo la descomposición de las tradicionales formas organizativas y las que se están produciendo en el mundo de la producción requieren de respuestas adecuadas a los tiempos que nos está tocando vivir. Pero, mientras esas formas organizativas no cambien, necesitamos sindicatos auténticamente combativos y fuertes, que sean lo opuesto a esos burócratas del pacto y la concertación sociales. Lo mismo cabe pedir las organizaciones políticas de nuestra clase, las cuáles es más que obvio que no están en absoluto a la altura de las circunstancias sino envueltas en una caquexia terminal, casi siempre investida de una arrogancia falsamente vanguardista que solo se corresponde con su indigencia teórica y su alejamiento absoluto de las necesidades y la realidad de los trabajadores.

Y, desde luego, es necesario hacerlo de un modo unitario desde dentro de la clase, superando la atomización en múltiples plataformas de solidaridad, una por preso, y haciendo converger las luchas antirrepresivas de manera conjunta y desde una perspectiva de clase, justo la que tienen nuestros enemigos.

Y para acabar, algo que sé que va a ser polémico porque tiene esa intención. Es hora de superar cierto estilo sindical de un cristianismo cuasi gandhiano que permite que a sus afiliados se les abrase a multas y a peticiones de cárcel, llevándoles por unas vías que constituyen la estrategia de ponerles a los píes de los caballos, cuando algunos de sus dirigentes se protegen como aforados parlamentarios y limitándose a ponerse la camiseta con el rostro de alguno de sus presos. A los militantes se les cuida y protege. Pero si eliges el camino del sacrificio ponte a la cabeza de él, asegurándote de que tú serás el primer represaliado. Lo contrario es suicida y golfo.  

Fuente original de la noticia: http://marat-asaltarloscielos.blogspot.com.es/2017/05/leyes-mordaza-o-algo-mas-hablemos-de.html