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Indígenas de Colombia denuncian violencia e industrias extractivas

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BOGOTÁ (Sputnik) — La violencia sistemática y la explotación de recursos naturales por parte de multinacionales extractivas son los mayores problemas que afectan a los pueblos indígenas de Colombia, dijeron a Sputnik algunos de sus dirigentes.

“Las principales violaciones a los derechos humanos las hemos tenido en el suroccidente del país, en el Pacífico, por parte de grupos paramilitares, y han sido aún mayores después de la firma del acuerdo de paz” entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en noviembre, dijo el consejero mayor y representante legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias.

Las preocupaciones de los pueblos originarios se agudizan en un panorama en el que los territorios que antes controlaban las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) “van a ser codiciados por las grandes multinacionales extractivas”, indicó Arias.

Así, las organizaciones indígenas deberán “afianzar la lucha” en defensa del territorio y de su autonomía.

La denuncia fue hecha en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que reunió en la sede de la ONIC en el centro de Bogotá a representantes de diferentes comunidades colombianas.

“Para los pueblos indígenas ‘paz’ no se trata simplemente de la ausencia de conflicto (…), significa reivindicar el derecho que ellos reclaman de permanecer en sus territorios originarios, de mantener vivas sus manifestaciones culturales, la lengua y sus tradiciones ancestrales”, dijo por su parte en un comunicado la directora del Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU) en Colombia, Hélène Papper.

La funcionaria reafirmó que de igual importancia es asegurarles acceso real y sostenible a la justicia, la equidad e igualdad de oportunidades, los servicios básicos, la protección social y el control de los territorios, entre otros.

Según registros oficiales en Colombia residen 1.392.623 indígenas que corresponden al 3,43% de la población, pertenecientes a 87 pueblos identificados plenamente, pero varios de ellos han sido desplazados por la violencia o la presencia de multinacionales hasta poner en riesgo su existencia.

“La nación U’wa (que habita en el oriente y el nordeste del país) es reconocida por el Estado colombiano como un pueblo en riesgo de extinción física y cultural” a raíz de las afecciones derivadas del conflicto armado y de la actividad extractiva de hidrocarburos en sus territorios, dijo a Sputnik el asesor en temas políticos de ese pueblo, Jimmy Aguablanca.

En la lucha por la defensa de la Madre Tierra y del agua en sus regiones “han caído muchos indígenas y otros más han sido desplazados”, pero pese a ello la explotación de los recursos minerales y de hidrocarburos por parte de las multinacionales continúa, sostuvo.

“La gran mayoría de los territorios indígenas en Colombia están en montañas, nevados y páramos y esas son áreas estratégicas para la política extractivista”, apuntó.

A la luz de la paz 

Las problemáticas de los pueblos indígenas, que antes eran invisibles para el Estado, ahora salen a la luz tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, coincidieron los dirigentes.

“La situación de los pueblos indígenas en Colombia fue por mucho tiempo tan grave como invisible para el Estado por el conflicto armado interno”, dijo Arias.

El líder de la ONIC confió en que la implementación de los acuerdos permita a los indígenas mayor autonomía en sus regiones y que la violencia “no se vuelva a repetir”.

Un aspecto medular de los acuerdos es la reforma rural integral.

Las comunidades indígenas esperan poder beneficiarse del fondo de tierras previsto en ese acuerdo y así acceder a terrenos productivos.

De acuerdo con Arias, lo pactado por el Gobierno y las FARC abriría la posibilidad de que los indígenas puedan acceder a 3,7 millones de hectáreas de zonas productivas, “lo cual ayudaría a mitigar las brechas de orden social que hay en las comunidades con parte del resto del país”, dijo.

Durante décadas “estuvimos cruzados por la guerra, el narcotráfico y la ilegalidad, porque hay una debilidad institucional en esos territorios que se necesita fortalecer, ahora tenemos la posibilidad de hacerlo, pero a partir de la autonomía y la gobernabilidad de los pueblos indígenas, de sus planes de vida y salvaguarda”, subrayó Arias.

El Gobierno advierte que lograr la paz territorial llevará tiempo, y mientras tanto algunas comunidades indígenas deberán afrontar la persistente presencia de paramilitares de extrema derecha y de bandas criminales, que siembran los territorios con minas antipersonal y cometen amenazas y asesinatos selectivos.

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