El Ministerio de la Verdad es el Ministerio del Interior y su capataz, Fernando Grande-Marlaska, decide qué tipo de informaciones son ciertas y cuáles falsas, cuáles son “peligrosas” y cuáles “inofensivas”.
Ya no disimulan algo que era sabido desde hace mucho tiempo. El ministro afirmado que el gobierno del PSOE y Podemos monitoriza las redes sociales “con el fin de comprobar algunos discursos que pueden ser peligrosos o delictivos”, así como con las “campañas de desinformación”, que son todas las que le siguen la corriente.
Sin embargo, el Ministerio de la Verdad ya no necesita desacreditarse con nuevas Operaciones Araña porque la censura también se ha privatizado. “Son las propias plataformas, siguiendo sus protocolos de actuación, las que acuerdan la retirada, no es el Gobierno, ni el Ministerio del Interior ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, añadió Marlaska en una rueda de prensa telemática desde La Moncloa.
Entonces, si la censura corresponde a los monopolios digitales que controlan las redes, ¿por qué rastrea el Ministerio de Interior los mensajes que circulan por internet? Las puertas giratorias han impuesto la doble inquisición y a lo público se añade lo privado.
“Nihil obstat”, decía la Inquisición antes de que un libro o una película pudiera circular libremente. No planteaba problemas de doctrina, ni de moral, ni de ningún otro tipo. La libertad de expresión siempre estaba pendiente de un hilo, de un burócrata siniestro que separaba lo correcto de lo incorrecto, el pecado de la virtud.
Seguimos, pues, como siempre; lo que cambian son los pretextos. Ahora los posmodernos llaman “fake news” a los ataques a la moral cristiana.
También cambian los censores. Antes era sacerdotes y ahora policías.
Antes el canon era la Biblia, la palabra de dios y ahora son algoritmos informáticos, “inteligencia artificial”, pero no ha cambiado nada. “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”.
