Queremos expresar nuestra preocupación sobre la conducción de los debates realizados en el Consejo de Seguridad en febrero de 2023 bajo la presidencia de Malta.
Hemos visto con decepción como la presidencia ha contravenido en varias ocasiones en Reglamento Interno Provisional del Consejo de Seguridad y las prácticas del Consejo. En vez de aplicar las precauciones de rigor para alcanzar un consenso, [la presidencia] ha tomado decisiones unilaterales, ignorando preocupaciones legítimas de ciertas delegaciones y poniéndose abiertamente del lado de las otras.
El 7 de febrero de 2023, la presidencia decidió invitar como ponente complementario al Coordinador del Equipo de Investigación e Identificación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas [OPAQ], Santiago Oñate Laborde, a pesar de que varios miembros cuestionan la legitimidad de esa estructura, creada en violación de la Convención sobre las Armas Químicas. Esa acción claramente politizada y sesgada no hizo más que empeorar las tensiones observadas en el seno del Consejo de Seguridad sobre la cuestión de las armas químicas.
Asimismo, en la 9269ª reunión del Consejo de Seguridad, realizada el 24 de febrero y dedicada al tema «Mantenimiento de la Paz y de la Seguridad de Ucrania», la presidencia decidió unilateralmente y sin razón válida dar la palabra ante el Consejo de Seguridad al ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dimitro Kuleba, concediéndole un estatus privilegiado no concedido a otros ministros de Relaciones Exteriores, sobre todo a los de países de África y de Latinoamérica.
Durante esa misma reunión, se pidió un minuto de silencio. Pero no lo pidió la presidencia sino una de las delegaciones admitidas en virtud del artículo 37 del Reglamento Interno Provisional. La proposición de ese minuto de silencio se formuló de manera politizada y netamente provocadora.
Para nuestra gran decepción, la Presidente del Consejo de Seguridad no sólo no puso fin a esa provocación, que constituye una violación flagrante de las prácticas usuales en el Consejo, sino que llegó a respaldarla abiertamente. Tal comportamiento es inadmisible y contrario al papel de la presidencia, la que al ejercer sus funciones debería dar prueba de la mayor imparcialidad. Nosotros partimos del principio que las acciones comunes del Consejo debe decidirlas exclusivamente la presidencia y que esta última debe pronunciarse sobre todas las iniciativas conexas, en particular cuando estas vienen de Estados que no son miembros del Consejo.
En la misma reunión del 24 de febrero, la presidencia invitó igualmente una cantidad excesiva de delegaciones de los Estados miembros de la Unión Europea a que se expresaran en virtud del articúlo 37, además del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Esas delegaciones, sometidas a la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea y actuando de manera coordinada, repitieron los mismos argumentos. Es evidente que su participación apuntaba a promover una visión unilateral de la cuestión en examen y que no trataba verdaderamente de alimentar el debate.
Agradecería que tenga usted a bien distribuir el texto de la presente carta como documento del Consejo de Seguridad.
