El pasado 22 de julio, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, instaba al Estado español a “investigar con celeridad e imparcialidad” la masacre contra cientos de inmigrantes ocurrida el 24 de junio de 2022. En dicha fecha, al menos 37 personas fallecieron, más de 200 sufrieron lesiones y 77 personas continúan desaparecidas, tras el intento de cruzar la frontera entre Marruecos y España a través del puesto fronterizo entre Nador y Melilla. La gran mayoría de los inmigrantes eran de origen sudanés, país que en los últimos años ha sufrido una escalada de inestabilidad que ha terminado en guerra.
Tal como denuncia Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo “España devolvió al menos a 470 personas sin garantías jurídicas a Marruecos”y “mantuvieron a cientos de personas heridas en el puesto fronterizo sin ningún tipo de asistencia sanitaria durante horas”, en lo que puede constituir una flagrante violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional.
El Comité contra la Tortura de la ONU “urge al Estado parte a investigar de manera pronta e imparcial cualquier responsabilidad de los miembros de las fuerzas de seguridad durante la actuación policial” y a “tomar las medidas necesarias para garantizar que no se repita en el futuro”.
