En Perú, campesinos de la comunidad de San Andrés de Negritos, ubicada en Cajamarca, al noroeste, presentaron una denuncia constitucional por “omisión a la consulta” contra diversas instituciones del Estado para frenar las actividades de explotación de oro por parte de la transnacional estadounidense Newmont Yanacocha.
La comunidad demanda que ninguna de las instituciones estatales; entre ellas el ministerio peruano de Energía y Minas, cumplió el requisito legal de preguntar la opinión de los campesinos acerca del proyecto Antonio Colorado antes de iniciar las actividades de exploración y próxima explotación.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz Molleda, quien representa legalmente a la comunidad, amplió: “No solo eso, también la Autoridad Nacional de Agua (ANA) debió consultar el permiso de uso de aguas, pero eso tampoco se ha cumplido”.
Ruiz Molleda explicó también que “todo el mundo ha tomado decisiones que afectan a la comunidad y nadie ha sido consultado”. En ese sentido, ejemplificó: “Un proyecto minero supone utilización de agua, y esa agua se le va a restar a los campesinos que la usan para la actividad agropecuaria”.
Por su parte, el presidente de la comunidad, Jesús Castrejón García, aseguró que ante el proyecto minero Antonio Colorado no están “conformes” y sí “descontentos”; porque la trasnacional ha ido “obviando lo parámetros de la ley inclusive”.
Isolated campesino community of San Andres de Negritos files suit against @NewmontCorp in Peru for exploring on its lands without permission. Legal support from @Ideele (Peru) and @jcapOsgoode (Canada). pic.twitter.com/GBxRNl6xXZ
— JCAP (@JCAPosgoode) August 20, 2023
Castrejón aseveró que los terrenos a explotar “están dentro de la jurisdicción de la comunidad San Andrés de Negritos” y que en más de 30 años de explotación minera “no ha habido nada, no hay ningún tipo de apoyo, ningún tipo de desarrollo, a pesar que nosotros como comunidad debemos tener la prioridad número uno en ser beneficiados”.
El líder campesino afirmó, además, que “mientras no se sienten a conversar, a dialogar, el Estado y la minera, mientras no haya ese clima de conversación, no vamos a permitir (el proyecto)”.
Reiteradamente, se ha denunciado las precarias condiciones de los pobladores que viven cerca de las operaciones de la minera Yanacocha, a los cuales se les están violando el derecho a la propiedad sobre el territorio, a la identidad cultural y a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado.
