PCTE: Ante la investidura de Pedro Sánchez y la conformación del nuevo gobierno de coalición socialdemócrata

El Buró Político del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) realiza las siguientes consideraciones sobre la reciente investidura de Pedro Sánchez y la conformación de un nuevo gobierno de coalición socialdemócrata en nuestro país:

La investidura inicia el tercer gobierno consecutivo liderado por el Partido Socialista Obrero Español, un gobierno que nace en mitad de un contexto de tensión interna y externa, y ante el horizonte de una legislatura inestable y de gran relevancia para el devenir del capitalismo español y su concreción en el bloque de poder.

La base del futuro poder ejecutivo será el acuerdo de gobierno firmado entre el PSOE y SUMAR. Un documento que delinea con claridad los pasos que se darán para cumplir con las exigencias que imponen las dinámicas del capital actualmente. Como afirmábamos en el último pleno de nuestro Comité Central, el momento presente está dominado por la entrada de lleno en una segunda fase de gestión de la crisis catalizada por la pandemia; una fase gobernada, en lo esencial, por la demanda de intensificación de las tasas de explotación y de reducción de la deuda pública.

Estos objetivos se traducen, fundamentalmente, en cuatro líneas de aplicación política que quedan al descubierto en el acuerdo: aumento de la productividad, contención salarial y flexibilización, apertura de nuevos nichos de rentabilidad para el capital y retirada progresiva de ayudas al consumo. El lema de la transición digital supone la inversión, vía fondos Next Generation, de enormes cantidades de dinero en la renovación de capital constante, en la modernización del tejido productivo de acuerdo a las necesidades de la reproducción del capital.  Conviene señalar que la entrega de los fondos es evaluada desde instancias europeas, su ejecución va acompañada de los llamados «componentes», lo que se traduce en: toda la modernización del tejido productivo se realiza de acuerdo y en consonancia a los planes de la UE, que impone una serie de requisitos en sus marcos de aplicación y consecuencias. El segundo lema de la modernización del tejido productivo es la llamada «transición ecológica», materialización política estatal del «capitalismo verde» como estrategia general del capitalismo europeo ante la crisis. Ambos lemas se retroalimentan y entrecruzan en la búsqueda de nuevos nichos de rentabilidad y el aumento de la productividad.

El aumento de la productividad supone no solo la transferencia de enormes cantidades de fondos a manos privadas para la modernización del tejido productivo, supone a su vez la desvalorización de la fuerza de trabajo. La más clarificadora prueba de ello en el acuerdo es la desvinculación de las mejoras salariales al IPC para su vinculación a la «productividad» de las empresas, lo que de facto supone subordinar aún más las condiciones materiales de los trabajadores y trabajadoras a las necesidades e intereses de los patrones. Solo en la medida en que los capitalistas aumenten sus beneficios aumentará el salario nominal, lo que implica que la posible mejora del salario nominal esté determinada por el necesario aumento de la desigualdad entre trabajadores y capitalistas, sacando de la ecuación la relación con su poder adquisitivo, todo ello en un contexto de enorme carestía de la vida. En esa misma línea se sitúa el avance de la flexibilidad laboral, del uso a demanda de la fuerza de trabajo de acuerdo a las necesidades productivas, que tendrá una nueva manifestación en el llamado «Estatuto del Trabajo del siglo XXI».

Este proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo y sus consecuencias destructivas sobre amplios sectores de la clase va acompañado de las medidas «compensatorias», esencia de la forma de gestión socialdemócrata que trata de amortiguar los efectos de la explotación capitalista garantizando su desarrollo. Las políticas fiscales expansivas que han caracterizado la gestión de esta crisis, sin embargo, han sido posibles por una suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE que finaliza en 2024, lo que significa mayores exigencias para la reducción del déficit público. El Gobierno confía en reducir el déficit fundamentalmente a través del crecimiento económico, es decir, mediante la consigna del aumento de la productividad y el aumento de ingresos. Aquí se sitúa la cuestión de la «justicia fiscal» y sus limitaciones inherentes, algo que debe vincularse a lo explicado en el párrafo anterior: una hipotética mayor tributación de la clase capitalista significa un ajuste en la imposición sobre la plusvalía, es decir, el planteamiento es que los ricos pagan más porque se aspira a que ganen mucho más a costa de la clase obrera. Sin que esto suponga, evidentemente, que son los únicos que pagan, pues se complementa con los impuestos directos sobre los salarios y los impuestos regresivos sobre el consumo que afectan especialmente a quienes menos tienen, es decir, que los trabajadores continuarán contribuyendo sustancialmente a que se afine la explotación que sufren. Bruselas, además, ya ha anunciado la necesidad de mayor austeridad en el gasto público y ha exigido velocidad en la reducción del endeudamiento, lo que previsiblemente tendrá consecuencias a lo largo de la legislatura en la discriminación de determinadas «ayudas» sociales, recortes, procesos encubiertos de privatización, etc., la mención a una política económica «responsable y coherente» del acuerdo se orienta en esta línea.

La modernización del tejido productivo supone también una apuesta por tratar de mejorar la posición de España, potenciando a su vez la de la UE, en la cadena imperialista en un contexto de agudización de las contradicciones interimperialistas y, en consecuencia, de inestabilidad y agravamiento de las alianzas y pugnas entre potencias capitalistas. En esa línea se sitúa la búsqueda de una mayor «autonomía estratégica» española y europea para depender menos de terceras potencias, así como la apuesta por continuar abriendo nuevos mercados y nichos de rentabilidad hacia dentro de la UE, América Latina y Asia. La mayor integración y el fortalecimiento de la alianza imperialista que representa la UE se materializa también en el disciplinamiento en torno a los conflictos abiertos, dejando claro en el acuerdo de gobierno el apoyo a Ucrania en la guerra frente a Rusia y una apuesta por la «paz» entre Israel y Palestina desde la igualación de la potencia colonialista y el pueblo colonizado.

Cuando aún ni siquiera han finalizado todos los efectos destructores de la crisis catalizada por la pandemia, ya comienza a hacerse evidente una reducción paulatina de las tasas de crecimiento, vislumbrándose en consecuencia un escenario de nueva recesión. Toda la gestión del capitalismo español, y en consecuencia la nueva legislatura del Gobierno, estará absolutamente determinada por dichos marcos de posibilidad y restricción. Entre unas crisis y otras del capitalismo los tiempos son cada vez más reducidos y sus efectos cada vez más profundos, haciendo evidente la caducidad de este sistema.

El acuerdo evidencia también una mimetización cada vez más evidente entre ambos socios, donde la estrategia de la «presión» institucional desde dentro del Gobierno y a través de los medios que ha caracterizado a la nueva socialdemocracia en el último periodo queda reducida a su mínima expresión. La nueva socialdemocracia se convierte así en una mera resonancia del PSOE que permite alcanzar radios de apoyo electoral de sectores sociales algo más «alejados», asegurando así la realización del programa socialista.

La legislatura estará marcada a su vez por los acuerdos firmados con las fuerzas nacionalistas y, en consecuencia, por la complejidad de la aritmética parlamentaria para la tramitación legislativa. Entre los acuerdos alcanzados es indudable que el compromiso con Junts y ERC de elaborar una Ley de Amnistía ha obtenido la mayor atención mediática y social, en gran medida por su utilización como resorte de oposición por parte del Partido Popular y VOX.

Nuestro Partido analiza la propuesta de Ley de Amnistía como un paso más en la solución pactada a la confrontación interburguesa abierta con el inicio del «procés». Aunque es seguro que el PSOE no hubiera dado tal paso si no fuera como moneda de cambio para poder conformar gobierno (entendiendo su carácter controvertido ya no solo ante la derecha sino también ante otras instancias de los aparatos del Estado, muy particularmente el poder judicial), lo cierto es que redunda en situar dentro del marco legal y de la lógica del pacto la permanente negociación del poder central con los representantes políticos de la mediana y pequeña burguesía catalana, reincorporándolos a la gobernabilidad y gestión de aparato estatal español, al menos temporalmente.

Desde el PCTE nos opusimos frontalmente a las distintas manifestaciones de represión a lo largo del procés, expresión del abordaje autoritario de los distintos conflictos que alteran el normal desarrollo del dominio estatal, en tanto que concreción política del dominio del gran capital. Cada demostración autoritaria, cada profundización y naturalización de la vía represiva del Estado, supone una amenaza contra los derechos democráticos, una amenaza especialmente grave para los sectores obreros y populares. En consecuencia, asistimos con preocupación a la posibilidad de que la Ley de Amnistía iguale a los ejecutores de la represión directa y a sus víctimas, amnistiando también a los policías imputados.

A su vez, creemos pertinente señalar que la lista de víctimas de la represión estatal contra el movimiento obrero y popular seguirá siendo muy amplia una vez se tramite la Ley de Amnistía. En España el número de afectados con causas abiertas por la «Ley Mordaza» alcanza la cifra de más de 3.000. Una ley represiva que el gobierno anterior prometió derogar y que a día de hoy no solo sigue vigente, sino que desaparece la perspectiva de su derogación de los acuerdos entre PSOE y SUMAR. El carácter limitado y selectivo del planteamiento de amnistía evidencia su motivación interesada por la coyuntura política, mostrando una vez más que tanto la dureza como la flexibilidad forman parte de la intervención multifacética de los partidos y gobiernos capitalistas en la búsqueda de su propio beneficio e interés.

Más allá de la ley de amnistía el pacto del PSOE con Junts no es más que una declaración de intenciones sobre futuras negociaciones con poco impacto práctico, pero que sirve a Junts para justificar su vuelta al pactismo ante su electorado y al PSOE para conseguir sus votos. El resto de acuerdos con las fuerzas nacionalistas, particularmente con el PNV y ERC, se dan en clave de concesión económica y competencial a cambio de garantizar el despliegue del programa de gestión capitalista del gobierno. Concesiones y beneficios que, lejos de situarse al margen de la Constitución Española, vienen posibilitados y refrendados por esta a través del diseño asimétrico del Estado Autonómico como mecanismo de conformación y cohesión de un bloque de poder que integre a los sectores burgueses representados por los nacionalismos periféricos. La búsqueda de mejores condiciones para el desarrollo de la explotación capitalista en sus territorios se traduce en acuerdos para garantizar la transferencia definitiva de competencias y traspasos.

Nadie debe olvidar que las lógicas de cesión y negociación con los nacionalismos periféricos desde el poder central han operado también durante los gobiernos del PP. Su oposición, particularmente a la Ley de Amnistía, no solo está determinada por representar en la coyuntura actual el papel de la oposición, sino además por el crecimiento reaccionario y nacionalista que sitúa a la derecha del capital en un momento complejo de equilibrios y tensiones internas. La frustración por la derrota electoral en el PP y la constatación de las dificultades para la conformación de gobierno que supone la alianza con VOX abren brechas y dudas internas en el partido liderado por Nuñez Feijóo. Esta realidad no puede valorarse al margen de lo vivido durante las últimas semanas en las protestas contra la Ley de Amnistía, que evidencian la interiorización de la vía movilizadora como mecanismo de oposición de la derecha del capital, pero sobre todo que esta posibilidad viene dada por el auge reaccionario fruto de la radicalización de sectores de la pequeña burguesía y las capas medias, que encuentra además ecos en sectores del propio aparato estatal. Este escenario define la apertura de un más que previsible proceso de recomposición del bloque de la derecha y ultraderecha que marcará el devenir de la oposición reaccionaria.

La clase obrera y los sectores populares deben saber hacer frente a este auge reaccionario sin situarse, como ha buscado la socialdemocracia en las últimas semanas, en posiciones de legitimación y naturalización de mecanismos represivos constituidos, esencialmente, contra aquellos interesados en superar este sistema de explotación. El combate contra el crecimiento de las posiciones reaccionarias no debe desvincularse de la estrategia general de recomposición política y organizativa de la clase obrera, único camino para ser capaces de combatir por todos los medios y formas los discursos reaccionarios y su propagación entre sectores asalariados y capas populares.

El PCTE hace en consecuencia de todo lo señalado un llamamiento al conjunto de la clase obrera para que la oposición a las políticas del Gobierno no quede en manos de aquellos que solo quieren aplicar un programa aún más virulento en beneficio del capital y en contra de nuestros intereses. Y tampoco en aquellos que desde el Gobierno y desde la tribuna parlamentaria, posibilitando la política general de gestión del capitalismo durante esta y la anterior legislatura, simulen una suerte de «distancia crítica» tratando de canalizar la frustración de la clase obrera, una vez más, hacia su agenda electoral e institucional.

La constatación del agotamiento y de las limitaciones del programa de la nueva socialdemocracia y del independentismo debe traducirse en el avance de una estrategia independiente, unitaria y clasista, que comience por quebrar las lógicas conformistas y pactistas del dialogo social y del mal menor en cada centro de trabajo, en cada sector y en cada barrio; estimulando combates dirigidos única y exclusivamente por nuestros propios intereses y no por los márgenes de beneficio de las empresas o el Estado. «Explicar, convencer y organizar» debe ser la consigna del momento para que cada vez más trabajadores y trabajadoras se unan hombro con hombro y luchen clase contra clase. Quienes quieran contribuir a abrir este camino propio y revolucionario tienen un lugar reservado en las filas de nuestro Partido.

Buró Político del PCTE