En la protesta participaron representantes de unas 30 naciones, informó la Confederación Europea de Sindicatos (CES), compuesta por alrededor de 45 millones de afiliados.
Tras casi cuatro años de suspensión, debido a la pandemia de la Covid-19, los Estados integrantes del bloque prevén reactivar a inicios de 2024 las reglas fiscales, que volverán a limitar la deuda y el déficit público, aunque todavía no han llegado a un acuerdo definitivo sobre los márgenes de maniobra.
Según advirtió la secretaria general de la CES, Esther Lynch, el regreso a la austeridad “destruirá empleos, bajará salarios, supondrá aún menos financiamiento para unos servicios públicos ya al límite y prácticamente garantiza otra recesión devastadora”.
De concretarse las negociaciones en curso, el pacto obligaría a 14 Estados de la UE a recortar una suma total de 45 mil millones de euros de su presupuesto solo en 2024, indicaron los cálculos sindicales.
Al decir de Lynch, los políticos podrían pagar el precio de cualquier retorno hacia la austeridad en las próximas elecciones: “Hoy decimos no al deseo europeo de volver a las normas de austeridad y gritamos sí a una Europa social”, expresó.
Los trabajadores, argumentó, necesitan inversiones públicas para una transición ecológica justa, mejor educación y atención sanitaria eficiente y salarios más altos.
“La austeridad se ha intentado y ha fracasado. Es hora de aprender las lecciones del pasado y garantizar que las normas económicas de la UE ponen el bienestar de la gente y el planeta por delante de límites totalmente arbitrarios”, afirmó Lynch.
En opinión de la secretaria general de la Confederación de Sindicatos Cristianos, Marie-Hélène Ska, los planes de la UE impondrían a Bélgica un esfuerzo presupuestario anual del 0,7 por ciento del Producto Interno Bruto, 28 mil 800 millones de euros de ahorro durante los próximos cuatro a siete nternoaños.
La ultraderecha es “la principal beneficiaria de la clase de políticas fiscales que se están proponiendo, indicó la dirigencia de la CES, cuyos reclamos incluyeron, además, el mantenimiento de mecanismos públicos de solidaridad con los más vulnerables, a semejanza de los aplicados durante la Covid-19.
