Las manos manchadas de las empresas españolas en Palestina

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Gorka Castillo. Grupotortuga.

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Colonos judíos mataron hace unos días a un palestino de varios disparos a quemarropa en el centro de la ciudad cisjordana de Yenín. «¡Asesinos, asesinos!», se escuchaba gritar a la gente mientras varios soldados apostados en una loma observaban la escena con una apatía difícil de descifrar. Yenín es una localidad de 40.000 habitantes que viven apretados como termitas en un espacio reducido con las salidas bloqueadas. Una forma lenta y dolorosa de liquidarlos. Y geográficamente es un punto de intersección entre la carretera 66, que parte del puerto de Haifa, y la ruta 60, todavía inacabada, que conecta con Hebrón y Beerseba los nuevos asentamientos que han edificado los colonos al sur de Jerusalén. En uno de los tramos en obras, cerca de Hebrón, en el asentamiento de Kfar Etzion, dos trabajadores españoles murieron en diciembre de 2022 tras sufrir un accidente de tráfico.

 

Aunque poco trascendió de este suceso, las víctimas pertenecían a la empresa Obras Subterráneas S.A (OSSA), fundada en Asturias en 1958 y radicada en San Sebastián de los Reyes, subcontratada por uno de los gigantes de la construcción israelí, Oron Infrastructure and Construction Ltd, con la misión de horadar un complejo túnel bajo la ciudad palestina de Beit Jala para enlazar los asentamientos de Gush Etzion con Jerusalén y mantener a los pueblos palestinos aislados geográficamente. Según el influyente conglomerado de la construcción Moriah Jerusalem Development Corporation, la obra civil en la que participa la firma española «mejora la conectividad de los asentamientos al sur de Jerusalén y facilita el levantamiento de las restricciones a nuevas unidades de vivienda en las ciudades circundantes, incluido el asentamiento de Beitar Illit», una localidad fundada en 1985 sobre las ruinas de las ciudades palestinas de Husan y Nahalin.

OSSA cuenta con experiencia contrastada en la construcción de túneles, puentes, centrales hidráulicas y minas en Europa y Latinoamérica. Entre sus clientes se encuentran Rio Tinto, Hunosa, la minera Iberpotash, el metro de Santiago de Chile y el de Hong Kong, con quienes ha firmado contratos valorados en más de 682 millones de euros, según se recoge en su web corporativa. Lo que no citan es que entre sus más espléndidos contribuyentes está una constructora israelí como Oron, cuyo éxito empresarial se asienta sobre las tierras confiscadas a los palestinos y el desplazamiento forzado de la población. CTXT ha intentado contactar con los responsables de la empresa madrileña para conocer sus proyectos en un país acusado de vulnerar el derecho internacional humanitario, pero no ha obtenido respuesta.

Al economista y cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Santiago González, le escandaliza la arbitrariedad con la que se trata la actividad empresarial en un país como Israel, «en la medida en que esas relaciones convierten a las corporaciones en colaboradores conscientes de las infinitas violaciones de derechos humanos que Israel está cometiendo». Del mismo modo que no puede entender la inacción de gobiernos como el español en una cuestión que podría resultar clave para acabar, o al menos reducir, la violencia extrema que Israel practica contra el pueblo palestino. González reclama la necesidad de imponer sanciones «porque no hay nada ‘neutral’ en unos negocios que promueven la usurpación y recompensan la ocupación y la ilegalidad internacional».

El de OSSA no es el único caso. La agencia de viajes en línea Edreams y sus dos principales unidades organizadoras de ocio vacacional, Opodo y Travellink, operan con propiedades hoteleras levantadas en asentamientos ilegales de la Cisjordania ocupada, en Jerusalén Este y el Golán sirio. Edreams es la única empresa española en la lista negra elaborada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las 112 corporaciones transnacionales que cooperan en la violación del derecho internacional que viene cometiendo Israel en Palestina desde 1967. Otra empresa señalada es SEMI, especializada en el desarrollo de líneas de alta tensión, subestaciones y electrificación ferroviaria, que construyó un tramo del tren entre Nazaret y Jerusalén a través de una zona ocupada por colonos israelíes. SEMI perteneció al área de servicios industriales de ACS hasta que, en diciembre de 2021, fue vendida al gigante francés Vinci.

Una de las compañías que empieza a sentirse incómoda ante las acusaciones de complicidad con el régimen israelí es la multinacional de matriz vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF). Y las denuncias no sólo proceden de movimientos sociales y sindicatos, también de instituciones internacionales como el Punto Nacional de Contacto (PNC), un organismo dependiente de la OCDE con capacidad para actuar como mecanismo de reclamación extrajudicial frente a los excesos de las grandes corporaciones. CAF y sus filiales CAF Signalling y Solaris forman parte del consorcio TransJerusalem, que ganó la licitación de ampliación del tren ligero en Jerusalén Este. Bajo la modalidad de partenariado público-privado, este proyecto contempla la construcción de 27 kilómetros de vía, 53 estaciones y varios depósitos tanto en la actual Línea Roja del tranvía como en la nueva Línea Verde, que se extenderá a lo largo de 20,6 kilómetros y contará con 114 nuevas unidades.

Estos trazados cruzan en tres de sus tramos la «línea verde del armisticio» de 1949, la frontera original del Estado de Israel con el territorio reivindicado por Palestina, y violan la Resolución 31/36 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tras comprobar minuciosamente estos hechos, el PNC emitió un dictamen el pasado mes de mayo donde reconoce que todas las operaciones de esta compañía en la Palestina ocupada suponen una violación manifiesta del derecho internacional. «Aunque también admite que con las regulaciones internacionales existentes hoy en día es imposible responsabilizar jurídicamente a CAF por estos hechos. No es que la empresa esté saltándose la normativa, es que no hay ninguna normativa que obligue a la empresa a cumplir el derecho internacional», explica Juan Hernández, doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, miembro del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y autor de diversos libros sobre la impunidad normativa en la que se desenvuelven las grandes corporaciones transnacionales por todo el mundo. «Tan dadas a poner en valor su responsabilidad social corporativa, sus códigos de conducta y sus propuestas de autocontrol para prevenir los riesgos, estas empresas callan ahora ante el genocidio. ¿Dónde quedan la ética empresarial y la diligencia debida de CAF y otras muchas compañías?, nos preguntamos retóricamente muchas personas», concluye. Un dato final: el pasado 15 de junio, la multinacional vasca celebró en la sede central de Beasain su junta anual de accionistas, entre los que están el Gobierno Vasco y Kutxabank pero no los y las trabajadoras a pesar de poseer el 24% de las acciones de la empresa. Uno de los motivos de su exclusión, según ha denunciado el sindicato LAB, es la oposición frontal que han mostrado «para que la constructora de trenes participe en el proyecto del tranvía de Jerusalén».

Amnistía Internacional pidió a principios de año la intervención del Gobierno español para que la empresa vasca de ferrocarriles CAF y la catalana Comsa abandonen sus proyectos de construcción del tren ligero en Jerusalén. «Cualquier empresa que opere en territorios ocupados militarmente por Israel, lucrándose con sus actividades, está participando y contribuyendo a la violación de derechos humanos», sentenció la secretaria general de la organización, Agnès Callamard, en Madrid. Comsa acaba de anunciar que abandona los proyectos que tenía contratados dentro del consorcio JTrain para construir y gestionar la Línea Azul de tranvía que atraviesa Jerusalén. CAF, no. El influjo del dinero es inescrutable. Incluso cuando se encuentra entre los vestigios de un pueblo martirizado por un apartheid salvaje.

Nora Miralles es una de las tres autoras del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas (ODHE) que han elaborado el informe ‘La complicidad del sector financiero español en la ocupación de Palestina. El caso de la energía solar y greenwashing’. Y el diagnóstico que realizan es demoledor: «A pesar de ser un terreno considerablemente opaco, sobre todo en lo que refiere a las transacciones económicas directas y los préstamos, en el informe quedan suficientemente probados los vínculos existentes entre los proveedores de proyectos de energías renovables y el sistema financiero español, ya sea en forma de inversiones bursátiles, gestión de activos o préstamos verdes», indica Miralles. El estudio, de 45 páginas, detalla el rentable encaje que han encontrado las entidades de crédito españolas dentro de toda una compleja arquitectura de inversiones en torno a proyectos de energía renovable en territorios ocupados para abastecer de energía a asentamientos de colonos, todos ellos considerados ilícitos por la resolución 43/71 de 2020 de Naciones Unidas. En el intrincado esquema realizado por los tres expertos de la ODHE aparecen las relaciones que entidades como CaixaBank, Banco Santander, BBVA, Ibercaja, Bankinter, Kutxabank, Banca March o el Banco Sabadell mantienen con plantas de energía de los proyectos Halutziot, cerca de la Franja de Gaza; Ashalim PV, Ketura Sun y Timna Valley, en el desierto del Naqab; o Kalia Solar, en el territorio ocupado del valle del Jordán, entre otros.

También destaca la presencia de aseguradoras como Catalana Occidente, Compañía Española de Seguro de Crédito en la Exportación (CESCE) y Grupo Mapfre, para garantizar las indemnizaciones que correspondan en caso de que se produzcan situaciones que pongan en riesgo la puesta en marcha o la actividad de estos proyectos. Los tres expertos de ODHE concluyen el análisis con una serie de recomendaciones para revertir una situación de injusticia colonial consumada. Unas tienen como destinatarios a las entidades financieras e inversores, que «deben desvincularse de forma responsable de los asentamientos ilegales en Palestina y cesar de inmediato sus actividades económicas en los territorios ocupados en consonancia con el derecho internacional y los principios rectores de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas». Otras están dirigidas a la sociedad civil, «que debe informarse sobre las inversiones internacionales de sus bancos y aseguradoras y retirar sus recursos económicos en el caso de que estén involucrados directa o indirectamente en vulneraciones de los derechos humanos».

Organizaciones civiles que han redoblado la presión social contra los Estados que facilitan el suministro de armamento a Israel creen necesario que, además de un embargo efectivo de material bélico y petróleo, deberían de adoptarse otra serie de medidas como «la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel y otras relaciones comerciales con instituciones israelíes y corporaciones privadas», afirma Ana Sánchez, de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop), un movimiento que ha tejido una tupida malla de vigilancia marítima para evitar que barcos cargados de armas con destino a Israel puedan hacer escala en los puertos españoles. Hasta el momento, han logrado que el gobierno denegara el permiso de entrada a dos de ellos, el ‘Borkum’y ‘Marianne Danica’. Para Ana Sánchez, «hay mucha incoherencia entre la retórica y los hechos de la política del Gobierno español, que dice estar comprometido con la defensa de los derechos humanos en Gaza y los territorios ocupados, pero que en la práctica lo relega a un segundo plano frente a otros intereses como los económicos. No se puede defender al mismo tiempo principios humanitarios y dar un trato comercial como socio preferente a un país que los vulnera», dice. Entonces, ¿no hay voluntad política para revertir esta situación?

El pasado mes de febrero, la diputada del grupo parlamentario Sumar, Teslem Andala, y su compañero de bancada Enrique Santiago formularon una pregunta al Gobierno sobre la participación de INECO, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la construcción de la Línea Azul del tranvía de Jerusalén. Pese a que su actuación se limita a los tramos israelíes de la ciudad, sus estudios de ingeniería han resultado decisivos para la ampliación del metro ligero hasta el asentamiento ilegal de Ramot. La respuesta que recibieron los parlamentarios de Sumar no tiene desperdicio: «El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa informa de que la decisión de las empresas españolas sobre la conveniencia o no de su participación en procedimientos de licitación internacionales en las que compiten junto con empresas de otros países, corresponde a las propias empresas. El Ministerio no puede interferir en las decisiones adoptadas al respecto por las empresas».

Más de un centenar de organizaciones sociales europeas remitieron a finales de marzo una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitando la suspensión inmediata del Acuerdo de Asociación de la UE con Israel. «A la luz de las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado de Israel», comienza la misiva, también enviada al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola; y al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. «Estas violaciones de los derechos humanos», continúa el escrito, «constituyen una violación de las cláusulas de los elementos esenciales, en particular del artículo 2 del Acuerdo de Asociación», que establece que las relaciones entre las partes se fundamentan en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, «que inspira sus políticas interiores y exteriores». Todo queda, por lo tanto, en manos del interés de la nueva administración europea en poner cerco al estado de sumisión y negación de la vida al que está siendo reducido el pueblo palestino. Y ya se sabe que, entre las buenas palabras y los hechos, cae la sombra.

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