La corrupción debe pagarse, pero para todos
Si algo indigna profundamente a cualquier persona honesta es la corrupción. Y no debería haber ninguna duda al respecto: si José Luis Ábalos, Koldo García o cualquier otro cargo público ha cometido delitos, debe responder ante la justicia y asumir todas las consecuencias penales, políticas, éticas y morales de sus actos. Quien ocupa un cargo público tiene una responsabilidad superior a la del resto de ciudadanos. Nadie obliga a nadie a ser ministro, alcalde, diputado o alto funcionario. Son puestos que se aceptan voluntariamente y que exigen un compromiso especial con el interés general.
Por eso siempre he defendido que cuando una persona utiliza un cargo público para delinquir debería recibir un castigo más severo. La corrupción no es un delito cualquiera. Es una traición a la confianza depositada por la ciudadanía. Es robar dos veces: el dinero y la credibilidad de las instituciones.
Ahora bien, tan grave como la corrupción es la desigualdad ante la ley.
Lo que resulta imposible de entender es que la justicia española siga funcionando con una doble vara de medir. Durante décadas hemos asistido a escándalos monumentales en los que los grandes responsables políticos parecían gozar de una extraña inmunidad. Nunca supimos quién era M. Rajoy. Nunca se aclaró quién era el señor X de los GAL. Hemos visto cómo algunos condenados por corrupción recibían un trato extraordinariamente benevolente mientras miles de ciudadanos anónimos sufrían todo el peso de la ley por delitos infinitamente menores.
Resulta difícil explicar a la ciudadanía que quien roba una bicicleta o comete un pequeño hurto pueda enfrentarse a consecuencias más duras que quienes participan en tramas millonarias de corrupción.
Y si algo simboliza esa sensación de injusticia es la figura del corruptor. Porque para que existan corruptos también tienen que existir corruptores. La corrupción nunca es un acto individual. Es una relación entre quien compra favores y quien los vende.
Por eso resulta especialmente escandaloso que, una y otra vez, los grandes empresarios, intermediarios o comisionistas que participan en estas operaciones terminen obteniendo acuerdos beneficiosos mientras la atención mediática se concentra exclusivamente sobre los cargos políticos implicados.
La ciudadanía contempla con asombro cómo algunos individuos acumulan fortunas gracias a actividades presuntamente ilícitas y después consiguen reducir enormemente sus responsabilidades penales mediante pactos, colaboraciones o procedimientos que generan una profunda sensación de impunidad.
La justicia no puede convertirse en un espectáculo político. No puede actuar con contundencia contra unos y con indulgencia contra otros. No puede transmitir la sensación de que existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
La democracia se debilita cuando la población empieza a pensar que las leyes solo son severas con quienes tienen menos poder económico, mediático o político. Porque entonces deja de percibirse la justicia como un instrumento de igualdad y pasa a verse como una herramienta al servicio de quienes ya disfrutan de privilegios.
Decía Eduardo Galeano que la justicia es como las serpientes: parece morder únicamente a los descalzos. La frase sigue conservando una vigencia inquietante.
Si queremos combatir realmente la corrupción, hay que perseguir a todos los implicados. A los políticos corruptos, por supuesto. Pero también a quienes pagan sobornos, organizan las tramas, se enriquecen con ellas y después pretenden presentarse como simples colaboradores o testigos.
La corrupción debe pagarse. Toda. Y por todos. Sin excepciones, sin privilegios y sin dobles varas de medir. Porque cuando la impunidad se convierte en norma, la verdadera víctima deja de ser una administración concreta y pasa a ser la propia democracia.
André Abeledo Fernández
