Eduardo Vasco.— Con acierto, Evo Morales advirtió durante la segunda vuelta que no existía “mal menor” entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga (a diferencia de las imaginaciones de los arcistas y de la izquierda latinoamericana). Sin embargo, ahora que el candidato del PDC ha ganado unas elecciones claramente fraudulentas, Evo ya está insinuando un intento de conciliación con el fin de frenar las medidas neoliberales que Paz adoptará.
En sus primeras declaraciones tras la victoria de Paz, Evo hizo peticiones al nuevo gobierno —un gobierno ilegítimo, surgido de unas elecciones en las que se impidió presentarse al candidato más popular de Bolivia (de hecho, el único candidato popular de Bolivia)—. Evo quiere que Paz respete el Estado “plurinacional”, institucionalizado a partir de la Constitución de 2009, y las conquistas sociales del gobierno del MAS. Claramente no hay hostilidad por parte de Morales, a diferencia del trato que dio a su exaliado y traidor Luis Arce.
Morales, por tanto, envía señales a Paz de que está abierto al diálogo y no desea el enfrentamiento. Paz, hasta el momento, tampoco ha adoptado una postura abiertamente conflictiva y hostil hacia los partidarios de Evo, al contrario de las declaraciones públicas de Quiroga. Pero eso también obedecía a un mero cálculo electoral: Paz necesitaba los votos evistas. Ahora, sin embargo, la izquierda no tendrá ningún peso sobre las decisiones del gobierno de Paz. Por el contrario: la derecha estará libre, ligera y desatada —y además, unida en torno a los objetivos políticos y económicos estipulados por el imperialismo—.
Al anunciarse la victoria de Rodrigo Paz, el presidente electo recibió una llamada telefónica del subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, así como un comunicado público de Marco Rubio felicitándolo por su triunfo. En dicho comunicado, Rubio enumeró tres ejes de acción conjunta que el gobierno estadounidense propone al nuevo gobierno boliviano: combate a la inmigración ilegal, lucha contra el crimen transnacional y apertura de mercados.
Estos ejes propuestos por Rubio coinciden con la política anunciada por Rodrigo Paz durante su campaña. Y ahora gobernará con mayoría parlamentaria, lo que garantiza que no existan obstáculos para aplicar dicha política. Samuel Doria Medina declaró públicamente, inmediatamente después de la victoria de Paz, que su partido, la Alianza Unidad, apoyará al nuevo gobierno. El influyente empresario Marcelo Claure, un hombre de los Estados Unidos, también confirmó su apoyo, y ya ha presionado a Paz para que adopte una política de choque neoliberal. Dijo que el gobierno deberá “tomar decisiones valientes, incluso impopulares” y actuar “rápidamente” para ejecutarlas. Tanto Doria Medina como Claure trabajaron durante la campaña electoral para que Paz fuera elegido.
En la Asamblea Plurinacional, el PDC de Paz cuenta con 49 diputados y la Alianza Unidad con 26, lo que suma un total de 75 diputados claramente progobierno, una amplia mayoría, ya que se requieren 66 para alcanzarla. Para obtener los dos tercios necesarios para aprobar cualquier propuesta gubernamental, faltarían solo 12 diputados. En el Senado, el PDC tiene 16 senadores y la Unidad de Doria Medina tiene siete, lo que suma 23. Faltaría solo un senador para que el gobierno alcanzara la mayoría de dos tercios.
De todos modos, los 39 diputados y 12 senadores de Tuto Quiroga apoyarán las medidas ya anunciadas de recortes y privatizaciones por parte del gobierno, además de exigir medidas más profundas. Quiroga puede hacerse el difícil, imponiendo ciertas condiciones para apoyar al gobierno, pero esas condiciones serán de carácter económico y represivo más radical, no en conflicto con la política de Paz —en realidad, en consonancia con ella—.
De hecho, economistas neoliberales e influyentes como Jorge Baldivieso (que vive en Estados Unidos) han instado a Quiroga a apoyar “un plan común” de medidas económicas para transformar las bases estructurales de la economía boliviana. Piden decretos y reformas judiciales y constitucionales para garantizar “seguridad jurídica” a las nuevas medidas, así como políticas de choque neoliberal inspiradas en la primera ola del neoliberalismo en Bolivia en la década de 1980. Esto implica una intervención a gran escala del Poder Ejecutivo sobre todas las instituciones, en especial el Poder Judicial, considerado por toda la derecha como corrompido por el MAS.
Lo que se vislumbra es una profunda reestructuración de todo el Estado boliviano para garantizar las reformas neoliberales, algo semejante a la política de Javier Milei. Paz también dijo que modificará la Constitución para garantizar las inversiones extranjeras, y para ello tendrá el apoyo asegurado del Parlamento. En realidad, será muy fácil desmontar toda la estructura construida por el MAS en los últimos 20 años. Toda la burguesía boliviana, el imperialismo y las instituciones del propio Estado están confabulados para que esto se lleve a cabo.
Sin embargo, para que esta terapia de choque neoliberal tenga éxito, será necesario imponer una mano dura del Estado para reprimir cualquier oposición a dicha terapia. Aunque Paz haya hecho campaña con un programa de derecha moderada, la alianza entre todos los sectores de la derecha en el Parlamento deberá llevar al nuevo gobierno a aplicar una política más dura contra la izquierda, en especial contra Evo Morales y sus seguidores, que representan a los sectores más oprimidos y mayoritarios de la población boliviana.
Por un lado, el gobierno sufrirá una fuerte presión de los sectores más radicales de la derecha para encarcelar (si no asesinar) a Morales. Por otro lado, la propia política económica neoliberal que aplicará el gobierno conducirá inevitablemente a intentos de resistencia del pueblo boliviano, lo que producirá enfrentamientos y una represión más severa del gobierno.
No importa que Evo Morales busque, en un primer momento, acuerdos y conciliación con Paz. Las condiciones objetivas lo llevarán al enfrentamiento con el régimen, empujado por las bases radicalizadas que él mismo aconsejó no aceptar los resultados de las elecciones. Esa fue una decisión correcta, pero es necesario llevarla hasta el final: solo un gobierno ilegítimo que se convierte en un régimen semi o abiertamente dictatorial puede aplicar una terapia de choque neoliberal y represiva contra el pueblo para garantizar la entrega de las riquezas de los trabajadores y campesinos al imperialismo.
Considerando los llamados hechos por los representantes del capital financiero imperialista, no cabe esperar que Paz vacile en aplicar lo antes posible la política que el conjunto del imperialismo le exige. Evo Morales y el pueblo boliviano deben prepararse desde ya para una ola de represión e incluso un baño de sangre contra Chapare, el cuartel general de la resistencia popular. Por encima de todo, deben tener presente que solo la organización radical e irreconciliable con este nuevo régimen podrá derrotar los planes del imperialismo para Bolivia, que son una continuación de los planes para toda América Latina.
El imperialismo buscará desmantelar por completo todo lo que fue construido por el MAS. De hecho, el propio MAS ya ha sido desmantelado —a través del caballo de Troya del imperialismo, Luis Arce—. Lo que viene será peor que el golpe de 2019, y es necesario transformar el nuevo movimiento creado en torno a Evo en un nuevo partido político de masas, liderado por la clase obrera y sostenido por los campesinos, cuya orientación supere los límites del antiguo MAS y organice a las masas oprimidas a su alrededor.
