William Serafino
El dato temporal
Es 18 de abril. El clima político está signado por la densidad que impuso el tono altamente confrontativo y pre-bélico de la oposición venezolana un día antes de una actividad («Plantón») convocada en varios estados del país, donde nuevamente proyectaban hechos de violencia, destrozos y choques con las fuerzas de orden público.
El presidente Nicolás Maduro toma la palabra a horas de la noche desde Miraflores. Junto al jefe del CEO-FANB y Ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, el vicepresidente Tareck El Aissami y el diputado Diosdado Cabello, anuncia la activación del Plan Zamora para garantizar el orden y seguridad interna de Venezuela.
La decisión fue motivada por un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado esa misma noche. En el texto apoya abiertamente la violencia generada por grupos de choque afiliados a la agenda opositora durante el «Plantón», tratando de intimidar a actores claves de la institucionalidad militar y judicial venezolana de permitir estos hechos para evitar ser objeto de sanciones a futuro.
Entre otros elementos importantes el texto acusó -sin ninguna prueba- al aparato de seguridad, específicamente al Cicpc y al Sebin, de hacer uso de la tortura y a los cuerpos de seguridad del Estado de avalar la incursión de «los colectivos» en «la represión» de los manifestantes.
El «Plantón» del antichavismo el 19 de abril dejó cuatro personas asesinadas en distintos estados del país, entre ellos un sargento de la GNB en San Antonio de Los Altos.
¿Quién es el mandamás del Departamento de Estado de EEUU?
El actual Secretario de Estado de EEUU -mandamás de la política exterior- es Rex Tillerson, ex gerente general de ExxonMobil. Tillerson ocupó el máximo puesto directivo de la empresa cuando el ex presidente Hugo Chávez tomó la decisión de nacionalizar la Faja Petrolífera del Orinoco donde la corporación estadounidense tenía importantes proyectos.
Bajo el mando de Tillerson la empresa gringa decidió no renegociar sus proyectos petroleros como el de Cerro Negro en Monagas con la estatal Pdvsa, a partir de las nuevas directrices de la nacionalización. ExxonMobil demandó a Pdvsa ante el Ciadi -tribunal del Banco Mundial encargado de resolver diferencias relativas a inversiones-, buscando obtener una indemnización de 20 mil millones de dólares inicialmente en el año 2007.
Luego de casi una década de choques legales, revisiones y apelaciones a distintos fallos, el 10 de marzo de 2017 el Ciadi decidió que la demanda de ExxonMobil contenía visos de irregularidad y liberó a Pdvsa de pagar las indemnizaciones solicitadas. La petrolera del norte sufrió quizás la mayor derrota legal de su historia con este fallo a favor de la estatal venezolana.
Los políticos marca Exxon
ExxonMobil -así como cualquier otra empresa de estatura global con origen en Estados Unidos- contrata políticos para que ejerzan influencia a lo interno de la estructura de gobierno de EEUU en función de sus intereses. El llamado cabildeo (o lobby) es legal en este país y las empresas que buscan modificar o aprobar leyes para su beneficio (exención de impuestos, eliminación de regulaciones, subvenciones del gobierno federal, etc.) pagan grandes sumas de dinero a políticos (en su gran mayoría republicanos en el caso de ExxonMobil) y firmas de lobby.
Según Open Secrets, nada más en el ciclo 2016, la petrolera invirtió recursos financieros en más de una veintena de políticos con estos fines. Entre ellos se encuentran Donald Trump (actual presidente de EEUU, quien designó a Rex Tillerson como Secretario de Estado) con 25 mil 461 dólares, Marco Rubio con 17 mil 701 dólares y Ed Royce con 7 mil 500 dólares.
Marco Rubio (senador por el estado de Florida) y Ed Royce (representante por California) no sólo han hecho de las sanciones contra Venezuela un punto clave dentro de su agenda legislativa, también se han reunido -en varias oportunidades- con dirigentes de la oposición venezolana (Luis Florido, Lilian Tintori, Freddy Guevara, entre otros) para darles apoyo político y aval diplomático a la agenda de derrocamiento que dirigen en el terreno.
Ley S.3117: apoyo financiero a la oposición venezolana
Según el mismo portal Open Secrets, durante 2016 ExxonMobil fue una de las empresas que pagó (la página no especifica el monto) por el cabildeo de la ley S.3117 (Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de la Ley de Asignaciones de 2017), la cual establece los fondos y objetivos políticos de las operaciones del Departamento de Estado en países claves para EEUU.
El dinero filtrado a agencias como la NED o la Usaid parten de ese instrumento legal. El 3 de mayo de 2017, bajo el mando del presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan (otro político financiado por ExxonMobil en 2016 con 14 mil 025 dólares), la ley fue sancionada.
El patrocinante de esta ley, encargado de presionar por su ejecución acorde a las directrices de sus financistas, fue el senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, según la página oficial del Congreso de EEUU.
En el informe del Senado sobre la ley, se destaca la importancia de que el Departamento de Estado estadounidense financie grupos opositores venezolanos (bajo la cobertura de ONGs de la «sociedad civil») con 5 millones 500 mil dólares y otros fondos adicionales para llevar a cabo reformas políticas y económicas en Venezuela. A su vez plantea la importancia que «las organizaciones regionales desempeñan en el fomento de las reformas en Venezuela, en particular la Organización de los Estados Americanos (OEA)», además de aumentar los apoyos de la Iniciativa de Seguridad Energética en el Caribe para incidir negativamente en las alianzas políticas y petroleras de nuestro país con el Caribe.
El secretario de Estado Rex Tillerson, en consonancia con el documento, comentó el 19 de abril: «Estamos observando de cerca lo que ocurre en ese país y trabajando con otros, especialmente a través de la OEA, para comunicarles nuestras preocupaciones», seguramente refiriéndose a Luis Almagro como enlace y operador clave de la estrategia de presión gringa desde la organización de la que el uruguayo es Secretario General.
Particularmente el bloque caribeño ha impedido que los aliados de EEUU desde dicha organización consoliden definitivamente el aislamiento internacional de Venezuela.
Pero el ataque contra Venezuela por el Caribe pone de manifiesto una clave geopolítica: Petrocaribe es una instancia que EEUU necesita derribar con urgencia no sólo para quebrar las alianzas internacionales del país, sino para transformar al Caribe en un poderoso puerto de importación de gas licuado estadounidense (ExxonMobil es una de las principales empresas exportadoras), que conlleve a la dominación energética y geopolítica del continente. El golpe contra Venezuela es una maniobra para asegurar al continente como zona de influencia exclusiva ante la penetración de capitales e inversiones rusas y chinas.
Destaca que Graham, durante la visita oficial de Juan Manuel Santos a la Casa Blanca a mediados de mayo, ofreció públicamente armamento de guerra a Colombia tanto para disuadir a Venezuela como para preparar al país vecino ante un eventual «emergencia humanitaria» o conflicto armado.
Intereses en el petróleo venezolano
Como fue comentado en este portal anteriormente, las reservas de petróleo de ExxonMobil han sufrido grandes reducciones producto de las sanciones contra Rusia y el envejecimiento de pozos estratégicos en Medio Oriente, realidad que afecta su capitalización bursátil y su dominio sobre el mercado petrolero.
Esta urgencia lleva a ExxonMobil a buscar bajo mecanismos extralegales conquistar las ingentes reservas de petróleo y gas ubicadas en el Esequibo utilizando al gobierno guyanés, zona reclamada por Venezuela como parte de su soberanía territorial ante la ONU.
Pero sin lugar a dudas la incesante búsqueda por explotar petróleo y gas en ese territorio expresa el objetivo superior de recolonizar la Faja Petrolífera del Orinoco, bajo el formato de «apertura petrolera» que dominó en Venezuela durante la última etapa del siglo XX. Conquistar y asegurar como fuente de abastecimiento pleno las más grandes reservas de petróleo del mundo, en un contexto de agresiva competencia entre empresas petroleras y sus intereses geopolíticos, se vuelve una necesidad cada vez más urgente de satisfacer para la petrolera estadounidense.
Y para cristalizar ese objetivo es necesario un cambio de gobierno. Un importante grupo de expertos (también conocido como tanque de pensamiento), llamado Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, sus siglas en inglés), elaboró el pasado mes de marzo un conjunto de recomendaciones al gobierno de EEUU en el marco de este propósito.
En resumidas cuentas, las opciones viables para lograr un cambio de gobierno en Venezuela propuestas por el CFR (que desde principios del siglo XX moldea la política exterior de EEUU) consisten en aumentar las sanciones contra dirigentes claves del chavismo, presionar diplomáticamente desde la OEA utilizando a países fronterizos como Colombia y Brasil, y exigirle a China y Rusia que retiren su apoyo al Gobierno venezolano para agudizar el aislamiento.
La Administración Trump ha cumplido la gran mayoría de estas propuestas presentadas por el CFR como rutas políticas para apoyar la agenda de golpe de Estado en Venezuela. Las sanciones contra el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, las presiones del Departamento de Estado desde la OEA y las últimas sanciones contra el TSJ son muestra de ese compromiso, o al menos, de que efectivamente el CFR tiene influencia en ciertas decisiones de la Casa Blanca.
El CFR es financiado también por ExxonMobil.
Amenaza de sanciones contra Pdvsa
El domingo 4 de junio la agencia internacional Reuters filtró comentarios de supuestos altos funcionarios de la Casa Blanca, con respecto a sanciones que se estarían evaluando contra el sector petrolero nacional.
Según Reuters se han encargado a colaboradores del presidente Donald Trump presentar recomendaciones para sancionar al sector petrolero venezolano «si fuese necesario».
Dado que el 95% de los ingresos en divisas de Venezuela provienen de Pdvsa, recursos vitales para el pago de deuda externa e importaciones de alimentos y medicinas, un posible embargo petrolero o en su defecto sanciones que impidan la exportación petrolera hacia EEUU y la inversión de empresas extranjeras (amenazadas con suspensión de licencias para operar en territorio gringo), sería un fuerte golpe al plan de recuperación económica del Gobierno venezolano y a la población en general al paralizar una importante fuente de ingresos.
Una medida que traería altos costos políticos para EEUU (que se esfuerza por convencer a la opinión pública que busca el bienestar de la población venezolana) y una reversión de sus efectos en la práctica en el mediano plazo, ya que muy probablemente las ventas de petróleo a China o la India, que hoy representan el 60% de los destinos de exportación de Pdvsa, aumentarían considerablemente.
No es por mera casualidad que estas amenazas se filtren cuando la capacidad de movilización de la oposición venezolana muestra signos de desgaste, imposibilitada ante el país y la comunidad internacional de transformar la violencia callejera en victorias políticas. Si este ciclo de recesión política aumenta, ExxonMobil se vería presionado a tomar medidas por cuenta propia. Al fin y al cabo son los dueños del circo y han invertido recursos que no piensan desperdiciar.
Cierre (en desarrollo)
Según un reporte del medio The Daily Beast a principios de abril, altos directivos de ExxonMobil y Shell se reunían en Washington a la espera de que Nicolás Maduro saliera del poder para volcarse en lo inmediato a proyectos de privatización de las reservas petroleras más grandes del mundo. Posiblemente la filtración de Reuters guarda relación con estas reuniones y con las decisiones que allí se habrían tomado.
La agenda de golpe de Estado contra Venezuela no fue decidida por la oposición venezolana sino por la empresa petrolera más grande del planeta; el marco de acción de un Freddy Guevara o Julio Borges está limitado a su condición de subordinados. Si la intervención por delegación fracasa, la intervención directa (a escala económica y financiera) utilizando posiciones de poder y espacios de influencia en el gobierno de EEUU, se ven menos lejanas.
La empresa petrolera, que verdaderamente ejecuta el grueso de las maniobras, cuenta con el Secretario de Estado de EEUU, un portafolio de representantes y senadores de extrema derecha -donde también está incluido Donald Trump- con capacidad de influencia en el Congreso y firmas de cabildeo institucional para hacer de sus intereses políticos y económicos una política exterior estadounidense contra Venezuela.
En Venezuela no sólo se disputa el poder político, sino la organización de una nueva geografía política, financiera y energética a escala continental y planetaria, enmarcada en una elevada pugnacidad política. La caída de Venezuela, para ExxonMobil, es fundamental para que ese disputado centro de gravedad geopolítico se distancie de Rusia y China, tomando el control en la región con mayor cantidad de recursos naturales y energéticos del planeta.
Determinar quién es el adversario es clave para entender a qué nos enfrentamos actualmente.
