Dirigentes sociales de Cusco y Puno presentaron este miércoles una demanda constitucional contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte alegando que la mandataria criminalizó las protestas contra el Ejecutivo que ella lidera.
La demanda fue presentada ante el Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno por el secretario general de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas, Félix Suasaca; y el secretario general de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, Salvador Merma.
Estos apuntaron que Boluarte y su Gobierno se había encargado de criminalizar las protestas lo que causó que fueran violados los derechos humanos de los manifestantes.
#Perú 🇵🇪 | También en #Puno, se registran movilizaciones contra Dina #Boluarte. pic.twitter.com/EJlr0LGRBT
— teleSUR TV (@teleSURtv) July 19, 2023
En tal sentido, los demandantes aseguran que tienen pruebas para probar que hubo un comportamiento arbitrario por parte de la policía y las Fuerzas Armadas.
Asimismo, sostienen que se vulneraron los derechos a la protesta, libertad de reunión y de expresión, entre otros.
Además de Boluarte, fueron imputados el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo; el ministro del Interior, Vicente Romero; el presidente del Congreso, José Williams Zapata; y el ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez
La demanda se presenta en un contexto donde se reportan nuevas manifestaciones contra el Gobierno en varias ciudades del país, en el marca de la llamada Tercera toma de Lima.
“Las protestas violentas de diciembre, enero y febrero han generado caos y crisis. Con una demanda política no entendida por la mayoría de peruanas y peruanos”, expresó la mandataria Boluarte luego de la primera oleada de protestas contra su administración.
La Defensoría del Pueblo de Perú publicó este martes un informe que subraya que perecieron 67 personas durante las protestas desde diciembre del 2022, cuando fue destituido el entonces mandatario, Pedro Castillo.
